31 dic. 2014

Aena mantiene 38 contratos con Cofely, relacionada con la “operación Púnica”

 
Aena-Enaire mantienen 38 contratos en vigor con la empresa francesa Cofely, implicada en la presunta trama de corrupción conocida como “operación Púnica”, por importe total de 14.756.293,98 euros, según reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria por escrito a una pregunta del senador de Coalición Canaria Narvay Quintero Castañeda.
“No se tiene conocimiento de que Aena ni Enaire hayan sido investigadas en relación con este asunto”, añade la respuesta del Gobierno. Y añade que “los procedimientos de adjudicación de los contratos se ajustan a los principios de la contratación establecidos en el marco legislativo y normativo que le es de aplicación, en cuanto a los criterios “de no discriminación, de reconocimiento mutuo, de proporcionalidad, de igualdad de trato, así como a los principios de transparencia y publicidad”.
Cofely es una filial de la multinacional francesa GDF Suez que ofrece servicios de eficiencia energética.. Su sede en Madrid fue registrada a finales de octubre por la Guardia Civil en el marco de la “operación Púnica”, la investigación de la Audiencia Nacional sobre la trama corrupta que  llevó a la detenciones de 35 sospechosos, entre ellos el exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados y varios alcaldes.
Según se apunta, una serie de contratos sobre eficiencia energética logrados con determinados ayuntamientos podrían ser objeto de investigación por posible pago de comisiones ilegales a miembros de la red. Hay más de una docena de imputados. Entre los primeros detenidos figuran el director general de Cofely, Didier Maurice, y el director comercial de la empresa, Constantino Álvarez de la Cueva.

29 dic. 2014

Huelga delos trabajadores/as de las cafeterias del Aeropuerto de Barajas

Este sábado (27-XII)  se inicia la primera jornada de huelga en las cafeterías del aeropuerto de Madrid-Barajas los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y 2 y 3 de enero ; ccoo convoca la protesta contra la externalización del servicio de limpieza de sus locales.
La huelga afectará a las cafeterías de la T1, tras los controles de seguridad, y que están gestionadas por la empresa de restauración Áreas, que tiene en Barajas 48 puntos de venta y 1.080 empleados, de los que 99 trabajan en el servicio de limpieza, según El Economista.
El resto de los días de diciembre la huelga afectará a las cafeterías de la misma empresa en esta misma zona de la T2 y T3 (día 28) y la T4 (día 29), así como en el satélite (día 30). En enero los paros tendrán lugar en los locales de la denominada zona de tierra, previa a los controles de seguridad, de las T1, 2 y 3 (día 2) y la T4 (día 3). 
Según la presidenta del comité de empresa de Áreas en Barajas, Sheila Encinas, la dirección de la compañía les ha comunicado verbalmente la decisión de hacer un concurso para realizar las tareas de limpieza de las cafeterías y centros de trabajo en el aeropuerto madrileño que finaliza el próximo 15 de enero.
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/arranca-la-huelga-de-cafeterias-de-barajas-250699.html

