31 mar. 2013

España es el estado de la UE con más despidos por reestructuraciones de grandes empresas

España es el país de la UE con más despidos por reestructuraciones de grandes empresas anunciados durante los últimos meses, según el informe trimestral sobre empleo publicado hoy por la Comisión.

En concreto, Bruselas cifra en 15.486 los despidos en España por reestructuraciones entre diciembre de 2012 y febrero de 2013. Por detrás se sitúan Francia (12.618 empleos destruidos), Alemania (12.264), Reino Unido (8907), Italia (7779) y Bélgica (6810).
La industria (36.964 despidos en toda la UE), los bancos (19.585), el transporte (8819) y las empresas de comunicación e información (6951) son los sectores más afectados. España es el segundo país de la UE con mayor tasa de paro (26,2%) y de desempleo juvenil (55,5%), sólo superada por Grecia (27% y 59,4%, respectivamente).
El Ejecutivo comunitario pronostica que el paro seguirá creciendo este año hasta rozar el 27%. "La crisis social que atraviesa Europa sigue agravándose. En algunos Estados miembros no se ve ningún signo tangible de mejora", ha alertado el comisario de Empleo, László Andor.
El paro afecta ya a 26,2 millones de personas en toda la UE (19 millones en la eurozona), cifra que equivale al 10,8% de la población activa (11,9% en la eurozona). Además, la diferencia en materia de desempleo entre los países del sur y del norte de la eurozona alcanzó los 10 puntos porcentuales, un "nivel sin precedentes".
Pérdida de poder adquisitivo
España es uno de los países de la UE donde los recortes aprobados por la crisis se han traducido en una mayor reducción de la renta de los hogares. En concreto, esta ha caído un 4,3% entre 2008-2012, debido sobre todo por las subidas de impuestos, la disminución del sueldo de los funcionarios y la reducción de beneficios sociales.
La clasificación la encabezan Grecia (con una caída del 11,3% de la renta de los hogares), Letonia (-9,1), Portugal (-6,3%) y Rumanía (-5,7%). Sin embargo, el Ejecutivo comunitario resalta que "en España, Letonia y Rumanía, los más favorecidos pierden una mayor proporción de sus ingresos que los pobres" para sus planes de consolidación fiscal tienen un "efecto progresivo". En contraste, en Portugal y Grecia, "la carga de la consolidación fiscal recae más sobre los pobres y los ricos que sobre las rentas medias".
Fuente: http://www.cgtvalencia.org/2013/03/lestat-espanyol-es-lestat-de-la-ue-am...
http://rojoynegro.info/articulo/acci%C3%B3n-sindical/el-estado-espa%C3%B1ol-es-el-estado-la-ue-m%C3%A1s-despidos-reestructuraciones-grande

30 mar. 2013

El cuento de los “cuatro golfos y un idiota”

Una golondrina no hace verano. Cierto. Pero recurrir a la trágala de las ”ovejas negras” o “las manzanas podridas” para evitar dar cuenta   y razón de los escándalos que afectan a Comisiones Obreras y UGT, y a los partidos de la izquierda consorte, es hacernos candidatos a institucionalizar la corrupción. Con el absoluto respeto que merecen los millones de trabajadores que han depositado su confianza en esas formaciones, un mínimo de imperativo ético y democrático exige proclamar que lo que se está sabiendo del caso EREs en Andalucía es mucho más que un adventicio daño colateral. Las decenas de millones de dinero público destinado a subvencionar el paro desviados a bolsillos privados, el enriquecimiento de significados exdirigentes sindicales y políticos, la tolerancia mostrada por los responsables socialistas de la Junta que en su día ocupaban puestos de máxima responsabilidad en el área de Economía y Hacienda e incluso el solapamiento de los hechos facilitado por Izquierda Unida al formar gobierno con una clase política bajo sospecha, no pueden dejarse a beneficio de inventario.

Calificar ese expolio de “uno de los nuestros” como un asunto de “cuatro golfos” es un insulto a la inteligencia y una provocación a una comunidad que ostenta el récord de desempleo de toda la Unión Europea. Juan Lanzas no es solo un nombre propio. Antes hubo otros latrocinios que la “izquierda” amortizó sin sacar las enseñanzas oportunas. Los últimos y más sonados fueron los protagonizados por la secretaria general de Banca y Finanzas de CCOO, María Jesús Paredes; el de las cooperativa de viviendas PSV de UGT y, en el flanco político, la infamante colaboración con la depredadora dirección de Bankía en representación de Izquierda Unida de Juan Antonio Moral Santin, entre otros empotrados de postín. Todos ellos casos perpetrados desde las cúpulas de unas organizaciones erigidas en representantes de las clases más desfavorecidas a las que, bajo el palio de semejantes credenciales, se les concedió el beneficio de la impunidad.
Y ante esa vergonzante realidad, usar a los miles de honrados sindicalistas como escudos humanos, o quitarse el problema de encima con el burdo latiguillo de que “el enemigo de mi amigo es mi enemigo”, sólo revela de cronicidad de la indigencia moral que corroe a la izquierda “representativa”. Porque tan flagrantes y reiteradas llamadas a la cultura de la corrupción, picaresca incluida, son las principales culpables de haber instalado en el epicentro social el estigma de la resignación, que es el arma secreta de la servidumbre voluntaria con que el sistema nos gobierna. Ese “no hay nada que hacer, sino apechugar”, que la izquierda del régimen ha regalado al poder y que ahora se ve desubicado por el pertinaz “si se puede” del 15-M, los nuevos movimientos alternativos (horizontales, democráticos y autogestionados) y el activismo de la sociedad civil, conforman las señas de identidad de una manera de hacer política como negocio, de arriba abajo, para “sacar tajada y tonto el último”.
Llama la atención que las áreas de actividad de esos latrocinios históricos de la izquierda homologada anticiparan precisamente los sectores de negocio “burbuja” y “especulativos” que años más tarde liderarían la crisis que padecemos: el inmobiliario en el caso de la PSV-UGT y el bancario en el de CCOO-IU (María Jesús Paredes y Juan Antonio Moral Santin). Sin que además, y precisamente por la falta de transparencia aplicada a esos escándalos desde el interior de las propias organizaciones, su implosión haya servido para ejemplarizar. Tanto por parte de la antigua portavoz de CONFIA-CCOO, como por el antiguo secretario general de CCOO, José María Fidalgo, se reincide en la dolosa inmoralidad de antaño. Paredes ha creado un holding mercantil a lo Juan Lanza para asesorar a grandes empresas en asuntos laborales de mayor cuantía y Fidalgo trabaja para el Instituto de Empresa Familiar, uno de los brazos ejecutivos de la patronal CEOE.
Negar la evidencia, echar mano de la teoría de la conspiración para refutar hechos clamorosos y crear maquilladas “comisiones de investigación” para exorcizar fechorías sin cuento, como han hecho en comandita y falázmente PSOE e IU con los EREs andaluces, es una válvula de escape que sólo conduce a ejecutar la peor política de la derecha bajo la bandera de conveniencia de la izquierda. ¿Más de lo mismo?. No, mucho peor. Porque lo natural en la izquierda es combatir a la derecha, nuestra naturaleza ideológica no ha dotado para ello, lo llevamos en los genes. Mientras, si la izquierda transige con las estafas, las enmascara como simples errores o desviaciones personales, si vulnera las códigos éticos básicos o acepta como lógico un déficit democrático para manejarse, está actuando peor que su virtual enemigo. Contra la derecha se lucha mejor, pero el predominio del pragmatismo deja a la izquierda sin anticuerpos para prevenir su decadencia. Por eso hoy contemplamos como normal que las centrales CCOO y UGT apliquen en los despidos de sus plantillas las leyes laborales que dicen combatir y que fueron aprobadas tanto por gobiernos de la sedicente izquierda como por la odiada derecha. O que ningún partido de la oposición se haya personado como acusación en la causa de los EREs, donde se ventila lo sucedido con enormes partidas de dinero público, ni el caso Nóos, de idéntica resonancia en el desfalco a gran escala, dejando aquí el terreno libre para un estrambótico seudosindicato ultra. Las antiguas “democracias populares” no cayeron como un castillo de naipes para refundarse en un capitalismo desenfrenado por su manifiesta obsolescencia económica. Fue precisamente la práctica del corralito democrático, el autoritarismo irracional, la intolerancia social, la rapacidad en la gestión pública, la contingentación de las libertades, la demonización del disidente y la cultura de la obediencia debida lo que selló su estruendoso fracaso.
Si no queremos ser funestos actores de nuestra propia tragedia, evitemos, como advirtió Shakespeare en Macbeth, que la vida siga siendo una historia contada por un idiota; una historia llena de estruendo y furia, que nada significa.
Rafael Cid
http://www.rojoynegro.info/articulo/ideas/el-cuento-los-%E2%80%9Ccuatro-golfos-un-idiota%E2%80%9D

