29 abr. 2015

GALERIA DE BUITRES CCXXIII

El Banco de España pide eliminar las subidas salariales por convenio
El Banco de España afirma que el "incremento en la flexibilidad salarial" asociado a las reformas de la negociación colectiva podría mitigar la destrucción de empleo ante caídas futuras de la demanda, después de constatar que durante la recesión de 2008, la regulación de la negociación colectiva que introducía mínimos salariales de "obligado cumplimiento" para todas las empresas fue una de las "rigideces" que hicieron caer sobre el empleo la mayor parte de los ajustes.
La recomendación llega cuanto patronal y sindicatos se han estancado en las negociaciones para la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de los próximos años, que caducó el pasado diciembre. Tras más de cuatro meses en punto muerto, los sindicatos exigen fijar subidas salariales entorno al 1%, algo que la patronal no parece dispuesta a aceptar.
En un artículo titulado "Negociación colectiva, rigideces salariales y empleo: un análisis con datos macroeconómicos" de su último boletín económico, la institución indica que al inicio de la recesión de 2008 una parte importante de trabajadores tenía fijados incrementos salariales por acuerdos plurianuales firmados en periodo de expansión, si bien los convenios de nueva firma sí incorporaron la nueva situación de caída del PIB.
 "Durante la fase recesiva que se inició en 2008 en España el ajuste salarial fue inicialmente lento, ya que los salarios agregados continuaron creciendo hasta 2011, mientras el empleo se reducía notablemente", subraya el Banco de España, que añade que el inicio de la recesión las empresas que empleaban a casi el 70% de los trabajadores estaban sujetas a un aumento en sus costes laborales que excedía el 2%, mientras que las empresas que contrataban al 30% restante aplicaban incrementos en torno al 1%.
El Banco de España niega que el gobernador Linde se haya subido el sueldo
El gobernador del Banco de España, José María Linde
Tomando como fecha de inicio de la recesión la quiebra del banco norteamericano Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, la autoridad monetaria concluye que los convenios colectivos sectoriales firmados entre octubre de 2007 y agosto de 2008 fijaron incrementos salariales nominales muy similares a los registrados en la etapa de expansión anterior, mientras que los convenios firmados tras el 15 de septiembre fijaron aumentos salariales menores.
En concreto, estima que entre enero de 2009 y diciembre de 2010 la probabilidad de estar desempleado fue un punto superior entre los trabajadores cuyo convenio colectivo para 2009 y 2010 se firmó durante la expansión que entre el resto de trabajadores, siendo la diferencia aún más acusada entre los trabajadores que tenían un contrato temporal.
Por todo ello, concluye que se han producido pérdidas de empleo especialmente intensas entre los trabajadores sujetos a convenios colectivos que, firmados en un momento alcista, fijaban incrementos salariales relativamente elevados, y afirma que en este grupo de trabajadores la probabilidad de perder su empleo fue hasta un 50% superior, o lo que es lo mismo, si hubieran renegociado su convenio después del inicio de la recesión, hubieran reducido su probabilidad de estar desempleado en un 50%.
El Banco de España señala que después de 2010 han tenido lugar varias reformas laborales y, a pesar de que aún no se dispone de datos para evaluar los efectos de la nueva negociación colectiva, espera que en el futuro el ajuste ante eventuales caídas inesperadas de la demanda de trabajo se realice en mayor medida mediante cambios en los salarios, en lugar de a través de fuertes pérdidas de empleo.

GALERIA DE BUITRES CCXXII

Los “pobrecillos” parados estarían “encantados” con otra reforma laboral, según Círculo de Empresarios
El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, pidió este lunes que en España se eliminen "todo tipo de barreras en el mercado laboral" ya que los parados están en la calle y "los pobrecillos" estarían "encantados de tener un marco laboral más flexible".
En una conferencia-almuerzo organizada por el Foro ABC, Vega de Seoane inisistió en que cuantas menos barreras haya, mejor funcionará el mercado laboral y que cuanta más flexibilidad tengan los empresarios, más van a contratar. Vega de Seoane llegó a preguntarse "quién representa a los parados".
Vega de Seoane se mostró crítico con la clase política, a la que echó en cara que no busque el entendimiento, se pierda en el insulto y, entre tanto, no aborde un proyecto de país a largo plazo. "Nos preocupa la ignorancia, la frivolidad, la demagogia y la irresponsabilidad, cuatro jinetes desbocados que van por ahí", afirmó, informa Europa Press
el ínclito Javier Vega Seoane
Durante su intervención, Vega de Seoane recalcó que España es un país que ya durante la Transición, a finales de los años 70, demostró que cuando se pone de acuerdo en cuestiones de mínimos es capaz de salir adelante. Sin embargo, no observa en la España actual ese mismo interés por el consenso, sino "inestabilidad institucional, falta de fe en los poderes públicos y en los dirigentes sociales y políticos".
"El problema que tenemos es que la gente no se fía y está cabreada", dijo para añadir que ello lo que genera es "comportamientos poco racionales" y "una dinámica en la que gran parte de la energía se pierde en pelear unos con otros". "Pasa en la política, donde el insulto es lo que se lleva", ejemplificó.
Preguntado por el problema de la corrupción, Vega de Seoane señaló que "España no es un país corrupto", sino que dado que tiene una amplia población, estas prácticas irregulares aparecen por una cuestión "estadística".
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2015/04/27/el_presidente_del_circulo_empresarios_sostiene_que_los_pobrecillos_parados_piden_otra_reforma_laboral_31960_1011.html

