30 oct. 2014

La Junta de Andalucía reclama a UGT-A 15,3 millones de euros por subvenciones sin justificar

La Junta de Andalucía ha elevado a 15,3 millones de euros la cantidad que solicita que devuelva UGT-A dentro de los procedimientos de revisión de las subvenciones al sindicato, iniciados y tramitados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por presuntas irregularidades y falta de justificación en dichas ayudas. La Consejería ha iniciado otros 15 expedientes de reintegro de ayudas concedidas a UGT-A, de forma que reclama al sindicato que devuelva otros 10,4 millones de euros.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha explicado que ese dinero se suma a los otros 4,9 millones de euros ya reclamados merced a cinco expedientes con propuesta de resolución de reintegro en firme, de manera que la Junta reclama a la central sindical un total de 15,3 millones de euros en los expedientes de reintegros tramitados.
Ha precisado que los expedientes de ayudas analizados y por los que se ha abierto expediente de reintegro tienen "irregularidades administrativas de justificación y con cantidades que no estaban bien justificadas". "Hemos trabajado con todo el rigor del mundo, y lo haremos ante cualquier irregularidad", ha aseverado Maldonado.
En comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero ha explicado que los expedientes se han tramitado "con los plazos que establece la normativa y el cumplimiento del reglamento vigente", en tres ámbitos, en la Dirección de Relaciones Laborales, en la Dirección de Seguridad y Salud Laboral y en el Servicio Andaluz de Empleo.
En concreto, ha explicado que en la Dirección de Relaciones Laborales se han instruido siete procedimientos por los que se ha dictado resolución de reintegro por 3,9 millones de euros. En este caso se trata de subvenciones por el desarrollo de promoción de actividades del sindicato, por acuerdo de Concertación y negociación colectiva. Ha indicado que en ese área, UGT ha interpuesto recurso contencioso en el caso de dos resoluciones, con ayudas por valor de 1,8 millones de euros.
  
En el caso de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, se han abierto seis expedientes de reintegro por 2,9 millones de euros. En este caso las subvenciones se concedieron por la realización de actividades divulgativas y sensibilización en prevención de riesgos laborales.
El secretario general UGT Andalucía,
Francisco Fernández Sevilla
En cuanto al SAE, donde las ayudas concedidas iban encaminadas al fomento de la contratación, se han unido dos expedientes de reintegro por 3,6 millones de euros. En ese área, según informa el consejero, el sindicato ha presentado recurso en tres resoluciones por 3,1 millones de euros.
En este área existe otro expediente que sigue dentro de plazo y falta unos días para que cumpla el plazo, aunque también se le va a pedir el reintegro de las ayudas, por 15.000 euros, cantidad incluida en el montante global de 15,3 millones. El consejero ha precisado que a los distintos expedientes habrá que aplicarle dependiendo del momento temporal del reintegro final.
Sánchez Maldonado explicaba a principios de septiembre en el Parlamento que la Junta estaba analizando 21 expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A, por valor de 25,5 millones de euros, de los que entonces cinco ya tenían propuesta de resolución de reintegro en firme, con la propuesta de resolución de reintegro ya firmada, con reintegros que sumaban entonces 4,9 millones de euros.
En la comparecencia de este jueves, el consejero ha rechazado que se haya abierto "causa general". "No hacemos causa general, sino particular y cumpliendo las normas del Derecho, a raíz de la alarma social detectada, e iniciado el procedimiento con los plazos que respetan los derechos de los administrados", ha aseverado el consejero quien ha indicado que en esta investigación administrativa "los servicios jurídicos nos han marcado en cada momento lo que había que hacer".
Sánchez Maldonado ha respetado la decisión de UGT-A de presentar recursos, puesto que "ellos tienen pleno derecho de ejercer su procedimiento y recurrir ante el contencioso administrativo".

"Que no vuelva a ocurrir"

El diputado del PP-A Rafael Carmona ha lamentado la "poca información detallada" ofrecida por el consejero, que "se ha limitado a decir el número de expedientes de reintegro". Ha preguntado si "se han examinado todos los expedientes de UGT-A y si se han examinado sólo los del sindicato y en el resto no se ha examinado nada". Carmona, quien recuerda que "llevamos más de un año" con este proceso, además ha preguntado al consejero si han existido facturas falsas.
"Durante muchos años ha existido una relajación en los controles que nos han llevado a descubrir con el tiempo prácticas no adecuadas", ha lamentado Carmona, quien considera que "para que la sensación existente de que todo es corrupción no se produzca, lo importante es que se aclare y que haga quien la hace la paga".
Por su parte, el diputado del PSOE Carmelo Gómez, quien reconoce que le gustaría que las cosas fuesen más rápidas, pide que se establezcan "las medidas oportunas y necesarias para evitar casos como éste".
"Si se ha utilizado mal el dinero público, que se devuelva", ha añadido Gómez, quien cree que "hay que terminar este proceso y tomar nota para que lo que ha pasado no pase más en el futuro y no se vuelva a repetir". A su juicio, "así ganaremos en credibilidad y que la Consejería mantenga el objetivo fijo de que si se ha utilizado mal el dinero público, que se devuelva; que se devuelva el dinero y que tomemos nota".
Gómez, quien ha puesto en valor la decisión política de la Junta, cree que "se debe mantener la posición alejada de las presiones de unos y otros y ahora debe imperar la mesura, la tranquilidad y el sosiego, que los funcionarios puedan hacer su trabajo adecuadamente y se tomen las medidas necesarias"
El diputado de IU Ignacio García ha valorado los datos aportados por el consejero y ha preguntado si estas irregularidades se han producido porque hayas muchas exoneraciones, además de preguntar si esta situación puede afectar a la percepción de fondos europeos.
http://www.publico.es/553365/la-junta-de-andalucia-reclama-a-ugt-a-15-3-millones-de-euros-por-subvenciones-sin-justificar

