27 feb. 2015

El TTIP o cómo venderle tu alma al diablo

Es tan obvio que incluso parece ofensivo decirlo, pero el Tratado de Libre Comercio (TTIP) que negocian en secreto Estados Unidos y la Unión Europea es poco más que otro montón de papeles con el único objetivo de sellar, más aun, el sistema en el que estamos inmersos. Ese en el que las multinacionales manejan los hilos. Ese que a veces deja titulares como “sólo 85 personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad”, según Oxfam. Ese en el que unos lo tienen todo y otros nada.
Cada vez que los negociadores del Tratado se ponen de acuerdo en alguna nueva normativa venden su alma a un diablo que se manifiesta en forma de capitalismo. Desde la cooperación regulatoria, que pretende otorgar barra libre a los poderes económicos, hasta el ISDS, que permite a las multinacionales denunciar a los Estados cuando sus regulaciones les perjudican. En ocasiones es el poder, otras es el dinero que reportará este negocio a los intereses privados; ambas para los más afortunados, que verán cómo su mercado se cederá traspasando una vez más las líneas rojas de lo ético y moral. La pregunta es hasta cuándo.
El retroceso en los derechos, que especialmente vivirán los europeos si se firma el TTIP, no es baladí. Un Tratado más, que sigue el camino de acabar con muchos de los avances conseguidos tras años de enfrentamientos militares en forma de Guerras Mundiales, pero con bastante menos estruendo. Ahora ya nadie hace ruido, o así lo demuestran los 560 encuentros a puerta cerrada que la Comisión de Comercio tuvo con 298 stakeholders que representan los intereses de los lobbies industriales.
Ahora la guerras por el poder mundial se deciden en los despachos de Washington y Bruselas, no en las trincheras. Los soldados no sirven a una patria, sino al interés de una multinacional. O al conjunto de ellas. Los combatientes ya no se camuflan entre los bosques, ahora se sirven de la opacidad de las instituciones para operar sin tapujos. Ya no existen las emboscadas, sino las reuniones a puerta cerrada, los desayunos “informativos” o las puertas giratorias.
Pero si hay algo que no cambia es la propaganda, tal y como Joseph Goebbels la inventó. O como años después la redefinió Bernays: “Una manipulación consciente de las opiniones de las masas”. La desinformación sobre las consecuencias en el interés público del Tratado, así como el silencio mediático con los sectores más críticos a éste se contraponen con la difusión de panfletos propagandísticos por parte de los lobbies y la Comisión.
Claro, que las comparaciones son odiosas y la no concreción peligrosa. El TTIP no acaba con vidas, sino que crea empleo. Eso dicen las farmacéuticas que cabildean para que la extensión de sus patentes impida el acceso a alternativas genéricas a las miles de personas que mueren esperando un medicamento. O como cuando hablan de proteger los servicios públicos, y los Gobiernos entienden que quién mejor para gestionarlos que aquellos que jamás escucharlo hablar de cosas como la salud y la cobertura universal. Eso que ahora es algo de interés general podría pasar a ser una mercancía como cualquier otra.
Tampoco hablamos de un genocidio consciente, racista e indiscriminado. Pero entenderán que especular con los alimentos es una constante en esto del libre comercio, y que si el precio del kilo de maíz sube, miles de personas que ni tienen televisión, ni forma de salir en ella, pasarán a engrosar la inmunizada cifra de los 805 millones de hambrientos. Daños colaterales, pensarán los que lo piensen. “Los bancos son indispensables para que el capitalismo funcione, los hambrientos no"
El nuevo Tratado de Libre Comercio será un nuevo éxito para afianzar el sistema establecido. Un logro de las multinacionales, que lejos de conformase con los millonarios beneficios que cada año duplican los de años anteriores buscan que su poder no tenga vuelta atrás, que la firma de acuerdos internacionales les proteja para siempre de vivir en sus pieles algo parecido a la igualdad: su mayor enemigo.
“Una mentira repetida mil veces se convierte en realidad”, debieron pensar en la Comisión Europea los amantes de Goebbles cuando repetían el mantra de proteger los servicios públicos momentos antes de reunirse con los lobbistas industriales en secreto. O cuando saltan desde su despacho en lo más alto de Bruselas al de las multinacionales. Ahí, en la famosa Rue de la Loi, la calle en la que se encuentra el edificio de decisión más importante de Europa, junto el cual los grupos de presión han levantado sus campamentos, que no trincheras.
Y es que al contrario que en las guerras, ya no hablamos de enemigos, sino de amigos, que en el mejor de los casos comparten cervezas, o suben a sus redes sociales los desayunos que tienen con los grupos de interés industriales antes de partir hacia la mesa de negociaciones del TTIP. Con un café y un croissant acompañan uno de los innumerables informes que explican los beneficios del idílico escenario que presentan las multinacionales.
Pero hay que ir más allá de los cientos de diablos que frecuentan las paredes azul celeste de la Comisión para ver la luz. Detrás de los cientos de federaciones y organizaciones paraguas que representan los intereses de miles de empresas privadas y multinacionales se atisba un único objetivo: ampliar el poder de los ya todopoderosos.
El TTIP no es un solo un tratado, es el triunfo de un sistema en el que los interés del 99% se diluyen entre ese 1% que acapara su riqueza. Es un documento que no sólo firma por ese bien sonado escenario de abolir las barreras comerciales, sino que busca afianzar aún más las cuerdas del tinglado industrial en el que las multinacionales han vivido durante lustros y asegurar que así siga siendo eternamente.