Negocios blindados antes de las elecciones

Se aceleran las concesiones y operaciones especulativas a medida que se acercan las elecciones
A finales de 2014 y principios de 2015, las encuestas arrojaban los mejores resultados para Podemos y los peores para el PP y el PSOE. Ciudadanos todavía no había hecho su aparición espectacular como árbitro de cualquier gobierno y el “caso Monedero” aún no había puesto límites al crecimiento de Podemos. El cambio de ciclo político parecía más cercano y generalizado que nunca.
En esos días los Presupuestos Generales del Estado para 2015 tomaban aire para insuflar la mitad de presupuesto del Ministerio de Fomento a las obras del tren de alta velocidad –un 48% más que el año anterior–, precisamente cuando la paralización de las obras del AVE entraba con fuerza en la agenda política.
Al mismo tiempo, los planes urbanísticos más contestados por el movimiento vecinal, como las operaciones especulativas lanzadas a marchas forzadas por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, o la modificación del plan urbanístico en el barrio de Gràcia, en Barcelona, saltaban obstáculos legales y materiales en una carrera contrarreloj en un año marcado por las elecciones municipales, autonómicas y generales. Una entrega de patrimonio público “que hipoteca a los siguientes gobiernos”, afirma Vanesa Valiño, del Observatori Desc. De la misma forma que hipoteca a las siguientes generaciones la “venta a precio de saldo” de vivienda pública a fondos buitre que han efectuado ayuntamientos con necesidad de liquidez como los de Madrid y Barcelona. Una política que esta investigadora define como “pan para hoy y hambre para mañana”.
La privatización de la gestión del agua o de la sanidad pública, en especial en Valencia y Madrid, con contratos blindados por décadas, había vivido un empujón con la excusa de que la gestión privada ahorraría costes en tiempos de crisis. La gestión pública para “favorecer intereses privados” es cualquier cosa menos nueva, pero, según afirma a Diagonal Eduardo Mangada, exjefe de Urbanismo de Madrid con el PSOE, “este proceso se ha acelerado en los últimos meses ante la inminencia de unas elecciones que indican que va a cambiar el signo político del Ayuntamiento”.
Una incertidumbre que también viven los populares en la Comunidad Valenciana. “El PP da por perdidas las elecciones, pero quieren seguir decidiendo aunque dejen el Gobierno”, dice a Diagonal Mónica Oltra, portavoz adjunta de Compromís, en referencia al intento de prorrogar antes de las municipales las concesiones a la sanidad privatizada en la comunidad. Joan Ribó, concejal de Compromís en Valencia, confirmaba los motivos detrás de tanta prisa por licitar, inaugurar y prorrogar: “El PP quiere asegurar los contratos a las empresas del Ibex 35 con el próximo cambio de gobierno”.
En la ciudad de Barcelona, donde las encuestas sitúan el partido de Ada Colau en un ajustado primer lugar, los partidos que han gestionado hasta ahora la ciudad “están realmente asustados”, dice Vanesa Valiño. Desde Barcelona en Comú, Eloi Badia, número 12 de la lista, identifica que hay un “gran interés en este 2015: cuantos más contratos, mejor, de forma que se pase el poder de decisión de la ciudadanía y la Administración pública a los consejos de administración de las empresas”.

Un espacio de pugna

Pero no todos los intentos de dejar todo “atado y bien atado” han dado resultado, como demuestra la operación especulativa sobre la torre Deustche Bank en el barrio de Gràcia, que ha quedado aplazada hasta después de las elecciones ante la oposición que despertaba entre las asociaciones de vecinos, cuenta Valiño. “Están asumiendo parte de las demandas para darse legitimidad”, resume esta investigadora del Observatori Desc. Algo semejante –denuncia Antonio Gómez, de CAS Madrid– ocurre con las críticas emitidas desde filas socialistas a políticas del PP que los socialistas apoyaron o impulsaron como los desahucios exprés o los hospitales público-privados a través de la aprobación de la Ley 15/97.
Tampoco resultan tan fácil de atar las cosas en Navarra, donde el descalabro de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha situado a esta comunidad a las puertas de un cambio político. “Lo que pasa es que están tan débiles que no atinan, tienen mucho miedo, se lo hemos metido también”, dice Patxi Zamora, de Kontuz, una asociación que ha contribuido de forma especial a este descalabro. A través de un grupo de investigación periodística y trabajo en los tribunales, Kontuz ha conseguido sentar en el banquillo a cinco de los seis presidentes forales que ha tenido Navarra. Y a través de grandes movilizaciones, como la de marzo de 2014 en la que participaron 35.000 personas y toda la oposición política, también ha logrado que “nadie pueda decir que no sabía qué estaba pasando” en la Caja de Ahorro de Navarra y la trama de corrupción que afectaba a los principales partidos de la comunidad, explica Zamora.
Por si quedaban dudas, “Navarra no es Suiza”, dice Zamora. “Aquí, UPN y el PSOE llevan gobernando juntos decenios y han dejado la comunidad como un erial para generaciones, han intentado privatizar todo, y eso será una de las cosas que habrá que cambiar. El sistema está totalmente blindado y es muy difícil darle la vuelta. Si viene gente que haga las cosas más o menos bien tenemos claro que vamos a tener que ejercer algún tipo de desobediencia para que las cosas cambien”, defiende Zamora.

Descastados

Una de las últimas columnas de Moncho Alpuente para el Periódico CNT

Una campaña electoral en la que los partidos con más presencia mediática o no están, o acaban de llegar, resulta por lo menos atípica, sobre todo cuando esa presencia se la dan, hasta la sobredosis, sus más directos rivales.
Conscientes por fin de haber perdido la confianza de la masa electoral, la cabezas visibles del bipartidismo tratan de recuperar posiciones frente a los avances de Podemos por la izquierda (se supone) y Ciudadanos por la derecha (se sabe) formaciones acosadas y bombardeadas desde todos los ángulos del poder bicéfalo. El que fuera tercero en la discordia IU se descompone se fragmenta y se descoloca mostrando una fragilidad que proviene, entre otras cosas, del dominio del aparato del PC, descabezado también y experimentado verdugo de cualquier disensión interna en nombre de un centralismo democrático que tiene más de lo primero que de lo segundo. La herencia del gran hermano Stalin sigue asomando el colmillo retorcido aunque sus más caducos representantes hayan sido desplazados, quitados de en medio de momento, para dar paso a una nueva y un tanto ilusa nueva generación llamada para limpiar sus siglas y airear esa casa común que huele a rancio.
A Podemos y a Ciudadanos les están haciendo campaña sus enemigos (que hablen de mí aunque sea bien) pero también hay quien mete baza en este concurso de desafueros para obtener su hueco en los telediarios que acogieron con fruición las declaraciones del candidato de Vox (Ultravox) por Andalucía sobre la islamización que según su insano criterio pretende llevar a cabo Pablo Iglesias y que culminaría con la defenestración de todos los homosexuales de Al Andalus desde la torre de La Giralda. Disparates y despropósitos para todos en el aperitivo de la temporada electoral, grandes rebajas en Podemos con Pablo Iglesias como amado líder y déspota ilustrado en ciernes controlando una formación nacida (también es un suponer) para el pluralismo en la que cualquier tipo de culto a la personalidad debería ser descartado. Pero así funciona la mecánica de nuestra joven y caduca democracia. Como recordaba el añorado maestro García Calvo, la democracia sería el poder del pueblo pero el pueblo no quiere el poder, quiere (añado de mi cosecha) poder hacer las cosas de otra manera.