Iberia, Orizonia y NH: enormes sueldos para pérdidas récord

Balance de la gestión de Sánchez Lozano, Duato y Pérez Claver
En los últimos meses ha coincidido que las tres principales empresas turísticas sin una familia como dueños ha dejado de contar con sus consejeros delegado, después de que en el caso de Iberia y NH se hayan registrado unas pérdidas sin parangón en su historia, o en el Orizonia vaya a procederse a la liquidación. (El triunfo de la empresa familiar en el sector turístico).
Mariano Pérez Claver, Rafael Sánchez Lozano y José Duato conforman un elenco de máximos ejecutivos cuya gestión ha desencadenado que miles de empleados se vean obligados a darse de alta como parados, al tiempo que estos primeros directivos han estado percibiendo sueldos que han rondado el millón de euros anual.
En 2012, Iberia, en el cuarto ejercicio de Sánchez Lozano al frente de la gestión, perdió 351 millones de euros, después de que en 2009, cuando fue nombrado consejero delegado, la compañía interrumpiese 13 años seguidos de ganancias con un quebranto de 273 millones.
El paso de Sánchez Lozano como primer directivo de Iberia se ha saldado con que en los cuatro últimos ejercicios Iberia haya acumulado unas pérdidas de 652 millones de euros, según cálculos de preferente.com, mientras su salario anual ha superado los 800.000 euros anuales, amén de que se llevará una indemnización superior al millón de euros.
el buitrerío
En NH Hoteles, los 21 meses que Mariano Pérez Claver fue presidente y consejero delegado le totalizaron casi dos millones de euros en concepto de sueldo, al que hay que añadir más de uno por la indemnización, después de que la cadena cerrase 2012 con el peor resultado y con diferencia en la historia de una hotelera española, al registrar casi 300 millones de pérdidas.
Estos resultados obligaron a NH a emprender un ERE para casi 650 personas, mientras que en Iberia la cifra va a rondar los 3.200, y todo ello, a pesar de que tanto la hotelera como la aerolínea apenas han variado en los últimos ejercicios su cifra de ingresos.
En el caso de Orizonia, cuyo cierre acarreará el despido de casi 2.400 personas, se ha sabido que su presidente y consejero delegado contaba con un salario bruto anual de 1,3 millones de euros y de más de 3.500 euros al día, emolumento que siguió recibiendo incluso por el mes de febrero, cuando se declaró el preconcurso del grupo que lideraba.
Así, la gestión conjunta de Duato, Sánchez Lozano y Pérez Claver ha provocado más de 6.000 despidos en la industria turística, unas pérdidas totales de casi 1.000 millones de euros, y un coste para sus empresas en materia de salarios e indemnizaciones que en suma se acerca a los 10 millones.
http://www.preferente.com/noticias-turismo-destinos/iberia-orizonia-y-nh-enormes-sueldos-para-perdidas-record-238047.html

28 mar. 2013

IAG sube un 32% su OPA por Vueling después de despedir a 3.114 trabajadores de Iberia

International Airlines Group (IAG), grupo resultante de la fusión entre British Airways e Iberia, ha mejorado este miércoles su oferta de compra por la aerolínea española de bajo coste Vueling de 7 a 9,25 euros por acción, un 32% más, según informó en un comunicado a la Bolsa de Londres. Este movimiento del grupo anglo-español se produce apenas dos semanas después de cerrar el acuerdo con los sindicatos (tras la intervención de un mediados) para despedir a 3.141 trabajadores de Iberia.

IAG ya presentó el pasado diciembre, a través de su subsidiaria Veloz Holdco, una primera oferta por el 100 % de Vueling, que fue rechazada por considerarse que, a 7 euros por acción, infravaloraba a la compañía. El nuevo precio supone una prima del 10 por ciento sobre la cotización de Vueling (que preside el exministro Josep Piqué), que fue suspendida de negociación antes de la noticia cuando marcaba 8,42 euros. Al reanudarse la contratación, las acciones de la aerolínea de bajo coste subieron hasta cerrar cerca del precio ofertado, en 9,240 euros por título, con un alza del 8,960% en la sesión.
IAG, que ya posee un 45,85% de Vueling, ha ampliado el plazo para acudir a la oferta de 39 a 48 días naturales y ha reducido la condición de aceptación mínima a 1,24 millones de acciones de Vueling, o un 4,16% del capital. Inicialmente, el grupo fruto de la fusión entre Iberia y British Airways había condicionado la oferta a hacerse con el 90% de los derechos de voto que no eran de su titularidad y también manifestó su intención de excluirla de bolsa.El consejo de administración de Vueling rechazó la oferta a principios de marzo recomendando a sus accionistas no aprobarla, argumentando que el valor de la cotización de la catalana era superior al ofrecido, teniendo en cuenta que en la fecha inicial del anuncio de la oferta a 7 euros suponía una prima del 27,97% sobre la cotización de entonces.
Ante el nivel de aceptación exigido por IAG en su propuesta inicial, la operación corría el riesgo de bloquearse por los fondos minoritarios accionistas de Vueling, con una participación del 5,4% (1,6 millones de acciones), que presionaron para pedir un precio más alto. Como argumento esgrimían las previsiones de crecimiento de Vueling, su revalorización actual en Bolsa y el consenso existente entre los analistas internacionales. Entre los fondos con participación minoritaria en Vueling figuran Farringdon Capital, con el 3,43% del capital, además de BNP Paribas (3,23%) y Deutsche Bank (4,3%).
En su comunicado, IAG especifica que su filial Veloz Holdco, que ya presentó la primera oferta de compra en diciembre, presentará la documentación relativa a la segunda opa ante la CNMV "no más tarde del próximo 3 de abril", para que sea autorizada.
http://www.publico.es/dinero/452783/iag-sube-un-32-su-opa-por-vueling-despues-de-despedir-a-3-114-trabajadores-de-iberia

Frente a la Banca: RE-MUEVE TU DINERO

Del 1 al 30 de abril llamamos a un mes de transferencia de depósitos bancarios:
  • La primera acción consiste en cancelar nuestras cuentas de ahorro, fondos de inversión o/y fondos de pensiones, vender nuestras acciones.
  • La segunda acción supone trasladarlos y abrir nuevos depósitos en la banca ética y cooperativa (Fiare, Coop57, SomEnergia, CASX, Oikocrédit).
  • Se trata de una propuesta que está hoy de extrema actualidad, ante los hechos acaecidos en Chipre que han demostrado hasta que punto la Unión Europea es capaz de imponer medidas que perjudiquen los depósitos bancarios de una parte de la población.
    La Campaña se origina a partir de una llamada a la acción por la «Revolución Integral» y se enlaza con las movilizaciones llevadas a cabo anteriormente:
    «Contracumbre Europea por la Europa de las personas y contra la Europa de los mercados», en respuesta a la «Cumbre Europea» del 14 y 15 de marzo, que sigue dando pasos para una unión económica y bancaria.
    Tras las numerosas y masivas manifestaciones, juntas, debemos pasar a la acción. Es a través de nuestra acción colectiva que podemos promover la reactivación del tipo de economía que es deseable para el Bien Común y para la mayoría de la población.

