18 ene. 2018

Inteligencia artificial: El futuro de la especulación financiera

El tema de la inteligencia artificial despierta grandes inquietudes. Algunas están relacionadas con complicaciones reales, como el de la pérdida de empleos. Otras se vinculan con el problema de si las máquinas podrían adquirir consciencia de sí mismas en la medida en que alcancen mayores niveles de inteligencia. Ese día no está tan próximo como algunos aficionados del tema creen. Pero eso no quiere decir que no existen razones para preocuparse.
¿Cómo definir la inteligencia artificial (IA)? En términos muy sencillos, se puede definir como una tecnología basada en la recopilación de grandes cantidades de datos para usarlos en un proceso de toma de decisiones con una finalidad determinada. Los datos deben estar relacionados con un tema específico y los parámetros que rodean las decisiones deben estar más o menos bien determinados para alcanzar el objetivo buscado.
Las aplicaciones de la IA ya se dejan sentir en todos los sectores de la economía. Pero su penetración en los mercados financieros es particularmente alarmante. En este terreno la inestabilidad y los incentivos perversos de los mercados han mostrado tener un espectacular poder destructivo en los decenios pasados. Y si los reguladores ya tienen dificultades para supervisar el mercado, con la IA sus problemas se están intensificando.
Hasta hace poco tiempo los métodos utilizados por los especuladores en el sector financiero se basaban en el análisis tradicional sobre rendimientos pasados de algún activo y las perspectivas sobre las empresas o agentes que lo habían puesto en circulación. A pesar de la experiencia de los corredores y los operadores financieros, los sentimientos del mercado nunca fueron fáciles de apreciar y cuando ocurría un tropezón las pérdidas de sus clientes se acumulaban.
Hoy se supone que los nuevos equipos y programas de IA ayudarán a evitar errores y reducirán pérdidas para los inversionistas. La gran diferencia con las herramientas del análisis tradicional estriba en la cantidad de datos que esta tecnología permite procesar y en la velocidad a la que se puede analizar esa montaña de información. Mientras el análisis convencional permitía tomar en cuenta un número limitado de mercados simultáneamente, las herramientas de la IA hacen posible considerar al mismo tiempo un gran número de mercados financieros de diferente naturaleza en todo el mundo.
Lo más importante es que la inteligencia artificial hace posible a los operadores identificar oportunidades de arbitraje que el análisis convencional simplemente era incapaz de reconocer. Con la ayuda de la IA hoy las operaciones de arbitraje se pueden llevar a cabo no sólo al interior de un solo mercado y con productos de la misma naturaleza, sino entre todo tipo de mercados y activos heterogéneos. Así, por ejemplo, el especulador puede hoy identificar oportunidades de arbitrajes entre productos complejos en los mercados de futuros de materias primas y en el mercado mundial de divisas en cuestión de segundos. Las recomendaciones sobre la composición de carteras de inversión están basadas en este tipo de estimaciones, pero la fortaleza de estas sugerencias depende de la inestabilidad general de los mercados financieros.
Es cierto que con la IA las comparaciones de precios probables de múltiples productos y la evolución de variables como tipos de cambio y riesgo cambiario, tasas de interés o inflación se llevan a cabo a una velocidad relámpago. Pero quizá en eso reside el enorme riesgo que esta tecnología conlleva para la estabilidad de los mercados financieros.
Algunos analistas piensan que el uso generalizado de la IA conducirá a una mayor eficiencia y reducirá la volatilidad en los mercados financieros, porque la intervención humana se reducirá a un mínimo. Pero esa creencia no tiene bases sólidas. Lo cierto es que la IA no cambiará la naturaleza de la instabilidad intrínseca de los mercados financieros. De hecho, debido a la velocidad con que se realizan los cálculos y estimaciones al usarse esta tecnología, las fluctuaciones en este tipo de mercados financieros pueden amplificarse. Y, por otra parte, los incentivos perversos que muchas investigaciones han identificado en la dinámica de formación de precios de activos financieros tampoco desaparecen con la IA.
Las computadoras ya están diseñando computadoras cada vez más inteligentes. El matemático John von Neumann vaticinó en 1958 que ese proceso recursivo podría desembocar en una inteligencia superior a la humana y en lo que denominó un punto de singularidad: un punto más allá del cual no sería posible la continuidad de los acontecimientos humanos tal y como los conocemos. Todo eso es posible, aunque probablemente faltan varios miles de años para que las máquinas evolucionen de ese modo. Pero si se hacen más inteligentes, ¿por qué habrían de seguir empecinadas en buscar ganancias económicas en la especulación ciega, en lugar de solucionar los problemas de la humanidad en este planeta?
http://www.tercerainformacion.es/articulo/tecnologia/2018/01/17/inteligencia-artificial-el-futuro-de-la-especulacion-financiera