Trabajo, desigualdad y pobreza

Hace tiempo que el crecimiento económico y el empleo actúan como fetiche para gran parte de la ciencia económica y los gobiernos. En el caso de la creación de nuevos puestos de trabajo, se desprecia que muchos de ellos sean temporales y no impidan salir de situaciones de pobreza. Según el Informe “Pobreza y trabajadores pobres en España” (octubre de 2014) de la Fundación Primero de Mayo de Comisiones Obreras, sólo el 44% de la población española en edad de trabajar está actualmente ocupada, 5,6 millones de personas en edad de trabajar no pueden hacerlo y sólo un 32% de la población en desempleo recibe alguna prestación. El informe presta atención además a la categoría de “trabajadores pobres”. España es el tercer país de la UE en pobreza de su población ocupada (12%). Además, un 33% de asalariados cobran un salario igual o inferior al SMI (Salario Mínimo Interprofesional), estipulado en 648,60 euros mensuales para 2015.
Sobre la temporalidad en el trabajo, la categoría de “trabajador pobre”, las últimas reformas laborales y el origen del modelo de relaciones en el ámbito de la empresa (si es anterior o nace con la crisis) han debatido varios especialistas en el Seminari Crític de Ciencies Socials de la Universitat de València. En el estado español, el derecho laboral “democrático” nace en el contexto de una gran crisis económica (a finales de los años 70) y política, a la que siguieron los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977) y la “concertación social”. Según el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Antonio Baylos, “se tenía claro que una crisis que afectara al empleo sólo podía abordarse facilitando y abaratando el despido”. Sin embargo, matiza, hacer más barato el despido a finales de los 70 y primeros 80 suponía casi un tabú, por lo que se prefirió actuar sobre la contratación temporal “sin causa”. Llegó entonces la “edad dorada” (una década) de la precariedad en los contratos.
 