    Dejaremos de financiar la economía de casino (basada en la especulación) y contribuiremos a financiar proyectos cooperativos, proyectos de la economía real que cubran necesidades reales de las personas.
    Siguiendo el ejemplo de campañas como “Move your money” en Inglaterra y en Estados Unidos, tenemos la resposabilidad de consolidar un fuerte movimiento en el sudeste de Europa. Estos 30 días que proponemos para ReMover dinero y conciencias, pretenden marcar un punto de inflexión y ser el inicio de para ir generando nuevas acciones coordinadas en el futuro.
    A continuación se detallan posibles opciones donde transferir los depósitos, que son a la vez movimientos cooperativos a extender y ampliar:
      • Fiare. Proyecto de banca ética cooperativa de ámbito europeo. Ya hace años que acepta depósitos bancarios y realiza préstamos a proyectos sociales y cooperativos. En el último trimestre de este año, empezará también a aceptar cuentas corrientes. Más info: http://www.fiare.org
      • Coop57. Cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios, que gestiona ahorro y préstamos a proyectos de economía social que promuevan la ocupación laboral, fomenten el cooperativismo, la solidaridad, la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios. Más info: http://www.coop57.coop
      • Som Energia. Cooperativa de producción y consumo de energías renovables. No es un banco, ni una entidad financiera, pero con los ahorros de sus socios, desarrolla la creación de proyectos cooperativos de energías renovables. Más info: http://www.somenergia.coop
      • CASX. Cooperativa de Autofinanciación Social en Red. Es un proyecto incipiente, de carácter asambleario y sin intereses, que presta los ahorros de sus socios a proyectos autogestionados y afines a sus principios, que son similares a los de la Revolución Integral. Durante el mes en el que se desarrolla la acción, se cumplirá el primer aniversario desde su puesta en marcha. Más info: http://www.casx.cat
      • Oikocredit es el nombre público de Ecumenical Development Cooperative Society U.A., una cooperativa de crédito democrática y participativa con sede en los Países Bajos y extendida por todo el mundo centrada en la banca ética. En el estado espanyol hay varias asociaciones que promueven esta iniciativa. Más info: http://www.oikocredit.org
    Ahora más que nunca tenemos la oportunidad de replantearnos donde ponemos nuestro dinero, si en la banca capitalista que con sus prácticas especulativas y sus políticas abusivas ha hundido la economia de millones de personas o bien en otro tipo de banca, una banca ética y cooperativa que apuesta por la economía productiva, por la economía social y de las personas.
    Elegir dónde tenemos los ahorros es una de las maneras más contundentes de ReMover conciencias a través de nuestra forma de estar en el mundo.
    Por todo ello, se propone una acción colectiva durante todo el mes de abril. Hagamos que ésta sea recordada como la primavera en que los pequeños ahorradores ReMovieron el sistema financiero. Recuerda: Juntas podemos y juntas lo conseguiremos!
    Muchas de nosotras no disponemos de ahorros a ReMover o ya lo hicimos en su momento. En este caso, nuestra contribución puede consistir en difundir la campaña para que quienes sí los tienen ¡se impliquen!
    http://remuevetudinero.net/

    Elogio del escrache

    Ada Colau lo anunció claramente durante su comparecencia en el Congreso: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no se quedaría con los brazos cruzados mientras se tramita la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago y otras medidas relacionadas con los desahucios. La PAH ejercería toda la presión necesaria para que los diputados tomasen conciencia de la espantosa situación que crea para numerosas personas la legislación actual.

    Teóricamente, en la cuestión de los desahucios, los distintos gobiernos españoles se limitan a cumplir la ley y, como se cumple la ley, se tapan los ojos ante la violencia que esto supone. Y es que esta ley que no contempla la dación en pago para las personas -aunque sí para las empresas- ha expulsado de su vivienda a más de 400.000 personas y provocado más de 400 suicidios y un sinfín de situaciones de miseria, humillación y sufrimiento. El operativo habitual de desahucio corre fundamentalmente a cargo de agentes de policía y oficiales de juzgado. Estos se presentan ante la vivienda de la persona condenada al desahucio y la presionan por todos los medios para que abandone su domicilio. Todo vale: gritos, amenazas, intimidaciones, golpes, puertas descerrajadas, etc.
     Cada intervención de este tipo recuerda a pequeña escala las de los ejércitos coloniales que, como antaño el francés en Argelia y hoy el israelí en Palestina, expulsan a los nativos de sus viviendas en nombre del interés del más fuerte. Se ha dado el caso de que, ante la inaudita violencia de los desahucios, miembros de los distintos servicios que participan en ellos -bomberos, cerrajeros, incluso policías- hayan hecho objeción de conciencia. Cuando se expulsa a una persona de su vivienda, la sensación de estar violando algo sagrado es muy clara y muchos policías recurren, para aguantarla, a la vieja estratagema de su oficio: adoptar una actitud sumamente violenta en los gestos, los actos y las palabras para evitar toda posible identificación con la víctima. Esto les permite dotarse de una carapaza moral. La cosa es gravísima, pues, si se atiende a criterios jurídicos formales, lo que se está conculcando es un derecho fundamental: el derecho a la vivienda reconocido en las cartas de derechos fundamentales y en la propia constitución española. Estamos efectivamente en un tiempo oscuro en el que todo derecho, por fundamental que sea, palidece ante el único que según las autoridades debe prevalecer: el derecho de propiedad de los bancos.
     La mayoría de los diputados y de los responsables políticos españoles contempla la cuestión de los desahucios con una mezcla de fingida indignación moral por las consecuencias de la ley vigente y de un fuerte "sentido de la responsabilidad" que les hace mantener y defender esta misma ley. Las actitudes varían en una gama que va de la necesaria defensa de la propiedad y de los contratos como base del orden social, independientemente de sus consecuencias para los demás, hasta la pretendida ignorancia de quien afirma que no tiene nada que ver con todo esto. Desde los soldados del deber que están dispuestos a defender el sistema hasta la última gota de sangre de los demás, hasta los hombres y mujeres "buenos" que tan solo votan lo que les dicen los dirigentes de sus partidos. Ambos tipos de personaje moral han salido a la luz como resultado del auténtico experimento social que han constituido los últimos escraches de la PAH. Era patético ver a un diputado rodeado de policías nacionales que intentaba llegar a la estación de Atocha para tomar su tren de regreso diciendo a los miembros de la PAH que intentaban hablar con él que: 1) ya lo estamos solucionando, 2) yo no tengo nada que ver con esto. Patético. Patético era también el diputado que se quejaba de la "violencia inaudita" del escrache que sufrió su domicilio el día anterior, con llamadas al timbre, golpes en la puerta, alarma entre los vecinos, inquietud de los niños, un auténtico escenario...de desahucio. Este último se limitaba a condenar la "violencia" de los manifestantes y no prometía nada, incluso amenazaba con no tener en cuenta las reivindicaciones de la PAH, pues se expresaban de una manera inaceptable.
     El escrache es una vieja táctica de intervención social nacida en Argentina. De lo que se trataba inicialmente era de impedir la impunidad de los asesinos y cómplices de la dictadura militar y, posteriormente, de los delincuentes financieros que devastaron el país. Se trata de un acto en el que se combinan el señalamiento del responsable y su repudio social. Ciertamente, hay una cierta violencia en los escraches: la consistente en levantar el velo de normalidad que cubre el horror cotidiano y protege a sus responsables bajo las apariencias de la legalidad, del deber, o del anonimato. Adorno y Hannah Arendt reconocieron que el régimen nazi jamás habría podido funcionar tan solo a través de los miembros del partido nazi y de sus organizaciones directamente implicados en la violencia: era necesario que intervinieran cotidianamente un sinfín de personas anónimas que "cumplían con su deber" haciendo tareas de policía, gestionando el tráfico ferroviario, escribiendo en la prensa, diciendo misa, etc. Estas personas siempre afirmaron que no tenían nada que ver con ningún crimen, pero tampoco se preguntaron nunca por el sentido y las consecuencias de sus actos. El escrache los obliga a hacerlo y, si no consigue efectos en el propio sujeto, al menos lo marca de infamia ante el vecindario.
     El escrache no permite que el mal se esconda debajo de la banalidad de los gestos cotidianos: el diputado que vota "por disciplina de partido" una ley inícua es reponsable de esa ley y de sus efectos, el que apoya a un malgobierno cruel y despótico no puede apoyarse en la mayoría electoral para considerarlo legítimo, el que muestra "sentido de la responsabilidad" apoyando leyes "necesarias" puede contemplar en directo las consecuencias no menos necesarias de sus leyes. Y es que las propias víctimas de estas medidas y de su barbarie se lo están diciendo a la cara. El escrache muestra así, por debajo de las apariencias de cohesión y de consenso que toda sociedad pretende darse, el tremendo desgarro, la herida profunda y sangrante que recorre las sociedades de clases, sobre todo en períodos de agudización de los procesos de desposesión como el que hoy vivimos. La violencia del escrache es una violencia moral, pero ese tipo de violencia, a diferencia de la física, fácilmente asimilable por el poder, tiene hoy muchísima fuerza: distingue un "nosotros" múltiple que abarca a la inmensa mayoría de la sociedad de un Ellos compuesto por los beneficiarios del régimen actual y sus intermediarios políticos, permite delinear un espacio de antagonismo. El escrache es una estrategia de vacío social en torno a los responsables: un régimen político sólidamente implantado es capaz de hacer que la inmensa mayoría hable en primera persona del plural, que diga "nostros" refiriéndose al pueblo o a la nación; en un régimen en crisis, ese "nosotros" pierde su coherencia y se contrapone a un Ellos que designa a esos otros que gobiernan ajenos a cualquier principio de "decencia común".