17 ene. 2018

La impunidad empresarial

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Complejo hidroeléctrico de Cobra-ACS junto al río Cahabón
En 2009, Abengoa presentó una demanda contra México ante el CIADI, el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial. Lo hizo después de que una fuerte movilización social hubiera conseguido la paralización de una planta de gestión de residuos peligrosos de su propiedad en el Estado de Hidalgo, en una zona declarada área protegida por la UNESCO. Cuatro años más tarde, el laudo arbitral emitido por ese tribunal privado dictaminó que la empresa tenía que ser indemnizada con 31 millones de euros.
En 2012, Repsol interpuso ante ese mismo tribunal un recurso contra Argentina por la expropiación por parte del gobierno de Cristina Fernández de la que hasta entonces había sido su filial YPF. A la vez, la petrolera emprendió acciones legales ante tribunales nacionales en Buenos Aires, Nueva York y Madrid. Y se benefició de toda la presión política, económica y mediática ejercida por el Estado español y la Unión Europea. Dos años después, la multinacional llegó a un acuerdo con el gobierno argentino y fue compensada con 5.000 millones de dólares en títulos de deuda pública.
En 2014, ACS abandonó el proyecto de construir un depósito de gas natural frente a las costas de Castellón y Tarragona tras demostrarse la relación entre las inyecciones de gas y los cientos de terremotos que habían sufrido en esa zona. El Gobierno español asumió los costes del proyecto Castor e indemnizó al consorcio empresarial liderado por la constructora de Florentino Pérez con 1.350 millones de euros. Durante treinta años estaremos pagándolos en la factura del gas.
A principios de 2018, España se enfrenta a una treintena de demandas internacionales de arbitraje presentadas por diferentes transnacionales energéticas, fondos de inversión y sociedades de capital-riesgo. Son conglomerados empresariales que hace una década se lanzaron a hacer inversiones especulativas en el sector de las renovables, esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que hasta 2010 otorgó el Estado español. Pero cuando los gobiernos de Zapatero y Rajoy recortaron sucesivamente esas subvenciones, decidieron utilizar todos los instrumentos legales a su disposición para reclamar el dinero que iban a dejar de ganar. En caso de perder las demandas, el Estado se enfrenta al pago de miles de millones de euros en compensaciones.
Así funciona la lex mercatoria, el ordenamiento jurídico global basado en las normas sobre comercio e inversiones que protege los intereses de las grandes empresas por todo el mundo. Un entramado de contratos privados, tratados comerciales, acuerdos de inversión, políticas de ajuste, préstamos condicionados, disposiciones internacionales y laudos arbitrales que blindan los negocios de las multinacionales y sitúan los beneficios empresariales por encima de cualquier otra consideración. Un Derecho duro —vinculante, sancionador, coercitivo— que se basa en una idea de la seguridad jurídica únicamente vinculada a los intereses comerciales.
Resultado de imagen de Abengoa, ACS y RepsolEs lo que hemos llamado la arquitectura jurídica de la impunidad, que sitúa en el vértice de la pirámide normativa los derechos del capital transnacional y desplaza los derechos humanos al ámbito declarativo. Y que, mientras tutela con fuerza los intereses de las grandes corporaciones, ofrece la otra cara de la moneda a la hora de regular sus obligaciones. Estas se remiten a las legislaciones nacionales —previamente sometidas a las políticas neoliberales—, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos que es manifiestamente frágil, y a una “responsabilidad social” que opera como un Derecho blando (soft law) basado en la voluntariedad, la unilateralidad y la no-exigibilidad jurídica. Por decirlo con un ejemplo: mientras Abengoa, ACS y Repsol pueden recurrir a tribunales de arbitraje y presionan a los gobiernos para exigirles compensaciones por lesionar sus expectativas de negocio, las comunidades afectadas por las operaciones de estas multinacionales no tienen ninguna instancia internacional a la que llevar sus demandas.
Como se recoge en su Estrategia 2020, la política comercial y la acción exterior de la Unión Europea se orientan a “crear un entorno favorable para las empresas y facilitar su acceso a los mercados exteriores, incluidos los mercados públicos”. En este marco, todos los tratados de ‘libre comercio’ y los acuerdos de asociación firmados en los últimos años, junto a otros muchos que se están negociando en la actualidad tanto a nivel bilateral como multilateral, sirven para otorgar plena seguridad jurídica a esos negocios empresariales. La lex mercatoria avanza adecuando las diferentes normativas nacionales e internacionales a los intereses de las grandes corporaciones, fortaleciendo la armadura jurídica de la que estas son las principales beneficiarias.
No obstante, a pesar de este contexto de asimetría normativa entre el Derecho Corporativo Global y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se está avanzando en la formulación y puesta en práctica de propuestas alternativas para enfrentar la arquitectura jurídica de la impunidad. Diferentes organizaciones sociales, sindicatos e instituciones públicas están planteando la implantación de mecanismos de control para que, por lo menos, los derechos humanos se coloquen al mismo nivel que los derechos de las grandes empresas. Entre esas propuestas se encuentran, por ejemplo, denunciar los acuerdos comerciales cuando concluya su vigencia; no ratificar ningún tratado propuesto desde la asimetría contractual y al margen de los derechos humanos; abandonar el CIADI; restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales; promover una normativa internacional para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos en todo el mundo; crear una corte mundial que complemente los mecanismos nacionales, regionales y universales. Todo ello con el objetivo de garantizar que las personas, comunidades y pueblos afectados tengan acceso la justicia por las violaciones de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales.
Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Gallego: IAG seguirá comprando aerolíneas

El sector aéreo aumentará su concentración, y el consorcio IAG –tercero en Europa por detrás de Lufthansa y Ryanair- no quiere perder posición en el mercado. Por ello reforzará su estrategia de comprar líneas aéreas y activos de otras compañías para poder mantener su posición.
Luis Gallego, presidente de Iberia, asegura que IAG seguirá su estrategia de compra de aerolíneas. Así lo describió el presidente de Iberia, Luis Gallego, en la IV edición del 'Foro de Innovación Turística' Hotusa Explora. El directivo de la aerolínea española precisó que la vocación del grupo IAG es seguir participando en movimientos de consolidación del mercado aéreo, e ir incorporando nuevas aerolíneas al grupo aéreo, ya que "es difícil competir sino se tiene suficiente escala".
"Si Iberia no estuviera en un grupo como IAG no podría competir con grandes monstruos", agregó Gallego.
La última jugada del consorcio, donde además de Iberia también se encuentran British Airways, Aer Lingus y Vueling, ha sido incorporar los activos de la insolvente Niki como subsidiaria de Vueling, aunque este proceso ahora se encuentra inmerso por un laberinto judicial entre la justicia austríaca y la alemana 

El reto de las low cost

Entre los desafíos que afronta la aerolínea española está la competencia de las low cost en los vuelos de largo radio: “No sabemos si tendrá el mismo éxito, pero están capturando en muchas partes del mundo una buena cuota de mercado", ha explicado.
El presidente de Iberia ha señalado que en España las compañías de bajo coste han entrado más fácilmente que en otros lugares y que el AVE ha hecho que muchos vuelos domésticos de la compañía fuesen deficitarios, lo que provocó la reconversión de la empresa y el lanzamiento de Iberia Express.
https://www.cerodosbe.com/es/transportes/aerolineas/gallego-iag-compra-aerolineas_531512_102.html