Aunque la economía española se fundamente en las pequeñas y medianas empresas, con sectores estacionales muy fuertes, Baylos considera que se dio un giro decisivo: permitir al empresario emplear “a término” a la mano de obra, con lo que a la finalización del contrato se producía, de hecho, el despido gratuito. Además, aunque el juez fallara la “improcedencia” del despido, la indemnización iba a ser pequeña por el corto plazo de la contratación. A ello se agregó, en la década de los 90, una acentuada precarización del empleo público. Según el catedrático de Derecho del Trabajo, todas las reformas legislativas a partir de los años 90 que intentaran “recausalizar” la contratación temporal (limitarla a determinadas causas), “quedaron muy limitadas por una jurisprudencia para la que casi todas las causas y motivos son correctos”. “La temporalidad en el trabajo es un elemento consustancial al sistema español”, resume.
¿Qué ha cambiado con la actual recesión? Antonio Baylos afirma que ahora se interviene también sobre el despido, con lo que se logra la “flexibilidad” de entrada y de salida en el mercado laboral. Algunos discursos se refieren a la “flexibilidad” dentro de la empresa, de manera que el empresario puede reorganizar a la plantilla según la coyuntura, pero el catedrático sostiene que ningún empresario hará uso de la “flexibilidad” interna mientras pueda hacerlo de la externa. “En España hay una cultura de usar y tirar a los trabajadores; en el momento en que a un empresario se le presenta una disfunción, procede a despedir”, explica el docente. Desde el año 2008 (inicio de la crisis) se han producido cinco millones de despidos “individuales” en el estado español.
La “cultura de la temporalidad” es un hecho irrebatible, que la recesión ha acentuado. “Aunque los empresarios puedan despedir gratis y libremente durante el primer año en el contrato de fomento de los emprendedores, no han utilizado tanto esta modalidad”, asegura Antonio Baylos, ya que “prefieren firmar un contrato temporal por horas o días”. Otro cambio respecto al periodo anterior a 2008, afecta a la mediación de los representantes de los trabajadores en los despidos colectivos, y a la necesidad de alcancar un acuerdo. “Esto hoy ha desaparecido”, asegura el docente. Además, el convenio colectivo no sólo ha perdido su función vinculante, sino que puede ser “inaplicado” continuamente de acuerdo con los planteamientos empresariales. El resultado es hacer “funcionales” el sindicato y el convenio a las necesidades de gestión de la empresa.
El profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Almería, Juan Escribano, dibuja un planteo más general: la crisis comienza en 2007 con el “robo masivo” por parte de las entidades financieras, lo que tiene, entre otras consecuencias, la ruptura del equilibrio entre capital y trabajo que hizo posible el “Estado del Bienestar”. Pero el punto de partida de todos los males no es la crisis. El historiador Josep Fontana señala, citando a Krugman, que en la década de los 80 la relación entre capital y trabajo en términos de distribución de renta, muestra un vuelco fundamental. El 1% de la población en Estados Unidos controlaba el 9% de la renta total en 1980, mientras que en 2007 el porcentaje se eleva al 23,5%. En el año 2016 el 1% de la población mundial (70 millones de personas) tendrá más del 50% de toda la riqueza del planeta, según el informe “Riqueza: tenerlo todo y querer más” que Intermón-Oxfam hizo público en enero de 2015. El mismo estudio apunta que España es el segundo país más desigual de Europa, tras Letonia, como demuestra el hecho de que el 1% más rico de la población española concentre más riqueza que el 70% más pobre.
“Los procesos de concentración de capital son cada vez más intensos, y no tienen su origen en la crisis de 2007”, reitera Escribano. Estos procesos tendrán una traducción inmediata en el derecho del trabajo. Un estudio de Cáritas publicado en 2006 alertaba de que el paradigma de “pobre” estaba cambiando. Ya no se limitaba a la persona sin empleo o “sin techo”, sino que podía tratarse de un trabajador precarizado. Así, entre los 1,3 millones de personas que Cáritas consideraba en 2006 en estado de pobreza “severa”, se incluían “miles de trabajadores que no consiguen estabilidad en el empleo y las personas que dependen de ellos”.
El actual modelo de relaciones laborales también se resiente de la derrota ideológica del mundo del trabajo. “Incluso cambiamos el nombre del ministerio, que ya no se llama Ministerio de Trabajo, sino de Empleo; también se aprueban normas que afectan a los trabajadores, pero sin citarlos, como en la ley de fomento y apoyo a emprendedores”, explica Escribano. Tienen lugar procesos muy intensos de temporalidad y parcialidad (no deseada) en la contratación, que se encuentran en muchos casos detrás de los “trabajadores pobres”. Además, se produce una pérdida de capacidad de lucha y negociación colectiva por parte de los sindicatos. Todo ello, con el desempleo como gran cuestión de fondo. En enero la OIT subrayó que el paro en el estado español superará el 21% al menos hasta 2019. De cumplirse el diagnóstico, el desempleo se habría mantenido durante una década por encima del 20%.
El catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, y miembro del Consejo Económico y Social (CES), José María Goerlich, coincide en que para analizar las relaciones laborales no es conveniente trazar un rígido punto de ruptura en 2008. “La precariedad en la contratación es mucho más antigua”, sostiene. “Si se analizan las estadísticas de contratación, se observará que la tasa de temporalidad se situaba en el 33% en 2006, mientras que hoy permanece en el 24%; la precariedad en la contratación proviene de la década de los 80, y está fuertemente enraizada en nuestro sistema”. Respecto a la creación de nuevos puestos de trabajo, Goerlich destaca que se crea en el estado español el mismo empleo estable que hace 15 años, el 9%. Ahora bien, “la devaluación interna y la precariedad en las condiciones laborales sí que son un fenómeno más reciente, que se abre paso a partir de 2008”. La respuesta a la recesión consistió en la “devaluación interna”, con la idea de que “las condiciones laborales han de empeorar o flexibilizarse para evitar más despidos”, explica Goerlich, quien sitúa el origen de este principio rector en la reforma laboral de 2010 (gobierno de Rodríguez Zapatero), que “estiró al máximo” la reforma laboral del PP (2012).
Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (febrero de 2015) ha avalado la reforma de la legislación laboral impulsada por el PP, contra los recursos presentados por el PSOE y la Izquierda Plural. Según informaciones de Europa Press, el TC considera constitucional la reforma del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, por la que se atribuye al empresario la facultad de modificar de manera unilateral las condiciones laborales pactadas en el convenio. Esta reforma, según el alto tribunal, “procura el mantenimiento del puesto de trabajo en lugar de su destrucción”. El alto tribunal defiende, asimismo, la legalidad a la hora de primar los convenios de empresa, al considerar que la constitución no reserva en exclusiva a los sindicatos un papel en la negociación colectiva. Por último, el TC considera que la eliminación de la autorización administrativa en los despidos colectivos, tampoco vulnera los derechos constitucionales.