GALERIA DE BUITRES CC

El pacto de Granados, IU y CCOO al que se sumaron PSOE y UGT para repartirse Caja Madrid
Granados y González aplauden a Aguirre en la Asamblea de Madrid en febrero de 2010. Foto: Ángel Díaz/EFE.El documento tiene fecha de 2009, cuando la crisis ya era oficial, pero antes de que empezara a atisbarse que conllevaría más contestación social de la que los firmantes preveían. Cuando Miguel Blesa, presidente de la caja entonces,  celebraba el "éxito" de las preferentes, por las que luego fue a juicio. Visto con ojos de 2009, el documento formaba parte de la normalidad institucional entre interlocutores políticos; visto con ojos de 2014, el documento dice otras cosas.
Se trata de un "Acuerdo por la estabilidad y desarrollo" de Caja Madrid firmado por el PP, Izquierda Unida de Madrid, Comfia-CCOO y la Unión Independiente de Impositores y Consumidores (UIIC). En nombre de los populares, el entonces secretario general del PP de Madrid bajo el mando de Esperanza Aguirre en 2009,  Francisco Granados, que hoy duerme en la cárcel a la espera de juicio por la trama corrupta destapada en la operación Púnica.
Sus interlocutores fueron José María Martínez López, secretario general de la rama bancaria de Comfia-CCOO, el secretario general de la UICC, Ángel Rizaldos, y el coordinador de Presidencia de Izquierda Unida de Madrid, Antero Ruiz, hoy  suspendido de militancia por la comisión de investigación interna de IU sobre las tarjetas 'black' .
Al pacto se sumaron semanas después, el 28 de julio de 2009, el PSOE, CCOO de Madrid y la UGT. El acuerdo fue calificado aquel día por el aún secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, como "estratégico". José Ricardo Martínez, entonces secretario general de la UGT, aseguró su disposición a asumir las responsabilidades necesarias para que la entidad "atienda la necesidad de las familias, de las pequeñas empresas o de los ayuntamientos en un momento de crisis como el actual".
Martínez gastó 44.154 euros con su tarjeta 'black' de Caja Madrid y ya está fuera del sindicato. Los consejeros de CCOO Madrid en la caja gastaron un total de 431.000 con sus tarjetas 'black', y socialistas como  Pablo Abejas Antonio Romero dispusieron de 246.315 euros y 252.000 euros, respectivamente.
En este acuerdo, Comfia-CCOO e Izquierda Unida renunciaban a oponerse a ningún candidato a presidente de Caja Madrid que propusiera el PP de Aguirre y Granados, arma que utilizarían desde la presidencia de la Comunidad para sus propios juegos de poder con Rajoy. En el punto 14 del acuerdo, los firmantes "se comprometen a apoyar conjuntamente su nombramiento en los Órganos de Gobierno" que hiciera "el grupo mayoritario".
¿Qué obtuvieron a cambio los representantes de los sindicatos y partidos de izquierdas? Según la nota de prensa que difundió Izquierda Unida aquel 10 de junio de 2009, el acuerdo "garantiza la naturaleza jurídica de Caja Madrid e impide su privatización". 