16 ene. 2018

Caso Scala : La guinda de la guerra sucia posfranquista contra el anarquismo

Se cumplen cuarenta años del incendio que puso en marcha el caso Scala, un tortuoso proceso judicial contra varios jóvenes anarquistas durante los años convulsos de la Transición.  Se abrió la cacería contra el movimiento libertario mientras los acusados señalaban las incongruencias de la versión oficial y apuntaban a la mano negra de los servicios secretos.
Los bomberos de Barcelona sofocando el fuego en la sala de fiestas Scala, en enero de 1978.En aquellos primeros días de 1978, los nuevos consensos de la Transición habían alcanzado una solidez inesperada. Hacía apenas dos años de la muerte de Francisco Franco y España ya había olvidado la inquietud sucesoria, había celebrado elecciones a Cortes y se encaminaba hacia el refrendo popular de una flamante carta magna. Por un lado, los altos mandos franquistas se vistieron de demócratas en una vertiginosa operación de camuflaje. En el otro extremo, el Partido Comunista de España, que acababa de conocer la legalidad en abril, reclamaba en julio un gobierno de concentración junto a formaciones como UCD y Alianza Popular.
No hubo gobierno unitario pero en octubre se firmaron los Pactos de la Moncloa, que garantizaban al presidente Suárez una paz romana entre partidos y anticipaban la fotografía del gran pacto constitucional. La CNT no solo arruinaba aquel consenso, sino que sobre todo, promovía huelgas, convocaba mítines multitudinarios y ejercía un influjo inconveniente sobre las secciones catalanas de CCOO y UGT.
El 15 de enero de 1978, alrededor de quince mil personas se manifiestan en Barcelona convocadas por la CNT para protestar contra los Pactos de la Moncloa. La marcha recorre la Avenida del Paral·lel (por entonces Marqués del Duero) y se disuelve a la una de la tarde en la Plaza de España. A la una y cuarto comienza a arder la sala Scala.
Inaugurado en 1973, aquel local de los hermanos Antonio y Ramón Riba ofrecía un restaurante con espectáculos de revista y un espacio festivo donde se divertía la gente bien de Barcelona. Los periódicos sostienen en un primer momento que cinco jóvenes han arrojado cócteles molotov contra la fachada y el fuego ha derrumbado las siete plantas del edificio. Cuatro trabajadores de la sala mueren en el incendio. Se llaman Ramón Egea, Juan López, Diego Montoro y Bernabé Bravo.
El 18 de enero, la prensa anuncia nueve arrestos. La Dirección General de Seguridad asegura haber neutralizado un comando terrorista vinculado a la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias. Serían, dicen los periódicos, una célula de vocación insurrecional, el brazo armado del sindicalismo anarquista. La Policía atribuye el incendio a tres afiliados de la CNT. Son Xavier Cañadas, Arturo Palma y José Cuevas. Nada más conocerse las detenciones, la CNT difunde sus primeras inquietudes. Es absurdo pensar, dice Enrique Marcos, que la CNT haya incendiado un local cuya mayoría de trabajadores están afiliados a la CNT.
Resultado de imagen de joaquín gambín el grilloEn diciembre de 1980 se celebra el juicio contra seis militantes anarquistas. La Fiscalía reclama un total de 309 años. Para entonces, un juez ya ha ordenado la liberación de María Teresa Fabres, que ha permanecido dos años encarcelada sin que se haya demostrado su relación con los hechos. Los acusados denuncian haber firmado sus declaraciones bajo tortura y dos médicos enumeran las lesiones que advirtieron en dos de los detenidos. Por otra parte, los abogados recriminan que los restos de la sala Scala hayan sido derribados sin orden judicial y que se les haya vetado el acceso a la zona. La ausencia de un peritaje independiente alimenta las hipótesis de la defensa, que señala a un confidente policial llamado Joaquín Gambín, alias El Grillo.
El confidente rondaba la cincuentena y lo llamaban "el viejo anarquista" a pesar de que no se le conocía ninguna trayectoria en el entorno anarquista. En enero de 1977, la policía lo detiene en Murcia en una redada contra la FAI en la que se intervienen dos maletas con armas y explosivos. En su libro Caso Scala: terrorismo de Estado y algo más, Xavier Cañadas sostiene que aquel arsenal había sido un cebo policial para incriminar a la FAI, y al mismo tiempo, una atajo para infiltrar a Gambín en el movimiento libertario de Barcelona. El incendio de la sala Scala supuso, según Cañadas, la guinda de la guerra sucia posfranquista contra el anarquismo.
Gambín, que había instigado a los acusados a portar cócteles molotov durante la manifestación, se esfuma una vez comienza a arder la sala Scala. En marzo de 1979, aprovecha la muerte de su tío (también llamado Joaquín Gambín) para hacer creer que es él quien ha muerto y desembarazarse así de cualquier posible represalia anarquista. En octubre de 1979 es detenido en Elche por un delito de estafa y encarcelado en Murcia. A pesar de que la Policía de Elche conoce la orden de busca y captura que pende sobre él a causa del caso Scala, es puesto en libertad en febrero de 1980.
En pleno juicio, el diario El País confirma que Gambín lleva una vida apacible en Murcia y que la policía conoce su domicilio. En diciembre de 1981, la policía lo detiene en Valencia después de un tiroteo. Estaba cerrando una operación de compraventa de armas. En diciembre 1983, en medio de la presión mediática y las sospechas de amaño policial, el caso Scala vive un segundo juicio, esta vez contra Gambín.
Resultado de imagen de joaquín gambín el grilloJoaquín Gambín confiesa haber trabajado para el servicio de información. Es el policía de Murcia José Gregorio López, quien lo habría reclutado para infiltrarse en el movimiento anarquista de Barcelona. Gambín señala además a José María Escudero, hombre de confianza del comisario Roberto Conesa, y le acusa de haber organizado un montaje en la sala Scala. Escudero, curtido en el placaje contra la disidencia política durante el franquismo y la Transición, permanecerá como alto mando policial incluso bajo la presidencia de Felipe González.
En el juicio contra los seis anarquistas, el juez condena a 17 años de prisión a Xavier Cañadas, Arturo Palma y José Cuevas. A Luis Muñoz y María Rosa López les impone penas menores y absuelve a María del Pilar Álvarez. En la segunda parte del juicio, Joaquín Gambín obtiene una condena de siete años de prisión menor por la elaboración de seis cócteles molotov.
Ninguna de las dos sentencias involucran al Estado ni toman en consideración las protestas de la CNT, que apuntaba al ministro Rodolfo Martín Villa.
Cuarenta años después, es inevitable recuperar algunas incertidumbres. La duda de que unos cócteles molotov pudieran desatar un incendio de tamañas dimensiones. Los testimonios de que el edificio había comenzado a arder por el extremo opuesto a la fachada atacada. La noticia de que los bomberos habían hallado material militar inflamable dentro de la sala. La inmediata localización y detención de los sospechosos gracias a una delación.
Cuarenta años después, en definitiva, desconocemos el verdadero protagonismo del Estado en una operación que acarreó la muerte de cuatro trabajadores, el encarcelamiento de varios jóvenes activistas y una campaña de desprestigio feroz contra el pujante movimiento anarquista
http://www.publico.es/politica/caso-scala-cuarenta-anos-sombras.html

Cárcel y explotación laboral

Al cierre del año, el Gobierno anunció que iba a incrementar el Salario Mínimo Interprofesional progresivamente hasta dejarlo en la insinuante cantidad de 850 euros para el cierre de 2020. En este presente 2018 se preveé una subida del 4%, lo que nos sitúa en los 735,90 euros al mes, una cifra que sigue siendo un espejismo para miles de personas trabajadoras en el Estado español. ¿El por qué? Sencillo: tras la falacia de la mejora de la economía gracias al repunte de las contrataciones se esconde una política general permisiva con el abuso empresarial en los contratos precarios. Y es que aunque el SMI se reconoce como una norma de mínimos, no se han establecido las medidas de protección necesarias para que hablemos de aplicación efectiva. 
En las cárceles, como en otras instituciones estatales, el Estado español ha ido introduciendo en su discurso justificativo algunos de los valores inherentes a una nación democrática que reconoce el derecho al trabajo. Estos cambios, no obstante, no garantizan la igualdad de todas las personas en el acceso y en la remuneración de una labor profesional.
 
