29 ene. 2015

Convocan una huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas para pedir al Gobierno que conceda asilo al saharaui Hassana Aalia

La asociación ‘Sáhara Libre’ ha convocado para el próximo viernes una huelga de hambre colectiva en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez-Barajas para reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy que conceda asilo político al activista saharaui Hassana Aalia, condenado por un tribunal militar de Rabat a cadena perpetua.
Según el relato de los simpatizantes del activista saharaui, Hassana Aalia fue detenido en 2010 por participar en el campamento ‘Gdeim Izik’, instalado como protesta pacífica para demandar derechos sociales y políticos a Marruecos. En 2013 fue condenado por ello a cadena perpetua por un tribunal militar.
Hassanna, que se instaló en Bilbao en 2011 gracias a una beca de estudios para formación de derechos humanos, recibió el pasado día 19 el auto de resolución de su solicitud de asilo político en el Estado español, en el que se le anuncia su salida obligatoria del país en 15 días.
La organización ‘Sáhara Libre’ considera “vergonzoso” que el Ejecutivo español haya denegado asilo al activista saharaui “dejando claro que es cómplice de la dictadura marroquí”. “Su vida corre peligro si le deportan a su país, donde será torturado y encarcelado de por vida”, alerta.
Por ello, desde ‘Sáhara Libre’ han hecho un llamamiento para iniciar una huelga de hambre colectiva a partir de las 17.30 horas en la T-3 del aeropuerto de Madrid-Barajas e intentar así evitar que el Hassanna sea deportado el próximo día 4 de febrero, día en el que se cumple el plazo dado por las autoridades.
 http://www.insurgente.org/index.php/template/politica/item/15302-convocan-una-huelga-de-hambre-en-el-aeropuerto-de-barajas-para-pedir-al-gobierno-que-conceda-asilo-al-saharaui-hassana-aalia

http://kaosenlared.net/convocan-una-huelga-de-hambre-en-el-aeropuerto-de-barajas-para-pedir-al-gobierno-que-conceda-asilo-al-saharaui-hassana-aalia/

El Gobierno vende un 4,3% de Aena a un fondo radicado en el paraíso fiscal de las Islas Caimán

"Cuidando cada detalle, atendiendo a lo más pequeño, nos hemos hecho grandes", reza la publicidad institucional con la que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) promociona estos días la oferta pública de venta (OPV) de acciones que servirá para colocar un 28% de la empresa pública en bolsa, en la mayor privatización realizada en España en los últimos 15 años.
Hay un pequeño detalle de la primera parte de esta operación, la venta de un 21% del capital de Aena entre tres "inversores de referencia", que el Ejecutivo se ha cuidado de airear en este tortuoso proyecto, un empeño personal de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que ha echado a andar con tres meses de retraso sobre el calendario previsto y que ha pilotado desde la sombra el director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, Álvaro Nadal.
En la venta va a tener un papel muy destacado una sociedad radicada en uno de los territorios más opacos del mundo. El fondo de inversión The Children's Investment Fund (TCI), seleccionado por el Gobierno el 14 de octubre como uno de esos tres inversores con vocación de permanencia, canaliza gran parte de su participación en Aena (en total, va a tener un 6,5%) a través de una sociedad luxemburguesa cuyo único accionista es una filial radicada en las Islas Caimán, territorio británico dependiente del Reino Unido al que la Agencia Tributaria española considera un paraíso fiscal.
En el folleto de salida a bolsa publicado en la tarde del viernes pasado en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Aena explica que TCI vehicula su participación en Aena (9,75 millones de acciones, el citado 6,5%) a través de dos sociedades, TCI Luxembourg SARL y la irlandesa Talos Capital Limited. 
La primera, que como su nombre indica su tiene sede en Luxemburgo, detenta la mayoría de esa participación (6,435 millones de acciones, un 4,29% del capital de Aena). Y, según consta en la documentación depositada en el Gran Ducado luxemburgués (otro coladero fiscal que en este caso no figura en la lista de paraísos fiscales de Hacienda), el único accionista de TCI Luxembourg es The Children's Investment Master Fund, firma que está domiciliada en George Town, la capital de Islas Caimán.

Sin comentarios

La sede de ese fondo está en Ugland House, un edificio de cinco plantas donde están registradas más de 18.000 empresas que utilizan este territorio completamente opaco como tapadera fiscal. En 2008, durante la campaña electoral en Estados Unidos, el entonces candidato Barack Obama se refirió a ese inmueble en estos términos: “O bien es el edificio más grande del mundo, o bien es la mayor estructura de evasión fiscal existente”, señaló.
El Ministerio de Fomento no ha querido hacer comentarios sobre el hecho de que el Gobierno haya vendido parte de Aena a una sociedad radicada en un paraíso fiscal, y por si esta circunstancia se tuvo en cuenta a la hora de seleccionar a TCI como accionista estable. En junio pasado, cuando anunció la venta de un 21% del capital de Aena, Ana Pastor dijo que ese paquete se vendería a un "núcleo estable de accionistas que serán seleccionados, lógicamente, mediante un concurso público y con concurrencia, como no puede ser de otra manera, según las leyes de nuestro país y como tiene que ser".
Desde la empresa pública, que ha comenzado un 'road show' para captar inversores que arrancaba este lunes con un acto en la Bolsa de Madrid, se remiten a Enaire, la sociedad pública que pilota la privatización de la compañía y que mantendrá la participación de control en la empresa cuando culmine la OPV (venderá el 49% y se quedará el 51%).
Por su parte, fuentes de Enaire dicen que no hacen ninguna valoración sobre este asunto y se limitan a señalar que el proceso de colocación previa se realizó mediante "un concurso público transparente en el que se seleccionaron unos inversores de referencia y se pedían unos requisitos".

