4 feb 2014

La privatización monopolística de Aena: un modelo a todas luces indeseable

En pasado 23 de enero, CGT ha enviado un  escrito a las partes implicadas en la prevista privatización de Aena Aeropuertos sobre lo que considera un modelo pernicioso que pone en riesgo el futuro del principal motor económico en esta crisis, el sector turístico.

En un escrito dirigido a las Cámaras de Comercio, agencias de viaje, asociaciones de consumidores, patronales y compañías de aviación, Cabildos Insulares, patronales hosteleras, Diputados de la Comisión de Fomento, y otros agentes y operadores implicados en el sector, CGT denuncia que en los últimos meses, desde la alta  dirección de Aena, se está intentando transmitir a diversos agentes una visión que entendemos absolutamente sesgada de un nuevo modelo que, a espaldas de la ciudadanía, sin participación de los agentes sociales afectados directamente por el proceso, e incluso sin luz y taquígrafos parlamentarios, supone un fraude para el Estado y los ciudadanos, y pone en riesgo el sector que se está mostrando en esta crisis como el motor de reactivación de la economía.
Según este nuevo modelo, la red pública de Aena Aeropuertos se convertirá en un monopolio privado, cediendo a un grupo de inversores institucionales, de carácter meramente financiero y no operativo, un 30% aproximado del capital por un plazo mínimo de 3 años, y similar porcentaje saldría de una operación de OPV a colocar en el mercado de bolsa entre pequeños inversores.  
La privatización planteada hasta ahora se trata exclusivamente de una mera transferencia de propiedad, con los cambios jurídicos que conllevaría, y supone unos riesgos especulativos gravísimos para las necesidades sociales esenciales, públicas y privadas, de los sectores implicados. La red pública de Aena Aeropuertos deviene en un monopolio privado, expuesto a todo tipo de especulación financiera de capitales, nacionales o internacionales, cuyos intereses son cortoplacistas, coyunturales, especulativos, y no tienen por qué coincidir necesariamente con los del sector ni con el bien común del ciudadano y su región.
CGT entiende que no es una idea descabellada que bajo este modelo se pretenda posteriormente una venta parcializada de los aeropuertos que no interesen a los nuevos propietarios, o que se produzca un aumento de tasas indiscriminadamente y de forma camuflada para neutralizar gastos y así aumentar los beneficios del operador de la red de aeropuertos.
En datos brutos podemos hablar de que el turismo supone el 10% de nuestro PIB y el 12% del empleo. La dependencia económica de la red, asimismo, de amplios sectores ligados a la misma, es sensiblemente mayor que la de otros países del entorno, lo que produce que cualquier vaivén tarifario, como ha sucedido en los últimos dos años, repercuta de manera más notable en aeropuertos que son básicamente receptores y no emisores. La estructura en red pública ha venido permitiendo, hasta hace poco, mantener unos precios competitivos al tiempo que ha posibilitado la especialización de muchos aeródromos.
En el escrito destaca que no existe en el mundo ningún modelo de monopolio privado que abarque la red íntegra aeroportuaria del país. A nadie se le escapa que, desde una posición monopolística, que en este caso es de propiedad y no sólo de concesión, como en el modelo ministerial anterior, cualquier regulación no pasa de ser en el tiempo papel mojado ante la imposición fáctica. Quien es propietario de la red impone las normas, pues en esta situación los mecanismos de maniobra y chantaje que tendrían los nuevos propietarios condicionan la negociación con los agentes implicados, que quedan en posición de indefensión, e incluso, la capacidad normativa del legislador. En este sentido, entendemos que cualquier nuevo marco regulatorio no sería más que una excusa para pretender legitimar un modelo a todas luces indeseable.
El nuevo marco normativo para imponer este monopolio privado se pretende imponer a base de un Real Decreto, medida que debiera estar reservada a asuntos de necesidad y urgencia. Este modelo privatizador ha dejado al Gobierno solo dentro del arco parlamentario. Es por ello que, igualmente, CGT ha hecho registro del escrito a todos los grupos parlamentarios y partidos haciendo hincapié en que para adoptar este tipo de medidas debiera contarse previamente con todas las partes implicadas, Comunidades Autónomas, agentes del sector, operadores, agentes turísticos, hosteleros, ayuntamientos, asociaciones de consumidores y usuarios y, por supuesto, trabajadores. Y que de manera imprescindible debe contar con un amplio consenso político y social, tras un debate real previo abierto a la sociedad y la ciudadanía. La red de aeropuertos es un bien de todos, un bien público insustituible, cuya trascendencia económica y social es fundamental en el Estado.
Se nos pretende hurtar este debate profundo apelando a una supuesta necesidad, con un raquítico aporte de datos, sesgados en su mayoría; por otro lado, se apela a la privatización como a un dogma bíblico, ahorrando así la necesidad de aportar las razones por las que un monopolio privado mejorará el sector aeroportuario en nuestro país. La propia Secretaria General de la Secretaría de Infraestructuras, sra. Librero, no ha podido explicar, en reciente interpelación parlamentaria, los motivos por los que abordar la privatización de Aena Aeropuertos, siendo solvente, no suponiendo gasto a las arcas del Estado y teniendo un plan de negocio consolidado. El ridículo precio en que se ha tasado, entre 12 y 16.000, menos de la mitad de la anterior tasación realizada por el gabinete de Blanco, no dejaría beneficio alguno a las arcas del Estado.
El modelo que propugna CGT es evidentemente público, donde los aeropuertos (que se denominan por ley de interés general) estén para eso precisamente, para el interés general. Un modelo que se ha demostrado autosostenible, ajeno a los bandazos que el sector tolera mal, y que garantice la seguridad operacional y un servicio de calidad. Entendemos que para este fin, se debe abrir el modelo a la participación de todos los implicados.
Mención final, pero no menos importante, debe tener el carácter insular de nuestro territorio. En los archipiélagos de Baleares y Canarias existe una dependencia mayor y más directa de la red aeroportuaria, tanto obviamente para garantizar el derecho a la libertad de movilidad de sus habitantes como en la ligazón directa a su economía. Habría que hacerse la pregunta de qué interlocutor tendrían con el nuevo modelo, qué influencia podrían ejercer a partir de ahora, y quién sufragaría finalmente su peculiaridad insular.
https://docs.google.com/file/d/0B5cwjiBGV_MRU1RIWWd4SG00QlpqR1VVck45V01JMzgxSnlV/edit
http://cgt-aeropuertos-navegacion-aerea.blogspot.com.es/2014/02/confederacion-general-del-trabajo-cgt.html

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