Miguel Reneses, el actual número dos de Cayo Lara como secretario de Organización, es uno de los hombres fuertes de IU en Madrid –es diputado autonómico– y vivió en primera línea en 2009 el llamado pacto de estabilidad de Caja Madrid. Reneses era entonces el portavoz de IU en la Comisión de Economía y Hacienda de la Asamblea de Madrid y afirmó lo siguiente: "Es un acuerdo madrileño que preserva a la Caja de operaciones de ámbito de Estado que en estos momentos se puedan estar perfilando en uno u otro sitio". Y que blindaba la vicepresidencia de la caja para José Antonio Moral Santín –ya fuera de IU–, quien gastó  casi medio millón de euros con su tarjeta 'black' entre 1996 y 2012.
Visto con ojos de 2014, la historia fue diferente.
El acuerdo ampliaba, en nombre de "la garantía de pluralidad", de dos a tres el número de vicepresidencias en el Consejo de Administración. También incrementó de 10 a 12 los miembros de la Comisión Ejecutiva, y "se garantiza la presencia" de "la representación mayoritaria de los trabajadores en el Consejo de Administración".
Y en el punto final, el 14, la guinda: "Los firmantes de este acuerdo reconocen al grupo mayoritario dentro del mismo, su exclusiva capacidad de propuesta del candidato a Presidente del Consejo de Administración, y una vez valorada por el conjunto de los firmantes su idoneidad y adecuado perfil, se comprometen a apoyar conjuntamente su nombramiento en los Órganos de Gobierno".
O lo que es lo mismo: el pastel está repartido. Comfia-CCOO, con este golpe de timón, dejaba tirado a su hasta entonces socio, el en ese momento presidente de la entidad, Miguel Blesa, hoy investigado por la justicia  y quien les había dado las tarjetas 'black' con las que sus consejeros  Pedro Bedia Francisco Baquero gastaron 78.151 euros y 266.400 euros, respectivamente.
José María Martínez López, firmante del pacto con Granados, permanece hoy por hoy como secretario general de Comfia-CCOO. Y Ángel Rizaldos, además de haber suscrito el acuerdo como secretario general de la UIIC, ha sido militante de IU y consejero de Caja Madrid, donde gastó 20.000 euros con su tarjeta opaca.
El pacto de estabilidad, cuando quiso llevarse a efecto en su punto 14, tuvo como consecuencia una lucha de poder entre el Gobierno regional, de Esperanza Aguirre; y el municipal, de Alberto Ruiz-Gallardón; pero también entre Ferraz y los socialistas madrileños. Aguirre y sus aliados en la Cámara autonómica, promovieron a Ignacio González, actual presidente regional, para relevar a Blesa al frente de la entidad. Gallardón, Ferraz y Génova, que al final inclinó la balanza, impusieron a  Rodrigo Rato, hoy fuera del PP y acosado por la justicia a consecuencia de las tarjetas 'black', de las que disfrutó, que se prolongaron bajo su mandato.