Las críticas de Montoro

Entre esos requisitos no figuraba ninguna prevención respecto a la actividad de los aspirantes en paraísos fiscales, unos territorios sobre los que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha lanzado en ocasiones duras críticas: “No se puede permitir que existan este tipo de países dentro de la UE y más en un momento de consolidación fiscal en el que se están pidiendo esfuerzos a los ciudadanos”, decía, en abril de 2013, respecto a Gibraltar, otro paraíso fiscal dependiente de Reino Unido. Actualmente, las Islas Caimán están en la lista de territorios con los que Hacienda negocia acuerdos de intercambio de información, junto con Bermudas, Guernsey, Islas Cook, Isla de Man, Jersey, Macao, Mónaco, San Vicente y Las Granadinas y Santa Lucía.
TCI fue el socio financiero que eligió el Ejecutivo para formar el núcleo duro de accionistas de Aena. Para garantizar la españolidad de la operación, en el proceso se seleccionó a las españolas Alba Participaciones (8%), brazo inversor de la familia March, y Faero España (6,5%), propiedad de Ferrovial. Su factura fiscal a la hora de tributar por los dividendos que cobren en el futuro por su participación en Aena va a ser, previsiblemente, muy superior a la de TCI.
Esos tres socios deberán permanecer en el capital del gestor aeroportuario un mínimo de un año. El representante del fondo británico en el consejo de Aena desde octubre es Christopher Anthony Hohn, fundador, socio y director de gestión de carteras de TCI.
En el folleto de la OPV por la que las acciones de Aena empezarán a cotizar en bolsa el próximo 11 de febrero se advierte de que en caso de que el precio máximo que ofrecieron los tres accionistas de referencia no llegue al de la oferta para los inversores cualificados en la OPV, los socios preseleccionados perderán sus derechos. TCI ofreció un máximo de 51,60 euros por título y la banda orientativa de precios de la OPV se ha fijado entre los 43 y los 55 euros por acción.
La privatización, por la que el Estado ingresará hasta 4.000 millones de euros, ha sido calificada por el PSOE de "un gran negocio" para los amigos del Gobierno. Para IU, la operación es un "expolio" y "una de las mayores estafas y robo a lo público".

25 ene. 2015

Iberia sigue pujando por Aer Lingus: ahora ofrece 1.300 millones de euros

IAG, el holding de British Airways, Iberia y Vueling, no ceja en su empeño y sigue pujando al alza por Aer Lingus. IAG baraja ahora pagar 1.300 millones de euros, valorando las acciones de la irlandesa en 2,5 euros, frente a los 2,3 euros de diciembre.
 
Sería la tercera cifra que IAG propone a Aer Lingus, participada en un 25,1 por ciento por Irlanda y en un 29,9 por ciento por Ryanair. Los consejeros de la antigua compañía de bandera de Irlanda están estudiando la oferta, que desistieron en dos ocasiones anteriores. En la primera oferta se ofrecieron 2,3 euros por título y en la segunda, 2,4.
 
Si IAG paga 2,5 euros por cada acción, ese precio sería 15 céntimos mayor al que tenían los títulos el pasado 23 de enero en Bolsa, y más del 30 por ciento superior a los cerca de 1,9 euros que valían a principios de diciembre, antes de que se conociera el interés de IAG, según El País.
 
Si el consejo de administración da el visto bueno, habrá que esperar después a los propietarios. Irlanda posee más de la cuarta parte de la aerolínea, antes estatal, y Ryanair, casi un tercio. La low cost ha intentado hacerse con el control completo de Aer Lingus y lanzó ofertas por el 100 por cien de la empresa, pero sus propuestas fueron bloqueada por la Comisión Europea por cuestiones de competencia.

