24 may. 2015

Así nos roban: técnicas de saqueo municipal

De vez en cuando en televisión un rojillo afirma: “La corrupción es sistémica”. Entonces alguien, generalmente del PP, se cubre con la máscara de la indignación y, desde el pedestal ético construido por su partido, contesta: “¿Estás llamando corruptos a los 26.000 concejales de mi partido? ¿A esas miles de personas abnegadas que están en pueblos pequeños trabajando y desviviéndose por sus vecinos?”. El rojillo se la envaina y dice: “No, no, a esos claro que no”. Aunque en su fuero interno piensa: “Sí, a todos. Del primero al último”.
Lo primero que llama la atención es que parece que nadie se ha parado a pensar que cuando únicamente se ponen como ejemplo de abnegación y honradez los concejales “de los pueblos pequeños”, parece deducirse que nada bueno se puede decir de los “de los pueblos grandes”. No seré yo quien niegue esto. Si los propios adalides del PP dan por hecho que los concejales y alcaldes de ciudades y capitales son indefendibles y están enfangados hasta el tuétano, no es cosa de llevarles la contraria. Hablaré solo de “los pequeños”.

¿A quién se venden las cosas?

Un ayuntamiento es posiblemente el actor económico más importante de su territorio. Su influencia como generador de riqueza en el tejido local no es comparable a ninguna otra empresa o entidad. Por poner un ejemplo, un ayuntamiento de un pueblo de 20.000 habitantes puede recibir al cabo del año entre 5.000 y 6.000 facturas de todo tipo: productos de limpieza, herramientas, mobiliario, material de obras y oficina, repuestos mecánicos, ropa de trabajo, productos de ofimática, papelería, imprenta. Materiales de carpintería, construcción, fontanería, electricidad, trofeos, camisetas, gomas de borrar, carteles y trajes de rey mago.
Tal vez nosotros no imaginemos la enormidad de esta lista. Pero el alcalde la conoce muy bien. Sabe que uno de los pilares fundamentales de su reelección es el cuidado con que realice cada uno de estos gastos. Y ni uno solo se deja al azar: todos los jefes de servicio saben en qué comercios se deben adquirir estos objetos.
Hasta importes de 18.000 euros, estas facturas no necesitan de ningún procedimiento de fiscalización previa. Los ayuntamientos medianos, en sus bases de presupuesto, establecen una cantidad (suele ser una cercana a los 1.200 euros) a partir de la cual el gasto debería ser aprobado previamente. Pero este trámite se suele soslayar y, además, no implica control alguno. Es mero papeleo. En la práctica eso significa que el 100% del gasto corriente en suministros se hace de modo arbitrario. Todo desagua en los establecimientos de familiares, militantes o donantes del partido. Las facturas acostumbran a tener un sobrecoste. Algunos son razonables y otros disparatados. Nadie controla si lo que se adquiere está en los precios de mercado y ni siquiera que se suministren las cantidades u objetos que se facturan. ¿Quién va a mirar si había 20 sacos de cemento o 15? Eso sí, en la factura sí había 20. En algunos negocios, el peso del ayuntamiento como comprador es tan importante que no es extraño que un cambio de gobierno traiga aparejado un cambio de dueño en establecimientos tan estratégicos como imprentas, droguerías o ferreterías y éstas acaben en manos de familiares o amigos cercanos de los nuevos gestores. Alcaldes y concejales aleccionan a los funcionarios sobre dónde se puede adquirir cada cosa. Desde almacenes de materiales de construcción a tiendas de Todo a Cien. Todo suma. Todo vale.
Es habitual que se le pregunte al encargado de la compra: “¿Es para ti o para el ayuntamiento?”. Si es para este último el precio se eleva. Puede parecer banal que una grapadora le cueste a una institución pública el doble que a un particular. Pero cuando multiplicamos esa diferencia por las miles de facturas que se pagan al año, la cuestión deja de ser tan baladí. Por supuesto, alcaldes y concejales tienen un trato preferente. Habría que ser un mezquino para cobrarle un cambio de aceite a quien envía a tu taller toda la flota municipal de vehículos. Y como eso, todo. Reformas en su casa, muebles, ordenadores gratis. Cualquier cosa, hasta la más ínfima, se les regala. Se acostumbran a no pagar por nada, a comer de gorra en los restaurantes. Los comerciantes beneficiarios también son generosos donantes de las campañas. Tanto en metálico como en especie. Las imprentas, las empresas de megafonía, de alquiler de carpas, de organización de eventos, les hacen gratis la campaña electoral. Previamente ya habrán pasado alguna factura desorbitada por cualquier otra cosa.
La red mafiosa se extiende por todo el comercio y la industria local. De haber varios proveedores del mismo ramo a los que premiar, se reparte en función de lo que aportan a la causa. Hay muchas decenas de miles de euros que fluyen incesantemente, muchas familias, muchos empleados viviendo del dinero público. En los días previos a las elecciones se pronuncian veladas amenazas: “Si pierden estos, nos bajan los ingresos y tendré que despedir gente”. Comerciantes y empresarios reparten las papeletas de votación a sus empleados en sobre cerrado. Estos siempre tienen la sospecha de que “tienen un tono de color diferente” para que los apoderados del partido que vigilan las mesas las reconozcan el día de la votación. Las empresas señaladas como de la facción política contraria subsisten como pueden castigadas por una competencia desleal. Muchas se rinden y tienden puentes: aceptan el chantaje. También están dispuestas a pagar, a donar, a subvencionar. O eso, o la ruina.
Alcaldes y concejales buscan que hasta el último euro que gestionan recaiga en “el pueblo”. O al menos en el reducido círculo de beneficiarios que ellos consideran “pueblo”. Jamás se compra nada a una empresa foránea a menos que haya un comisionista local. No importa si esto encarece el presupuesto. Pongamos que hay que comprar unos focos para el teatro que sólo pueden surtir empresas especializadas. En ese caso, si se puede, mejor es que los compre la tienda de bombillas local, propiedad de algún amigote, y luego los revenda al ayuntamiento.