GALERIA DE BUITRES CXCIX

Se llama Antonio Arroyo Arroyo, tiene 60 años y es considerado el mayor usurero de España. Así le tildan las decenas de españoles que agrupados en dos asociaciones -Stop Estafadores y Adevif- le acusan de orquestar una estafa que les ha conducido a la ruina. Aseguran que Arroyo les dejó dinero a cambio de que pusieran sus viviendas como garantía, que picaron el anzuelo de firmar un préstamo trampa imposible de devolver y que han acabado perdiendo o están a punto de perder sus casas. Tras años esquivando las acusaciones y a los medios de comunicación, Arroyo, una suerte de versión moderna del señor Scrooge, el ávaro protagonista del Cuento de Navidad de Charles Dickens, abre las puertas de sus oficinas a Crónica. Es la primera entrevista que concede.

LEER MÁS: http://www.elmundo.es/cronica/2014/12/28/549dc2b722601d87088b4576.html?a=5f142ae8c59a8d65c7763323ea57b326&t=1419801598

24 dic. 2014

La ultraactividad de los convenios y la reforma laboral

Ahora que se ha publicado la correspondencia entre el BCE y el gobierno socialista de Zapatero, conocemos, sin ningún género de dudas, que, especialmente a partir del Pacto del Euro, la negociación colectiva estaba en el punto de mira del complejo financiero-político que impulsó las políticas de austeridad como contraprestación a la financiación del sobreendeudamiento español y la rebaja de la prima de riesgo. La devaluación salarial y el cambio de modelo de negociación colectiva, eran los objetivos centrales de estas “reformas estructurales”, junto con el abaratamiento y facilitación del despido. Todo un programa político de destrucción de derechos individuales y colectivos y de “desempoderamiento”  del sindicato y su fuerza contractual.
La concreción normativa de estas políticas en España se realizó, como es sabido, en tres etapas, las dos primeras obra del gobierno PSOE – la Ley 35/2010 y el RDL 7/2011 – y la última a partir del diseño definitivo que organizó la derecha y extrema derecha en el gobierno con mayoría absoluta, con el apoyo de sus aliados “de clase”, CiU. Esta última versión extrema terminó con cualquier intento de amortiguación de los efectos deseados por la ley a través de los acuerdos interprofesionales pactados entre los sindicatos más representativos y los representantes de la patronal, puesto que éstos optaron explícitamente por aceptar el modelo legal de negociación colectiva. Con ello la CEOE renunciaba a mantener una relación bilateral con los sindicatos más representativos en la que mantuviera una posición de dirección y de superioridad, transformando así en su provecho el proceso de diálogo social que habían llevado ambos vértices sociales desde el año 2002 de forma ininterrumpida. La CEOE entendía por consiguiente que podía prescindir de la concertación social con los sindicatos puesto que el diseño legal de negociación colectiva le permitía a su vez imponer sin negociar los elementos centrales de sus decisiones económicas y laborales. Con ello se hacía directamente dependiente de la ley y desistía de mantener un espacio autónomo de regulación del campo de las relaciones laborales, pero confiaba en que los desarrollos futuros de la legislación en el peor de los casos restauraría esa práctica en aún mejores condiciones, una vez encauzado el comportamiento de los sujetos representativos de los trabajadores mediante el paro, la devaluación salarial y la inexistencia de poderes contractuales efectivos en el sector profesional o en la rama de producción.
Uno de los elementos de convicción plena de la reforma del 2012 para los intereses empresariales lo supuso la aceptación por la ley de una de sus reivindicaciones estratégicas, la desaparición de la prórroga automática de los convenios colectivos, la llamada ultra-actividad. La idea era sencilla porque se resumía en la rendición forzada de las representaciones de los trabajadores a las ofertas de los empresarios en la negociación colectiva puesto que de no aceptarlas, perderían los trabajadores la cobertura del convenio colectivo – definitivamente extinguido – y se les aplicaría los mínimos legales de origen estatal, complementados con las decisiones unilaterales del empresario.
Así que éste era un punto importante en la re-regulación del sistema de negociación. El plazo final que daba la ley era el 8 de julio del 2013, y los sindicatos abrieron una negociación con la CEOE para obtener una prórroga de este plazo con la finalidad de seguir negociando una gran cantidad de convenios paralizados. Aunque al principio la CEOE aceptó esta propuesta, se cerró posteriormente en banda ante la posibilidad  - para algunos de sus asesores, plenamente segura – de que el Tribunal Supremo aceptara las tesis inevitables de considerar decaído el convenio extinguido y su regulación de las condiciones de trabajo. Esta vicisitud fue comentada en este mismo blog por Enrique Lillo y su titular, "La CEOE no quiere negociar" haciendo público tales propósitos a nuestro juicio muy equivocados. Es decir, que la CEOE, de nuevo, rechazó acudir a los instrumentos de la contratación colectiva que constituyen su razón de ser institucional  y judicializó directamente el tema, en la seguridad que esta vía le daría plena satisfacción a su estrategia.