ALGUNAS NOTAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD
Resultado de imagen de Cárcel  explotación laboralNo es casual que los centros de privación de libertad que conocemos comúnmente como cárceles se llamen ‘Centros Penitenciarios’. Si una penitencia es cumplir una pena, la palabra castigo es sinónimo, sobre todo teniendo en cuenta que el referente anterior e inmediato a la pena de prisión institucionalizada son las torturas físicas y sicológicas. En este sentido, la fe religiosa ha tenido una incidencia fundamental en cómo se enjuicia el comportamiento humano. El período histórico que mejor lo evidencia es la Edad Media; entonces, el encierro de carácter provisional [1]  sólo servía como paso intermedio entre la captura y el juicio con ejecución de sentencia. Para muestra, un botón: en la caza de brujas de la Inquisición española, persecución por la que conocemos relatos de todo tipo de crueldades cometidas en actos públicos para facilitar el control social, se aprecia la indisoluble relación entre moral cristiana y sociedad.
La reclusión en tanto que pena en sí misma no tiene más de trescientos años y hay que decir que es el resultado de consideraciones modernas: la pena de privación de libertad se institucionaliza con el cambio del Absolutismo al Liberalismo durante la Ilustración, instaurándose con una finalidad correctiva o transformadora. Sumado a ello, en los tempranos comienzos del capitalismo, surge la idea de obtener un provecho económico de la reclusión de las personas presas y con este giro de tuerca se abandona la tortura como moneda de cambio por el delito cometido, orientando progresivamente el discurso político-jurídico hacia el presente y la reinserción, una política que presupone caracterizar regímenes de gobierno humanitarios y que para el caso del Estado español se expone en el artículo 25 de la Constitución [2].
 
GÉNERO Y CÁRCEL
La política actual del trabajo en los centros penitenciarios no dista tanto de la explotación esclavista del Régimen de Franco. Durante la Dictadura, la explotación laboral sustentó el entramado de medios económicos y ejecutivos para asegurar la supervivencia del Régimen. Así, los hombres ‘válidos’ serían destinados a campos de trabajo y tareas forzosas en construcción, minería y labores agrícolas. En el caso de las mujeres, el precedente inmediato de la cárcel femenina en el Estado español son las ‘Casas Galera’ [3], creadas para suplir la necesidad de reprimir a ‘mujeres vagantes, y ladronas, alcahuetas, hechiceras, y otras semejantes’ [4]. Si bien en algunas de estas cárceles la puesta en marcha de talleres profesionales sería tardía, en otros las presas comenzarían a prestar su mano de obra tempranamente con el correspondiente aprovechamiento económico de la Institución; Muchas de estas mujeres trabajaron en talleres de costura y otras labores asignadas cultural y tradicionalmente a la figura de la mujer: apostamos por creer que en la posición de poder de la Institución y con la desvalorización de la figura de la persona interna, es plausible que al menos una parte de esas labores profesionales no fueran remuneradas y se prestaran en auténticas condiciones de esclavitud.
Volviendo al presente, a fecha de julio de 2017, hay 55.814 hombres en prisión y 4.546 mujeres -el 7,53% de la población reclusa-. Aunque estas cifras no son un reflejo de la criminalidad sino de la política criminal del Estado, esta lectura diferencial de la persona delincuente en términos de género binario nos hace reflexionar sobre la educación de género y la cultura patriarcal que presume antagonistas al hombre y a la mujer. Sumado a ello, y debido a lo anterior, el Estado no asume que el sexo femenino constituya un riesgo o una amenaza que se deba contemplar en las más diversas formas en las que se extiende la potestad sancionadora: hay menos mujeres en los cuerpos de seguridad así como que es poco frecuente observar presencia policial en manifestaciones, acciones y concentraciones no mixtas; en cuanto a la distribución de los propios espacios, en España sólo hay tres cárceles para mujeres. El resto son módulos femeninos que se crean dentro de cárceles masculinas. Pasa así también en otros espacios de privación de libertad como centros de menores de edad y los CIE -Centros de Internamiento de Extranjeros-.
 
TRABAJO Y CÁRCEL EN LA ACTUALIDAD
Resultado de imagen de mano de obra en carceles españolas en la actualidadRecogiendo lo expuesto por la Constitución en materia de derechos fundamentales, la página de Instituciones Penitenciarias reconoce que ‘el trabajo es un instrumento básico para la reinserción de la persona en prisión pues la prepara para una mejor integración en el mundo laboral una vez cumplida la pena’. La normativa vigente encargada de estructurar la prestación de trabajo de las personas internas es el Reglamento de Centros Penitenciarios del Estado español, que dedica un escueto e incompleto capítulo al desarrollo de la relación laboral especial penitenciaria [5]. Veamos cuán especial es esta relación. 
Por un lado, el Reglamento diferencia entre los trabajos de carácter productivo y los no productivos. El trabajo productivo se desarolla en los denominados ‘talleres profesionales’ cuya gestión puede ser directa, a través de la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo o puede ser indirecta, gestionada por empresas externas. En la modalidad gestión directa, los talleres son propios de la Institución, normalmente para autoabastecimiento; así, por ejemplo, las personas presas se emplean confeccionando los uniformes del personal funcionario, o bien son empleados de la propia prisión, encargándose de labores como lavandería, cocina o mantenimiento. 
El trabajo productivo en gestión indirecta es aquel en el mediante un convenio de colaboración con una entidad privada se elabora un producto, un bien material, que posteriormente será expuesto en el mercado laboral para su venta. Una de sus ‘especialidades’ es el privilegio que ostentan las 130 entidades privadas que colaboran con la Institución: el espacio de trabajo está en la propia cárcel, por lo que los suministros y estructura están sufragados por el Estado. La misma Institución Penitenciaria es quien facilita la mano de obra, poniendo a disposición de las empresas a las personas internas que quieran emplearse. La remuneración de este trabajo que corre a cargo del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios, deja mucho por decir al regular que ‘para la determinación de la retribución [...] se tomará como referencia el Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento, de tal manera que el salario resultante se fijará proporcionalmente al número de horas realmente trabajadas y al rendimiento conseguido por el trabajador’. 
Una de las cuestiones que particularmente pervierte esta relación laboral es que aún con las facilidades de ahorro en costes de producción, no sólo no hay obligatoriedad de aplicar un referente salarial sino que además estas empresas, con el beneplácito de la administración penitenciaria, NO aplican el criterio del salario mínimo interprofesional. De las más de 60.000 personas privadas de libertad en Centros Penitenciarios, se estima que hay 12.000 empleadas, de las que unas unas 3.500 prestan mano de obra para alguna de las empresas colaboradoras. Actualmente, la población reclusa que trabaja es un escaso y aproximado 24% del total. De ese porcentaje, la mitad cobra MENOS DE 200 EUROS. 
Si el SMI se ha consignado como un derecho fundamental, un contenido de base que regula la prestación de trabajo en el Estado español. ¿Acaso la realidad que acontece de muros adentro de las prisiones trasciende la Jurisdicción española? ¿Cómo es posible que esto ocurra bajo la supervisión de un Estado que se vanagloria de ser garantista de derechos fundamentales?
Los muros de la prisión no abren las puertas a Narnia. Esto tiene un nombre y se llama esclavitud laboral.
_____________________
[1]  Medida similar a la actual prisión preventiva mediante la que se pretende garantizar que la persona presa asista al acto de juicio, no cometa otro delito y/o se hagan las averiguaciones pertinentes para el enjuiciamiento.
[2]  Del Título I. De los derechos y deberes fundamentale. Capítulo segundo. Derechos y libertade. Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo 25: [...] Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. [..]
[3]  La Pena por Galeras es una pena de servir remando en las galeras reales que se imponía a ciertos delincuentes. Existieron otras penas basadas en trabajos forzosos que llevarían a los presos a la muerte. No obstante, como apuntamos antes, esto sería modificado por los intereses económicos.
[5] Consulta el régimen dispuesto para ello a partir del artículo 132 y siguientes aquí: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-3307