¿Cuánto valen las cosas?

Como en los supermercados, todo acaba en 9. Existen números mágicos que se repiten en las adjudicaciones de toda España.
Las obras y servicios valen por norma general 49.000 euros. La razón es que hasta 50.000 se dan a dedo a quien se quiera. Si sobrepasan esa cantidad entonces pasan a costar 199.000. Entre 50.000 y 200.000 euros la adjudicación se hace por el llamado procedimiento negociado sin publicidad. O lo que es lo mismo, es el ayuntamiento el que elige a tres empresas a las que le solicita presupuestos. En estos casos lo habitual es que sea la empresa a la que se va a favorecer la que aporta los otros dos presupuestos que obliga la ley. Pueden ser del mismo dueño, empresas pantalla u otras reales con las que se llegó a un acuerdo de reparto o de subcontratación. En otras ocasiones, la mesa de contratación municipal busca dos empresas que, ya sea por su pequeño tamaño, por su inexperiencia o por su falta de solvencia, sabe positivamente que presentarán la documentación incompleta o errónea.
En los ayuntamientos pequeños son raras las obras que sobrepasan los 200.000 euros. Cuando es así, deberían adjudicarse por el “procedimiento negociado con publicidad”. Es decir, que cualquiera podría optar a ellas. Para evitarlo, habitualmente se fraccionan las obras en fases de 199.000. Esto es ilegal y fraude de ley, pero nadie lo suele denunciar. Todo se puede hacer en fases: desde tejados hasta aceras. Las explicaciones rayan en lo cómico. Así, el concejal de obras de Málaga aportó esta nueva genialidad a la historia de la contratación pública: “No hay fraccionamiento porque lo que se ha dividido no es el contrato para construir un parque en el Benítez, si no el dinero del que se disponía”. Exacto, el papel del contrato seguía de una pieza. Ahí estaba el folio enterito para quien quisiera comprobarlo.
Existe otra modalidad: los contratos de servicio que cuestan 119.000. La razón es que a partir de 120.000 existe la “exigencia de clasificación” a las empresas. Por debajo de esa cifra, puede ser cualquiera.
Aprovecho para animar a quien esto lea a que busque las cantidades de las adjudicaciones en sus villas y pueblos. Se sorprenderá de la frecuencia con que aparecen estas cantidades.

¿Cuándo se gasta?