23 ene. 2015

EPA 2014

La desesperación de las personas paradas, precarias y ninguneadas en sus derechos laborales y el pisoteo de la dignidad humana por parte del Gobierno
Las personas paradas contra su voluntad, desahuciadas de sus empleos por la violencia de los actos unilaterales de los empresarios, siguen siendo 5.457.700 a finales de 2014.
Demasiada desesperación como para soportar la burla de los mensajes “del país de las maravillas de Rajoy” y de la troika (FMI, BCE y Comisión Europea), que auguran para el Estado Español el mayor crecimiento del mundo de la economía para el 2015, conjuntamente con EEUU.
La EPA, referente a todo el año 2014, no sólo son números estadísticos con distintas variables económicas referidas al mercado de trabajo. La EPA muestra que a esa “economía del crecimiento de los gobiernos de la troika” le importan una mierda las personas, esas que a diario tienen que trabajar o no; que cada día tienen que ganarse el pan y dependen de contratos por horas y de salarios cada vez más disminuidos o de prestaciones de desempleo cada vez más recortadas, o simplemente de “beneficencia”, como ayuda única extraordinaria de 426€ durante seis meses, si se tienen cargas familiares y ausencia de ingresos por debajo de los mínimos vitales.
Los 433.900 puestos de trabajo netos creados durante todo el 2014, son empleos precarios, frágiles, subvencionados hasta las trancas con la Caja Común de la Seguridad Social, que exoneran a los empresarios de cotizar. Además, empleos donde los contratos (bien indefinidos, bien temporales, da igual pues pueden ser despedidos por cualquier causa y en cualquier momento a voluntad del empresario), son contratos a tiempo parcial, a los cuales se les paga por media jornada, por horas y, se les hace trabajar el doble o durante 9 horas seguidas de lunes a domingo sin descansos por 500€, es decir, sin derechos.
Epa 2014 Chiste-Eneko-Cola-paroLa creación de nuevos puestos de trabajo sólo se produce a costa de precarizar las condiciones y calidad de los mismos. Los contratos que se han generado, según la EPA, tienen un salario con un poder adquisitivo equivalente a los salarios de principios de los años noventa. ¡Los salarios de los nuevos puestos de trabajo han retrocedido más de veinte años!
Los Empresarios han logrado, a través de legislaciones laborales liberticidas, desreguladoras y expoliadoras de los derechos básicos humanos, la tormenta perfecta: la combinación de un salario por hora bajo y de pocas horas de trabajo “legal”.
Esta es la realidad creada por los poderes políticos y los poderes económicos: Las personas trabajadoras, más tarde que temprano, estaremos “empleadas y con rentas”, eso sí, instalados e instaladas en ese club de la pobreza.
“Club de la Pobreza y la Exclusión”, que cada vez tiene más socios y socias: 5,5 millones de parados/as, de los cuales solamente reciben alguna prestación de desempleo un tercio de las mismas; más del 34% de la Población Activa Ocupada, es decir, casi 6 millones de personas, perciben salarios mensuales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (648,60€); 1.766.300 hogares donde todos sus miembros están parados; las tasas de paro juvenil se sitúan por encima de la “tragedia griega”, el 57% de las personas jóvenes no pueden trabajar; el drama de los parados y paradas de larga duración, golpea especialmente a las personas mayores de 45 años y, al igual que a las generaciones jóvenes, se les niega cualquier futuro; el 28% de la población total es pobre.
La actual situación de precariedad laboral y social, no es coyuntural, ha venido para quedarse y convertirse en estructural. Esta es la gran victoria del capitalismo y de sus representantes políticos, los gobiernos neoliberales de la troika.
El gobierno y la oligarquía financiera y económica, pisotean a diario la dignidad humana de la mayoría social. Sus leyes liberticidas no sólo amordazan la libertad de millones y millones de personas trabajadoras, sino que garantizan el orden seguro de los Negocios: sus excedentes brutos de explotación van creciendo y creciendo. La desigualdad social ya es insoportable. Solamente 3 individuos en el estado español tienen más riqueza (robada y expoliada) que el 20% de esa población (más de 8 millones de personas).
En tiempos de engaños, estafas, mentiras e injusticia social, SOLAMENTE LA DIGNIDAD de las personas EN LA CALLE, será capaz de parar esta barbarie.

25 Enero. ¡NO a la Ley Mordaza y NO a la Reforma Penal!


Domingo 25 de Enero 12h. MANIFESTACIÓN
Madrid: Pta. del Sol ---> Pza. de las Cortes
 

TTIP o el capitalismo salvaje.