https://www.elsaltodiario.com/conquista-derecho/carcel-y-explotacion-laboral

Norwegian mete presión a Level

Norwegian inicia los vuelos de largo radio desde Orly, donde Level abrirá su segunda base en julio
La guerra entre las low cost en Europa aumenta de intensidad: además del frente del Atlántico, entre Norwegian y Level habrá un nuevo campo de batalla, y esta vez será París.
Norwegian anunció que en breve ofrecerá vuelos entre París-Orly y Newark, en Nueva Jersey, a solo 24 kilómetros de Nueva York; conexiones que se sumarán a las otras dos que ya operan desde el aeropuerto de Charles de Gaulle.
El punto es que Level proyecta abrir en Orly, a partir de julio, su segunda base en Europa, tras la de Barcelona. Y desde allí también saldrán cuatro vuelos semanales a Nueva York, a partir de septiembre. Los otros destinos de Level desde París son Montreal, Guadalupe y Martinica.
Resultado de imagen de Level NorwegianEl primer vuelo desde Orly a Newark partirá el 28 de febrero, y esta será la octava ruta transatlántica que Norwegian ofrece desde París. De esta forma operará siete conexiones desde París Charles de Gaulle a Nueva York JFK, Miami Fort Lauderdale, Orlando, Los Ángeles, San Francisco, Oakland, Denver (a partir de abril) y Boston (a partir del 2 de mayo).
También crece desde España
En España, Norwegian incorporará en marzo un tercer avión Boeing 787-9 Dreamliner, de 344 plazas, a su base operativa del aeropuerto de Barcelona, lo que supondrá un aumento de las frecuencias y las plazas ofertadas entre Barcelona y Estados Unidos.
El nuevo avión se incorporará el próximo 25 de marzo, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano de 2018. Así, tres de las cuatro rutas intercontinentales de Norwegian en Barcelona verán incrementada su capacidad. 
https://www.cerodosbe.com/es/transportes/aerolineas/norwegian-paris-level_531368_102.html

15 ene. 2018

25 - ENE.: Jornada de lucha estatal contra las listas de espera

El proceso planificado de privatización y deterioro del sistema sanitario, puesto en marcha desde hace años, está dando desgraciadamente sus frutos: interminables listas de espera (que además se han desplazado del quirófano al diagnóstico); incremento de los seguros sanitarios privados; aumento de las diferencias entre territorios; y sobre todo mucho dolor y sufrimiento para la población trabajadora y / o excluida.
Frente a esta gravísima situación, colectivos de diversos puntos del estado llamamos a realizar movilizaciones, el próximo 25 de enero, ante los centros sanitarios. Contra las listas de espera y la mercantilizacion del sistema sanitario. Por una atención sanitaria digna. Porque hay soluciones, aunque los políticos no quieran verlas.
En junio de 2017 más de 600.000 personas estaban a la espera de una intervención quirúrgica en todo el estado (una de cada cinco esperaba más de seis meses a ser intervenida). En 2008, eran 364.000 personas, lo que indica que en estos años de recortes el número casi se ha duplicado.
Respecto a la lista de espera diagnóstica, casi 2 millones de personas esperaban la primera consulta con el especialista, con un tiempo medio de espera de casi 60 días. Lo que ha ocurrido en estos últimos años, es que el “cuello de botella” ha pasado del quirófano al diagnóstico (primera cita con el especialista), retrasándose aún más la atención de los enfermos, pudiendo ocurrir que haya personas que fallecen antes de recibir tratamiento.
Estas vergonzosas cifras, sin embargo, no son reales. El sistema utiliza diferentes estratagemas para falsear los datos, ya sea retrasando la inclusión en la lista, bloqueando las agendas, presionando a los profesionales, etc.
Este deterioro planificado del sistema, ha empujado a sectores de población que aún mantienen cierta capacidad adquisitiva, hacia los seguros privados. Así, a pesar de la “crisis económica”, se ha pasado de 5,3 millones de personas en 2006, a 7 millones en 2016 con un seguro sanitario privado, es decir de 1,7 millones de personas más.
Sin embargo, es posible enfrentar el problema de las listas de espera y reducirlas en gran parte, incluso con menos gasto sanitario. Pero exige tomar una serie de medidas de sentido común, utilizando al 100 por 100 los recursos existentes en el Sistema Nacional de Salud (quirófanos, tecnología, etc.), lo que colisionará con intereses particulares que están instaurados con mucha fuerza dentro de la Administración Sanitaria.
Proponemos:
1 Creación de un turno de tarde en los hospitales, en las especialidades médicas que sean necesarias, para mantener funcionando a pleno rendimiento todos los recursos hasta las 21 horas. Esto permitiría, contratar a los profesionales que actualmente obligamos a emigrar (cuando su formación nos cuesta hasta 300.000 €), y también suprimir las horas extras realizadas por las tardes.
2 Prohibición de los conciertos con centros privados, innecesarios al poner a funcionar los centros públicos al 100 por 100, con el consiguiente ahorro.
3 Incompatibilidad absoluta para que el personal del sector público trabaje en la privada. Ninguna empresa privada permite a sus profesionales trabajar en la competencia.
4 Establecimiento de garantías y plazos para la atención, similares en todo el estado, independientemente del lugar de residencia, para acabar con las vergonzosas diferencias que se han instaurado en estos treinta años.
5 Asignación y entrega de un código al paciente en el momento de la decisión clínica de petición de prueba diagnóstica o intervención, que permita asegurar su entrada en lista de espera automaticamente.
6 Democratización del sistema. Transparencia absoluta y acceso sencillo a todos los datos de actividad, calidad, gasto y adjudicaciones del SNS.
LAS LISTAS DE ESPERA MATAN
HOSPITALES INFRAUTILIZADOS, PACIENTES ESPERANDO
DEROGACION DE LA LEY 15/97 Y DE TODAS LAS LEYES AUTONOMICAS QUE PERMITEN LA PRIVATIZACIÓN
http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2018/01/15/jornada-de-lucha-estatal-contra-las-listas-de-espera-el-25-de-enero

Un crimen a cámara lenta o cómo acabar de una vez por todas con las pensiones públicas

Bancos y aseguradoras trabajan para transferir los ingentes ahorros de la población española al sector privado.
Resultado de imagen de en defensa de  las pensiones públicas CGTTodo crimen tiene un móvil. Para descubrirlo y, de paso, desenmascarar a sus responsables solo hay que seguir el rastro del dinero. En este caso, es difícil encontrar un botín más atractivo. En España, los actuales planes de pensiones privados llevan ahorrados 109.244 millones de euros, una décima parte del PIB. Un monto que representa, sin embargo, una minúscula muestra de lo que podría ser el negocio de las pensiones para los grandes bancos y aseguradoras si desaparece su principal competidor: las pensiones públicas. Ya lo han hecho en muchos países de América Latina. Ahora quieren terminar el trabajo iniciado en España.
La estrategia utilizada por los lobbies de los planes de pensiones no puede ser más vieja: convencer de que el sistema público no tiene futuro, y garantizar que no lo tenga, dejándolo sin recursos, de forma que la primera previsión se cumpla.