28 abr. 2015

Morir trabajando

El 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), cada año mueren 2,3 millones de trabajadores y trabajadoras por enfermedades o accidentes laborales

Los datos de la OIT son escalofriantes: cada 15 segundos, un trabajador o trabajadora muere a causa de accidentes laborales o enfermedades ocasionadas por el trabajo. Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral.
Además, "Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral", anuncia la OIT.
Sin embargo, esta organización inmediatamente se preocupa por otro dato. Según Guy Rider, el director general de la OIT, el "Cuatro por ciento del producto interior bruto mundial, cuya astronómica cifra asciende a 2,8 billones de dólares de los Estados Unidos, va a parar cada año a sufragar los gastos relativos a la pérdida de tiempo de trabajo, los cortes de producción, el tratamiento médico, la rehabilitación y las indemnizaciones".
Es decir, para esta agencia especializada de la ONU, lo preocupante es el coste que estos datos significan para la patronal, más allá de las miles de vidas que se pierden.
Ante ello, hacen campaña llamada ’SAFE-DAY’ llamando a que se invierta en medidas de seguridad laboral y a "construir entre todos" una "cultura de prevención en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo". Como si la causa de los 2,3 millones de muertes de trabajadores y trabajadoras fuera la "falta de cultura" y además la responsabilidad fuera de patrones y trabajadores por igual.
No es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras de la salud morirse contagiados de enfermedades mortales, ni de los mineros en los pozos bajo tierra o de los obreros de la construcción colgados de los andamios. Tampoco de las mujeres trabajadoras, enfermarse de la explotación laboral en las maquilas, en las fábricas de la industria o en los trabajos de limpieza.
Es responsabilidad de los capitalistas que buscan ahorrarse los costos de la salud y seguridad de la clase trabajadora. Y arrancarles de sus propias vidas si fuera necesario, las ganancias para llenar sus arcas.
Hoy en el Estado español, los trabajadores técnicos de Telefónica-Movistar están en huelga indefinida luchando por sus condiciones de precariedad laboral. Entre ellas, lo altamente peligroso que es realizar instalaciones arriba de una escalera, sin equipos técnicos apropiados, sin acompañante, como marca el convenio laboral. "Además de los accidentes, cada año mueren entre tres y cuatro compañeros", denuncia Oton, trabajador técnico en huelga. También Silvia, trabajadora contratista, nos explica lo difícil que fue para ella trabajar arriba de una escalera cuando estaba embarazada.
"Nuestra lucha, es una lucha de toda la clase trabajadora que sufre nuestras mismas condiciones de precariedad y falta de seguridad laboral", dice Josue, joven trabajador contratista.
Se acerca el Primero de Mayo y sobran motivos para salir a las calles a manifestarse. Este es otro más: el de dejar de "morir trabajando".
 http://www.laizquierdadiario.com/Morir-trabajando