La britanización del sector aéreo español 2010-2015: De Iberia-IAG a AENA-TCI

El sacrificio de los trabajadores de Iberia se refleja en la cuenta de resultados de IAG
Los recortes a los trabajadores españoles del grupo mayoritariamente británico IAG, han servido para consolidar lo que Willie Walsh califficó de resultados "sólidos" en 2014, con un beneficio neto de 1003 millones de euros, a los que además de los 50 de la ex-compañía bandera española Iberia, contribuye Vueling y British Airways de forma destacada. Tras la "excepcional" reestructuración de Walsh, que literalmente ha pulverizado el ánimo de la fuerza laboral de la compañía Iberia, rebajado tambien las espectativas de los trabajadores de Vueling, y en menor medida la de BA, acusándose de pagar el fondo de pensiones con los recortes en Iberia por los trabajadores durante las últimas movilizaciones, el gran objetivo de "gibraltarizar" la aviación comercial española, con sus atributos en España como la T4 de Barajas, se han conseguido (el 7,5% pertenece ya a TCI de este y de toda la red de aeropuertos españoles ¡Ojo!). Si a esto le sumamos el importante peso que TCI (The Children´s Investiment Fund) que ya va por el 7,5% de AENA, efectivamente en unos pocos años se ha producido la britanización de la industria aerocomercial y aeroportuaria española. ¿Dónde liquidan sus impuestos?. La TCI es teoricamente una fundación benéfica que según publicaba El diario.es "canaliza su participación en AENA a través de una sociedad luxemburguesa cuyo único accionista es una filial radicada en la Islas Caimán, territorio británico al que la A.Tributaria española considera un paraíso fiscal..." En definitiva ya es el 2º accionista de AENA tras el Estado español como señalaba recientemente EXPANSION Evidentemente el asunto no es baladí, dado que se trata de un sector estratégico para España. Pero claro, ante el libre mercado y la libre competencia parece ser que nada se puede hacer... Según se indica de forma oficial.
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CC OO y UGT aceptan la reforma de salarios que rechazaron en 2011

"La presión para desvincular los salarios de la evolución del IPC sólo tiene por objetivo deprimir más los salarios de los trabajadores", lo decía Comisiones Obreras en un comunicado en marzo de 2011. El sindicato añadía que el "actual sistema, que referencia a la previsión del IPC para la subida salarial y con cláusulas de revisión salarial, es positivo tanto en tiempos de crisis como en tiempos de bonanza". Ese 2011, en las páginas de ABC se ponía en marcha el ataque a esa relación: "La vinculación entre salarios e inflación, en un mundo moderno es una lacra. Impide el ajuste del mercado de trabajo, es un absurdo, una antigualla, un dinosaurio en el siglo XXI", en palabras de José Manuel González Páramo, miembro del Comité Ejecutivo del BCE. El modelo salarial español "no es marxista", sino que es "muy racional y funciona", decía en febrero de 2011 Cándido Méndez, de UGT. Ese año, la reforma quedó en suspenso.
Hasta ahora. El 24 de febrero de 2015, CC OO y UGT anunciaron que aceptan la propuesta de CEOE y CEPYME para que las próximas revalorizaciones de salarios tomen como referencia el Producto Interior Bruto y dejen de estar relacionadas con el Índice de Precios al Consumo. La subida de los sueldos no bajará del 1% y será del 1,5% si el aumento del PIB es del 2%. Este es uno de los puntos que formará parte del acuerdo de negociación colectiva 2015-2017 que se prepara entre estos sindicatos y la patronal.
El anuncio se produce después de que, el pasado mes de enero se haya atravesado una etapa de deflación por primera vez (en ese mes) en una década. La inflación se situó el pasado mes en el -1,3%, de forma que es un momento propicio para presentar esta clase de acuerdo. Sin embargo, no hay que pensar que esta situación se mantenga, apunta Ermengol Gassiot, secretario general de CGT Catalunya, que califica de coyuntural el descenso de precios –debido a la bajada del barril de petróleo– y que señala que el BCE ya está moviendo ficha mediante políticas monetarias para hacer subir los precios de nuevo.
Gassiot apunta que "históricamente cuanto más crecimiento ha habido del PIB ha habido mayor crecimiento de la inflación". Es decir, que la medida sería perjudicial incluso si, en los próximos años se entra en una fase de crecimiento del PIB por encima del 1%. Además, el incremento salarial que están pactando sindicatos y patronal no superará el 2% del salario –al menos hasta 2016– incluso aunque el PIB subiera el 7%, algo que invita a poner en cuarentena el anuncio de que los salarios se relacionarán con "la marcha de la economía". Este sindicato ha publicado una estimación de cómo hubieran quedado los salarios en los últimos años si se hubiera tomado la referencia al PIB en lugar de la del IPC.
Se trata de un nuevo ataque contra los salarios, en palabras de Ermengol Gassiot, de CGT Catalunya, quien considera que el cambio de rumbo en torno a una cuestión clave para el poder adquisitivo de la población asalariada, obedece al momento de "extraordinaria debilidad" por el que pasan las cúpulas sindicales, y la "debilidad" que estas cúpulas perciben en el movimiento obrero. Las informaciones en las últimas semanas acerca de sobresueldos en la dirección de la federación de banca de CC OO [El País], así como otras medidas planteadas por la Administración sobre reducción de horas de liberados y reducción de presupuesto público para empresas de formación, un sector en el que los sindicatos encuentran una importante vía de financiación, son posibles explicaciones, según Gassiot, de la cesión en el tema de los salarios. CGT Catalunya considera que "desvincular los sueldos de su poder de adquirir mercancías y bienes de consumo es renunciar a la capacidad de la lucha por los salarios como una herramienta para mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras y reducir la explotación".
https://www.diagonalperiodico.net/global/25868-cc-oo-y-ugt-aceptan-la-reforma-salarios-rechazaron-2011.html