GALERIA DE BUITRES CLXXVII

Un exdirectivo de SGAE dice que los 40.000 euros que gastó en prostitutas era para atender a clientes "estratégicos"
El exdirectivo de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Pedro Farré, acusado de gastar 39.552 euros de la entidad en locales de alterne y prostitutas de lujo entre noviembre de 2008 y mayo de 2009, ha dicho que "jamás" utilizó la tarjeta Visa de la entidad para su "propio beneficio" y sólo la usó "para atender entornos estratégicos" entre otros actos de representación.
Así lo ha asegurado ante el juez del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, en la sede de la Audiencia Nacional de la calle Prim en el juicio celebrado este martes. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de cuatro años y diez meses de prisión para Farré por la comisión de delitos de apropiación indebida de fondos de la entidad y falsedad en documento mercantil.
Farré, que sólo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha señalado que desde que asumió el puesto de director de relaciones corporativas en la SGAE se encargaba de "acercar puentes" entre el organismo y los "entornos" que la entidad consideraba "estratégicos", en decir, socios Vip o los "grandes clientes" que más recaudaban para la empresa.
En este sentido, ha asegurado que la tarjeta que la SGAE le facilitó estaba destinada "al acercamiento de relaciones" de la empresa y para eso la utilizaba: "Una de las labores es desayunar comer y cenar con personas con las que (SGAE) tiene que acercar posturas o negociar", ha puntualizado, para después insistir en que usó esa tarjeta corporativa para "el agasajo corporativo de terceros" y de aquellas personas con las que la organización tenía que relacionarse.

ACTOS CULTURALES QUE FINALIZABAN A "ALTAS HORAS DE LA NOCHE"

Durante su declaración, ha manifestado que también hizo uso de estas tarjetas para organizar eventos, seminarios o conciertos entre otras actividades relacionadas con el ámbito cultural que, en ocasiones, "terminaban a altas horas de la noche". De hecho, ha defendido que los locales nocturnos a los que acudía para actos de representación son "clientes de la SGAE" ya que en ellos se reproduce música.

Según ha afirmado, la Visa Oro tenía un límite mensual de 6.000 euros y era entregada por la directora de Recursos Humanos: "Creo que lo daban para hacer consumiciones con terceros", ha matizado, añadiendo que "incluso" se utilizaban para pagar entradas a potenciales clientes.

Además, el exdirectivo ha señalado que "nunca" se le solicitó un justificante de los gastos y, asimismo, que no se le reprochó ninguno de los cargos que hizo a la entidad. "Nadie reclamó nunca nada", ha asegurado, precisando que había desembolsos que, ante la pérdida de un tiquet, estaban "sin justificar pero eran legítimos".

AZCOAGA: ALGUNOS GASTOS "ME PREOCUPARON"

También se ha sentado en el banquillo el exdirector financiero de la SGAE Ricardo Azcoaga, al que la Fiscalía acusa de encubrimiento ya que supuestamente colaboró con Farré en el encubrimiento de estos gastos "estrictamente particulares", hechos por los que se piden para este último dos años y medio de cárcel.
El acusado, que ha rechazado contestar a las preguntas del abogado defensor del Pedro Farré, ha insistido en que era el departamento de Contabilidad el encargado de supervisar los gastos que no excedían los 6.000 euros y "salvo que hubiera algo raro" no recurrían a él.
Eso sí, ha asegurado que tras oír "algún comentario sobre la nocturnidad de algunos gastos" de Farré le pidió explicaciones: "Me preocuparon o llamaron la atención", ha alegado. En este sentido, ha dicho que también lo puso en conocimiento del expresidente de la SGAE Eduardo Bautista y que fue él el encargado de dar el visto bueno a dichos gastos.
Además, ha recalcado que las cantidades que eran contablemente trasladadas a una cuenta de "gastos sin justificar" era "algo excepcional" y sólo "parra cantidades pequeñas".
Asimismo, ha dicho que después de que Farrré abandonase la sociedad, aparecieron unos gastos que ascendían a 14.000 euros que carecían de comprobante. Según ha relatado, desde la entidad Visa le dijeron que debía contactar con el titular de la tarjeta para que fuera él el que los reclamase. "Contactó con él Tesorería y yo también, para decirle: tienes que ser tú el que haga la reclamación", ha subrayado, aunque ha dicho que es algo de lo que no tiene prueba.
Uno de los testigos citados a declarar, uno de los responsables de la sala Private en Alcalá de Henares, un local de alterne en el que figuran gastos por parte de Farré con la tarjeta de la SGAE, ha dicho conocerle por ser cliente en esos años. Según ha relatado, a veces iba solo y "otras con gente" y allí consumía copas y contrataba servicios relacionados con la prostitución.