    GALERIA DE BUITRES LXXV

    Sánchez-Lozano se llevará cerca de dos millones de euros al dejar Iberia

    Los contratos de los consejeros ejecutivos y los miembros de la alta dirección de International Consolidated Airlines (IAG) no prevén "expresamente" indemnizaciones en caso de rescisión de contrato, al margen de la indemnización sustitutiva del periodo de preaviso, según figura en el informe de retribuciones enviado recientemente a la CNMV. En el caso de los consejeros ejecutivos la indemnización por preaviso equivale a 12 mensualidades. Rafael Sánchez-Lozano, que acaba de dimitir como consejero delegado de Iberia, cobró en 2012 un sueldo de 818.000 euros. A esta cantidad habría que añadir que Sánchez-Lozano es el único directivo cuyo contrato sí tiene una clausula de blindaje adicional al preaviso y que le garantiza el cobro de otros 1,16 millones de euros.
    "Como se detalla en los documentos de la fusión, el consejero delegado de Iberia mantendrá el derecho al abono de una compensación por retiro que asciende a 1.168.000 euros. La provisión matemática de la póliza que cubre dicho beneficio (incluyendo el rendimiento generado) se le abonará en el momento de su cese, sea cual sea el motivo", explica el informe de retribuciones.
    http://economia.elpais.com/economia/2013/03/27/actualidad/1364384438_439697.html
    http://www.europapress.es/turismo/transportes/aerolineas/noticia-sanchez-lozano-exconsejero-delegado-iberia-tiene-derecho-compensacion-116-millones-retiro-20130327193054.html

    23 mar. 2013

    Punto muerto en la negociación de la nueva productividad en Iberia

    Este martes comenzaron las reuniones entre la dirección de Iberia y los sindicatos firmantes del acuerdo de mediación de Gregorio Tudela para negociar las medidas de productividad que afectarán a los trabajadores de la compañía. Las conversaciones se están llevando a cabo por separado con cada colectivo, pues la propuesta es distinta según el caso, y desde Iberia la consigna vuelve a ser la del silencio absoluto hasta que no haya una resolución oficial.
    Los primeros en verse las caras con la compañía han sido los representantes de los empleados de mantenimiento. Miguel Ángel Jiménez, portavoz de Asetma, ha señalado que “todos los sindicatos intentaremos que no nos bajen un 4% de salario adicional”, tal y como dispone la propuesta de Tudela en caso de que no se llegue a un acuerdo en un mes.
    Pedro Alzina, secretario general de Sector Aéreo de USO, ha afirmado que “la empresa tiene unas peticiones muy altas de productividad en cuanto a medidas de polivalencia y jornada, mientras sigue sin poner sobre la mesa un plan que garantice el futuro”. En este sentido, ha recordado a los directivos de Iberia que “si no hablan de viabilidad de la compañía, no hablaremos de productividad”.
    El representante de USO asegura que “las posiciones están ahora muy alejadas y hay dificultades para superar el desencuentro”, algo que a su juicio solo sucederá “si hay un plan de viabilidad que justifique los sacrificios”.
    En cambio, desde Comisiones Obreras, el secretario de Acción Sindical del Sector Aéreo, Jorge Carrillo, considera que los primeros contactos para abordar las futuras medidas de incremento de la productividad van “en la buena dirección, sin tensiones raras y sin cambios respecto al planteamiento empresarial que había antes de la ruptura de las negociaciones”.
    Sitcpla, sindicato de TCPs presidido por Antonio Escobar, coincide con Carrillo en la apreciación de que es positivo que la negociación se retome “donde se quedó”. El colectivo de tripulantes de cabina manejaba un aumento de productividad del 4%, el de tierra de 11% y el de pilotos del 19%. Según Escobar, la diferencia estriba en que “los TCPs ya hemos ido aclimatándonos a la legislación en sucesivos convenios y queda poco camino por recorrer”.
    Al margen de la cuestión de la productividad, Sitcpla ha solicitado a la compañía que aclare el calendario de salida de los trabajadores que se acojan a las prejubilaciones, algo que se espera que Iberia haga en los encuentros programados para los próximos días.

    Resulta llamativo que el sindicato mayoritario de los TCPs en Iberia, Stavla, no ha sido llamado a negociar en esta ocasión. Fue uno de los que se negó a firmar el acuerdo de mediación la semana pasada, junto a CTA Tierra, CGT y Sepla. Un portavoz de Stavla ha indicado a esta redacción que se han pedido explicaciones a la compañía sobre su marginación, puesto que “entendemos que deberíamos estar en la mesa, porque las medidas afectan a todo el colectivo”.
    Hasta que no se constituya la comisión de seguimiento de la mediación suscrita por la aerolínea y una mayoría de sus sindicatos, éstos no podrán convocar ningún tipo de huelga. El mediador fijó un plazo de seis meses para la formación de este organismo y los sindicalistas sospechan que “Iberia va a remolonear” para garantizarse la paz social durante medio año. Sin embargo, la incertidumbre sigue en torno a los pilotos representados por el Sepla, que aún no se han plegado al acuerdo y negocian por separado las condiciones de su Expediente de Regulación de Empleo.
    Para compensar a los usuarios del transporte aéreo agraviados por las huelgas de los sindicatos en febrero y marzo, Iberia ha puesto a la venta un millón de plazas a un precio promocional especial. Con ello, la compañía quiere agradecer a los pasajeros “su paciencia y comprensión durante la difícil situación que ha atravesado la compañía” y los paros registrados. La oferta de Iberia es válida para billetes nacionales, europeos e intercontinentales, cuyos precios arrancan en los 39, 59 y 209 euros, respectivamente.
    http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/punto-muerto-en-la-negociacion-de-la-nueva-productividad-en-iberia-237864.html

    22 mar. 2013

    GALERIA DE BUITRES LXXIV

    EREs fraudulentos : La juez Alaya implica a CC OO y UGT en el cobro de comisiones
    La juez que investiga los ERE fraudulentos cree que Vitalia al menos ordenó el pago a CC OO y UGT de 4.291.384 euros, según se recoge en el auto de prisión del exdirector de la mediadora, Antonio Albarracín. En sus últimos autos de prisión, Mercedes Alaya afirma que el sistema de ayudas se había convertido en un "verdadero negocio" en el que las mediadoras "corrompían" a cargos públicos y los sindicatos buscaban "nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio", informa Efe.
    Así, la magistrada señala en estos documentos que los ERE se habían convertido en un "negocio bilateral" en el que los directivos de las aseguradoras, "previo ofrecimiento de dádivas" al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, encarcelado el miércoles, se garantizaban que se "obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros". La juez incluye en la "trama corrupta" a la autoridad pública que "permitía la ilícita disposición de los fondos de la Administración" y a los sindicatos CC OO y UGT e intermediarios en los ERE, que buscaban empresas en crisis.
    Esta distracción de fondos públicos suponía "todo un proceso en el que han de intervenir múltiples actores: por un lado la Consejería de Empleo, otorgando las subvenciones, y por otro las consultoras, intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial".