IAG: Beneficios ( y + precariedad , ....)

El holding IAG, que acoge a Iberia, British Airways (BA) y Vueling, ha registrado un beneficio neto de 1.003 millones de euros, lo que supone multiplicar por más de seis (+564,2%) las ganancias de 151 millones de euros logradas un año antes. Iberia ha conseguido un beneficio de las operaciones de 50 millones de euros, frente a las pérdidas de las operaciones de 166 millones de euros en el ejercicio anterior. A su vez, el beneficio de las operaciones de British Airways alcanzó los 1.215 millones de euros, frente a los 762 millones del año pasado. Vueling registró 141 millones de beneficio.

Iberia
El beneficio de las operaciones antes de partidas excepcionales se situó en 1.390 millones de euros en 2014, lo que supone un incremento del 80,5 por ciento, según ha informado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los ingresos totales crecieron un 8 por ciento, hasta 20.170 millones de euros, con un incremento del 7 por ciento en los costes excluido el combustible y un aumento del 0,6 por ciento en los costes de combustible, con un alza de la capacidad del 9,3 por ciento.
 
Las buenas cifras de Iberia tienen un responsable: “La reestructuración llevada a cabo ha sido excepcional, tanto desde el punto de vista financiero como operativo, y estamos muy orgullosos de lo que ha conseguido, en especial su estricto control de costes. En 2013 anunciamos que nuestra intención era que Iberia fuera rentable en 2014 y hemos cumplido esa promesa”, ha señalado el consejero delegado del grupo, Willie Walsh.
 
Por su parte, el beneficio de las operaciones de British Airways alcanzó los 1.215 millones de euros, frente a los 762 millones del año pasado, demostrando “importantes progresos” en la consecución de sus objetivos a largo plazo. Asimismo, Vueling registró un beneficio de las operaciones de 141 millones de euros, frente a un beneficio de las operaciones de 139 millones de euros en 2013, con la compañía centrándose en un crecimiento flexible, según recoge El Economista.
 
A los niveles actuales de precio del combustible y tipos de cambio, IAG espera obtener en 2015 un beneficio de las operaciones superior a 2.200 millones de euros, con unos costes totales de combustible de alrededor de 5.900 millones de euros, basado en un incremento de capacidad de un 5,5 por ciento aproximadamente.