Las consecuencias sociales y laborales del TTIP: crónica de un desastre anunciado
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés) entre EE.UU. y la UE se esta negociando entre las grandes empresas multinacionales y las élites políticas a espaldas de la ciudadanía de ambas regiones. Su objetivo teórico es suprimir obstáculos arancelarios a la actividad comercial (sin embargo las tasa aduaneras ya son bastantes bajas: 5,2% en la Unión Europea y 3,5% en los Estados Unidos de América), la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo.
Su objetivo real es desregular y eliminar derechos sociales, laborales, sindicales, normativas medioambientales y privatizar los servicios públicos como la salud, la educación, el agua, los transportes, etc., para conseguir más beneficios. El TTIP pretende garantizar las inversiones de las empresas por encima de las leyes de los Estados, hasta el punto de que éstos tendrán que indemnizar a las empresas si ven perjudicado el nivel previsto de sus ganancias, a través del Instrumento de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados, los famosos tribunales de arbitraje, no sometidos a la justicia ordinaria de los Estados. El TTIP es una vuelta de tuerca más, para acabar con los derechos de la ciudadanía y disciplinar a los trabajadores y trabajadoras, al acentuar los procesos de recortes, privatización y liberalización de flujos de capitales, aumentando todavía más el poder del gran capital, tal como ha sucedido con otros tratados, como con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA en inglés). Desde esta perspectiva sus consecuencias van a ser negativas para la agricultura, la alimentación y el medio rural, la salud, la privacidad, el empleo, los derechos laborales y sociales y el medio ambiente.
CONSECUENCIAS PARA EL EMPLEO Y LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES
Según el gobierno de EE.UU. con el TTIP se crearían millones de puestos de trabajo. Existen estudios que hablan de la creación de 750.000 empleos y de un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) en la UE de entre 1% y 0,5% hasta el 2.027, pero la misma Comisión lo reduce al 0,1%. Se destruirían empleos en la industria cárnica, el sector de los fertilizantes, el bioetanol, el azúcar, bienes de equipo y el metalúrgico.
Un estudio alternativo y crítico realizado por la Universidad de Tufts, afirma, entre otras cosas, que se perderían 600.000 puestos de trabajo en la UE, las rentas del trabajo se reducirían en su participación en el PIB y se perderían ingresos público.
En lo que se refiere a los derechos laborales y sindicales, hay que tener en cuenta la “armonización” de la regulación, la igualación a la baja.
En Estados Unidos los derechos laborales y sindicales brillan por su ausencia, en la Unión Europea por ahora están garantizados, pero no armonizados (1), al menos aunque formalmente estén mínimamente garantizados, se conculcan e incumplen cada vez más. EE.UU. solamente ha firmado dos de los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los contrarios al trabajo infantil y al trabajo esclavo, pero no los que se refieren a la negociación colectiva y al derecho de organización y asociación. Tampoco ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos (incluidos los derechos laborales, sindicales y de salud), sociales y culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 3 de enero de 1976.
Asimismo, entre los Estados de la Unión existe una competitividad por atraer inversores, tanto de otros Estados como de países extranjeros, para los cual en 24 de ellos han rebajado los salarios y recortado derechos en seguridad y salud laboral. La negociación colectiva y la organización sindical no están reconocidas, por lo tanto el derecho de huelga y la libertad sindical han desaparecido del mundo laboral.
Se dan “facilidades para trabajar” (disponibilidad para el empleo o empleabilidad), en lugar de trabajo. Se ha implantado el llamado Workfare, la aceptación de cualquier trabajo bajo presión por parte de los parados (desde una visión neoliberal se responsabiliza a los desempleados de su propia situación, y no al contexto socioeconómico que produce paro, pobreza y desigualdad), que también se denomina paradójicamente right to work (derecho a trabajar). No está establecido el salario mínimo, ni la seguridad y la salud en el centro de trabajo.
Los trabajadores de algunas multinacionales, como Wal-Mart y McDonald’s, cobran salarios de hambre, y tanto es así, que tienen que solicitar los bonos de alimentación que concede el gobierno a los pobres.
Esta es la situación laboral que muy probablemente podría implantarse en los países de la UE, en aras de la competitividad, si llegara a firmarse el TTIP.
Por otro lado, EE.UU. es el país más desigual del mundo, donde no se reconoce el acceso a la atención médica como un derecho humano fundamental. Su sistema de salud es privado casi en su totalidad y de baja calidad. Recientemente se ha ampliado la atención sanitaria con el presidente Obama, sin embargo casi la mitad de los 50 Estados de la Unión se niegan a ampliar la atención sanitaria para los pobres.
Esta situación es debida principalmente al poder económico de las grandes aseguradoras médicas. El que tiene dinero puede acceder a una atención sanitaria de calidad. Por su parte la UE hace ya décadas que aplica la política neoliberal en todos los ámbitos, incluido especialmente el socioeconómico, la política social, donde está incluida la política laboral, que se delega claramente en los Estados miembros. Dicha política no sólo no acaba con la desigualdad, el paro y la pobreza sino que los agudiza. Se limita a diseñar y elaborar Planes, para que los pongan en marcha los Estados.
Se considera a los parados, igual que en EE.UU., como los únicos responsables de su situación, por lo que hay que hacerlos “empleables”, aplicándoles “políticas activas de empleo” (individualizan el problema) y presionándoles para que acepten cualquier empleo, al potenciar los contratos temporales y a tiempo parcial, el trabajo precario (2). Las prestaciones han perdido su consideración de DERECHOS y se han tornado en “contratos obligacionales”, cual seguro asistencial, debilitando seriamente las condiciones laborales.
Se está ampliando la edad de jubilación y reduciendo las pensiones. Las reformas laborales dan todavía más poder a los empresarios. Por este motivo, ha habido huelgas generales en Grecia, Portugal, España y, recientemente, también en Italia y Bélgica.
Esta es la precaria situación de los derechos laborales y sociales en la UE, en el marco del Tratado de Lisboa todavía vigente, que se asemeja cada vez más, de un modo inquietante y peligroso, a los parámetros estadounidenses.
Por consiguiente, es necesario luchar contra esta construcción europea y contra el TTIP, desde la sociedad civil, los trabajadores y trabajadoras y los sindicatos alternativos de clase, de forma coordinada y eficaz, para que el gran capital no logre hacer desaparecer los derechos fundamentales, entre los que se encuentran los derechos sociales, laborales y sindicales, cuya eliminación es el objetivoreal de estos acuerdos.
¡Contra la globalización de la explotación económica,
internacionalismo obrero y solidaridad de clase!
Notas
  1. La no armonización en mínimos básicos (salarios mínimos, jornadas, condiciones de trabajo) posibilita tanto el dumping laboral, como el social y facilita “la libertad absoluta del capital para movilizarse, allí donde los costes laborales son o bien más bajos o bien las legislaciones laborales nacionales son más liberales o permisivas”
  2. El penúltimo “despropósito” de los sindicatos del régimen (cc.oo + ugt), en la firma de los 426 € durante seis meses, por una sola vez, viene condicionado por estas “políticas de empleabilidad”: el parado, parada, “firma un contrato individualizado” de disponibilidad obligada para seguir una ruta laboral, donde el empresario (cualquiera) juega con la ventaja en su contratación, en tanto en cuanto, la persona” asistencializada por la ayuda de caridad”, no podrá rechazar cualquier contrato que se le ofrezca.
BLOQUE COMBATIVO Y DE CLASE: ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES (AST); BALADRE; CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT); CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO (CNT); COMISIONES DE BASE (CO.BAS); COORDINADORA SINDICAL DE CLASE (CSC); INTERSINDICAL ARAGON (IA); SINDICATO ASAMBLEARIO DE SANIDAD (SAS); SOLIDARIDAD OBRERA (SO)