GALERIA DE BIUTRES CLXXVI

Dos eurodiputados del PP declaran más de diez mil euros mensuales en actividades extraparlamentarias
Transparencia Internacional publica las declaraciones de actividad fuera del hemiciclo de los 750 diputados del Parlamento Europeo.
Antonio López-Istúriz White
Miguel Arias Cañete
Entre todos los miembros del Parlamento Europeo obtienen entre 5,8 y 18,3 millones de euros anuales por encima de su salarios oficiales, de acuerdo a una investigación de la oficina de Transparencia Internacional de la UE. El 53% de los miembros del Parlamento tienen actividades adicionales a su cargo. Al menos 175 parlamentarios ganan más de 500 euros al mes por estas actividades, pero sobresale el dato de que 12 de ellos obtienen más de diez mil euros mensuales en actividades adicionales a su sueldo. Entre los españoles destaca Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Energía y medioambiente, que tiene una actividad extraparlamentaria que le reporta entre 5000 y diez mil euros mensuales, según el baremo Integrity Watch de Transparencia Internacional. El que fuera cabeza de lista del PP en las europeas, integrado en el Partido Popular Europeo, tiene 12 actividades extraparlamentarias reconocidas. Sin embargo, entre los eurodiputados españoles el primero es su compañero de partido, Antonio López-Istúriz White, exasesor de José María Aznar, que obtiene cada mes entre 5001 y 12.994 euros por 17 actividades al margen de su trabajo parlamentario. En el otro lado de la bancada está José Blanco, exsecretario de organización del PSOE, que roza los 5.000 euros de sueldo supletorio cada mes. En total, cinco eurodiputados, dos del PP, dos de UPyD y uno del PSOE obtienen más de mil euros cada mes al margen de su sueldo de 8.000 euros brutos al mes, y al margen de las dietas, de casi 5.000 euros, que no obstante se reducen a la mitad en caso de faltar a la mitad de las sesiones.
Guy Verhofstadt
El liberal belga Guy Verhofstadt es el eurodiputado que más dinero obtiene de esta manera cada mes, junto con la diputada popular francesa Michèle Alliot-Marie; según sus declaraciones obtienen fuera del hemiciclo más de 15.000 euros cada mes. ¿El secreto? En el caso de Verhofstadt, pasar poco por allí: sólo ha estado en el 15% de las votaciones. El propio López-Istúriz White lo puede corroborar, ya que ha asistido a apenas la mitad de las votaciones en el Parlamento. Eso sí, no es el más absentista, le supera Elena Valenciano, del PSOE, que sólo se deja ver en el 40% de las sesiones plenarias. Eso sí, Valenciano ha dejado en blanco la casilla de actividades extraparlamentarias, con lo que su declaración es de cero euros obtenidos en trabajos externos.
Michèle Alliot-Marie
Siete de los eurodiputados, destaca Transparencia Internacional, han preferido no rellenar la declaración de actividades y ni siquiera han declarado sus actividades previas a su entrada en el Europarlamento. De acuerdo con sus declaraciones, 46 europarlamentarios han declarado cobrar menos de mil euros al mes antes del comienzo de su actividad. De ellos, ocho ya eran parlamentarios y declararon incorrectamente su actividad. Para Transparencia Internacional, el número de trabajos adicionales muestra el potencial conflicto de intereses en el Parlamento Europeo. Los esfuerzos actuales del Parlamento, dice la ONG, son un "brindis al sol". Este organismo recomienda información más detallada sobre sus actividades e ingresos y piden un comité ético independiente para la monitorización de estas actividades.

GALERIA DE BUITRES CLXXV

Los 20 más ricos de España aumentaron su fortuna en 12.230 millones sólo en 2013
Amancio Ortega
Las 85 personas más ricas del planeta poseen la misma riqueza que los 3.500 millones más pobres. Es una de las demoledoras conclusiones que denuncia el informe Iguales: Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas que la ONG Intermón Oxfam ha hecho público este miércoles. La organización cifra en 15.450 millones de dólares –unos 12.231 millones de euros– el aumento de las 20 mayores fortunas de España tan sólo en el último año.