GALERIA DE BUITRES CCXXI

20 jefes de la banca acumularon 570 millones en pensiones en plena crisis

Alfredo Sáenz tenía 68 millones en su plan de pensiones a finales de 2007. Salió en 2013 y ya eran 88,2 millones. Francisco González tenía 61,3 millones en 2007. Dos años después los consolidaba por 79,5 millones (30% más). Francisco Luzón sumaba 45,5 millones antes de la debacle y en 2011, cuando se fue, eran 63,6 millones (un 40% más).
  La crisis estallaba en España en 2008, descubriendo que este país había crecido montado en una burbuja alentada por la banca a través del crédito fácil. Cuando, tras la quiebra de Lehman Brothers, los mercados internacionales dejaron de dopar al país con dinero barato porque ya nadie se fiaba de nadie, se acabó la fiesta del milagro español. Se cerró el grifo del crédito, se disparó el desempleo y la morosidad, especialmente la de los promotores inmobiliarios, y un temporizador se activó en el corazón de la banca. España entraba en la peor crisis desde que volvió la democracia. Con la economía enferma, el futuro se volvió incierto. Para quien quería incorporarse al mercado laboral, quien estaba en él y quien se acercaba a la edad de abandonarlo. No todos. 
Alfredo Sáenz
Mientras recomendaban desde sus informes reformas estructurales, incluido un recorte en pensiones para hacer sostenible el sistema, y le susurraban a presidentes de uno y otro signo en reuniones en Moncloa que no les temblase el pulso, los primeros ejecutivos del Ibex se apresuraron a proteger su propio futuro con fuertes dotaciones a sus planes de pensiones o cambios en las condiciones de los mismos para rescatarlos aunque siguieran en activo. Los más activos fueron los gestores de los grandes bancos. Una veintena de ellos sumaba derechos por importe de 570 millones de euros, bien acumulados en las pensiones devengadas por su entidad a finales de 2014 o bien porque ya los tienen a buen recaudo por haber ejercitado su cobro en forma de capital a lo largo de la crisis.
El Santander modificó desde los albores de la crisis la configuración de los planes de pensiones de sus consejeros ejecutivos y de la alta dirección permitiendo que, al cumplir la edad de jubilación (65) o prejubilación (entre los 60 y 64), pudiesen optar por cobrar la cantidad acumulada de una sola vez, en lugar de mensualmente como complemento hasta el fallecimiento. Los dos primeros espadas del banco entonces, Emilio Botín (presidente) y Alfredo Sáenz (consejero delegado), ambos con la edad de jubilación ya cumplida, fueron de los primeros en acogerse a esta posibilidad en 2009. Siguieron en el banco, pero ya se habían asegurado el cobro de lo acumulado cuando se jubilasen de forma efectiva.
Francisco González
En el caso de Alfredo Sáenz ese momento llegó en abril de 2013, después de que el Tribunal Supremo anulase los efectos administrativos del indulto que aprobó en su favor el último consejo de ministros de José Luis Rodríguez Zapatero. La anulación parcial de dicho indulto fue suficiente para que el Banco de España tuviese que pronunciarse sobre si Sáenz cumplía los criterios de honorabilidad del nuevo Real Decreto aprobado por Luis de Guindos (real decreto 256/2013 de 12 de abril) con las recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea sobre criterios de buen gobierno. Sáenz optó por marcharse antes.
Gracias a los cambios en su contrato, pudo solicitar el rescate de su plan de pensiones íntegro: 88,17 millones de euros brutos. El exconsejero delegado del Santander fue durante años el ejecutivo mejor pagado de España pero además la dotación a su plan de ahorro para la jubilación creció con fuerza durante la crisis. Pasó de 68 millones a cierre de 2007 a los citados 88,17 millones, que incluían la parte dotada durante su paso por Banesto. El abono en una única prestación se dividió en 38,2 millones de euros netos en efectivo y 2,2 millones de acciones del banco (con un coste de adquisición de 12,2 millones de euros) que no puede vender hasta finales de abril de 2018. A cierre del viernes pasado esas acciones valían ya 14,8 millones de euros.
Emilio Botín fallecía el año pasado a los 79 años de edad. El expresidente de la entidad había ejercitado también su opción de acogerse al abono en una única prestación, es decir, consolidó sus derechos, motivo por el que los 25,8 millones de euros brutos que acumulaba a cierre de 2013 corresponden ahora a sus herederos. 
Matías Rodríguez Inciarte
En 2010, era Matías Rodríguez Inciarte quien, superados los 60 años, se acogía a la opción de recibir su pensión en forma de capital cuando se jubilase porque, de momento, sigue en la entidad. Al optar por esta posibilidad, el fondo de pensiones del vicepresidente del Santander dejaba desde ese momento de recibir nuevas aportaciones, sí recibe en cambio el interés anual pactado con el banco. Antes de solicitar la prejubilación, el acumulado de Rodríguez Inciarte era de 52,5 millones (un 18,8% más que a finales de 2007). 
También se acogió a la nueva fórmula de cobro el que fuese máximo responsable del negocio en América del Santander, Francisco Luzón, quien se prejubiló a finales de enero de 2012, recibiendo ya en ese momento como derechos de prejubilación 2,8 millones de euros. Justo el año anterior, los derechos acumulados de su plan de ahorro para la jubilación pasaban de 55,9 a 63,6 millones de euros (un 14% de subida en un año). Según el informe anual de la entidad, se debió a "un cambio en la situación familiar del consejero". Luzón alcanzaba la edad de jubilación en enero de 2013, momento en que solicitó el abono en una única prestación de sus fondos acumulados, que alcanzaban ya un importe bruto de 65,4 millones. Recibió 21,1 millones de euros netos en efectivo y 1,14 millones de acciones del Santander (por un valor entonces de 7,1 millones de euros). Actualmente esas acciones valen medio millón de euros más.
Ana Botín ha pasado de 18 millones de euros a finales de 2007, cuando además de consejera del Santander era presidenta ejecutiva de la filial Banesto, a 40,1 millones a cierre de 2014, ya como presidenta del grupo, en los que se incluye el plan que tiene externalizado con otra aseguradora precisamente desde su paso por Banesto. En medio, ha sido máxima responsable de la filial británica del grupo, a la que se incorporó a finales de 2010.  
No menos llamativas son las aportaciones al plan de ahorro de Juan Rodríguez Inciarte, un histórico de la entidad que llegó al consejo en 2008 y de una dotación procedente de sus cargos de directivos de 9,9 millones a cierre de ese año pasa a 13,7 millones seis años después (un 38,4% más).

El otro gigante bancario español, el BBVA, no le ha ido a la zaga al Santander ni en cantidades ni en sumarse a la práctica de asegurar el cobro del plan de ahorro para la jubilación por parte de ejecutivos que siguen en activo. En 2009, al haber cumplido el presidente del banco, Francisco González, los 65 años, el consejo de administración de BBVA procede a consolidar los derechos acumulados, que ascienden en ese momento a 79,8 millones de euros, y externalizarlos en una póliza que podrá percibir una vez abandone sus funciones ejecutivas en la entidad. 
Fue precisamente la decisión de González de seguir al timón del banco lo que hizo que dejase la entidad el que había sido hasta 2009 y durante ocho años consejero delegado de BBVA, José Ignacio Goirigolzarri. No se fue de vacío. Pudo cobrar de una vez los 68,7 millones de euros correspondientes a sus derechos de ahorro externalizados en una póliza de seguros contratada por el banco. ¿Fue aquella la jubilación de Goirigolzarri? Ni mucho menos. Desde mediados de 2012 está al frente de Bankia, cuyas riendas cogió tras la precipitada salida de Rodrigo Rato de la entidad. Actualmente, Bankia no tiene compromisos de ahorro por jubilación con sus consejeros. 
El consejero delegado actual de BBVA, pese a haber pasado los peores años de la crisis en el cargo, no lleva mal ritmo de acumulación en su plan de ahorro jubilación. Ángel Cano cerraba 2010, su primer año completo como CEO, con derechos por importe de 14,6 millones de euros. En 2012, tras el rescate de la banca española por parte de Europa y aquel movido verano en que todos los poderes fácticos diseñaron planes por si se rompía el euro, recibe el primer empujón fuerte. El informe anual de BBVA explica que es "la situación en los mercados de deuda de bonos corporativos de alta calidad" y la normativa la que le obliga a "una actualización de los tipos de interés para las prestaciones post-empleo". Esto se traduce en una aportación de 6 millones de euros al plan de jubilación de Cano. A finales de 2014 el acumulado era ya de 26 millones (un 79% más que cuando llegó al cargo).