    El sistema permitió a las aseguradoras cobrar "sobrecomisiones elevadísimas, superiores en un 15%" a las de mercado, que eran soportadas en su mayor parte por la Junta de Andalucía a cambio, para los políticos implicados, de "importantes gratificaciones" y de la posibilidad de incluir como beneficiarios de las pólizas a "personas cercanas a su entorno privado o político".
    En el caso de Albarracín, este sistema permitió "importantes beneficios para su empresa", a la vez que él pagaba presuntamente "comisiones a todo aquel que hubiera facilitado que Vitalia gestionara las pólizas derivadas de los procesos de reestructuración".
    Entre otras cosas, le imputa haber pagado al intermediario Juan Lanzas, también encarcelado hoy, 1.964.763 euros solo en el periodo 2003-2007, pero además le incluyó a él mismo y a su esposa en el ERE de Hytemasa e intentó de nuevo incluirlo en el ERE de 2007 de Mercasevilla.
    Además, la póliza de Lanzas y su esposa se pagó por una "cantidad notablemente superior a la que aparecía en sus certificados" pues alcanzó los 227.509 euros en lugar de 29.627 para él y 18.144 para ella.
    La Junta de Andalucía "consentiría este hecho en claro perjuicio del erario público", como también la inclusión en los expedientes de esposas de sindicalistas y amigos de Juan Lanzas", entre ellos César Braña, fallecido consejero delegado incluido en el ERE de HAMSA y "antes gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz", dice Alaya en uno de los autos.
    "La sobrecomisión ha dejado de ser algo que pasara desapercibido para la administración, con una pasividad que irritaba a muchos, al ser el verdadero alimento de una trama corrupta del que se nutre no solo la mediadora, sino, presuntamente, y a espaldas de ésta, sus principales responsables", añade la juez.
    Albarracín, dice la juez en el auto de prisión contra él, pasó de ser titular de cuatro inmuebles a comienzos de 2001 a poseer en 2011 un total de 16 inmuebles, de los que "al menos ocho" procedían de las sobrecomisiones.
    http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/22/andalucia/1363968453_041505.html

    21 mar. 2013

    GALERIA DE BUITRES LXXIII

    La cúpula de Caja Madrid se repartió 71 millones entre 2007 y 2010
    UPyD ha presentado una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción contra Caja Madrid, su consejo de administración y su comité de dirección por estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales en conexión con delitos societarios y administración fraudulenta o desleal contra los consejeros de la entidad y los integrantes del consejo.
    Así lo han explicado en rueda de prensa la portavoz de la formación, Rosa Díez, y el abogado de UPyD, Andrés Herzog, que han señalado que con esta acción buscan que se sepa "la verdad" de lo ocurrido en la caja madrileña y que los culpables "asuman responsabilidades".
    UPyD denuncia que las cuentas de la entidad "estaban maquilladas" y apunta que los 152.000 millones de euros en activos que supuestamente aportaba Caja Madrid a Bankia en el momento en que se constituyó el banco, así como el patrimonio neto de 5.100 millones, "se volatilizaron". A ello suman las retribuciones "estratosféricas" de sus directivos.
    "Caja Madrid abonó 3,5 millones de euros al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa en 2010, al mismo tiempo que daba al que en ese momento era presidente de Bankia, Rodrigo Rato, 2,7 millones de euros", ha precisado el letrado.
    RETRIBUCIONES "INAUDITAS"
    Según subraya UPyD en la demanda, las retribuciones establecidas a favor del comité de dirección son "inauditas", ya que contribuyeron a que entre 2007 y 2010 se repartieran 71,9 millones de euros entre una docena de directivos, con una media de 17 millones por ejercicio.
    En concreto, alerta de que Blesa percibió un total de 12,4 millones de euros en estos cuatro años, Ildefonso Sánchez Barcoj 9,7 millones, Matias Amat Roca 9,7 millones, Enrique de la Torre 7,2 millones y Ricardo Iglesias Morado 6,2 millones de euros.
    UPyD considera que las retribuciones incurren en la calificación de conducta abusiva y desleal "penalmente relevante" debido a que "no están retribuyendo ningún tipo de excelencia profesional" y agrega que la mayoría de ellas se acordaron o modificaron "a la vista de que la previsible fusión o integración de Caja Madrid" iba a dejar a los miembros del comité y del consejo sin cargo.
    "MÚLTIPLES IRREGULARIDADES"
    La formación política basa su demanda en las "múltiples irregularidades" detectadas por el Banco de España en la gestión de Caja Madrid y que "fueron ignoradas" por la entidad. Así, precisa que la aportación de activos y patrimonio de la caja era "irreal", ya que "se realizó ocultando e ignorando las innumerables irregularidades detectadas" por el supervisor en sus informes de inspección.
    En este sentido, resalta que el 25 de junio de 2012 se produce "el afloramiento de la verdadera situación patrimonial" de BFA y de las cajas de ahorro propietarias de la misma, "que pierden el 100% de su participación en favor del FROB".
    "Los supuestos activos de Caja Madrid aportados 18 meses antes y supuestamente valorados en 152.230 millones de euros (a cambio de lo cual obtuvieron un 52,06% del capital) pasan a valer cero euros, o lo que es lo mismo, nada", apunta la demanda.
    La formación magenta también fundamenta la demanda en las "múltiples irregularidades e incumplimientos de la cartera hipotecaria calificada de alto riesgo" y hacen especial énfasis en la falta de cumplimiento de los requisitos formales en la concesión de créditos y en los créditos concedidos a clientes sin capacidad económica o mantenidos a pesar del deterioro de la situación económica del cliente.
    Además, se apoya en el deterioro del fondo de comercio de algunas de las principales participadas por Caja Madrid, entre las que cita el grupo SOS-Cuétara (con un deterioro de 77 millones de euros), Mecalux (deterioro de 71 millones) y City National Bank of Florida (deterioro de entre 540 y 572 millones de euros).
    Por último, aducen la "penosa e insostenible situación" en que ha quedado la Obra Social, de Caja Madrid "tras la gestión de sus consejeros y directivos". "Hoy día hay una Obra Social insostenible, convertida en fundación", ha añadido Herzog.
    Tras presentar la denuncia ante Anticorrupción, Díez ha afirmado que la formación lleva a cabo esta acción antes de que los delitos prescriban y antes de que se apruebe la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, según ha dicho, podría impedir a los partidos políticos iniciar procesos de este tipo.
    http://www.europapress.es/economia/noticia-upyd-denuncia-anticorrupcion-comite-direccion-caja-madrid-20130320134953.html

    Las nuevas trabas para el subsidio del paro dejarán fuera el 20% de solicitudes

    Los últimos recortes en el seguro de paro privarán de cobrar el subsidio por desempleo para mayores de 55 años al 20% de los potenciales beneficiarios. Así lo ha admitido la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la sesión de control al Gobierno. La medida solo afecta a las nuevas solicitudes no a quienes ya cobran el subsidio.
    Según los datos de Empleo, cada mes reciben unas 7.000 solicitudes de este subsidio en concreto. Por tanto, esto supone que desde el pasado lunes una media de unos 1.400 desempleados verán como se rechaza su solicitud y se quedarán no solo sin los 420 euros mensuales que supone, sino que también perderán la cotización por la base mínima que paga el Servicio Público de Empleo, por lo que la medida tiene una doble consecuencia: sobre los ingresos y sobre la pensión.

    El pasado viernes el Gobierno aprovechó la reforma de la jubilación parcial y anticipada para recortar el subsidio de desempleo para mayores de 55 años. No elevó la edad, pero endureció la prueba de rentas. A partir de ahora solo tienen derecho a percibir esta ayuda los desempleados que demuestren que los ingresos medios de su familia no superan el 75% del salario mínimo interprofesional (645,3 euros al mes). Dicho de otra forma, un parado mayor de 55 años no podrá cobrar este subsidio si su pareja cobra más de 903 euros al mes.
    En su intervención en el Congreso, la ministra Báñez trató de resaltar el anverso de la moneda, que para cuatro de cada cinco posibles beneficiarios el cambio será inocuo. No obstante, esos números cuantifican el efecto de una medida que el Gobierno no facilitó el pasado viernes, cuando la aprobó el Consejo de Ministros.
    Este nuevo recorte en el seguro de desempleo es el tercero que aplica este Gobierno, y el tercero durante la crisis. Ya el verano pasado, el Ministerio de Empleo endureció el acceso al subsidio de desempleo al eliminar el especial destinado a mayores de 45 años y elevar la edad mínima de acceso en el ordinario de 51 años a 55. Apenas unas semanas después, llegó una nueva vuelta de tuerca: para poder cobrar del plan PREPARA (la ayuda de 400 euros para aquellos parados que han agotado la prestación y el subsidio), se creó un requisito exactamente igual que el que ahora se exige para el subsidio.
    El pasado enero, último mes con datos disponibles, cobraron el subsidio 1.236.617 parados, lo que supuso un gasto total de unos 591 millones (de los 2.777 millones que emplearon los Servicios Públicos de Empleo en pagar el seguro de desempleo). No obstante, hay que tener en cuenta que en lo referente al subsidio para mayores de 55 años hay 375.000 beneficiarios y unas 7.000 solicitudes mensuales. Además, como la medida solo afecta al 20% de los nuevos solicitantes y muchos de los actuales beneficiarios todavía estarán bastante tiempo percibiendo el subsidio, tendrá que pasar un periodo bastante largo hasta que comiencen a verse caídad significativas de esta factura.