"Desde el comienzo de la crisis financiera, el número de milmillonarios se ha más que duplicado hasta alcanzar la cifra de 1.645 personas. [...] Actualmente, hay 16 milmillonarios en África subsahariana que conviven con los 358 millones de personas en situación de pobreza extrema en la región. En todo el mundo, conviven unos niveles de riqueza absurdos con la pobreza más desesperada". Así da comienzo el resumen ejecutivo de un informe que toma como referencia datos de instituciones internacionales o centros de estudios económicos para demostrar que, desde hace 30 años, la desigualdad no ha hecho más que crecer. El documento ha recibido el apoyo de personalidades como Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, o Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía.

 
Juan Roig
Y es que en el último año, las 85 mayores fortunas del mundo "incrementaron su riqueza en 668 millones de dólares diarios". España no es ajena a esta situación, ya que sus datos son demoledores: el patrimonio del 1% de la población más rica de nuestro país iguala el que posee el 70% de los ciudadanos, pero es que además, tan sólo los tres individuos más acaudalados –Amancio Ortega, su hija Sandra, e Isak Andik, presidente de Mango– "acumulan una riqueza que duplica con creces la del 20% más pobre", según afirma un comunicado que acompaña al documento. "En su conjunto, las 20 mayores fortunas de España alcanzaron en marzo de este año una riqueza de 115.400 millones de dólares", asegura Oxfam.

El informe refleja, igualmente, que a nivel mundial la crisis económica ha supuesto una bendición para las rentas más altas, ya que "la riqueza conjunta de los milmillonarios se ha incrementado en un 124% en los últimos cuatro años, y actualmente asciende a aproximadamente 5,4 billones [europeos, equivalentes a un millón de millones] de dólares". El documento ofrece una referencia para hacerse una idea de la magnitud de la cifra: ésta, según Oxfam, asciende al doble de todo el PIB de Francia en 2012. Esta situación permitiría que, por ejemplo, Carlos Slim –el hombre más rico del mundo– pudiera gastar un millón de dólares al día durante 220 años antes de agotar su fortuna.

La desigualdad mata

Pero el informe no sólo se centra en ofrecer datos, sino que también saca conclusiones. Una es especialmente tajante: el incremento de la desigualdad mata, una afirmación que se justifica al comparar las situaciones de Nigeria y Bangladesh, dos países con rentas per cápita similares. "Nigeria es un país algo más rico, pero bastante menos igualitario", explica el informe, que señala que "en consecuencia, un niño nacido en Nigeria tiene tres veces más posibilidades de morir antes de cumplir 5 años que un niño nacido en Bangladesh".

 
Isak Andic
No es el único caso de esta índole, ya que el estudio asegura que "un impuesto del 1,5% sobre el patrimonio de las personas en todo el mundo con una fortuna superior a los mil millones podría generar hoy 74.000 millones de dólares, una cifra que bastaría para subsanar el déficit anual en la financiación necesaria para poder escolarizar a todos los menores y proporcionar atención sanitaria en los 49 países más pobres del mundo", lo que, según los datos del informe, podría salvar hasta 23 millones de vidas.

En este sentido, los datos recogidos por la ONG también inciden en el perjuicio que supone la desigualdad para la movilidad social. "Si naces pobre en un país con una desigualdad elevada, probablemente morirás pobre, y tus hijos y nietos también serán pobres", asegura tajantemente el documento, que pone el ejemplo de Pakistán, donde "un niño que nazca en una zona rural y cuyos padres pertenezcan al 20% más pobre de la población sólo tiene un 1,9% de posibilidades de llegar a pertenecer en algún momento al 20% más rico". Y esta situación no sólo se produce en los países subdesarrollados, ya que "en Estados Unidos, casi la mitad de los niños cuyos padres son de renta baja se convertirán en adultos de renta baja".

El "fundamentalismo de mercado", el culpable

El informe es muy duro al analizar las causas de esta situación, de la cual responsabilizan a "elecciones políticas deliberadas". "Los Gobiernos pueden empezar a reducir la desigualdad rechazando el fundamentalismo de mercado", denuncia el informe, que sostiene que "desde 1990, los ingresos derivados del trabajo constituyen un porcentaje cada vez menor del PIB". No obstante, frente a esta situación, existen países que siguen políticas para promover la igualdad, entre los que se cuentan Brasil, Ecuador o China, con medidas que van desde el aumento del salario mínimo hasta el establecimiento de ratios que limitan el sueldo que pueden cobrar los directivos de una compañía en relación con los de sus empleados.

"Para luchar contra la desigualdad económica desbocada, los Gobiernos tienen que verse obligados a escuchar a la ciudadanía y no a los plutócratas, lo cual exige, tal y como ha demostrado la historia, una movilización ciudadana masiva", remacha el informe. "La buena noticia es que, a pesar del predominio de la influencia política de las élites acaudaladas y de la represión que sufre la ciudadanía en muchos países, personas de todo el mundo están exigiendo que las cosas cambien", señala igualmente el documento, que pone como ejemplo las protestas de 2011 en Chile o las manifestaciones contra el rescate a los bancos islandeses en 2010. Y como guinda, una nueva apelación a la historia: "Las acciones de la ciudadanía y el clamor generalizado en favor de políticas progresistas pueden acabar con el predominio de las élites".