Si hay algo que comparten la mayoría de los bancos y de las empresas del Ibex en general es la alta edad de los consejeros. No es casualidad que ya se hayan comentado unos cuantos casos de ejecutivos que han alcanzado la edad de jubilación, han ejercitado la opción de su plan de jubilación y han seguido en la entidad. El caso del Banco Popular es una prueba de qué pasa cuando se sigue la tradición de nombrar en los puestos ejecutivos a personas de dentro de la entidad y se escoge a personas con una larga, muy larga trayectoria.
En julio de 2007 es nombrado consejero delegado del Popular José María Lucía en sustitución de Francisco Fernández Dopico, que había cumplido ya los 65 años. El nuevo CEO tenía 60 años de edad y poco más de un año después dimite por razones de salud. Le sustituye Roberto Higuera, nombrado en septiembre de 2008 y quien un mes después cumple los 65 años, por lo que se jubila en 2009, aunque sigue como consejero. Entre los tres acumulan en el momento de abandonar la entidad derechos por importe de 26,2 millones. 
Pero si hay un consejero que pasa por el máximo órgano ejecutivo del Popular con el plan de jubilación más alto no es uno de ellos, ni siquiera el presidente, Ángel Ron. Es José María Arias Mosquera, presidente del Banco Pastor, la entidad que fue adquirida por el Popular en 2012, y hoy vicepresidente del Popular. Arias llega con unos derechos devengados por importe de casi 14 millones de euros. 
Las grandes cifras de las jubilaciones han hecho pasar desapercibidos otros planes de jubilación que en comparación parecen mucho más modestos pero que también han crecido con fuerza durante la crisis. Es el caso de Ángel Ron, el presidente del Popular, que ha pasado de contabilizar 3,4 millones a finales de 2007 a 7,8 millones a cierre de 2014, un 129,4% más. O Francisco Aparicio Valls, que pasó de poco más de medio millón de euros a 3,7 millones en el mismo periodo. 
La gran banca española ha vuelto a los grandes beneficios. El plan de expansión monetaria de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, riega de euros desde hace meses forzando al fin que se abra el crédito. Dicen que lo peor ha pasado pero ni la mejora ha llegado a todo el mundo ni todo el mundo pasó por lo peor.
http://sabemosdigital.com/hoy/512-jefes-de-la-banca-acumularon-570-millones-en-pensiones-en-plena-crisis

1º de MAYO, 12 h. Legazpi-Atocha

CGT coincide con Cospedal: El gobierno de España también ha trabajado mucho para saquear Aena

- Aena, la empresa pública gestora de los aeropuertos, se regala por menos del la mitad de su valor.
- TCI ha visto incrementado su patrimonio en solo 75 días en 365 millones de euros.
- Hoy se cumplen 75 días de expolio del patrimonio público, desde la privatización de Aena.
- CGT denuncia la perdida de plantillas en los aeropuertos de Aena, que ponen en riesgo la seguridad operacional
La Sección Sindical de CGT en Aena ha enviado hoy un escrito a partidos políticos, diputados, asociaciones sociales y de consumo, más de 800 interlocutores de la sociedad civil y política de España, denunciando la estafa y el fraude que ha supuesto la privatización de Aena a los 75 días de su salida a Bolsa.
La denuncia se hace eco de las palabras de Dolores de Cospedal: “Hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país". El saqueo es de magnitudes estratosféricas. En la carta se ponen negro sobre blanco los beneficios obtenidos por los fondos buitres y bancos colocadores, grandes beneficiarios de esta transferencia de un bien público rentable a manos privadas. Unos beneficios que se han obtenido sin generar riqueza real, sino a través de un proceso fraudulento.
TCI ha visto incrementado su patrimonio en sólo 75 días en 365 millones de euros. También destacan HSBC y Morgan Stantley con un incremento patrimonial de 160 y 113 millones de euros respetivamente. No se quedan atrás Bank of America y Fidelity con incrementos en unos 40 millones de euros.
Todo esto quiere decir que el accionariado actual de Aena no está compuesto por capitales estables que busquen la mejora en la operación, sino por fondos cortoplacistas que requieren beneficios inmediatos. Básicamente, se ha hecho una transferencia de renta desde lo público y estatal hacia bancos de negocio, los que iniciaron la crisis mundial con sus negocios de hipotecas basura, y hacia fondos de inversión extranjeros.
CGT denuncia que quienes se autodenominan patriotas y defensores a ultranza de la unidad de España han regalado la mitad de un bien público, estratégico y fundamental para la economía del país, construido durante generaciones con el esfuerzo ciudadano, a especuladores extranjeros que no aportarán a la gestión del modelo aeroportuario más que voracidad en la obtención de dividendo a costa de la seguridad operacional y del mantenimiento normal de las instalaciones, como ya hemos comprobado en tantos otros casos, e inestabilidad en la toma de decisiones.
Igualmente intenta poner cara a esa pérdida de patrimonio público, con el ejemplo de su impacto en el sostenimiento de hospitales públicos de referencia.
Finalmente, denuncia la perdida de plantillas en los aeropuertos de interés general, que ponen en riesgo la prestación de un servicio de calidad y con seguridad operacional y reclama a estas organizaciones que soliciten comisiones de investigación para encontrar los responsables de este expolio. Así mismo se les solicita a los partidos políticos, que incluyan en sus programas electorales el mantenimiento de la propiedad y la gestión de la red pública de aeropuertos de interés general.
Ver documento que se menciona [ https://docs.google.com/file/d/0B5cwjiBGV_MRcUJFQ2dYXzR5UTljNzBjb3VLY05U... ]
CGT - Aena
 http://rojoynegro.info/articulo/acci%C3%B3n-sindical/cgt-coincide-cospedal-el-gobierno-espa%C3%B1a-tambi%C3%A9n-ha-trabajado-mucho-saquear