22 ene. 2015

Las cifras de la miseria en España

728.300 hogares no tuvieron en 2014 ningún tipo de ingreso familiar
Un total de 728.300 hogares españoles no disponían en septiembre de 2014 de ningún tipo de ingreso familiar; es decir, que estaban prácticamente en la indigencia. De este total de hogares españoles bordeando la más absoluta de las miserias, 200.000 contaban a su cargo, además, con uno o más menores de 16 años. Si añadimos las cifras de la emigración española (en 2014 había más de dos millones de españoles fuera de nuestro país), el índice de pobreza en España parece alarmante.
Los datos los ha remitido el Gobierno al Congreso de los Diputados en respuesta a dos peticiones consecutivas del diputado socialista Miguel Ángel Heredia. Estos datos oficiales han sido extraídos, según esa documentación, de la Encuesta de Población Activa, y hacen ver una dificilísima situación en España que poco tiene que ver con los brotes verdes de la economía que vende el Gobierno del PP.
El diputado socialista Miguel Ángel Heredia se interesó sobre todo por el número total de hogares españoles sin perceptores de ingresos por comunidades autónomas, por provincias y, además, con el desglose de las familias que no percibían ingresos y que contaban con uno o más menores de 16 años. Los datos son alucinantes.
Andalucía, la comunidad con más pobres entre los pobres
En el tercer trimestre de 2014, el total de familias sin ingresos de ningún tipo alcanzaba la cifra de 728.300 hogares a nivel nacional, de los que la inmensa mayoría, 189.000 corresponden solamente a Andalucía; es decir, el 25,95% del total nacional.
Pero después de Andalucía resulta sorprendente este otro dato, que deja en pésimo lugar a los actuales gestores de la Generalitat: en ese mismo periodo había en Cataluña 102.600 hogares sin percibir ningún tipo de ingresos, lo que representa el 14,08% del total nacional. La Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo, sólo cuenta con 62.600 familias sin ingresos, o, lo que es lo mismo, el 8,59% del total nacional.
Muy por debajo de esas cifras, en ese grado de pobreza se hayan seguidamente Comunidad Valenciana (91.700 familias); Canarias, con 51.900 familias sin ningún tipo de ingreso (7,12% del total, en este y otros casos el nivel de pobreza puede ser porcentualmente mayor, en función del número de habitantes); Castilla y León (con 32.600 familias en peligro de exclusión social); Galicia (31.800); Castilla-La Mancha (con 31.300 familias); País Vasco (26.600); Murcia (25.800); Asturias (16.800); Aragón (15.600); Baleares (15.400); Extremadura (11.700); Cantabria (9.400), y Navarra (6.800 familias).
Por provincias, el índice de mayor pobreza se dispara en Barcelona, con 72.100 familias en riesgo de exclusión social, seguida por Madrid (62.600); Málaga (39.800); Alicante (32.100); Santa Cruz de Tenerife (26.300), y Cádiz (22.200).
La exclusión social ha pasado de ser riesgo a realidad en España: más de 700.000 familias se ven en situación de pobreza total.La pobreza de los menores
Si esos datos son preocupantes, lo son más si consideramos el número de familias en las que ninguno de los miembros de la unidad familiar perciben ningún tipo de ingreso, pero que, además, cuentan con uno o varios menores a su cargo. La cifra global, según el gobierno, es de 200.300 hogares, lo que representa el 27,50% del total.
Como en el caso global, a la cabeza está Andalucía, con 67.200 familias en riesgo de exclusión social y con menores a su cargo, seguida de Madrid, con 20.800 y Cataluña, con 20.200 hogares.
En cuanto a provincias, el ranking de los hogares sin perceptores de ingresos con uno o más menores de 16 años lo encabeza Madrid, con 20.800 familias (en este caso, cuentan a la Comunidad de Madrid como una provincia y no distinguen la capital del resto de la región), seguida de Sevilla (14.800 familias) y Barcelona (13.500).
Estos datos pueden ayudar a explicar cómo, según ha publicado Vozpópuli, España ha vuelto a ser emigrante: en 2014 residían en el extranjero dos millones de españoles, mientras que los hijos de españoles nacidos fuera de España sumaban ya más de 700.000. Según el Padrón de Residentes Españoles en el Exterior, casi 140.000 españoles tuvieron que salir entre 2012 y 2013.