En este desplazamiento al campo de la interpretación judicial como terreno de lucha de intereses de parte, era muy importante la construcción de un discurso argumentativo que desarrollara las pretensiones de la patronal y que se impusiera por consiguiente en los sucesivos fallos y decisiones judiciales. La CEOE confiaba en el designio de la norma, expresado por boca de sus autores – el gobierno – y reiterado en la convicción segura de sus beneficiados por sus asesores orgánicos. Esta seguridad en el resultado se acrecentaba con la presunción de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no podría separarse de ese resultado en razón de la “orientación ideológica” de la mayoría de sus magistrados. Esta aproximación al tema ignoraba sin embargo la importancia de la articulación teórica en el campo de lo jurídico y su relativa indeterminación en función de argumentaciones interpretativas que procedan a re-escribir el contenido de las normas desde posiciones diferentes a las que se derivarían de una lectura exclusivamente ideológica de las mismas.
En efecto en la doctrina laboralista española, ya desde la promulgación de la norma, se había producido una serie de intervenciones explicando y reinterpretando el sentido de la nueva regulación de la prórroga automática de los convenios colectivos, considerada un punto muy negativo de la reforma laboral por constituir una pieza clave en el diseño legal de anular el poder de autorregulación de las relaciones laborales. El texto de la disposición era técnicamente muy deficiente, lo que aumentaba los problemas interpretativos. De esta forma, a comienzos del 2013, se publicaba en la Revista de Derecho Social Numero 61 (2013) un artículo colectivo firmado por once profesores de derecho del trabajo de ocho universidades y un magistrado del Tribunal Supremo en el que se analizaba el problema y se sugerían soluciones interpretativas en cada uno de los supuestos conflictivos mencionados en la norma. El simbolismo de este artículo colectivo era evidente, y los nombres que lo firmaban eran claramente indicativos de una propuesta “fuerte” en materia laboral. Por orden alfabético, suscribían el texto, discutido y elaborado colectivamente, Jordi Agustí , Carlos L. Alfonso, Joaquín Aparicio, Antonio Baylos, Jaime Cabeza, Maria Emilia Casas, Jesús Cruz, Maria Fernanda Fernandez, Jose Luis Goñi, Juan López Gandía, Amparo Merino y Cristóbal Molina.
Con cierta rapidez, las primeras sentencias de los tribunales superiores de justicia afirmaron el respeto a la ultra-actividad negociada en los convenios colectivos, negando por consiguiente un efecto imperativo de la ley ablativo de esta capacidad normativa de los convenios colectivos (así, en el blog de Eduardo Rojo  noviembre 2013 o, como nota de cierre nuevas sentencias septiembre 2014), lo que tenía gran importancia, puesto que muchos convenios colectivos incorporaban estos compromisos en su articulado, directa o indirectamente, pero quedaba siempre abierta la cuestión central de la pérdida de vigencia del convenio colectivo que ni integrara en su texto estos compromisos ni tuviera un convenio colectivo de ámbito superior al que recurrir para sustituir la regulación pactada decaída.
Así las cosas, el 19 de diciembre, el CGPJ hizo pública una nota de prensa en la que daba cuenta de una sentencia de pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo en la que se dilucidaba el problema interpretativo referido. El texto de la nota es la referencia con la que ahora se cuenta, sin que por el momento conozcamos el texto de la sentencia.
“El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por mayoría de sus integrantes, ha establecido que las condiciones pactadas en el contrato de trabajo desde el momento mismo de su constitución, sea directamente o por remisión a lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, tienen naturaleza jurídica contractual y por ello siguen siendo exigibles entre empresa y trabajador por el contrato de trabajo que les vincula, aunque haya expirado la vigencia del convenio colectivo de referencia, pudiendo en su caso ser modificadas si  concurren circunstancias económicas, técnicas, organizativas o productivas, según establece el Estatuto de los Trabajadores y ello sin perjuicio de que continúe la obligación de negociar un nuevo convenio. En el supuesto que ha resuelto ahora el Tribunal Supremo, la empresa entendió que al haber trascurrido un año de vigencia prorrogada o ultra-actividad prevista por el nuevo texto legal de 2012, sin que se hubiera suscrito un nuevo convenio de empresa, dejaba de ser aplicable el anterior y al no existir convenio de ámbito superior, comunicó a los trabajadores que a partir de entonces aplicaría el Estatuto de los Trabajadores. De este modo, abonó la nómina del mes entonces en curso –julio 2013- en dos cuantías diferentes: un período a razón del salario anterior, según en el convenio finalizado, por los días en que aún estaba en vigor el convenio y otra cuantía inferior por el período restante, con arreglo ya al Estatuto de los Trabajadores, siempre según la práctica seguida por la empresa. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares declaró no ajustada a derecho la conducta empresarial e, interpuesto recurso de casación por la empresa, ha sido desestimado por el Tribunal Supremo”. El texto de la nota informativa finaliza recordando que “Es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre esta materia”. Ha sido ponente de la sentencia, deliberada en Pleno de la Sala el 18 de diciembre, la magistrada Rosa Mª Virolés y, según fuentes periodísticas, ha habido seis magistrados y magistradas que están en desacuerdo, por lo que habrá con toda probabilidad uno o más votos particulares”. (El texto se ha extraído, una vez más, del blog de Eduardo Rojo Ultra-actividad y TS).
Como es natural, la noticia de la sentencia ha sido muy comentada. Los periódicos y los medios de comunicación lo han leído – con los matices que cada uno de ellos representa – como una “derrota” del gobierno, o una “desautorización” del mismo en lo que consideran un “punto clave” de la reforma laboral. La prensa económica, siempre proclive a entender que la racionalidad económica impulsada por el gobierno en la reforma laboral es obstaculizada de continuo por los jueces, habla de “restitución” de la ultra-actividad (Cinco dias 19-12-2014) . Sin embargo, se puede leer un comentario a la noticia de la sentencia que realmente informa de su alcance y de los problemas que se abren a partir de esta decisión, en el artículo de Jesús Cruz Villalón publicado en El País y hoy recogido en el blog del autor Convenio muerto, ánima viva.
La sentencia del Tribunal Supremo en efecto reconduce a términos razonables la prescripción legal, la integra en un esquema de regulación de las condiciones de trabajo que tienen necesariamente como base el hecho negocial colectivo. Es en efecto una corrección importante de las finalidades desreguladoras de la reforma laboral, pero también – y posiblemente sobre todo – una desautorización de la estrategia del asociacionismo empresarial que ha renunciado a poner en práctica sus intereses económicos y de gestión a través de la relación contractual con sus “interlocutores” sociales, que es sin embargo la forma institucional de servir a los intereses económicos y sociales que representa a tenor del art. 7 de la Constitución (un artículo del título preliminar ignorado plenamente por el poder público y despreciado por las asociaciones empresariales).
Los problemas son múltiples y el panorama en el que se instala esta decisión, muy desolador. Las expectativas del empleo – esa “historia del pasado” para nuestro presidente de gobierno – son terribles. Según informaciones periodísticas, los 400.000 empleos creados este año son “de transición”, temporales y cada más breves, muchos a tiempo parcial, con sueldos menguantes y para puestos poco cualificados. Se trata de una "precarización universal de las condiciones laborales” que desde luego se efectúan sin cobertura de convenios colectivos, de lo que da prueba el llamado “derrumbe” salarial de los nuevos contratos. La tasa de cobertura de la negociación colectiva ha pasado del 75% del 2008 al 47 % en el 2013, unos seis millones y medio de trabajadores, según un estudio de Amaia Otaegui publicado en el último número de la revista Cuadernos de Relaciones Laborales, dedicado a las dinámicas de la negociación colectiva en Europa y dirigido por Maria Luz Rodriguez y Catherine Vincent CRL 32 , n.2 (2014).
Frente a ello, el trabajo sindical es difícil porque tiene que recobrar el tejido convencional y, en puridad, debería asimismo innovar sus prácticas desde el punto de partida en que muchos sectores se encuentran, transformados plenamente en sus condiciones laborales y en la propia configuración de sus empresas. Una atención especial se deberá efectuar al esquema de diálogo social o de relación contractual con la CEOE. ¿Es conveniente para los sindicatos seguir practicando los mismos moldes de relación que mantenían antes de la crisis? ¿No sería interesante proceder a ensayar un cambio de modelo, sobre la base de un análisis real de la capacidad representativa del asociacionismo empresarial, su desplazamiento en torno al poder de decisión en beneficio del conglomerado de grandes empresas, su estructuración sectorial asimétrica? Todos estos interrogantes se irán respondiendo, posiblemente de manera parcial e incompleta, a lo largo de los próximos meses. Estaremos atentos para comentarlos.
Antonio Baylos | Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla La Mancha
http://www.nuevatribuna.es/opinion/antonio-baylos/ultra-actividad-convenios-y-reforma-laboral/20141222170109110642.html