El cuento del lobby

O cómo te convencen de que las pensiones públicas no son una buena idea
Los lobbies y think tanks de la banca y las aseguradoras, titulares de la mayoría de los planes de pensiones, han conseguido convertirse en la referencia a la hora de describir el futuro de las pensiones públicas. Y también a la hora de influir en las leyes que definen su futuro. Una figura que sirve de ejemplo del vínculo entre los fondos de pensiones privados y el futuro del sistema público es Rafael Doménech, subdirector de la Oficina Económica del presidente del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero y actual responsable de análisis macroeconómico del BBVA, entidad que lidera el mercado de las pensiones privadas en España y buena parte de América Latina.
En 2013, Doménech fue seleccionado por el Gobierno de Mariano Rajoy como uno de los 12 ‘sabios’ que definieron el llamado ‘factor de sostenibilidad’, es decir, cuánto se recortarán las pensiones a partir de 2019 para compensar que viviremos más años. De entre la docena de expertos, la mayoría estaba vinculada con bancos o aseguradoras y solo tres tenían una visión distinta a la del Gobierno. Es también el caso del presidente de esta comisión, Víctor Pérez-Díaz, vinculado con FAES, la Fundación Caixa Galicia o Unespa, la patronal de las aseguradoras. Actualmente, en el Congreso se dice que Doménech pasa más tiempo allí que algunos ministros.
A través de think tanks como Civismo, Fedea o IEE —el grupo de estudios de la CEOE—, mediante páginas web ‘blancas’, contenido patrocinado, gabinetes de estudio, encuestas, seminarios y tertulianos en medios de comunicación, el lobby de las pensiones privadas defiende su principal tesis: ante la persistencia de la crisis y el envejecimiento de la población, se debe aumentar la edad de jubilación, recortar las prestaciones y apostar por vías alternativas de ahorro, es decir, por planes de pensiones privados.
Estos grupos de presión también han hecho lo imposible, con buenos resultados hasta ahora, por mantener fuera de la agenda política la propuesta de financiar las pensiones por otras vías, a través de los presupuestos generales del Estado, como ocurre con otros gastos sociales y en otros países europeos. La otra opción defendida por diversos sectores sociales para asegurar el futuro de las pensiones públicas —aumentar los salarios o las cotizaciones por parte de las empresas— permanece todavía más relegada por el lobby que quiere dejarte sin pensión —y que tengas que contratar otra con un fondo privado, si puedes permitírtelo—.

La profecía autocumplida

O cómo convierten en realidad el fin del sistema público
 
No basta con asustar, aunque ayuda. La noticia de que 2016 había terminado con el déficit más abultado de la historia de la Seguridad Social —unos 19.000 millones— dio buenos titulares al lobby de las pensiones privadas. El “saqueo”, como lo llama la Marea Pensionista, viene de lejos. 
En el año 2000, momento de excedente presupuestario, el Gobierno de José María Aznar creó la llamada ‘hucha de la pensiones’, un fondo de seguridad en previsión de tiempos peores. Para prevenir malos usos en el futuro, el Gobierno fijó en un 3% el límite del que se podría disponer en caso de necesidad.
Resultado de imagen de contra el saqueo de las pensiones cgtEn 2012, el fondo de reserva llegó a su máximo, con 65.000 millones de euros. Ese año, el mismo en el que Luis de Guindos anunciaba el rescate bancario por una suma equivalente, el presidente Mariano Rajoy suspendía ese límite y decretaba que el Gobierno podría disponer en adelante de este fondo, sin más trámite que una notificación previa al Congreso.
A partir de entonces, el Gobierno del PP ha retirado una media de 13.500 millones de euros cada año. En diciembre de 2017 apenas quedaban 8.000 millones, lo justo para pagar una mensualidad más. La principal causa de este déficit en las arcas de la Seguridad Social es el aumento del gasto en pensiones por el envejecimiento de la población. Un factor casi tan determinante como la caída de los ingresos de las cotizaciones sociales, con las que se financia todo el sistema público, un fenómeno fácilmente explicable por la crisis, el paro y las más de dos millones de personas que tuvieron que dejar el país por razones económicas. Tampoco ha ayudado que la “recuperación” de la que habla el Gobierno se haya cimentado en los bajos salarios, con una caída media del 12,8%, y en el empleo precario, con el doble de contratos temporales que en 1995.
Las plataformas de defensa del sistema público defienden que lo que está en crisis es el Pacto de Toledo, firmado en 1995, no las pensiones públicas. “Es mentira que haya alguna razón para pagar las pensiones con las cotizaciones”, afirma Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. La economista Elena Idoate critica desde el seminario de economía Taifa la excepcionalidad de las pensiones públicas: “No hay ninguna otra partida presupuestaria que esté vinculada a una determinada fuente de financiación. ¿Por qué preocupa el equilibrio presupuestario de las pensiones, y no el de la Monarquía, el Ejército o la Policía?”.