20 ene. 2015

TTIP: Las trampas del tratado comercial que blindará a las multinacionales

Un informe del Europarlamento cuestiona los beneficios del acuerdo de libre comercio entre Washington y Bruselas, y el 95% de los ciudadanos rechazan la cláusula que permitirá a las corporaciones denunciar a los estados por cifras millonarias.
El mecanismo de resolución de conflictos inversor-Estado, que en inglés recibe las sigas de ISDS, es la clave que concentra todos los recelos sobre el Tratado de Libre Comercio (TTIP) que la UE y Estados Unidos comenzaron a negociar en febrero de 2013. Sobre este mecanismo de arbitraje, de hecho, la Comisión Europea lanzó el año pasado una consulta pública para pulsar el estado de opinión de los europeos. Los resultados, que se dieron a conocer el pasado martes, han sido muy negativos para la tesis de la Comisión: el 95% de de las 150.000 opiniones recibidas muestran un rechazo frontal al ISDS.
La UE, que presenta este acuerdo comercial con Estados Unidos como una herramienta que generará abundante empleo y un generoso crecimiento económico, defiende la necesidad de establecer el ISDS, vinculado al Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, con el argumento de que hay que dar garantías a las corporaciones para que inviertan en Europa.
El martes, durante la presentación de los resultados de la consulta pública, la comisaria europea de Comercio, la socialdemócrata sueca Cecile Malström, dijo ser consciente del “amplio escepticismo” que el ISDS genera entre la población europea, pero no quiso lanzar un mensaje engañoso: “El Tratado de Libre Comercio es un mandato de la UE, por lo tanto, tiene que llevarse a cabo, y la protección a los inversores se ha reclamado desde los países miembro y tiene que haberla de algún modo, sólo tenemos que encontrar las fórmulas adecuadas”.
Malström se limitó a garantizar que en cualquier proceso judicial o de arbitraje que se adopte siempre quedará garantizada la transparencia en la toma de decisiones y en la formación del tribunal así como en la posibilidad de apelación, elemento éste que no siempre ha existido en los tribunales internacionales.
La sociedad civil y algunos grupos del Europarlamento Europeo (Izquierda Unitaria Europea GUE NGL–al que pertenecen Podemos e IU- y Los Verdes –donde está Equo-) han rechazado con contundencia este punto de vista desde el principio. Alegan que implantar el ISDS podría conllevar una pérdida de soberanía para los Estados, puesto que podrían verse obligados a cambiar legislaciones nacionales aprobadas por parlamentos votados democráticamente en caso de recibir una sentencia en contra de un tribual internacional de arbitraje.
No son figuraciones. Ya ha sucedido. Canadá firmó un acuerdo similar al TTIP con Estados Unidos, el NAFTA, que entró en vigor en 1994. Canadá ha recibido más de 30 denuncias mediante el ISDS. En una de ellas, el caso Ethyl, el gobierno decidió revertir su prohibición sobre el comercio de diversos aditivos de la gasolina. La petrolera le reclamaba una compensación de 251 millones de dólares.
Uno de los casos más sonados es el pleito que mantiene en un tribunal internacional la eléctrica sueca Vattenfall con Alemania. Vattenfall demandó al Gobierno alemán por alterar la normativa estatal para abandonar la energía nuclear, decisión que se había tomado con el apoyo mayoritario del Parlamento germano. Sin embargo, la empresa sueca alegó que estos cambios legales le han hecho sufrir cuantiosas pérdidas económicas, por lo que exige una compensación de más de 3.600 millones de euros.
El portavoz de la organización alemana Más Democracia y de la Iniciativa Europea Ciudadana (ICE) contra el acuerdo comercial, Michael Efler, opina, pese a todo, que “no hay ninguna necesidad de tener que recurrir a un tribunal internacional en una disputa entre un Estado y una empresa multinacional, al menos, en Europa y Estados Unidos, donde existen unos sistemas judiciales con garantías, y podemos usarlos, no hay que darles esos privilegios a las grandes corporaciones”.
La ICE ha logrado reunir ya más de 1,6 millones de firmas. Aun así, la Comisión la tumbó el año pasado con el argumento de que este mecanismo sirve como cauce para proponer políticas o actuaciones y no para pedir su anulación o freno. Los promotores de la iniciativa tienen recurrida esta decisión ante el Tribunal Europeo de Justicia.
Por su parte, la patronal europea, Business Europe, que es el lobby más potente de Bruselas, ve “imprescindible” que el mecanismo ISDS quede incluido en el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos. “Es necesario que la independencia de las decisiones judiciales queden garantizadas siempre, por lo que nos parece que lo mejor para esto es que si una empresa europea tiene un conflicto con el gobierno americano (o al revés) no sea un tribunal de este país el que juzgue, preferimos, en aras de la imparcialidad, que juzgue una tercera parte que no esté implicada, un tribunal internacional”, aseguran fuentes de la patronal europea.
Con todo, Business Europe admite la necesidad de mejorar el mecanismo del ISDS tal y como se utiliza hasta ahora: “No nos oponemos a que se mejore el mecanismo con más transparencia y estableciendo la posibilidad de apelación”, apuntan.