26 abr. 2015

Un modelo de ciudad atado de cara a las municipales

Los ayuntamientos aceleran las operaciones especulativas
Rascacielos, centros comerciales y megahoteles de lujo en edificios históricos... Más de dos docenas de proyectos urbanísticos se han impulsado o se han reactivado desde el Ayuntamiento de Madrid a pocos meses de las elecciones municipales. Unas elecciones que pueden terminar con 24 años de gobiernos del Partido Popular o, por lo menos, obligar a complejos pactos postelectorales.
Muchas de estas operaciones se incluían ya en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), pero viendo las dificultades para aprobar el plan antes de las elecciones, el Ayuntamiento ha decidido asegurarlas de forma individualizada de cara a los próximos comicios. Con ellas se da un paso más hacia un modelo de ciudad “al servicio de los intereses privados”, según denuncian desde la plataforma No a Este Plan Urbanístico, que ha expuesto en su Mapa de los Horrores buena parte de las operaciones que cambiarán Madrid a gusto del PP.
“El Ayuntamiento de Madrid ha abandonado la revisión del plan general de 1997, pero sigue actuando al margen del planeamiento a través de modificaciones puntuales o interpretaciones torticeras para hacer intervenciones en Madrid dirigidas a favorecer a intereses inmobiliarios”, explica Eduardo Mangada, responsable del área de Urbanismo durante el gobierno del PSOE en la comunidad.
La Operación Canalejas fue uno de los primeros grandes proyectos de la legislatura impulsados con la ambición de dar un vuelco a edificios singulares de la zona centro de Madrid. La empresa de Juan Miguel Villar Mir –OHL– es la beneficiaria de un proyecto con el que se convertirían seis edificios de esta plaza en un centro comercial y un hotel. Para ello se cambiaron hasta ocho artículos de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Aun así, las obras han ido más allá de lo permitido por el Ayuntamiento, que, tras años de denuncias por expolio y destrucción del patrimonio, a finales de marzo decidió paralizar parcialmente las obras y poner en marcha un expediente disciplinario contra la empresa por hacer cambios no autorizados en estos edificios.
Ana Botella también ha intentando aprovechar estos últimos meses de gobierno municipal para reactivar otra de las grandes operaciones urbanísticas, la Operación Calderón, que después de diez años de trámites sigue enfrentándose a la oposición de los vecinos de la zona, que no quieren ver cómo el espacio donde se encuentra la antigua fábrica de cerveza y el estadio rojiblanco se convierte en otra zona más de rascacielos. El plan parcial del proyecto, liderado por FCC, se aprobó en noviembre pasado con los únicos votos del PP y el rechazo del resto de grupos del Consistorio. En marzo se publicó en el boletín oficial. “Seguramente se recurra por los vecinos y por Ecologistas en Acción”, señala a Diagonal Nines Nieto, integrante de esta organización. “Al Ayuntamiento le da todo igual, su objetivo es dejar cerrados determinados proyectos, los más importantes y de más peso económico, y le da igual si lo hace de forma legal o ilegal, pasando por encima de lo que opinen los vecinos”, se lamenta. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió el pasado jueves, 23 de abril, declarar ilegal el plan urbanístico, al considerarlo incompatible con la ley regional de suelo.
La remodelación de la Plaza de España dejará sólo tres de los 500 árboles actuales para dar espacio a otro centro comercial más y un aparcamiento que dé servicio al megacomplejo de ocio que Wanda Group quiere establecer en el emblemático edificio España. La operación Chamartín, impulsada por BBVA y el Grupo San José, ampliará en 3,7 kilómetros esta calle con más viviendas de lujo y centros comerciales. El Ayuntamiento se ha comprometido a aprobar su pla­nea­miento urbanístico antes de las elecciones de mayo. La lista sigue con la remodelación del Paseo de la Dirección, en manos de Dragados –ACS–, con otro nuevo centro comercial en Madrid Río y otros tantos proyectos más que se han impulsado o reactivado en los últimos meses. Ahora Madrid, en segundo lugar en las encuestas, ha anunciado que si gana el Ayuntamiento pondrán en cuarentena estos proyectos.

Más ‘ciudad marca’

Mientras, en Barcelona, el Ayuntamiento de CiU apostó en 2014 por impulsar –más si cabe– el turismo con la redacción de un nuevo Plan de Usos que daba vía libre a la apertura de más negocios hoteleros en el barrio de Gràcia. Vista la reacción vecinal, el alcalde ha reculado, suspendiendo temporalmente las licencias hoteleras en el casco antiguo de este barrio. Eso sí, las ya otorgadas siguen adelante, entre ellas el hotel de la Torre Deutsche Bank, un proyecto con el que la promotora –el grupo de inversión KKH Property Investors– se embolsará 27 millones de euros en plusvalías, que es la diferencia entre lo paga­do por los terrenos y el valor que alcanzarán si se aprueba la modificación del plan urbanístico que per­mitirá el derribo y construcción de un hotel de lujo. Ada Colau, candidata de Barcelona en Comú, ya ha anunciado que paralizará el desa­rrollo del proyecto si gana las elecciones. La presión ciudadana ha conseguido que la decisión fuera aplazada hasta después de las elecciones.
El Ayuntamiento de Valencia, otro de los bastiones del PP que podría cambiar de color, también se lanzó a planear grandes cambios a futuro en la ciudad con su nuevo plan urbanístico, que tenía el rechazo de toda la oposición y con el que se iban a urbanizar 415 hectáreas de huerta valenciana. El Gobierno de Barberá finalmente decidió dar carpetazo al plan urbanístico, dejándolo fuera del orden del día de la Comisión de Urbanismo que tendría que haber tratado para llegar a tiempo a su aprobación antes de las municipales. La remodelación del barrio del Cabanyal, uno de sus principales objetivos urbanísticos, también podría quedar definitivamente en el cajón como moneda de cambio para conseguir el apoyo de Ciudadanos o UPyD.
El impulso acelerado de grandes proyectos “está unido a otro proceso muy grave: la venta a bajo precio del patrimonio público”, señala Mangada. Desde que en julio de 2013, el Ejecutivo español decidió poner en venta 15.000 inmuebles del patrimonio público, Madrid no se ha quedado a la zaga. En noviembre, el Consistorio vendió a la inmobiliaria Ibosa las históricas cocheras que Metro Madrid tenía en Cuatro Caminos por 88 millones de euros. Su futuro será dar espacio a un rascacielos con 443 viviendas y edificios de oficinas. El mismo día, el Ayuntamiento hacía otra gran venta de patrimonio de Metro Madrid, el recinto Granada-Cavanilles por otros 28 millones a Domo Gestora, y los terrenos de la antigua estación de Puerta Bonita por 1,4 millones más.
“A dos meses de las elecciones, el PP está haciendo unas concesiones a muy largo plazo que van a dejar a los nuevos gobiernos con las manos atadas, con compromisos y concesiones que serán difíciles de derogar o cambiar”, señala Alberto Pellería, de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio.
La privatización del Mercado de Legazpi, con una concesión a 40 años, es una de ellas. Frente a la reclamación de los vecinos del barrio de que se les cediera el espacio para que “organizaciones sociales y entidades ciudadanas del distrito lo autogestionaran”, los planes del Ayuntamiento para el recinto pasan por convertirlo, también, en un centro comercial. Botella también ha autorizado ya la concesión por 40 años de la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, para que se abra allí un nuevo hotel.