GALERIA DE BUITRES CCIX

Los 17 expolíticos colocados en las eléctricas y gasistas del Ibex cobraron 3,16 millones en 2014
Los 17 expolíticos que el año pasado se sentaban en los consejos de administración de las compañías de los sectores eléctrico y gasista que cotizan en el Ibex 35, principal índice bursátil español, se repartieron en 2014 un total de 3.163.000 euros brutos, de acuerdo con los datos remitidos en los últimos días por las empresas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En 2014, las puertas giratorias (el polémico paso de políticos al sector privado), que tienen al sector energético como uno de sus destinos predilectos (eléctricas, gasistas y petroleras dan cobijo a un tercio del medio centenar de ex altos cargos a sueldo en consejos del Ibex), funcionaron con brío. El año pasado se incorporaron seis nuevos consejeros con pedigrí en la cosa pública, todos ellos vinculados al Partido Popular y algunos con nula experiencia previa en el sector privado, a dos empresas del sector, Red Eléctrica de España (REE) y Enagás. Ambas se encargan de la operación del sistema eléctrico y gasista, respectivamente, y su principal accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Por empresas, la compañía que más expolíticos tuvo en su consejo de administración es Enagás, con nada menos que ocho (siete del PP y uno del PSOE), seguida de REE, que el año pasado tuvo cuatro (dos por cada uno de los grandes partidos), Iberdrola y Gas Natural (uno del PSOE y otro del PP cada uno de ellas) y Endesa (uno de CiU).
Los mejores sueldos, como es natural, corresponden a los dos únicos que tienen funciones ejecutivas: el presidente de REE, José Folgado, y el consejero delegado de Enagás, Marcelino Oreja. Y entre los no ejecutivos (y teniendo en cuenta solo a los que estuvieron todo el año en el puesto), los emolumentos oscilan entre los 70.000 y los 299.000 euros brutos anuales, a una media de 189.666 euros por cabeza.
El cómputo no tiene en cuenta a altos directivos o asesores (como José María Aznar en Endesa) ni a consejeros de filiales, como el marido de María Dolores de Cospedal (colocado en las subsidiarias de Ingeniería e Inmobiliaria de Iberdrola), dado que su retribución no es pública. Tampoco a personas muy cercanas a políticos en activo, como el empresario hotelero Santiago Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que es consejero de Gas Natural.
De mayor a menor sueldo, el listado es el siguiente:
El presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado Blanco, durante la rueda de prensa. EFE/Ángel Medina G. José Folgado (REE): 746.000 euros. El exvicepresidente de CEOE y ex secretario de Estado de Energía y Presupuestos con José María Aznar, presidente ejecutivo de REE, aumentó su retribución un 2,7% en un ejercicio en el que los resultados de la compañía crecieron un 35,7% por el impacto de los extraordinarios. Folgado, presidente desde 2012, cuando sucedió en el cargo al exministro socialista Luis Atienza, forzó el año pasado un cambio en los estatutos de la empresa para poder seguir al frente una vez rebasados los 70 años. Su mandato acaba en abril del próximo año.
 
Marcelino Oreja (Enagás): 552.000 euros. El año pasado, el beneficio de Enagás se estancó pero su consejero delegado, el exeurodiputado del PP e hijo del excomisario europeo y exministro popular Marcelino Oreja, aumentó su retribución un 30,4%. El incremento "se debe a ser el primer ejercicio desde su incorporación en el que ha percibido la retribución variable correspondiente a un año completo". Oreja fue nombrado número dos de Enagás nueve meses después de la llegada de Mariano Rajoy al poder y tiene encomendada la expansión internacional de la compañía.
Ángel Acebes (Iberdrola): 299.000 euros. El último ministro de Interior de Aznar, que ya se ha embolsado más de un millón de euros como vocal de Iberdrola desde su nombramiento en 2012, es el mejor pagado de entre los expolíticos a sueldo del sector que no tienen funciones ejecutivas, a pesar de que su retribución cayó el año pasado un 5,6%. Doblemente imputado por el caso Bankia y los papeles de Bárcenas, Iberdrola prevé renovarle como consejero hasta 2019.
Braulio Medel (Iberdrola): 273.000 euros. El presidente de Unicaja, que fue viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía con el PSOE, es, como Acebes, consejero independiente de Iberdrola, en cuyo máximo órgano de gestión cumplirá diez años en 2016. Y, como Acebes, también está imputado desde el año pasado, en este caso, por el caso de los ERE en Andalucía.
 