Pero insisten en que hay que incluir esta fórmula porque, además, añaden, “no sólo es una reivindicación europea, también de Estados Unidos, puesto que en sus principios está incluir cláusulas que garanticen que no haya una discriminación en función de ser una empresa europea o no”.
Sin embargo, esto no es exactamente así. Estados Unidos firmó un acuerdo comercial similar con Australia en 2004 (AUSFTA), que entró en vigor el 1 de enero de 2005, y que no incluye el mecanismo ISDS. Según explican fuentes del gobierno australiano, esto es debido a que “durante el curso de las negociaciones ambos países consideraron sus respectivos sistemas legales suficientes para resolver disputas entre inversores extranjeros y los Estados”, un argumento que, sin duda, le da la razón a los detractores del TTIP.
Incluso, un estudio realizado por el Gobierno británico en 2013 sobre este asunto, concluyó que el mecanismo ISDS podría llevar a Reino Unido a afrontar cuantiosos gastos, incluso aunque los tribunales de arbitraje le dieran la razón, debido a los recursos que debería emplear el Estado en defenderse ante estos tribunales, donde un caso puede prolongarse durante años.
Las puertas giratorias de los jueces
El informe va a más y constata que “los inversores británicos no han expresado una preocupación general sobre su protección legal en Estados Unidos”, por lo que recomiendan, finalmente, “como alternativa, incluir otro tipo de protección al inversor pero excluyendo el ISDS del acuerdo”.
Pero, ¿tienen fundamento los recelos ante estos tribunales internacionales o hacia el mecanismo ISDS? No pocas ONGs y colectivos sociales aseguran que se trata de tribunales privados o vinculados al Banco Mundial, por lo que su imparcialidad sería muy dudosa. Las empresas, por su parte, contraargumentan que sólo dicho tipo de arbitraje puede garantizar la imparcialidad cuando una multinacional y un país tienen que resolver una demanda judicial.
“Estos tribunales están conformados por jueces totalmente independientes y sin intereses oscuros” asegura, precisamente, un jurista español que ha formado y forma parte en estos momentos de uno de esos tribunales internacionales del mecanismo ISDS.
“Pero es cierto”, abunda, “que puede hacerse sociología en este terreno. Entonces, resulta que la mayoría de los juristas provienen del ámbito del derecho mercantil frente al derecho internacional público, por lo que suelen tener más sensibilidad hacia el funcionamiento del mercado que hacia el sector público, aunque esta tendencia va cambiando poco a poco”.
Junto a esto, añade el jurista, “se trata de una especialidad muy compleja y quienes nos dedicamos a esto conformamos un reducido grupo a nivel internacional y, claro, hay juristas que están hoy en estos tribunales y que comenzaron trabajando en los gabinetes jurídicos de multinacionales o viceversa”. Es decir, que también aquí hay puertas giratorias.
“A pesar de esto”, insiste, “una cosa es el perfil y otra es que haya intereses ocultos en los jueces. Además, estos procesos garantizan una total transparencia y cada vez introducen más elementos en aras de la limpieza, como la posibilidad de realizar apelaciones”, asegura.
El mecanismo ISDS no es nuevo, ni mucho menos. La primera cláusula que introdujo el ISDS en un acuerdo comercial fue en el tratado entre Alemania y Pakistán de 1959. Pero lo que comenzó siendo una cláusula para proteger a los inversores de regímenes a menudo poco fiables, dictatoriales o corruptos, ha acabado extendiéndose a todos los casos.
“Sinceramente”, explica el citado jurista español, “yo no veo muchos argumentos para que un caso entre una multinacional y un Estado europeo deba ser juzgado por un tribunal internacional porque los tribunales europeos son serios y garantistas”.
Las contradicciones de Juncker
Para complicar más la historia, en julio del año pasado, en el documento donde presentaba las líneas estratégicas de su mandado, el presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker aseguró por escrito que no aceptaría “que la jurisdicción de los tribunales de los Estados miembros de la UE esté limitada por los regímenes especiales para disputas con inversores extranjeros”.
Pero si esto es así, ¿por qué no se ha sacado el ISDS de las negociaciones con Estados Unidos? ¿Por qué ha asegurado Malström esta semana que debe operar un mecanismo de arbitraje de este tipo?
Quizás una clave esté en el complejo modo de funcionar de la UE, sometida siempre a las tensiones entre sus diferentes organismos: el Parlamento (cada vez con más competencias y presidido ésta y al anterior legislatura por los socialdemócratas), la Comisión (dirigida por Juncker, del PP Europeo) y el Consejo, en cuyo seno los 28 Estados miembros mantienen sus propios pulsos.
Acaso por eso, un informe del mismo Parlamento Europeo alertó en julio del año que el TTIP podría conllevar un “debilitamiento en el funcionamiento del mercado único europeo” y concluyó que “hay pocas dudas sobre que el TTIP servirá mucho más probablemente a los intereses estratégicos de Estados Unidos que a los confusos y constreñidos objetivos de la UE”.
La próxima ronda de conversaciones entre Estados Unidos y la UE, prevista para primeros de febrero en Bruselas, marcará qué dirección irán tomando las negociaciones sobre este acuerdo comercial.