Las elecciones municipales son siempre en mayo. Ese año, en los primeros días de enero, los concejales peregrinan al Departamento de Intervención para que les apunten con una flechita las cantidades que se pueden gastar de las partidas de sus presupuestos. Desde entonces, en una carrera contrarreloj, tienen cuatro meses para vaciarlas todas. Es lo habitual verlos preguntándose: “¿Qué podemos pintar?”, ¿hay que comprar algo para el polideportivo?”. El qué se compra es lo de menos. Las partidas deben agotarse. El mayor flujo de dinero posible debe revertir en “el pueblo”. Puede ser la última oportunidad para las comisiones. Es la mejor época para los gastos absurdos o las ideas disparatadas. Ningún concejal es tan estúpido como para dejar dinero en el presupuesto que podría gastarse otro si ganase las elecciones. Incluso aunque su propio partido pudiese ganar, no siempre es seguro que fuese a ocuparse de la misma responsabilidad. Mejor no dejar nada. 
Esto ocurre cada cuatro años. En un año no electoral, el mismo proceso se da en los meses de otoño, cuando se está a punto de cerrar el presupuesto. Tras el verano se produce la misma peregrinación y todos solicitan informes del estado de las partidas para vaciarlas a conciencia. El objetivo es llegar a 31 de diciembre a cero. O mejor aún, en negativo. En la lógica municipal, cuando un concejal deja un año una partida presupuestaria sin gastar, esta desaparece del presupuesto del año siguiente. Puesto que no se usó, no debe ser importante. Así se anima al gasto irreflexivo y al cortoplacismo: cuánto más se gasta, más puede crecer la partida presupuestaria el año siguiente.

¿Por qué todo esto es impune?