El otro escándalo silenciado en los medios: la industria farmacéutica

Uno de los mayores escándalos existentes en el mundo económico-político de hoy es el comportamiento monopolístico de la industria farmacéutica, aprobado y subvencionado por la autoridades públicas (en teoría, representantes de la población), que protegen dicho monopolio a través de la asignación de las llamadas patentes, que garantizan la potestad a tal industria para inflar los precios de los fármacos. El argumento a favor de este privilegio es que la industria ha invertido enormes cantidades de dinero en la investigación de los productos farmacéuticos, una investigación que necesita ser pagada y retribuida, permitiéndole definir un elevado precio del fármaco, dándole, además, la exclusividad en la venta del producto, prohibiendo la aparición en el mercado de otros productos idénticos que hicieran la competencia a aquellos que tienen la patente. En consecuencia, la industria farmacéutica, altamente concentrada, es uno de los sectores con mayores beneficios existentes en el mundo de hoy.
Esta argumentación oculta varios hechos bien conocidos entre los expertos en la materia. Uno de ellos es que la mayor parte de la investigación que se realiza conducente a la producción del fármaco no ha sido financiada por la industria farmacéutica, sino por centros de investigación financiados públicamente. Se han publicado muchos estudios mostrando, por ejemplo, que la producción de los principales productos en venta en el sector farmacéutico de EEUU se basa en investigación básica financiada por los National Institutes of Health (NIH), los centros de mayor investigación sanitaria del gobierno federal de EEUU. Lo que hace la industria farmacéutica es utilizar esta información, aplicándola a la producción del fármaco. Esta investigación aplicada es una porción pequeña de todo el proceso de producción del fármaco. La mayor parte de los costes de producción no han sido, pues, sostenidos por la industria farmacéutica, sino por el erario público. En realidad, economistas que han estudiado el tema han recomendado que sean los mismos institutos de investigación médica (NIH) que realizan la investigación básica los que hagan la investigación aplicada, con lo cual se evitarían los elevados precios que la industria farmacéutica está exigiendo. Como señala Dean Baker, el Estado federal de EEUU se ahorraría mucho dinero si produjera él mismo los productos farmacéuticos, en lugar de tener que comprarlos a la industria farmacéutica.
Otro elemento ignorado, cuando no ocultado, es que un gran número de empresas farmacéuticas cargan como gastos de investigación gastos que no corresponden a esta categoría, como, por ejemplo, marketing. Y todavía peor, utilizan todo tipo de triquiñuelas para alargar la patente, declarando como productos nuevos productos con ligeras variaciones sobre el producto anterior.
La protesta mundial: la aparición de los genéricos
Esta situación está cambiando como resultado de la enorme movilización y protesta frente a este comportamiento. Como es lógico, la mayor protesta procede del mundo subdesarrollado, que no puede pagar los elevados precios de tales productos. Y algunos Estados, como el de la India, dicen, con razón, que la vida de sus ciudadanos es más importante que la acumulación de riqueza por parte de las empresas farmacéuticas. De ahí que sucesivos gobiernos de la India hayan indicado que en casos de vida o muerte, la ley internacional de patentes no debería aplicarse, una postura que encuentra una gran aprobación y resonancia en la mayoría del mundo donde la pobreza es una constante. Esta postura del gobierno indio se hizo altamente popular cuando dicho gobierno facilitó el desarrollo de una industria farmacéutica basada en genéricos que pudiera competir con las industrias con patentes, lo que ha forzado a la bajada de los precios.
El caso más conocido fue el de los fármacos necesarios para el tratamiento del SIDA, enfermedad que era mortal hasta que la utilización de los fármacos permitió salvar millones de vidas. Cuando tales medicamentos se introdujeron en el mercado, el coste anual del tratamiento por paciente era de 10.000 dólares, en el año 2000. Al año siguiente, en el 2001, el coste bajó en picado, pasando a ser de solo 140 dólares al año, y ello como resultado de la introducción de productos genéricos procedentes de la India, lo cual permitió salvar las vidas de los enfermos con SIDA que vivían en países subdesarrollados económicamente. Médicos Sin Fronteras calcula que el 90% de los 11 millones de enfermos de SIDA que viven en países pobres están vivos porque son tratados con medicamentos contra el SIDA que son productos genéricos, la mayoría de los cuales se fabrican en la India.
Ni que decir tiene que la industria farmacéutica utiliza todos los medios para parar la “invasión” del mercado por parte de estos genéricos. Y uno de dichos medios es tratar de influenciar a los Estados de los países más ricos, como el Estado federal de EEUU, para que se prohíban tales genéricos. El lobby de la industria farmacéutica en EEUU (PhRMA) gasta la friolera cantidad de 132 millones de dólares al año para comprar los votos de los congresistas clave, dentro del Congreso de EEUU, que tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre estos temas. Mike Ludwig (en su artículo “Big Pharma Lobbies Hard to End India’s Distribution of Affordable Generic Drugs”, Truthout, 10.10.14) documenta nombre por nombre quién recibe dicho dinero.
Una situación menos declarada, pero semejante, se da en los países de la Unión Europea, donde el lobby de la industria farmacéutica en Brusela es de los más extensos y más poderosos de los muchos lobbies que configuran la legislación europea. Y una situación idéntica aparece en España.