25 Enero. ¡NO a la Ley Mordaza y NO a la Reforma Penal!

Juntos y juntas vamos a combatir su represión, sus leyes mordaza, su condena a pagar la deuda y cada uno de sus ataques a los ciudadanos y ciudadanas. Vamos a seguir defendiendo nuestros lemas: PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD. Somos la resistencia democrática y decimos que ¡NO PASARÁN!  CONTRA LA REPRESIÓN. ¡No a la Ley Mordaza y no a la Reforma Penal!
Sufrimos un endurecimiento represivo en el que la norma es tratar a quienes se manifiestan o disienten a palos, con cargas, identificaciones, multas, detenciones e incluso con peticiones de gravísimas penas de prisión como a Alfon, a los anarquistas secuestrados el pasado 17 de diciembre o a un sinfín de sindicalistas. Esto responde a una falta de tradición democrática en la que el respeto a los ciudadanos y ciudadanas no existe. En lugar de servir al pueblo, de atenderlo o escuchar sus demandas, se le considera enemigo potencial, un sospechoso al que hay que abatir.
En el tercer Estado con menos delincuencia de Europa, que tiene más prisiones que hospitales, quieren llenar sus cárceles de disidentes, de dignos compañeros y compañeras de lucha.
Para justificar el endurecimiento de medidas represivas, que sucede ya a nivel europeo, no dudan en utilizar incluso el reciente atentado en la revista Charlie Hebdo. En París hemos visto a todos los líderes europeos pretender erigirse en paladines de la libertad de expresión y los valores democráticos mientras que, excusados en la lucha antiterrorista, aprueban leyes que convierten en terrorista a cualquier ciudadano.
Liquidar libertades y convertir derechos fundamentales en delitos, es lo que estas reformas pretenden institucionalizar. Con ello, el régimen da cobertura legal a la represión ya en marcha y garantiza la seguridad al bloque dominante: corruptos, especuladores, explotadores… La Ley de Seguridad Ciudadana y la Reforma Penal son en realidad leyes para la seguridad del régimen.
Estas leyes son una mordaza a las protestas sociales, con la Ley de Seguridad Ciudadana los escraches, las manifestaciones no comunicadas, el uso de imágenes de la policia o las ocupaciones de entidades públicas o privadas como forma de protesta, serán objeto de multas desorbitadas.
Asimismo, la Reforma Penal que convierte las faltas en delito castigará con penas de cárcel o antecedentes penales conductas propias de la protesta social como la resistencia pasiva, obstaculizar un desahucio o una detención, o difundir consignas que animen al desorden público. Se criminaliza a colectivos que no suponen un peligro para la sociedad, como activistas, inmigrantes y personas sin recursos, y sin embargo no se endurece el castigo contra la corrupción ni contra otros delitos cometidos sólo por quien maneja grandes cantidades dinero.
Con la Ley Mordaza las conductas que ahora se resuelven ante un juez por la vía penal, lo que te garantiza una serie de derechos a la hora de defenderte de las acusaciones de la policía, serán sancionadas por la propia policía bajo el dictado del gobierno del régimen. Adiós a la separación de poderes. La Ley Mordaza, además pretende dar cobertura legal a las llamadas “devoluciones en caliente” contrarias al derecho internacional de asilo.
La respuesta popular ante esta flagrante vulneración de derechos fundamentales, pasa por la firmeza ideológica, por desafiar al régimen monárquico, conocer nuestros derechos y que el movimiento popular no retroceda. Pasa por no caer en sus trampas de criminalización y por saber, de forma clara, que estas leyes están pensadas para proteger a los Urdangarines y las infantas, a los de los sobres y las tarjetas black, a los empresarios que llenan esos sobres, a los de los viajes a Canarias a costa de todos nosotros y nosotras, a las que hacen recortes criminales en sanidad y asesinan mascotas mientras esconden coches de lujo invisibles en el garaje.
Pero juntos vamos a combatir su represión, sus leyes mordaza, su condena a pagar la deuda y cada uno de sus ataques a los ciudadanos y ciudadanas. Vamos a seguir defendiendo nuestros lemas: PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD.
Somos la resistencia democrática y decimos que ¡NO PASARÁN!
CONTRA LA REPRESIÓN.
¡No a la Ley Mordaza y no a la Reforma Penal!
Marchas de la Dignidad 22-M