En primer lugar existe un pacto tácito de no agresión entre los partidos del régimen. Si tú no hurgas en mis cosas yo no hurgo en las tuyas. Pero es que, además, no es tan sencillo. Si la mayoría de las ilegalidades tiene como beneficiarios a vecinos de la localidad, ir contra la ilegalidad es ir, de facto, contra los vecinos. La acusación de que se ponen en peligro puestos de trabajo por “peleas políticas” está siempre en el aire. Para la oposición, en este terreno pantanoso hay mucho que perder y poco que ganar.
Interventores y secretarios carecen ya de capacidad para controlar todo este flujo enorme de malgasto y cohecho. Dirigen departamentos con escasez de medios y personal. En los ayuntamientos más pequeños ni siquiera se contrata a interventores, pues la ley no lo obliga, y es el secretario quien, en teoría, debería realizar ambas funciones. Puesto que carece de tiempo material para controlar todas y cada una de las decenas de facturas que entran cada día, sólo pide explicaciones cuando existen sobrecostes escandalosos. Aún así, siempre hay modo de justificarlos.
Secretarios, interventores, aparejadores, arquitectos municipales, estuvieron dotados en otro tiempo de autoritas. Bendita democracia, ahora ya son tan víctimas de mobbing y acoso como cualquiera. Empieza a ser común que se les aparte de sus funciones y se los someta al escarnio popular. La acusación de que “paralizan el funcionamiento del ayuntamiento” por la “excesiva burocracia” es frecuente. Los ciudadanos los ven como unos tiquismiquis que le ponen pegas a todo e impiden el flujo de inversiones. Lo cierto es que lo único que paralizan, de un modo muy limitado, es la adjudicación ilegal. Cuando “todo” se paraliza, simplemente es porque “todo” es ilegal. Secretarios e interventores, que son el único débil dique ante la corrupción, son demonizados entre los ciudadanos. Aprenden con el tiempo a pelear sólo las batallas que pueden ganar y a dejar pasar algunas cosas para poder discutir otras. Saben que su fiscalización es casi siempre inútil.
Cuando los ayuntamientos realizan gastos que no se ajustan a la ley, el interventor pone un “reparo”. El reparo se levanta por medio de un decreto que firma el alcalde. Habitualmente ni se molestan en motivarlos y son de copia y pega. En un ayuntamiento mediano el número de “reparos” que se levantan en una legislatura puede llegar a varios centenares. Estos “reparos” se comunican al Tribunal de Cuentas, donde llegan por decenas de miles. Nunca ocurre nada.
De todos modos, siempre es mejor que los informes estén a favor. Para eso se contrata como personal laboral a asesores externos. Si tu arquitecto o tu aparejador es demasiado escrupuloso con la legalidad, siempre habrá otro al que se contrate a dedo y al que no le importe decir que hay un pantano donde se eleva un monte. Los funcionarios con oposición están aislados en despachos a los que no llega ni un triste expediente, mientras los contratados informan positivamente todo lo que se les pone en las manos. Lo mismo ocurre con interventores y secretarios.
Es necesario hablar de las políticas de contratación de personal que son el verdadero soporte del sistema. El poder se encarga de quitarle importancia a estos asuntos. Se ven como algo disculpable, algo que está en la naturaleza humana. “¿Acaso tú no enchufarías a tu hermano si está en paro? ¿Quién no lo haría?”, vienen a decir. La realidad, desgraciadamente, es menos amable. Los puestos de trabajo valen dinero. El más cotizado es el de funcionario. Pongamos que enchufamos de auxiliar administrativo a un chaval de 27 años. Cobrará 21.000 euros al año durante 40 años hasta su jubilación. Eso, con aumentos y trienios, supone que a lo largo de su vida ganará cerca de un millón de euros. ¿Y alguien regala un millón de euros? Ese valor hay que compensarlo: tiene un precio. Por eso es tan habitual ver en los ayuntamientos a los hijos balas perdidas de los empresarios locales. Aquellos tarambanas que no fueron capaces de otra cosa encuentran su acomodo en la administración previo pago de las aportaciones que sean necesarias. También influye el tamaño de la unidad familiar. Enchufar a un chaval soltero garantiza un voto: el suyo. Enchufar a uno con pareja, con padres y hermanos ambos cónyuges garantiza más de una decena. Puede parecer banal, pero no lo es: todo se estudia, todo se cuida.
Se puede afirmar que no hay ni un solo puesto de trabajo que dependa de las administraciones locales pequeñas y medianas que no se dé de modo arbitrario. Ni uno. La inexistencia de control es total. Los exámenes o las preguntas se le proporcionan al premiado. Por si acaso aún así falla (no se trata precisamente de lumbreras) se deja para el final una entrevista en la que se le valora subjetivamente. Previamente se han adecuado los méritos a su perfil. Los puestos de trabajo se cuidan de igual modo que la compra de grapadoras. Todo debe recaer en alguien “del pueblo”. Desde un humilde contrato de dos meses para abrir la caseta de turismo, hasta un arquitecto contratado. Cada puesto tiene un precio y un coste. Por la caseta de turismo quizá solo se exija subordinación y fidelidad. Por ser arquitecto, bastante más. Cada ayuntamiento tiene a una cuadrilla de funcionarios, siempre los mismos, que se encargan de valorar todas las oposiciones del año. Este negociete apenas conocido puede reportar de 250 a 300 euros por cada examen. Al cabo del año la cifra no es desdeñable y supone un buen sobresueldo por colaborar con tus jefes corruptos.
En los últimos tiempos, con la caída de la oferta de plazas de funcionario, se ha generalizado otro modo de hacer fijos a los contratados laborales. Los ayuntamientos encadenan más de tres contrataciones parciales consecutivas para la misma función con lo que, si el trabajador denuncia, la ley obliga a hacerle un contrato fijo. Así, este empieza a ser el modo habitual de “contratación” y los ayuntamientos están en pleitos permanentes que pierden una y otra vez, pagando indemnizaciones a los enchufados que les han “denunciado” y sosteniendo, de paso, a los bufetes de abogados amigos que hacen su agosto por perder juicio tras juicio. En el colmo de la desfachatez el ayuntamiento encarga trabajos (por ejemplo, informes de arquitectura) a los mismos trabajadores que “ha despedido” y le “han denunciado” y con los que todavía está pleiteando. El trabajador temporal cobra sus informes mientras “está despedido”; recibirá más adelante la indemnización; será readmitido como fijo; y los abogados amigos pasarán sus minutas. Todo el mundo gana.
Con el tiempo, si una fuerza política es hegemónica, la diversidad ideológica de los funcionarios desaparece y el ayuntamiento se divide entre los directamente cómplices de la arbitrariedad y los que prefieren tomar un perfil plano, lo más invisible que se pueda para no meterse en líos. Los escasos héroes que se enfrentan al sistema padecen un acoso salvaje. Así se entiende por qué no hay controles sobre lo que surten los proveedores amigos. Los trabajadores que hacen de lacayos cada día informan favorablemente facturas falsas, otras desorbitadas u otras con conceptos falsos que ocultan el verdadero gasto. Si los suministros tienen calidades pésimas y se rompen, no importa, ya se comprarán más. Los funcionarios honrados se asombran de que los cartuchos de tinta de la fotocopiadora se agoten en dos días. Los que se encargan de su compra saben que la obsolescencia forma parte del negocio. Los trabajadores públicos colocados a dedo por el poder son el engranaje necesario para que el flujo del dinero corra. El enchufismo no es una solidaridad mal entendida. No: se trata de una organización en la que el nepotismo y la arbitrariedad en la contratación de personal son imprescindibles para el saqueo generalizado del dinero público.