Pensiones BastónDejar morir

O cómo consiguen que pasarte al sistema privado no parezca tan mala idea
Desde inicios de la crisis, el lobby de los planes de pensiones incrustado en el Gobierno ha encontrado en la Comisión Europea un aliado ideal. Frente al desfase entre los gastos e ingresos de la Seguridad Social, la receta de los sucesivos gobiernos ha sido recortar prestaciones y alargar el tiempo de trabajo necesario para acceder a una pensión en vez de abordar la caída de los ingresos del sistema público con políticas redistributivas.
En 2010, el ultimátum de las instituciones europeas al Gobierno de Zapatero llevó a la congelación de las pensiones contributivas y, un año después, a la ley de reforma de la Seguridad Social, que retrasaba la edad de jubilación de 65 a 67 años, entre una batería de medidas que hacían mucho más complicado acceder a una pensión o a cobrar la pensión máxima.
En 2013, Rajoy ponía las cosas todavía más difíciles con el Real Decreto 5/2013, que endurecía las condiciones de acceso a la jubilación anticipada. Y para quienes ya cobraban una pensión, el PP garantizó ese mismo año, mediante la Ley 23/2013, una merma constante de su poder adquisitivo al desvincular la actualización de las pensiones de la inflación.
Gracias a las reformas de las pensiones realizadas por Zapatero y Rajoy en 2011 y 2013, los pensionistas han perdido 1.200 millones de euros solo en 2017, una media de 200 euros por cada uno de ellos. La introducción del factor de sostenibilidad a partir de 2019 supondrá que “se cobrará menos al mes pero durante más años”, afirma una de las web de pensiones del BBVA. Después de comparar los sistemas de todos los países europeos en su informe Las pensiones en España, el catedrático Zubiri concluye que el PP “ha introducido unos de los ajustes por envejecimiento más severos de la UE”. El think tank de la patronal, el IEE, recomendaba hace un año aumentar la edad de jubilación a 70 años para “salvar” las pensiones. Si los planes de pensiones fueran lo que cuenta el aparato de comunicación de la banca y las aseguradoras, pasarse a uno de esos fondos quizá no sea tan mala idea. Ese es el problema.

La precariedad sin eufemismos

Existen derrotas difíciles de superar a la hora de enfrentarse a la continua lucha de los trabajadores y las clases populares contra el discurso de las élites. La asimilación de su relato, el conformismo ante la pérdida de los derechos, y la normalización de la precariedad y la pérdida del bienestar. Son derrotas que se van imponiendo como la tortura de la gota malaya. Poco a poco van erosionando los logros sociales hasta que su pérdida es asumida como parte ineludible de la realidad. Como algo natural. Como la gravedad; un hecho físico que aceptar con el que hay que convivir.
Resultado de imagen de La precariedad sin eufemismos
Ese proceso de asimilación de la precariedad y la pobreza se impone por la fuerza del relato hegemónico dirigido desde los poderes políticos y económicos y replicados por la publicidad y los medios de comunicación que con su manera de explicar, narrar y afrontar las nuevas realidades surgidas de la crisis fomentan la aceptación de hechos antes inaceptables por la clase trabajadora. Durante estos meses ha proliferado en muchos medios una manera de narrar la precariedad que parecía más sacada de una taza de Mr Wonderful o un gurú del coaching que de un periodista que tratara de narrar las consecuencias concretas de la precarización laboral y la pobreza derivada de los recortes sociales.
“¿Qué te llevarías a una casa de 10 metros cuadrados? Se impone la moda de las ‘minicasas’”, dice una pieza de Antena 3 para explicar la proliferación de cubículos minúsculos para vivir: “Este movimiento comenzó en Japón en la década de los 90. Los precios por las nubes y muchos jóvenes tokiotas se mudaron a espacios más pequeños con menos gastos de hipoteca, calefacción, electrodomésticos, y además, más rápido de limpiar”. Según se narra, parece algo apacible eso de vivir en un lugar en el que no poder guardar nada y además no poder compartirlo con quien amas.
Lo que en la noticia se vende como una moda, una opción elegida en libertad, es uno de los mayores dramas de la sociedad nipona y ahora se extiende al resto de sociedades hipercompetitivas. Una realidad más propia de una distopía o de un capítulo de Black Mirror que de una sociedad que se rija por un Estado del bienestar. La realidad de esas minicasas es otra. Más dramática.
La fotoperiodista Shiho Fukada también narró la “moda” de vivir en pequeños cubículos de los trabajadores japoneses en uno de los capítulos de su serie documental llamada Japan´s Disposable Workers’, que se proponía mostrar diferentes expresiones de las víctimas de un sistema laboral tremendamente hostil con los trabajadores. El trabajo, que se llamó Net cafe refugees, muestra la misma realidad de la precarización de la vivienda pero desde otro punto de vista, el de la denuncia. No intenta convencer a aquellos que se ven abocados a vivir en tres metros cuadrados de que su situación es una moda, ni viste de color pastel una realidad grotesca y dramática. El mismo problema es tratado con una óptica diferente, muy alejada de la propaganda que pretende que los que sufren una situación injusta la acepten de buen grado.
Fotograma de 'Net cafe refugees' de Shido Fukada
Fotograma de 'Net cafe refugees' de Shido Fukada
El periodismo de Fukada está destinado a denunciar la vida de los colectivos más desfavorecidos. Ese enfoque será el que marque el trabajo que nos proponemos en Apuntes de Clase, el de mirar con ojos de denuncia aquellas situaciones que el relato mayoritario está inculcando en la clase trabajadora con palabras satinadas por el marketing. Una estrategia generalizada de normalización de la pobreza que abunda en los grandes medios de comunicación y que será contestada.
“Porque son muchos (y distintos) los motivos que llevan a una persona a hacer de las autocaravanas su hogar permanente: libertad, experiencia vital, aventura, necesidad… Y los ejemplos no son escasos”. Las negritas son literales, no son mías, y no es casual que la palabra necesidad sea la que no destaca en la pieza de El País que intenta vendernos la felicidad que supone vivir en cubículos móviles. En EEUU tanto las caravanas como las casas móviles, los denominados Trailer Parks, son las viviendas habituales de las personas con menos recursos con los que hacen negocios las grandes fortunas. Poner el foco en las excepciones que deciden libremente vivir en una vivienda móvil para ser feliz e ignorar a la inmensa mayoría que lo hace por necesidad es siempre una decisión editorial que tiene una intencionalidad detrás que suelen marcar los dueños o accionistas de los medios de comunicación.
No es casualidad que un medio como El País sea una de los mayores difusores de palabras edulcoradas o anglosajonas para inocular belleza en la pobreza. El nesting o el job sharing son conceptos muy bien elaborados que esconden la realidad de una sociedad que no es capaz de dotar a todos sus miembros del futuro prometido, la ruptura del contrato social tiene que ser difuminada para autoconvencernos de que ahora no es que vivamos peor, es que vivimos diferente, con una realidad adaptada a una coyuntura menos apacible.
Son los medios que autojustifican su dependencia del poder incluyendo en su subtítulo lo independientes que son los que suelen intentar esconder en información lo que es una mera transmisión de los intereses de su pagador. Para ello no dudan en ceder tribunas a lobistas de sus accionistas que intentan convencernos de que la precariedad y la pobreza son una realidad inventada en las redes sociales. Apuntes de clase nace precisamente para contrarrestar ese relato que culpa al trabajador de su situación, que intenta suavizar la miseria con neologismos y juega a la prestidigitación con la precariedad para intentar enseñar a las trabajadoras que la merma de su salario es solo una ilusión.
No esperamos ser la verdad absoluta porque esta no existe. Simplemente intentaremos contar de la mejor manera posible la realidad que es evidente en los barrios y los pueblos pero que parece no existir en la opinión pública. Dar voz a protagonistas que no suelen serlo y dotar de herramientas culturales a quienes las necesiten para defenderse de la ofensiva contra sus derechos.
La clase obrera es tratada en multitud de ocasiones como un colectivo pintoresco que hace cosas muy curiosas y al que de vez en cuando hay que enseñar para cumplir con un cupo. Tratar con respeto a todos los colectivos, en un plano de igualdad, sin compadecerse y evitando el clasismo que tanto impera será la base que sustente nuestro trabajo. La idea de este suplemento nació viendo un programa de TVE, nuestra televisión pública, que se llama Trabajo temporal.
En uno de sus capítulos emitidos por el canal internacional aparecían Norma Duval y Andy y Lucas en la recogida de membrillos, hablando con los trabajadores como si de una especie distinta se tratara. El programa acabó con un plano en cámara lenta en el que Norma Duval después de haber recogido dos membrillos se iba de la conservera mirando al horizonte con su abrigo de piel, subiéndose a un coche de gama alta en el que le esperaba un chófer y afirmaba con su voz en off: “un abrazo, compañeros”. Podemos prometerte que Apuntes de clase se manchará las manos contigo. Junto a ti.