    SOLIDARIDAD DESPEDIDOS WFS-MAD

    19 mar. 2013

    Iberia: empleados y usuarios planean denuncias penales

    La Asociación de Afectados por el Desmantelamiento de Iberia (AADIB), creada en diciembre de 2012, ha conseguido ya 1.500 afiliados entre trabajadores, familiares de empleados, jubilados, accionistas y ciudadanos preocupados por la situación de la compañía aérea. Su finalidad es reunir pruebas y denunciar a la dirección ejecutiva de Iberia por la vía civil, contencioso-administrativa y penal por las responsabilidades que les adjudican en la deriva de Iberia, de la que también culpan en parte al Gobierno actual y a los anteriores.
    Javier Antón Burgos, profesor de la UCM, analista en transporte aéreo y ex empleado de Iberia, convertido en vicepresidente de la AADIB, ha explicado a preferente.com que cada socio paga 50 euros de cuota única y que el objetivo inmediato es “conseguir una masa social de 2.000 personas para, con ese dinero, pagar un informe pericial encargado a la consultora financiera LF Castañeda EAFI”. Otro propósito de la organización es difundir la realidad de Iberia a través de conferencias, reuniones, estudios y otras manifestaciones públicas.

    Los impulsores de la AADIB pretenden que el informe pericial “comprensivo de la situación de Iberia e IAG” sea el fundamento legal para que, posteriormente, el bufete Moreno-Luque Abogados disponga las acciones judiciales a interponer. Burgos cree que el documento puede estar finalizado en el plazo de uno o dos meses, tras lo cual se pasaría a la fase de demanda y denuncia.
    Los integrantes de la nueva entidad cívica están de acuerdo en señalar a British Airways como el único beneficiado de la fusión en el holding IAG, violando las salvaguardas firmadas hasta 2016. “British está forzando prácticas fraudulentas con figura penal”, asegura el profesor, que ha señalado como posibles delitos el “desvío de flujos de caja de Iberia a British Airways para su fondo de pensiones, que el equipo directivo ejecutivo siga las órdenes de Londres en beneficio de IAG, que se firmara la compra del Brent para aviación a 140 dólares, cuando su coste ronda entre 65 y 70, el fichaje de un destructor de empresas como jefe Comercial, la firma de un convenio de British Airways con la Royal Air Force para la formación de pilotos, las prácticas comerciales, los precios…”.
    La asociación considera también responsable al Gobierno, “independientemente de su color político”, pues con su 2’5% de participación a través de la Sepi y el 12% de la nacionalizada Bankia en IAG es un “inversor estratégico”. Ante ello, y ante el peso de Iberia en el mercado laboral español y en el sector turístico, que genera el 12% del PIB, Javier Antón Burgos se pregunta: “¿Por qué Pastor no hace nada?”.
    http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/empleados-y-ciudadanos-planean-denunciar-penalmente-a-iberia-237798.html

    17 mar. 2013

    IBERIA: Cifras y preguntas sobre un acuerdo

    Mediación por 666 trabajadores e Iberia ¿qué?: cifras y preguntas sobre un acuerdo
    Este miércoles finalmente se firmó el acuerdo entre las partes, Iberia y sus trabajadores, en un acto en la sede del Ministerio de Fomento, según dispuso su titular, que Ana Pastor. A algunos números sobre el acuerdo, sus participantes, sus alcances e interrogantes, hace referencia en este post Diana Ramón Vilarasau.
    Finalmente se firmó el acuerdo entre Iberia y sus trabajadores, propuesto por el catedrático Gregorio Tudela, y no en la Universidad Autónoma de Madrid, sino en la sede del Ministerio de Fomento como dispuso su titular, Ana Pastor, en un acto que muchos trabajadores de Iberia consideran que tuvo más de efectista que de efectivo, con los objetivos cortoplacistas de, por un lado, parar a toda costa la huelga; y por el otro, los despidos y el descuelgue de convenios; pero el problema de fondo no ha sido abordado.
    Por parte del mediador, se orientaban a mitigar los despidos y las condiciones de salida de la compañía y lograr el apoyo de los que se quedan a través de la aceptación de las reducciones salariales y mejora de la productividad.
    Iberia ya ha apuntado que le va a costar mucho más que el plan de transformación inicial –primero trascendió que la propuesta del mediador encarecía el ajuste de IAG entre 150 y 200 M € y ahora las estimaciones ya sobrepasan los 500 millones-, pero también ha agregado que “merecen la pena”, para recuperar la normalidad –eso está claro- y la rentabilidad. Esto está menos claro, porque las estrategias hasta ahora anunciadas sólo hablan de recortes de personal, rebaja de salarios, de flota, lo cual indica menos gastos, pero también de eliminación de rutas no todas deficitarias, según su personal.
    Mediación por 666 trabajadores e Iberia ¿qué? Cifras y preguntas sobre un acuerdoEn cuanto al problema de fondo que planteaba la plantilla, ¿qué hay sobre el futuro de Iberia? ¿y sobre un plan de crecimiento y renovación de flota? Ahora hay, si cabe, más interrogantes que antes del acuerdo, aparte de las propias que genere en sí su aplicación.
    Los NO y SÍ de los sindicatos en Iberia
    Iberia dispone exactamente de una plantilla de 21.592 trabajadores, distribuidos por colectivo de la siguiente manera:
    Personal de tierra: 15.782
    Tripulantes de cabina de pasajeros (TCP): 3.898
    Pilotos: 1.578
    Su representación sindical tiene las siguientes cuotas de afiliados y así respondieron a la propuesta de acuerdo:
    • Tierra –en el comité intercentros-: (UGT.- 39,8% SÍ;CCOO.- 32,6% SÍ ;  USO.- 8,7% SÍ;CTA.- 7,7% NO; CGT.- 3,8% NO;ASETMA.- 3,2% SÍ
    Hay otros cinco sindicatos de tierra que, entre todos, apenas tienen un 3%
    • TCP.- en el comité de empresa-:  STAVLA.- 31,8% NO; SITCPLA.- 22,7% SÍ ;CTA VUELO.- 22,7% SÍ;UGT.- 13,6% SÍ;CCOO.- 9,09% SÍ
    • SEPLA- Pilotos: 100% SÍ y NO
    Es decir que, el acuerdo fue firmado por los representantes del 84,3% del personal de tierra que suponen 13.304 trabajadores, y los representantes del 68,09% de los TCP, 2.654.
    En total, la representación sindical de 15.958 trabajadores, prácticamente, el 74% de la plantilla de Iberia, llegó a un acuerdo con la empresa y que, por las reglas de la mayoría, será aplicado a 19.680, es decir, al 91% del personal de la compañía, sin contar a los pilotos.
    La representación sindical del 100% de los pilotos, en total, 1.578 tripulantes técnicos, aún no define si firma o si se manifiesta en contra.
    Excedentes por colectivo en el acuerdo
    Tierra Total: 16.009 Excedentes: 2.256 (14%)
    TCP Total: 3.898 Excedentes: 627 (16%)
    Pilotos Total: 1.578 Excedentes: 258 (16%)
    Puntos favorables al trabajador con respecto al plan inicial
    • Reducción del número de empleados excedentes en 666 (número diabólico) de 3.807 a 3.141.
    • Mecanismo extintivo: el ERE 72/021 -que se prorroga hasta diciembre de 2015-, por la vía de jubilaciones, prejubilaciones, y los despidos tienen indemnizaciones de 35 días, en vez de un ERE para 3.807 despidos inmediatos, apoyado en la reforma laboral, con indemnizaciones de 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades. Con el ERE duro, cada indemnización apenas pasaba de una media de 50.000 euros y con el blando, se calcula que superará los 180.000, según estimaciones del sector.
    • Los ajustes salariales para los empleados que permanezcan en la empresa han disminuido frente a los que planteaba la empresa en el plan de renovación inicial y ahora son de un 14% para los pilotos y los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) y de un 7% para el personal de tierra.
    Puntos favorables a la empresa
    • Los trabajadores renunciarán a la regularización y abono derivados de la cláusula de revisión salarial al IPC real de 2012.
    • Las percepciones salariales por antigüedad y progresión se congelarán durante el período 2013-2015.
    • Para incrementar la productividad, por colectivo:
    Pilotos: reducción de la composición de las tripulaciones y de los de los tiempos de escala; y aumento del número de días de ocupación y del límite de horas de vuelo.
    TCP: revisión de la reducción de jornada en base a antigüedad e incremento del número de días de ocupación y del límite de horas de vuelo.
    Personal de tierra: revisión de la regulación sobre festivos, vacaciones, absentismo y recolocación de trabajadores; revisión de los trabajadores fijos de tiempo completo y fijos de jornada irregular; y polivalencia del personal de mecánica, aviónicas y estructuras y reorganización de los destacamentos.
    Si en un mes no se han alcanzado los acuerdos relativos a la productividad, los ajustes salariales suben cuatro puntos porcentualesy pasarían a 11% para el personal de tierra y a 18% para el de vuelo.
    Por qué SÍ
    Los sindicatos firmantes reconocen que el conflicto de fondo está apenas mencionado tímidamente en el acuerdo, como preámbulo, en cuanto a que se señala que la dirección de la empresa “expresará su propósito de abordar un plan de renovación de flota con aviones más eficientes, así como un plan comercial y la creación de nuevas rutas”.
    Sin embargo, destacan que, además de los puntos a favor antes mencionados, los grandes triunfos de la plantilla con sus movilizaciones fueron llevar a IAG y Iberia a aceptar el acuerdo, después de que estaban decididos a aplicar las más duras medidas de ajuste; y que el Gobierno –principal accionista de ambas empresas- se haya ha concientizado de que hay toda una serie de aspectos, algunos no muy claros, en torno a los acuerdos de fusión y de que podrían poner en riesgo a Iberia, un emblema mundial de España y una de la marcas españolas –si no la primera- más conocidas.
    Por qué NO
    El gran fallo del acuerdo para los que han firmado en contra es que adolece de ese plan de futuro que era el objetivo primero y esencial, la exigencia tanto en manifestaciones como en las redes sociales y la razón de la protesta de cientos de trabajadores de Iberia el día de la firma; por lo que consideran que el pacto alcanzado no soluciona el problema de la compañía ni compromete a la empresa con su viabilidad. “Tampoco impide el desmantelamiento de la mayor aerolínea de España, pasando a control británico la puerta de entrada del turismo (la T4), único motor hoy en día de la economía española, así como la conectividad con Latinoamérica, principal destino de las inversiones de las empresas españolas que buscan en el sector exterior una válvula de escape a la crisis que atravesamos".
    Agregan que aceptar el acuerdo es "dar por buenas las cuentas anuales de IAG que “escoden una nefasta gestión destinada a favorecer a la parte británica del holding y que, después de hacerse públicas, se tendrán modificar para incluir un déficit de más de 2.000 M € del agujero del fondo de pensiones de British Airways, verdadero motivo del desmantelamiento de Iberia para intentar financiarlo”.
    Además, lamentan que, con la firma del acuerdo, se ha desactivado la vía de protesta de los trabajadores.
    El SÍ y NO
    El Sepla ha dejado claro que, aún apoyado por la mayoría de los sindicatos, a los pilotos no le van aplicar el contenido del acuerdo porque no lo han firmado. Iberia se ha apresurado a aclarar que “es de obligado cumplimiento para toda la plantilla”.
    Hay opiniones dispares acerca de si la mediación es vinculante o no, como sí lo es el arbitraje. Por lo general, acatar las recomendaciones de un mediador suele ser volutario. De no ser vinculante, indudablemente que el peso estratégico de una minoría como los pilotos es mucho mayor que todo el resto porque es un colectivo que no necesita de más apoyo para paralizar una aerolínea.
    Aparte de los aspectos laborales, los pilotos también reclaman ese plan de crecimiento y consolidación de la aerolínea y han afirmado respondido que se sumarán al acuerdo cuando vean "claras" las garantías de futuro.
    ‘Ruegos y preguntas’
    Ruegos y preguntas hay tantas como trabajadores de Iberia, como pasajeros, como turistas. Aparte del impacto en el turismo y en la economía española, aquí se reproducen algunas de las que más han sonado en las redes sociales:
    ¿Y el futuro de Iberia?
    ¿Y los slots de las rutas que elimina?
    ¿Y los permisos históricos de ruta?
    ¿Y la conectividad aérea?
    ¿Y el futuro del Aeropuerto Madrid-Barajas, cuya expansión está vinculada a la aerolínea de referencia y su desplome, también?
    ¿Y su supervivencia como hub del sur de Europa?
    Y entre 'ruegos', uno del sindicato Stavla: "La responsabilidad está ahora en manos del Gobierno, como garante de la conectividad en España y principal accionista del holding IAG a través de la nacionalización de Bankia, y por supuesto de los periodistas, encargados de investigar y denunciar los excesos cometidos desde el poder tanto económico como gubernamental".
    http://www.hosteltur.com/139720_mediacion-666-trabajadores-iberia-cifras-preguntas-acuerdo.html