Miquel Roca (Endesa): 245.000 euros. El exdiputado convergente, padre de la Constitución y abogado de la infanta Cristina en el 'caso Urdangarin' es uno de los expolíticos mejor conectados con el Ibex 35. Además de consejero independiente de Endesa (que el año pasado le pagó un 21% menos), es vocal de ACS y secretario (no consejero) de los consejos de Administración de Abertis y Banco Sabadell. Sigue vinculado al bufete que fundó en 1996, Roca Junyent, uno de los más prestigiosos de España, y que en 2014 volvió a asesorar a la eléctrica por unos honorarios que la empresa no especifica pero “no son significativos”, según la compañía.
Nemesio Fernández Cuesta (Gas Natural): 196.000 euros. Uno de los pocos que lleva más años en el sector privado que en el público, su salto a la política llegó en mayo de 1996, cuando fue nombrado secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales en el Ministerio de Industria y Energía. Volvió a Repsol (la compañía de la que procedía) en 2003 y fue escalando posiciones hasta convertirse en su número dos, aunque el año pasado fue sustituido en ese rol por otro expolítico, el peneuvista Josu Jon Imaz. Consejero de Gas Natural en representación de la petrolera, su retribución en esa compañía aumentó el año pasado un 54,3%, aunque el grueso de sus emolumentos viene de Repsol, donde actualmente es director del área Comercial, Química y Gas & Power de Repsol y miembro del Comité de Dirección.
Ángeles Amador (REE): 175.000 euros. Exministra de Sanidad con Felipe González, lleva en el Consejo de Administración de REE, tradicional refugio de expolíticos, desde mayo de 2005 y es la única representante socialista que queda, después de dar su apoyo el año pasado a que Folgado alargara su mandato. Su retribución se mantuvo sin cambios en 2014.
 
Felipe González (Gas Natural-Fenosa): 127.000 euros. El expresidente del Gobierno mantuvo su retribución en la gasista el año pasado, en vísperas de su previsible salida, que en principio debería haberse producido en la última junta de accionistas. González dijo hace un año que dejaría el consejo de la segunda eléctrica española porque es "muy aburrido", pero se quedó un año más. Desde su nombramiento en 2010, se ha embolsado más de 600.000 euros como vocal de la multinacional.
Ramón Pérez Simarro (Enagás): 76.000 euros. Ex secretario de Estado de Energía con el PSOE, es el último reducto de los socialistas en el consejo de Enagás. O el penúltimo, si se tiene en cuenta la cercanía que en su momento tuvo el presidente ejecutivo de la compañía, Antoni Llardén, con el PSC. Pérez Simarro cumplió el año pasado diez años como consejero de Enagás.
Santiago Lanzuela (REE): 61.000 euros. El último en llegar. Fue diputado del PP hasta su renuncia, en julio pasado, para desembarcar en REE, a cuyo consejo se incorporó el pasado 29 de julio en representación de la SEPI. El que fuera presidente aragonés entre 1995 y 1999, diputado por Teruel desde 2000, se despidió del Congreso "emocionado" y tras lograr cosas que creía "difíciles", como hacer "un montón de amigos en distintos partidos".
Rosa Rodríguez Díaz (Enagás): 70.000 euros. Ex viceconsejera de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias y ex vicepresidenta del Cabildo de Gran Canaria, abandonó su puesto en el Ejecutivo insular en marzo de 2013 para irse directa a Enagás. Su nombramiento como consejera independiente se atribuyó a la larga mano de José Manuel Soria, con el que coincidió durante la etapa del actual ministro de Industria en el Gobierno de las islas.
Antonio Hernández Mancha (Enagás): 60.000 euros. El antecesor de José María Aznar en la presidencia de la extinta Alianza Popular, abogado y lobbista, se incorporó al consejo de Enagás en marzo del año pasado, en una maniobra del PP para colocar nada menos que a cuatro consejeros afines, en el año en el que Enagás se convirtió en pieza clave para ejecutar el rescate del fallido almacén de gas Castor, de cuya hibernación se encarga y cuya indemnización al promotor, ACS, costearán los consumidores durante los próximos 30 años. Hernández Mancha, exsenador y exdiputado del parlamento andaluz, se descolgó en noviembre pasado con unas sorprendentes declaraciones a favor de Podemos, con los que dijo simpatizar. 
Ana Palacio (Enagás): 60.000 euros. La última ministra de Exteriores de José María Aznar también se incorporó a Enagás en marzo pasado, tras dimitir como consejera independiente de otra empresa del sector, Hidrocantábrico (filial de la portuguesa EDP). Anteriormente fue vicepresidenta del gigante nuclear francés Areva.
Isabel Tocino (Enagás): 60.000 euros. La exministra de Medio Ambiente, también consejera de Enagás desde marzo, compatibiliza ese puesto con su presencia en el Consejo de Administración del Santander, que el año pasado le pagó 484.000 euros por sus servicios. El banco cántabro lideró el pool de entidades que permitió a ACS cobrar su indemnización de 1.350 millones por el cierre del almacén Castor.
Gonzalo Solana (Enagás): 57.000 euros. Otro agraciado por la tacada de colocaciones ejecutada por la SEPI en la empresa gasista en marzo pasado, Solana fue presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), antecesor de la actual CNMC, durante el Gobierno de Aznar (fue nombrado en el año 2000) y hasta 2005.
Miguel Boyer (REE): 53.000 euros. El exministro socialista abandonó el consejo de REE, en el que se sentaba desde 2010, en marzo de 2014, tras concluir su mandato de cuatro años. Por esos tres meses, cobró 53.000 euros, frente a los 147.000 de todo el ejercicio 2013. Boyer falleció en septiembre pasado a los 75 años.
Luis Valero (Enagás): 53.000 euros. Otro que fue directo del despacho gubernamental al sector privado. Primer secretario general de Industria con José Manuel Soria, cesó de ese cargo en febrero del año pasado, dos meses antes de anunciarse su incorporación a Enagás. Antes de su llegada al Gobierno de Mariano Rajoy fue, durante 15 años, director general de la patronal de los fabricantes de coches, Anfac. En sus últimos meses en Industria, se podía oír contar a Valero anécdotas en privado sobre "nosotros". No se refería al Gobierno, sino al sector automovilístico, al que Soria se ha ocupado de mimar durante toda la legislatura.