La gran mentira sobre el endeudamiento de la seguridad social

Queda muy claro la obligación de mantener un Sistema de Seguridad Social, gobierne quién gobierne”, para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante las situaciones sociales de necesidad.
Resultado de imagen de en Defensa del Sistema Público de PensionesTodos los principios de año desde el 2011 nos enfrentamos a estadísticas, estudios y análisis sobre el envejecimiento de la población española y al imparable aumento efectivo, o previsible aumento de las pensiones y a los pocos ingresos que recibe el sistema…… técnica utilizada por los diferentes gobiernos para que nos genere una inquietud social imprecisa, y donde se nos convence que el sistema público de pensiones no es sostenible, recomendando a los ya pensionados que se conformen con la subida del 0.25% de sus pensiones en vez del IPC, porque tienen ya unas pensiones más que dignas y las nuevas generaciones que deben complementar sus futuras pensiones con planes de pensiones privados para así poder generar una pensión digna.
Además se nos sigue asustando con que el Tesoro Público nuevamente en el año 2018 tiene que hacer un préstamo de 15.000 millones de Euros a la Seguridad Social para hacer frente al pago de las pensiones. Recordando que ya hiciera otro de 10.100 millones de euros en el 2017 para hacer frente a la paga extra, y que en el Fondo de Reserva únicamente quedan 8.000 millones por lo que no llegarían.
Todo esto es humo, un humo creado por el capitalismo y por la incapacidad y despropósito del Gobierno de cambiar sus políticas, políticas que siguen el camino marcado en 1994 por el Banco Mundial. Haciéndonos creer que nuestro sistema no es sostenible y que únicamente debido al desempleo de los últimos años y la bajada de las cotizaciones hacen que la Seguridad Social se encuentre en números rojos.
Tenemos que recordar que nuestro sistema se caracteriza porque los actuales trabajadores abonan las pensiones actuales, y lo que sobraba “teóricamente” pasaba al Fondo de Reserva.
El Sistema de Seguridad Social solo tenía que abonar las Pensiones Contributivas, siendo las asistenciales o no contributivas y los Complementos a Mínimos a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, acordado por el Pacto de Toledo en 1995.
Pero eso no fue así……
Se cuantifica por un Informe de la Intervención General de la Seguridad Social ( órgano gestor contable del organismo ) que entre los años 1990-2012 las arcas de la Seguridad Social financió los complementos a mínimos, responsabilidad de los Presupuestos Generales del Estado en 72.371, 5 millones de  Euros.
Todos los gastos corrientes de bienes, servicios, y nóminas que se generan en una Administración siempre van a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, a “excepción” de los derivados de la Seguridad Social.
En el 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) desvía 14.000 millones de euros de cotizaciones sociales para otros compromisos. 14.000 millones que nunca se devuelven al Fondo de Reserva.
Además, de no mencionar por parte del Gobierno nunca , que desde 2008 la SS fue un “ente financiero” de las empresas en crisis, sirvió para mantener operativas empresas con dificultades de solvencia, con aplazamientos da recaudación de las cuotas (empresas en concurso de acreedores, insolventes…) convirtiéndose en un mecanismo de financiamiento, sirviendo para mantener la liquidez necesaria en las empresas y amortiguar las dificultades económicas de buena parte de las mismas, esto tanto en los gobiernos de PSOE como PP.
En el 2012 el Partido Popular, no solo no para esas políticas sino que las incrementa indiscriminadamente haciendo uso de las cotizaciones sociales para:
Medidas de estimulo a la contratación, el gobierno lleva a cabo bonificaciones en las cotizaciones empresariales. Solo en el 2016 la SS dejó de ingresar 2.100 millones por reducciones directas de cotización que no fueron compensadas por el Estado y la cantidad supera en 500 millones a la del 2015. Como se conoce la tasa de paro no se modificó lo que demuestra que no sirvió para conseguir su fin que era la incentivación a la contratación, pero si seguir reduciendo los ingresos de la SS.
Y otros como por ejemplo las compensaciones a los afectados por el terremoto de Lorca, víctimas de incendios u otras catástrofes naturales… otros fines que nada tienen que ver con abonar prestaciones contributivas de la Seguridad Social.
Si los Gobiernos de turno, no hubieran hecho un mal uso del dinero procedente de las cotizaciones sociales podríamos estar hablando de que el Fondo de Reserva tendría que tener al redor de medio billón de € y no los 8.095 millones actuales.
El Estado, los Presupuestos Generales del Estado y el Ministerio de Hacienda no están haciendo un préstamo a la Seguridad Social para hacer frente a sus pensiones. Están a devolver unas cuantías que ya pertenecían por derecho al propio Sistema de Seguridad Social.
Como Portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa do Sistema Público de Pensiones sacaremos a la luz cada cifra, cada mentira, cada manipulación que el Gobierno y sus fieles lacayos pretendan hacer para amedrentar a la población y hacerles creer que nuestro Sistema non es sostenible.
No solo es sostenible sino que además es el mayor pilar del Estado de Bienestar, y que reformas como las del 2011 y 2013 ponen en gran riesgo y perjudican mayoritariamente a todas las generaciones que en un futuro próximo o más lejano tengan la necesidad y/o el derecho de acceder a alguna de las prestaciones del sistema.
Queda muy claro la obligación de mantener un Sistema de Seguridad Social, gobierne quién gobierne”, para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante las situaciones sociales de necesidad.
LUCHEMOS POR EL MAYOR CONVENIO COLECTIVO QUE AFECTA A MÁS 9 MILLONES DE PENSIONISTAS Y AL RESTO DE LA CLASE TRABAJADORA QUE TAMBIÉN SERÁN PENSIONADOS EN UN FUTURO.
Por tales motivos la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones saca adelante la campaña de un LAZO MARRÓN, contra la nueva miserable subida del 0.25% de las pensiones españolas en el año 2018.
Victoria Portas
Miembro de MODEPEN
Portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones(CEDSPP)