Síndrome del esclavo satisfecho

Planteando un absurdo con cierta ironía, diríamos que lo peor que le podría pasar a un esclavo es sentirse satisfecho con la vida que está viviendo y con el trato que le ofrecen. Este tipo de satisfacción paradójica, que en la cultura actual es propia del neurótico adaptado, no piensa ni prevé el futuro y reduce la vida a la satisfacción inmediata de lo cotidiano. Esto constituye una verdadera trampa mental, ya que incrementa cada vez más la aceptación resignada de una condición inadvertida de esclavo. Lo que define a un esclavo no son sus cadenas físicas ni la imposibilidad de moverse de un lugar a otro sin previa autorización. Exagerando más, tampoco los latigazos pasarían a constituir el componente más importante de la condición de esclavo.
El problema de un latigazo no es el golpe doloroso que proviene del exterior, sino la predisposición interna a recibirlos y a naturalizar la acción física de un poderoso sobre él. Por eso, el problema del esclavo no radica en las formas situacionales en que pasa cada hora del día en términos de maltrato, sino en una matriz de pensamiento que le impide cuestionar su estado de sumisión. Esto lo conduce a aceptar las condiciones en que vive con pasividad resignada y sin iniciativa para cambiar su estado. Pero si a ello se agrega un estado de satisfacción por el bienestar aparente que le ofrecen, nuestro esclavo está condenado de por vida. Él mismo decidió engrillarse mentalmente.
No debería llamarnos la atención que, a pesar de los logros de reconocimiento tardío de no pocos derechos, propios de la condición y la naturaleza humana, todavía vivamos con algunos vestigios de esclavitud. Así como el esclavo satisfecho vive adaptado a las formas impuestas sin cuestionar ni ejercer su capacidad crítica, del mismo modo la cultura y la sociedad también viven adaptadas a los estereotipos inculcados. La imposición de valores aparentes y la manipulación ejercida sobre las mentes en sus diferentes estilos y con sofisticados recursos, conduce a la aceptación de formas reñidas con el derecho básico de pensar con autonomía y creatividad.
No comprender esto produce, como primer resultado pedagógico adverso, el adormecimiento precoz de la mente y de la sensibilidad, surgiendo de esto la tendencia a buscar siempre la uniformidad del pensar en los grupos, en las familias y en las instituciones mediante estereotipos que provocan un impacto mental nivelador en individuos incapaces de pensar por sí mismos. En este sentido, la vida deja de ser el viaje en busca de la verdad, del bien y de la felicidad, para transformarse en un reflejo alucinatorio que promete, en su espejismo estereotipado, un bienestar aparente signado por un pensamiento impuesto y acatado dócilmente por no haber tenido el coraje de superar y vencer a tiempo el alma de esclavo.
Del mismo modo que nuestro esclavo imaginario no puede moverse fácilmente de un lugar a otro, nuestra mente esclavizada por las rutinas laborales, familiares, personales y sociales, nos impide ejercer la capacidad de iniciativa y autonomía ante los diversos aspectos relacionados con el consumo, la moda y la distorsión encubierta de los valores. La comodidad, asociada a ese estado, conduce a que nuestra mente deje de pensar y de moverse para plantear nuevas hipótesis y cuestionar con sentido crítico nuestra resignación pasiva. Así, como todo esclavo, y por falta de confianza en nosotros mismos, somos espectadores automatizados de un estado de situación que creemos no poder modificar. Por eso, aparece en muchos la aberrante necesidad de pedir autorización para desplegar aquello que forma parte de la intimidad inviolable de todo ser humano, que es su capacidad para pensar y disentir.
Al igual que nuestro personaje, la manipulación mental de una cultura interesada en el poder, encadena la mente a prejuicios, slogans y estereotipos que inmovilizan a los mismos jóvenes en un presente sin esperanza y a vivir en el escenario de una nivelación mental y de una uniformidad en el pensar y hacer que se mantienen bajo el temor a la descalificación, al ridículo y a la marginación. Por eso, el miedo a pensar por sí mismo y la propia censura son las formas mentales de aquellos latigazos y mordaza física. Esto explicaría la utilidad del esclavo, percibida favorablemente por el sistema que lo manipula en función de su “atontamiento” mental y jamás de su lucidez y capacidad crítica.
Siguiendo el paralelismo, así como a los esclavos hay que mantenerlos ocupados y evitar que dispongan de tiempo propio porque es peligroso su ocio creativo, de igual manera el individuo de una sociedad alienante debe mantenerse ocupado. Esto gatilla la pregunta referida a buscar las formas de “llenar” los “huecos” de la vida cotidiana, incluso a partir de la infancia, a fin de “modelar” la inteligencia en formación y mantenerla ocupada y asegurada con prejuicios, con creencias, con imágenes y pensamientos rutinarios.
A ello quizás apunten las diversiones y fantasías que mantienen al adolescente ocupado y “estacado” mentalmente en las formas alienantes de un consumo no consciente. Así, con efectos de cierta violencia blanca, se buscan satisfacciones primarias y básicas, limitadas a las frivolidades y banalidades de esos espectáculos montados como un elogio siniestro a la mediocridad y a la degradación mental y emocional. Esto se concreta en una uniformidad de pensamiento y se plasma en el consumo de imágenes que llevan a vivir entretenido, como todo esclavo satisfecho, bajo la penumbra de lo aparente y el atontamiento mental.