Pisos públicos a fondos buitres

Como uno de los casos más sangrantes en Madrid, Mangada subraya la venta de vivienda pública de la EMVS e IVIMA a fondos buitres, un asunto que actualmente está bajo investigación en los juzgados. En Barcelona, en 2010 hubo una primera operación de privatización de la gestión de más de 300 viviendas públicas, que cayeron en manos del fondo de inversión Azora, pero, a diferencia de Madrid, el Ayuntamiento no ha perdido su titularidad. A principios de 2014 repitieron la jugada con 400 viviendas más, también con Azora. Vanesa Valiño, del Observatori Desc, explica que en Barcelona se había acelerado el proceso de privatización en los últimos años y advierte de que aún hoy hay muchas operaciones de este tipo que no conocemos. “Nos vamos a sorprender de las miles y miles de viviendas que se han vendido. Recientemente nos enteramos de que Catalunya Caixa estaba malvendiendo todo el stock inmobiliario en beneficio de Blackstone, un fondo especulativo estadounidense”.
Sin embargo, Valiño también destaca que, con la emergencia de otras fuerzas políticas con raíces en movimientos sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, o asociaciones de vecinos, “están, al menos aparentemente, reaccionando”. Valiño pone como ejemplo el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que la Generalitat aprobó en marzo, aunque su alcance sea “limitado” y muchas de sus medidas ya estaban recogidas en normas anteriores, como la prioridad de la Generalitat y las administraciones locales en la compra de pisos vacíos.
“Lo que está haciendo la Generalitat es reconocer un problema y es que los fondos inmobiliarios están arrasando con el parque de viviendas, y ha sido producto de la lucha que venía haciendo la PAH, el Observatori Desc y las organizaciones sociales. Existe un temor a que pueda haber un cambio de gobierno, pero se están dando cuenta de que tienen, al menos aparentemente, que cambiar el discurso y empezar a impulsar otro tipo de políticas”, dice.

Entramado legal

Barcelona también ha puesto en venta algunas de sus joyas arquitectónicas a precios de ganga. Valiño señala el caso de la Casa Bures, un edificio modernista que ha pasado a un fondo buitre por 18 millones de euros. El edificio se convertirá ahora en viviendas de lujo, destino parecido al Centro de Excursionistas de Catalunya, que un fondo inglés convertirá en apartamentos turísticos.
“Se ha montado todo un entramado legal para que estos fondos de inversión especulativos tengan facilidad para operar y eso no viene con el Partido Popular, el grifo lo abre Zapatero cuando crea la ley para que puedan invertir a través de las Socimi [la sicav de la vivienda], sociedades de inversión liberadas del pago de impuestos”, explica Valiño. “No es una cuestión solamente de libre mercado, sino que se ha creado un entramado legal que está posibilitando que sea un negocio”, concluye. Es la herencia con la que tendrán que lidiar los siguientes gobiernos.