Unificar las luchas hacia la huelga general

Los distintos sindicatos y colectivos sociales que actualmente integramos el Bloque combativo y de clase, manifestamos que:
  • Las organizaciones sindicales deben estar sólo al servicio de los/as trabajadores/as (en activo, parados/as, precarios/as, estudiantes, jubilados/as...), de sus intereses como clase social y actuando al margen de favores económicos y de injerencias políticas ajenas al mundo del trabajo. Su ámbito de lucha y lugar natural de acción está en el plano económico, en los tajos, enfrentándose a la precariedad, el paro, la pérdida de derechos laborales, oponiéndose al empeoramiento de las condiciones de vida de los/as trabajadores/as.
  • Entendiendo que las personas no somos meras productoras-consumidoras, debemos solidarizarnos y confluir en las luchas con los movimientos sociales que defiendan todo aquello que nos es necesario y común como clase: sanidad, educación, servicios sociales, protección del medio ambiente, derecho a la vivienda, al aborto libre y gratuito... y construir así una corriente de apoyo mutuo en la contestación social.
  • Los servicios públicos y sociales no son una donación caritativa sino el fruto de lo obtenido a consecuencia de las luchas de los/as trabajadores/as que nos precedieron. Son conquistas de la clase obrera a las que no podemos renunciar. Tenemos que preservar y fortalecer estos derechos y reclamar nuestra participación en su gestión como trabajadores/as y usuarios/as.
  • Defendemos el concepto de sindicato como herramienta de lucha colectiva imprescindible contra el capitalismo. Denunciamos y nos oponemos a la actuación y el papel del sindicalismo oficial, y a la falsa representación que se otorgan de todos los/as trabajadores/as. Su propia trayectoria, actuaciones y comportamientos hablan por sí mismos. El descrédito del sindicalismo, la baja sindicación de los/as trabajadores/as y la pérdida de la conciencia de clase es su único logro en más de tres décadas, entre otros motivos a causa de su insultante nivel de corrupción y clientelismo.
  • Es necesario recuperar los valores y el orgullo de pertenecer a la clase obrera. Somos mayoría. Sin nosotros/as nada es posible. Debemos construir y reforzar todas las herramientas encaminadas al reparto equitativo de la riqueza entre todas las personas, exigir respeto y derechos, y organizarnos para oponernos a las agresiones laborales y sociales que está llevando a cabo la clase empresarial y política al unísono para aumentar y defender sus beneficios y privilegios, a costa de nuestros sacrificios y del futuro de las siguientes generaciones.
  • La clase trabajadora sufre desahucios mientras es obligada a financiar obras faraónicas, útiles sólo para llenar los bolsillos de políticos, empresarios y banqueros; allá donde les interesa destruyen el tejido productivo y el empleo, y nos encaminan hacia una crisis no sólo económica, sino energética y de recursos.
  • Reivindicamos la huelga general como la mayor herramienta de lucha en manos de los trabajadores. Afirmamos su efectividad y vigencia, así como la necesidad de articularla fuera de los viejos parámetros de la fábrica o el taller. Huelga general de la producción sí, pero también de consumo y social, de 48 horas o las que sean necesarias. No queremos otro paro general de 24 horas de cara a la galería que contribuya a provocar más frustración y desmovilización entre los/as trabajadores/as.
  • Trabajaremos conjuntamente para intentar construir una huelga real desde abajo, con los/as trabajadores/as, junto a los movimientos sociales. Queremos contar con todos aquellos que quieran construirla al margen del sindicalismo oficial.
  • Promoveremos una huelga general al margen de pretextos como la presentación de los presupuestos del estado o los calendarios electorales, para evitar injerencias de partidos políticos. Éstos siempre pueden secundar y apoyar la huelga, pero no utilizarla para sus propios intereses.
  • Los abusos que sufrimos día a día en los puestos de trabajo, la precariedad, el paro, las reformas laborales, la pérdida de poder adquisitivo y el empeoramiento de las condiciones de vida, junto a la actitud cada vez más despótica y prepotente de la patronal, constituyen por sí solas razones sobradas no para una huelga, sino para unas cuantas.
  • El actual nivel de represión por parte del estado hacia los movimientos sociales y sindicales no es más que su respuesta natural en defensa de los privilegios de las clases sociales a las que representa: políticos/as, banqueros/as, empresarios/as...
  • Rechazamos cualquier ley de huelga, porque su único objetivo real es eliminar de facto este derecho, o como poco controlarlo y criminalizarlo para anular la capacidad de impacto de una respuesta obrera a sus ataques económicos y políticos contra los/as trabajadores/as.
  • Defendemos los piquetes, el boicot y cualquier mecanismo que utilicen los/as trabajadores/as para defender sus legítimos intereses.
  • Denunciamos el falso discurso del derecho al trabajo cuando sólo se utiliza y abandera si existe una convocatoria de huelga, convirtiéndose en papel mojado dicho derecho el resto del tiempo. Derecho al trabajo sí, pero digno, para todos/as, y todos los días. Basta de manipulaciones que fomentan el esquirolaje, el miedo y la división entre la clase trabajadora.
  • Invitamos públicamente a sumarse a esta iniciativa de lucha a todas aquellas organizaciones sindicales y movimientos sociales que compartan los objetivos básicos enumerados en este manifiesto. Conscientes de que todos somos necesarios y podemos aportar en este proceso de contestación social y de construcción de una huelga general real.