Dr. Augusto Barcaglioni / Ensayos para el Pensamiento Creativo

GALERIA DE BUITRES CLXXIV

Aznar pactó una comisión del 1% con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi
Para José María Aznar, Muamar el Gadafi era "un hombre extravagante, un hombre raro", pero también "un amigo". La buena relación entre el expresidente del Gobierno con el dirigente libio era algo conocido; incluso cenaron juntos en Sevilla, en 2007, cuando Aznar ya había dejado La Moncloa. El presidente de la fundación FAES y presidente de honor del PP fue uno de los pocos líderes europeos que, en marzo de 2011, se opuso a la intervención militar en Libia contra Gadafi, argumentando que era "muy difícil entender una política que deja que los amigos caigan y que los enemigos permanezcan en el poder". Lo que no se sabía es que José María Aznar, al mismo tiempo que intercedía en público a favor de Gadafi, hacía negocios en privado con empresas españolas que querían conseguir contratos con el Gobierno libio.
El 8 de septiembre de 2010, unos meses antes de la guerra civil y posterior intervención militar internacional que acabó con Gadafi, José María Aznar firmó un contrato de intermediación con Befesa, una filial del grupo sevillano Abengoa dedicada a la construcción de desaladoras, depuradoras y otras obras públicas medioambientales. 
Befesa estaba interesada en conseguir las adjudicaciones de cuatro grandes desaladoras que quería construir el Ministerio de Servicios Públicos de Libia: en Tobruk, Misurata, Sirte y Yarafa. En total, las cuatro desaladoras sumaban una inversión de 950 millones de euros,  según los propios cálculos de Abengoa, que figuran en este documento para inversores (página 94). Para conseguir esas adjudicaciones, Befesa contrató a Aznar como intermediario.
Según el contrato, al que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es, José María Aznar es “una persona con reputada experiencia en el mercado internacional y en particular el libio”, que cuenta con “conocimiento de las instituciones públicas, así como de la legislación local reguladora de las ofertas, programas de promoción público privada y concursos públicos”.
La remuneración que Aznar firmó con Befesa es muy generosa: una "comisión de éxito" –como la define el contrato"– del 1%  "hasta que la cifra de adjudicación acumulada de proyectos dentro del programa llegue a 250 millones de euros". A partir de esta cifra –es decir, después de que Aznar se llevase los primeros 2,5 millones de euros–, la comisión se reduciría al 0,5%. En total, si Befesa hubiese conseguido los 950 millones de euros en adjudicaciones que esperaba en Libia, Aznar habría cobrado una comisión de seis millones de euros: alrededor del 0,6% de los 950 millones esperados.
Además de esa comisión, Aznar consiguió otro 0,25% adicional del precio convenido por Befesa con el Gobierno libio por administrar las desaladoras cuya gestión se incluya también en el contrato de construcción. Esta comisión se recibiría durante los cinco primeros años de mantenimiento de las instalaciones.
El contrato con Befesa incluía también un adelanto de 100.000 euros más IVA. José María Aznar facturó esa cantidad cinco días después de firmado el contrato, el 13 de septiembre de 2010. Eldiario.es ha tenido también acceso a esa factura, que tiene sello de entrada en la contabilidad de Befesa el 30 de octubre. En el documento, con la firma del propio Aznar, consta también su número de cuenta de Caja Madrid.
Por parte de Befesa, el contrato está firmado por Javier Molina Montes, presidente de Befesa. En el momento de la firma, la filial de Abengoa "tiene identificados" cuatro proyectos de desaladoras en Tobruk, Misurata, Sirte y Yarafa. El primero de ellos consiste únicamente en la construcción de las instalaciones, mientras que los otros tres incluyen la gestión de éstas. No obstante, la empresa especifica que "la colaboración se extiende a todos los proyectos de desalación que adjudique el Ministerio bajo el programa". En julio de 2010, según la información que daba Abengoa a sus inversores, Befesa ya tenía firmado un memorándum de entendimiento con el Gobierno de Gadafi por tres de las cuatro desaladoras.
En el acuerdo también se especifican las obligaciones del expresidente del Gobierno, "el prestador", según el contrato. Entre ellas, el "prestador" se compromete a "suministrar a Befesa toda la información necesaria tendente a que ésta pueda presentar oferta"; "asistir y prestar todo apoyo comercial necesario durante el curso de las negociaciones con clientes con el objetivo de obtener la adjudicación del contrato"; "realizar gestiones para dar a conocer los productos y soluciones" de la empresa, y "apoyarla en las demostraciones de productos, preparación y presentación de ofertas, visitas al territorio, etc.".
 