    16 mar. 2013

    Iberia ofrece 15 días por año en el ERE para los pilotos, según Sepla


    La dirección de Iberia quiere liquidar a los 258 pilotos incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo modificado por el mediador Gregorio Tudela con una indemnización de 15 días por año trabajado y un máximo de 18 meses. Fuentes del Sepla han indicado a preferente.com que esta es la pretensión de la empresa que, en paralelo, está ofreciendo compensaciones de 35 días por año con un máximo de 30 meses a todo el resto de los trabajadores, tanto de tierra como TCPs.
    En las últimas horas ha habido nuevos contactos entre Iberia y el sindicato de pilotos, pero de momento los avances en esta negociación brillan por su ausencia. El Sepla considera “discriminatorio” el ERE propuesto para el colectivo al que representa, que no alcanza ni los 20 días establecidos en la última reforma laboral para los despidos objetivos.
    Además, el sindicato de pilotos defiende la vigencia del anexo 10 del convenio colectivo así como del laudo arbitral dictado por Jaime Montalvo y para el que la dirección de Iberia ha pedido la suspensión ante la Audiencia Nacional. Sepla también sostiene que la mediación no es obligatoria para los pilotos, al no haber firmado el acuerdo propuesto por Tudela.

    El Gobierno dificulta la jubilación anticipada para retrasar el retiro - R.D. 5/2013

    El Gobierno ha aprobado la reforma de la reforma de pensiones de 2011. Lo hizo ayer. En ella, hay una cruzada visible contra las prejubilaciones con un objetivo: retrasar la edad real de jubilación. Pero la batalla es desigual. Por un lado, el Consejo de Ministros decretó el endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada y parcial: desde abril se va a exigir más edad y más años cotizados, y, además, se pagarán menores pensiones. Por otro, respetará la legislación vigente —más favorable para el trabajador— para los prejubilados procedentes de despidos colectivos firmados antes del próximo 1 de abril, aunque, eso sí, tendrán fecha de caducidad: 2019.