TTIP vs Transgénicos

La Comisión Europea cede en el TTIP y agiliza la entrada de transgénicos
La nueva propuesta de Reglamento sobre importación de organismos modificados genéticamente (OMG) de la Comisión Europea desmiente sus afirmaciones de que no se plegará a las presiones de EEUU sacrificando preocupaciones ambientales y de salud en aras del libre comercio.
La Comisión Europea ha afirmado reiteradamente que los transgénicos quedarían fuera de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TTIP), y que este acuerdo en ningún caso pondría en peligro la seguridad de los alimentos en la Unión Europea. Sin embargo, la propuesta de normativa de la Comisión de 22 abril 2015 constituye un claro intento de agilizar la entrada de OMG en la Unión Europea, y elimina de un plumazo la posibilidad de que los gobiernos puedan prohibir la entrada de este tipo de productos en su territorio por razones ambientales o de seguridad alimentaria.
La propuesta de Reglamento de la Comisión se presenta como un avance en la “democratización” de las decisiones europeas sobre importación de OMG, pero en realidad supone un claro retroceso encaminado a agilizar el proceso europeo de autorización. Lo más grave, no obstante, es que elimina la posibilidad de que los países se acojan a la cláusula de salvaguardia que ha permitido a los gobiernos hasta ahora responder a las legítimas preocupaciones ciudadanas por cuestiones de salud y medio ambiente.
El proceso de autorización de OMG en la Unión Europea permite a la Comisión dar luz verde a un producto modificado genéticamente en caso de falta de acuerdo del Consejo. La Comisión ha utilizado de forma sistemática esta prerrogativa, aprobando nuevos OMG sin tener en cuenta las objeciones de los gobiernos y de la ciudadanía europea. La propuesta de Reglamento de la Comisión reconoce este déficit democrático y propone cambiar las normas existentes, eliminando de la regulación comunitaria la citada cláusula de salvaguardia y permitiendo en cambio a los países prohibir el uso de OMG con fines alimentarios. Todo ello con la excusa devolver a los países su capacidad decisoria.
A primera vista, esto parecería positivo. Pero no es así cuando se analiza la letra pequeña. La nueva normativa ni siquiera menciona el principio de precaución y no permitirá en ningún caso a los gobiernos alegar razones ambientales ni de salud para prohibir un OMG en su territorio. Además, establece claramente que toda prohibición estará supeditada a unas normas internacionales comerciales (sobre no discriminación a las importaciones, por ejemplo), que en la práctica dificultarán enormemente cualquier decisión en este sentido. De aprobarse, de hecho, la propuesta de Reglamento consolidaría un proceso de autorización cuya decisión última se sustrae al control democrático, y que otorgaría mayor peso decisorio a los dictámenes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), cuyos conflictos de interés han sido criticados duramente por el Parlamento Europeo.
Paralelamente, la Comisión está contemplando la posibilidad de aprobar en los próximos días la entrada en la Unión Europea de 17 nuevos OMG para consumo humano o animal. Los nuevos OMG incluyen variedades de maíz y de soja tolerantes a distintos herbicidas, incluido el glifosato, clasificado recientemente por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno. También está previsto renovar la autorización del NK-603, un maíz transgénico cuya aprobación en 2007 fue muy controvertida, al revelarse la existencia de datos que sugerían su posible toxicidad. La Comisión podría dar luz verde asimismo en los próximos días a la entrada en Europa de varios OMG de los denominados de rasgos “combinados”, que incorporan varios caracteres transgénicos. Estos OMG han sido desarrollados por la industria en respuesta a la proliferación de superplagas y de malas hierbas resistentes a los pesticidas utilizados en los cultivos transgénicos, y acrecientan la dependencia agrícola de agroquímicos tóxicos y su acumulación en los alimentos. Por otra parte, en la evaluación de estos productos no se han tenido en cuenta los efectos sinérgicos que podrían producirse al combinarse varios de estos rasgos en una misma variedad. Todas estas propuestas vienen siendo consideradas en Bruselas desde hace algún tiempo.
Resulta significativo el hecho de que la Comisión agilice su tramitación justamente coincidiendo con el inicio de la 9º ronda de negociaciones del TTIP en Nueva York, y seguramente esta coincidencia no es casual. Hasta ahora, un proceso más riguroso y lento de autorización en la Unión Europea ha supuesto la pérdida de un importante mercado para las exportaciones agrícolas más importantes de EEUU (la soja y el maíz), por lo que abrir los mercados europeos a las exportaciones estadounidenses de transgénicos es uno de los objetivos de las negociaciones del TTIP. Se trataría, ni más de menos, de una muestra de buena voluntad por parte de la Comisión Europea, que se pliega a las demandas de Estados Unidos -y de la propia agroindustria europea- en lo que respecta a regulación y aprobación de OMG.
La propuesta de Reglamento deberá someterse todavía a un largo proceso de debate y aprobación por parte del Parlamento y del Consejo Europeo. Por todo ello, las organizaciones firmantes reclaman la retirada de la propuesta de normativa sobre autorización de transgénicos con destino alimentario (y piensos), y exigen a la Comisión que cumpla sus promesas de democratización y no sacrifique la soberanía alimentaria, la salud de los ciudadanos y el medio ambiente a las exigencias del libre comercio.

Acciona : "muy mal rollo"

Más horas de trabajo por aceptar las condiciones que impone Acciona
Los empleados de Acciona Airport Services han convocado una manifestación con carácter de urgencia para el próximo 29 de abril para denunciar, entre otras cosas, que la empresa ofrece más horas semanales a los trabajadores fijos discontinuos que acepten de forma individual las condiciones de trabajo que ellos proponen.
Desde la Confederación General del Trabajo de Baleares (CGT) explican que Acciona pretende que los trabajadores fijos discontinuos hagan turnos partidos con hasta ocho horas de interrupción entre turno y turno como «única forma de alargar las jornadas», al considerar que cuando hay más carga de trabajo es a primera y última hora del día. Y todo ello, aseguran, sin ninguna contraprestación económica.
Además, denuncian que sólo pueden hacer «como máximo» 33 horas de trabajo a la semana cuando el año pasado algunos hacían hasta 40 horas. Pero lo que más ha incendiado a los empleados es que Acciona ofrece «4 ó 5 horas más a la semana a cada trabajador a cambio de que acepte sus condiciones». Así, lo asegura Domingo Camargo, delegado sindical de CGT, añadiendo que «suponemos que muchos empleados aceptarán la propuesta porque quieren comer».
Con esta medida, el comité de empresa de Acciona -del que forman parte UGT, CGT, CCOO, USO y CTA- entiende que la empresa «pretende quebrar la negociación colectiva, fomentar la insolidaridad y obliga de facto a la aceptación de unas condiciones que entendemos son totalmente ilegales», tal y como explican en la solicitud para convocar la manifestación del 29 de abril.
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También advierten de que la aceptación de las condiciones de Acciona supone «un grave perjuicio social y para la acción colectiva de los trabajadores» y que está creando alarma social entre los más de 600 fijos discontinuos. «Hay muy mal rollo en el trabajo, la empresa pretende dividirnos y lo está consiguiendo», explica uno de los afectados.
Así, el comité de empresa presentó este miércoles los permisos para convocar el 29 de abril una manifestación en la que también protestarán por la «imposición» a los empleados fijos de una rueda de libranzas en la que pierden un día libre en el fin de semana y se libra más tarde, algo que también afecta a los fijos discontinuos.

No descartan la huelga

Por otro lado, se quejan de que Acciona impone unos turnos y jornadas a los empleados que hacen jornada reducida que «atentan» contra el derecho al cuidado de menores y personas dependientes.
Los trabajadores no descartan llevar a cabo más movilizaciones e incluso ir a la huelga si no llegan a acuerdos pues han recurrido a la manifestación tras meses de reuniones con la compañía que no han llegado a buen puerto. Además, esperan que el 30 de abril comience la negociación del convenio colectivo.