Además, la filial de Abengoa establece que "su actuación deberá regirse en todo momento por los principios de corrección, licitud y buena fe". Por ello, prohíbe "influir o inducir, directa o indirectamente, sobre cualquier acto, decisión u omisión" de funcionarios y autoridades locales, así como "realizar cualquier tipo de pagos a cuenta de aquellas personalidades mediante cuentas no registradas oficialmente".
Eldiario.es ha intentando ponerse en contacto con José María Aznar a través de la FAES para recabar su versión de los hechos. No ha habido respuesta.
Un portavoz de Abengoa ha confirmado a eldiario.es que Befesa contrató a Aznar "como asesor", pero que la guerra civil y posterior intervención militar en Libia frustraron las adjudicaciones. La ejecución de Gadafi el 20 de octubre de 2011 –un año después de la firma de este contrato– y el cambio de Gobierno dejaron a José María Aznar y a Abengoa sin un negocio millonario. En 2013, Abengoa vendió Befesa a un fondo de inversión.

¿Que es el TTIP ?

 
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés) es el nuevo modelo de tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013, con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo.
¿Por qué ahora?
EEUU y la Unión Europea están perdiendo poder económico y político, y otros países, especialmente China, les están desplazando como mayores economías, exportadores y proveedores de inversión extranjera directa. El TTIP pretende por tanto consolidar los intereses geopolíticos y recuperar el poder y el protagonismo de ambas potencias, declarando una guerra comercial a países terceros.
¿Quién y cómo se está negociando?
De manera formal, por parte de la Unión Europea es la Comisión Europea quien tiene el mandato de las negociaciones; y de la otra, el propio Gobierno de EEUU. Sin embargo, desde su origen, son los grandes lobbies empresariales de un lado y otro quienes presionan y participan de manera activa en ellas: industria automovilística, farmacéutica y agroalimentaria, empresas de servicios, bancos, fondos de inversión…
Las negociaciones además, están produciéndose de espaldas a la población, con un alto carácter secreto sobre su contenido, y sin participación y apenas consulta a la sociedad civil, e incluso con mucha desinformación hacia los Gobiernos de los países de la propia UE.
¿Qué regulará?
Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos, este nuevo modelo de tratado se centra en la liberalización de todos los sectores y en conseguir una armonización legislativa, es decir, unificar leyes a ambos lados del Atlántico, con el fin de reducir costes y “retrasos innecesarios” para las corporaciones.
Un capítulo especialmente polémico es el de la protección de las inversiones, por el cual cualquier inversor privado internacional puede desafiar, ante tribunales internacionales poco transparentes, cualquier legislación (ambiental, laboral o social) que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, una moratoria al fracking (técnica muy contaminante de extracción de petróleo o gas) o una regulación sanitaria de sustancias tóxicas pueden ser objetos de demandas a los Gobiernos.
¿Qué supondrá?
Se ahondará en los recortes en los derechos laborales, justificados por la reducción de costes y basados en la política antisindical de EEUU (que no ha ratificado convenios de la OIT) y en las reformas laborales impuestas por la Troika [link a www.troikaparty.eu/es] (Comisión Europea, FMI, BCE).
La liberalización de cada vez más sectores económicos profundizará en las privatizaciones de servicios públicos, cuyas consecuencias ya son conocidas.
La armonización legislativa a la baja, aplicando la legislación más beneficiosa para las grandes corporaciones afectará a:
  • Políticas medioambientales y del derecho a la salud: se flexibilizará el uso del fracking, se aumentará la producción y venta de transgénicos, el uso de toxinas y sustancias peligrosas, entre otros, que cuentan con legislación más favorable en EEUU.
  • La agroindustria se verá favorecida en detrimento de las pequeñas explotaciones más sostenibles, y por tanto se resentirá la soberanía alimentaria y la calidad en la alimentación.
  • Sobre propiedad intelectual y uso y acceso a internet: se aplicará la legislación norteamericana que facilita la vigilancia cibernética y el acceso a datos personales, y pena el compartir archivos en la red; y además blindará las patentes, reduciendo por ejemplo la posibilidad de acceso a medicamentos genéricos.
Y a todo esto se añadiría, a través de los mecanismos de protección de las inversiones, que los Gobiernos se encontrarían maniatados para la puesta en marcha de las políticas públicas sociales y medioambientales destinadas a proteger a la ciudadanía, en beneficio del gran capital.