  • Nos movilizamos por dignidad, porque se está demostrando que la lucha es el único camino.
    ¡Viva la lucha de la clase obrera!
    ¡Basta de represión! ¡Hacia la Huelga general!

                       

    El Gobierno subirá el salario mínimo tres euros al mes en 2015, lo que hace un total de ¡7 euros! en el total de la legislatura

    El Consejo de Ministros del próximo viernes 26 de diciembre aprobará un incremento del 0,5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con lo que se elevará a 648,6 euros mensuales y en cómputo anual alcanzará los 9.079,37 euros, según el real decreto remitido por el Gobierno a los agentes sociales.
    De esta forma, el Ejecutivo elevará ligeramente el SMI el próximo año, del que se benefician unos 200.000 trabajadores. Esta leve subida del SMI será la segunda desde que Mariano Rajoy llegara al Gobierno. 
    Entre 2011 y 2012 el SMI se mantuvo congelado a 641,4 euros mensuales. En el periodo transcurrido entre 2012 y 2013 se produjo un primer aumento del 0,6%, hasta los 645,3 euros.
    La subida que tendrá lugar este viernes llega también después de un periodo de congelación. Entre 2013 y 2014 el SMI se mantuvo a 641,5 euros. La actual legislatura se cerrará con un aumento total del salario mínimo de 7,2 euros, un crecimiento de 1,12% respecto a 2011.
    En concreto, el SMI se incrementará en unos tres euros mensuales, aumento que desde CC.OO y UGT  rechazan la propuesta "por ser pobre, injusta y no coherente con la recuperación". Las organizaciones sindicales consideran que el aumento está muy alejado de lo que sería necesario para que el SMI recupera el nivel de poder adquisitivo perdido durante la crisis.  
    En 2013, el SMI experimentó un crecimiento del 0,6%, equivalente al incremento máximo de los salarios pactados en el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012-2013-2014, firmado el 25 de enero de 2012 por sindicatos y empresarios.
    Los sindicatos demandan que el salario mínimo se sitúe en los 800€ para el año 2016.
    En la actualidad, sindicatos y patronal se encuentran negociando la renovación de dicho acuerdo y, si bien la patronal ha planteado mantener la senda de incrementos del 0,6%, los sindicatos quieren que los sueldos vayan parejos al menos al incremento de la productividad y que se incrementan en la medida de las posibilidades de cada sector. Los sindicatos demandan que el salario mínimo interprofesional se sitúe en los 800€ para el año 2016.
    En este contexto, la decisión del Gobierno sobre el SMI ha levantado expectación en las últimas semanas por cuanto se ha considerado que podría marcar el camino a seguir en el acuerdo salarial pendiente entre los agentes sociales.
    La paupérrima subida del SMI que aprobará este viernes el Consejo de Ministros se enmarca dentro de la estrategia de contención de los salarios que dependientes de Estado. En 2015 los funcionarios se enfrentarán a su quinto año consecutivo de congelación salarial y las pensiones solo subirán el mínimo legal exigido del 0,25%, apenas.
    El Gobierno argumenta, sin embargo, que estas medidas permiten un aumento de la capacidad adquisitiva de estos actores ya que el IPC se mantendrá en tasas negativas en diciembre y seguirá esa tendencia durante varios meses.
    http://www.kaosenlared.net/secciones/s2/laboraleconomia/102634-el-gobierno-subirá-el-salario-mínimo-tres-euros-al-mes-en-2015,-lo-que-hace-un-total-de-¡7-euros-en-el-total-de-la-legislatura