Hepatitis C : Tratamiento para TOD@S



24 feb. 2015

Aena : El Expolio

La inferior valoración a la dada por el mercado que hizo el Estado sobre Aena ha hecho que hayan sido los grandes fondos y no las arcas públicas los que hayan ganado 1.300 millones con la privatización del 49% los aeropuertos españoles, pues desde su salida a bolsa el miércoles de la semana pasada, las acciones de Aena se han revalorizado un 33%.
Es decir, que del precio de emisión de 58 euros ha pasado 77,15 euros tras el cierre de la sesión de este jueves, lo que supone que el valor del gestor de los aeropuertos se ha elevado hasta superar los 11.500 millones (desde los 8.700 millones en que comenzó a cotizar), como recuerda Público.
Con la OPV, grandes bancos internacionales y fondos de inversión y de pensiones han pasado a controlar algo más de un 46% del capital de Aena (el resto de la colocación se realizó entre inversores individuales y empleados). Y gracias al espectacular ascenso en bolsa de la compañía, el valor de su inversión ha aumentado en este breve tiempo en unos 1.325 millones de euros. Bank of America, uno de los dos colocadores extranjeros de la OPV, se ha quedado con el 3,9% del capital.
Con ello, se coloca como el segundo mayor accionista de la compañía, tras el fondo británico de inversión The Children’s Investment Fund Management (TCI), que, además, se ha hecho con otro 0,6% del capital de Aena, subiendo su participación al 7,3 por ciento. Este fondo, que ostenta su participación a través del fondo TCI Luxembourg (4,4%) y de Talos Capital Ltd (2,9%), tiene unos 10,95 millones de títulos de Aena y es su principal accionista privado.
El tercer mayor accionistas es el también banco de inversión estadounidense Morgan Stanley (igualmente banco colocador de la OPV de Aena), que cuenta con una participación indirecta del 3,617% del gestor aeroportuario (casi 5,43 millones de acciones). Estos tres inversores controlan, así, casi un 15% del capital.

Aena: Haciendo caja (¿para fondos buitres?)

Aena implantará el ‘carril rápido’ de pago en los filtros de seguridad de Palma
El 1 de mayo se habilitará una cola rápida para pasar los controles de seguridad en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Los usuarios podrán ahorrarse tiempo de espera pagando entre uno y 1’5 euros para pasar por el ‘carril’ rápido, informa la prensa local.
La via prioritaria será una alternativa de pago a las colas en zig-zag por las que, hasta ahora, están obligados a pasar los pasajeros que quieren acceder a la zona de embarque de Son Sant Joan. El mismo servicio se implantó hace dos años en el aeropuerto de Barcelona El Prat y se ha extendido también a Madrid Barajas.
Para Aena, se trata de “un servicio más”, como las salas VIP o la clase business de las compañías aéreas, que ningún viajero está obligado a contratar. Para acceder al carril rápido de los filtros de seguridad en Palma los pasajeros deberán haberlo contratado previamente a través de su aerolínea, que gestionará el cobro. Los turistas que viajen a Mallorca con un vuelo chárter de un touroperador no podrán utilizar esta prestación, pues no se ofrece en estos viajes.
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/aeropuertos/aena-implantara-el-carril-rapido-de-pago-en-los-filtros-de-seguridad-de-palma-251767.html