    La ofensiva contra las prejubilaciones no se queda en la reforma parcial de las pensiones. También contempla, como adelantaba ayer EL PAÍS, un cambio sustancial en la llamada enmienda Telefónica, la que obligaba a las empresas con beneficios de más de 100 trabajadores a pagar el desempleo de los despedidos en ERE mayores de 50 años. Ahora las empresas solo tendrán que asumir este coste si, entre los afectados, el porcentaje de mayores de 50 años supera el porcentaje de la empresa. Además, también se creará la obligación si la compañía encadena dos años con beneficios en el periodo comprendido entre el ejercicio anterior al ERE y los cuatro posteriores.
    La última línea de ataque contra las prejubilaciones sigue el endurecimiento del subsidio para desempleados mayores de 55 años. “Así hay menos posibilidades de que esa persona entre el juego de las prejubilaciones”, afirmaban ayer en el Gobierno.
    “Las recomendaciones de la Unión Europea siempre han ido en la línea de acercar la edad real de jubilación a la edad legal”, justificó ayer la Ministra de Empleo, Fátima Báñez.
    La reforma de la reforma de 2011 ha sido una imposición de Bruselas. A comienzos de este año tenía que entrar en vigor en toda su extensión el texto aprobado en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que contaba con un amplio apoyo social (se pactó con UGT, CC OO, CEOE y Cepyme) y político (prácticamente todo el arco parlamentario votó a favor, excepto el PP, que se abstuvo, y la oposición de IU-IcV). Aquella reforma tenía una clave de bóveda: el retraso paulatino de la edad legal de jubilación hasta que en 2027 se alcancen los 67 años. Pero a la Comisión Europea ese periodo transitorio le parecía muy extenso, así que recomendó que se acortara.
    El Gobierno español se resistió. Negoció en Bruselas otras medidas a cambio, que, en teoría, se saldan con más ahorro a corto plazo. Logró su propósito y se comprometió a endurecer la jubilación anticipada y parcial más de lo que ya lo hacía la reforma de 2011. Así que lo que hizo el Ejecutivo el pasado diciembre fue permitir que el 1 de enero entrara en vigor toda la norma de Zapatero tal y como estaba previsto, excepto en la parte que se había comprometido a retocar.
    El compromiso no le ha salido gratis al Gobierno. El encontronazo con sindicatos y empresarios ha sido importante. Unos y otros querían que entrara en vigor la reforma de 2011 y hacer los cambios necesarios tras ver su funcionamiento. Una posición similar ha encontrado el Ejecutivo entre los integrantes del Pacto de Toledo. Pero cuando se trata de elegir entre Bruselas y el Parlamento, ya se sabe, el Gobierno, sea del PSOE o del PP, elige a la primera.
    Y si Bruselas aceptó el cambio, es porque el resultado final que exige es el mismo: menor gasto en pensiones. El endurecimiento del acceso a la jubilación parcial y anticipada —estadio final y habitual del prejubilado— acaba por traducirse en retiros más tardíos y, por tanto, un aumento de la edad real media de jubilación (casi 64 años) para acercarla a la edad legal (en 2013, 65 años y un mes). Siguiendo con la hipótesis, esto supone que a la larga el sistema gasta menos. Y así lo ha calculado la Seguridad Social, que estima que cuando todas las medidas aprobadas ayer estén plenamente en vigor, en el año 2027, el ahorro ascenderá a unos 5.000 millones.
    Límite: 1 de abril
    Por el número de afectados, el cambio más significativo atañe a la jubilación anticipada. Crea dos modalidades: una forzosa para los afectados por despidos colectivos y una voluntaria para el resto. Ambas endurecen la norma vigente en la actualidad, aunque más en el segundo caso. Hay una importante excepción: los afectados por despidos colectivos pactados antes del 1 de abril y registrados en la Seguridad Social antes del 15 del mismo mes se regirán por la norma vigente (la anterior a la reforma de ayer). Es decir, para los prejubilados como los de Iberia o Bankia, aunque sean despedidos después del 1 de abril, regirá la norma antigua.
    La excepción no es baladí por un doble motivo. El número de afectados por ERE que se encuentra en los últimos años de su vida activa se cuenta por miles, solo en la banca más de 7.000. La segunda causa es más compleja: la norma de 2011 preveía que a los afectados por despidos colectivos y convenios pactados tras su publicación se les aplicara la nueva ley; ahora en cambio se regirán por la norma vieja, más favorable al trabajador (e indirectamente, a la empresa, ya que le hace más barata la indemnización).
    A la vista de este corto plazo, lo previsible es que en pocos días se produzca una avalancha de pactos. Para muestra un botón: ayer por la tarde, apenas dos horas después de que se conociera la nueva norma, el Grupo Santander cerró un pacto con los trabajadores por el ERE que estaba negociando para Banco Santander y Banesto.
    Pero si hay una medida que reducirá gasto son los nuevos obstáculos en la jubilación parcial. La reforma eleva las trabas a esta modalidad de retiro que en unos años acabará por convertirla en un aspecto residual de la normativa laboral. También confía el Gobierno en que ayude a “contribuir a la sostenibilidad del sistema” en una importante novedad para la Seguridad Social española: la posibilidad compatibilizar salario y pensión.
    Por último, la norma que ayer vio la luz abre la puerta a la siguiente reforma: la introducción del factor de sostenibilidad. Para definir este índice, que se traducirá en una reforma automática y periódica del sistema según la esperanza de vida y otros factores, el Gobierno designará una comisión de expertos antes de un mes.

    Texto R.D. 5/2013:
     http://www.cgt-cyl.org/IMG/pdf/Jubilaciones.pdf

    La desigualdad en España, en el nivel más alto

    La crisis y, sobre todo, las políticas de austeridad sin concesiones están pasando factura a España. La desigualdad está en el nivel más alto de la democracia; unos niveles de desigualdad tan altos que en Europa solo encuentran parangón con Lituania y Bulgaria. Lo constata un estudio de la Fundación Alternativas que alerta sobre una brecha social que no ha dejado de crecer en los últimos años.
    "La tendencia es inequívoca, en todos los países de la OCDE ha aumentado la desigualdad desde los años ochenta", asegura Luis Ayala, catedrático de Economía en la Universidad Rey Carlos y uno de los autores del informe. En España esa desigualdad ha avanzado de forma fulgurante en los últimos años: en los dos primeros años de la crisis, el índice de Gini -la diferencia entre los que más tienen y los que menos- aumentó un 10%.
    "La ralentización de la actividad económica y el vertiginoso aumento del desempleo dieron lugar al mayor aumento de la desigualdad desde que se dispone de información anual sobre los ingresos de los hogares. Los hogares con menos ingresos han sido también los que durante el desarrollo de la crisis han visto más mermados sus recursos. Lo contrario, sin embargo, parece haber sucedido en los hogares más ricos, que registran los mayores incrementos", dice el informe. La primera parte de la recesión habría tenido, por tanto, "un efecto regresivo" sobre la distribución de las rentas, lo que habría ocasionado el aumento de la desigualdad "sensiblemente superior al registrado en promedio por los países de la Unión Europea".

    Una de cada cinco personas en España es pobre ¿Por qué? Belén Barreriro, directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas, apunta tres factores clave: el desempleo, la debilidad del sistema fiscal, y un sistema de protección y bienestar social que ha resultado insuficiente. El informe señala que el efecto de la crisis sobre el empleo ha sido muy superior que en el resto de países. No solo por el aumento desorbitado del paro, también por el impacto que ha tenido en las personas que funcionan como 'cabezas de familia' y por su efecto entre los jóvenes y entre una parte de la población poco cualificada.
    Además, y en contra lo que puede parecer, la época de bonanza y crecimiento económico que vivió España en los años anteriores a 2007 no se tradujo en una reducción de la desigualdad. El país entró en la recesión poco preparado para resistir los embates de la crisis. Las prestaciones sociales, por ejemplo, no crecieron al mismo ritmo que lo hacían las rentas medias. "Conforme avanza el estado de desempleo, las prestaciones se reducen drásticamente. En España no tenemos un último nivel de protección social. En las comunidades sí existen rentas mínimas, pero con criterios diferentes", señala Luis Ayala.
    Esa, junto al creciente número de trabajadores pobres (que a pesar de tener un empleo, tienen salarios y condiciones que no les permiten salir de la exclusión) es una de las razones que explica el hundimiento de las clases bajas y el empeoramiento de las clases medias. El estudio señala que la flexibilización de las relaciones laborales y el recorte de la negociación colectiva empeora también la brecha entre unos ciudadanos y otros.
    "Los estados del bienestar han perdido capacidad para corregir las desigualdades", asegura Ayala. Para el catedrático, el sistema español es "poco redistributivo, menos que la mayoría de países de la OCDE". "Se enfatiza el carácter recaudatorio de los sitemas impositivos, y menos su faceta distributiva de la riqueza", dice el catedrático, que señala el aumento de los impuestos indirectos -como el IVA- como un factor que empeora las desigualdades.
    Educación y sanidad
    El informe señala que la sanidad y la educación son fundamentales para asegurar la igualdad y, por tanto, los recortes en estos dos pilares del bienestar disparan las diferencias. "El gasto sanitario beneficia en gran medida a los grupos sociales más desfavorecidos y de forma considerable a las clases medias", destaca el texto, que señala el gasto farmacéutico y el de atención primaria como los más importantes, ya que "contribuyen en mayor medida a la progresividad de este gasto". Precisamente, en el último año se ha puesto en marcha el copago farmacéutico y varias comunidades autónomas han cerrado o reducido el horario de centros de atención primaria. Los autores concluyen también que cuando la gestión de centros sanitarios o educativos se transfiere al sector privado "se aumentan las desigualdades".
    "El informe deja claro que ante la desigualdad hay remedios, y quien puede corregirla son los poderes públicos, las políticas. La relación de los ciudadanos con la política es especialmente mala, con un nivel de desafección que es insólito en la democracia. Y si hay una causa es la desigualdad: los españoles son de los ciudadanos europeos que más creen en la igualdad", asegura Belén Barreiro.