¿Por qué pierden todos?

La población sabe esto. Los votantes, mal que bien, lo saben. Pero han aceptado la justificación del poder según la cual, al fin y al cabo, las irregularidades sirven para que hasta el último euro recale “en el pueblo”. De hacer las cosas legalmente, quién sabe, entrarían trabajadores de otros lugares o las obras las acometerían empresas foráneas. Piensan, al fin, que tal estado de cosas es necesario. Que sin él las cosas irían peor. Y si bien es cierto que algunos se benefician mucho más que otros, así es como el dinero fluye.
Sin embargo, las cosas no son así y ésta es únicamente la justificación que los corruptos han hecho crecer en una población resignada. Voy a poner un ejemplo muy gráfico: dos pueblos celebran los carnavales. En el primero, el concurso de disfraces es justo y gana el mejor. Grupos de todas partes, algunos multitudinarios, participan. Compiten charangas enormes y espectaculares. Las calles se atestan de visitantes y el comercio y la hostelería lo agradecen. En el segundo pueblo, el jurado cuida de que los premios recaigan en los grupos locales. Los foráneos dejan de acudir. El nivel cae y con los años el desfile se convierte en un paseo de algunos tipos con disfraces comprados en los chinos por calles semidesiertas.
Esto mismo puede aplicarse a todo: a la industria y al comercio. Los adalides de la libre competencia sostienen un sistema en el que algunos privilegiados no necesitan competir y juegan con cartas marcadas. Los nuevos proyectos no pueden enfrentarse exitosamente a empresas que reciben el flujo constante de las inversiones públicas por hacer un trabajo más caro y peor. El nivel general baja. La usurpación de todos los puestos de trabajo por parte de incapaces penetra en la subcultura dominante del lugar (el meme) acentuando la idea de que son sólo los mediocres los que prosperan. El talento huye. Las buenas ideas son incapaces de crecer. El hecho de que el mérito no sea un factor para contratar a las personas con responsabilidades hace que las personas de mérito emigren. Todo se contamina: si los profesores de las escuelas municipales son unos lerdos, ¿qué aprenderán los alumnos? ¿Qué cultura puede crearse en la base cuando la gestionan desde arriba los incultos? Las constantes vitales bajan. Se crean menos cosas y son peores. Hay menos músicos, menos actores, menos emprendedores de cualquier cosa. La sociedad civil se degrada, pierde vitalidad, el talento solo emerge fuera. Se crean distinciones para honrar a los exitosos exiliados y poder vivir durante un día en la ensoñación de que forman parte del cuerpo social que los exilió.
El lugar se anquilosa, se revela incapaz de ser polo de atracción por nada. Gobernado por una mafia que se rige únicamente por una lógica de comisiones cortoplacista mira como si fueran marcianos a otros lugares que innovan, ya en el urbanismo, en la energía o en los servicios. Si el concejal de medio rural escribe “violojía”, ¿promoverá la agricultura biológica? El comercio y la industria agonizan, la población decrece, los ingresos por impuestos menguan, el flujo de dinero disminuye, con lo que cada vez es menos lo que llega fuera del círculo de poder. La espiral de degradación se acentúa entonces, cada vez más y más.
Lector, ¿conoce algún lugar así?
https://www.diagonalperiodico.net/panorama/26791-asi-nos-roban-tecnicas-saqueo-municipal.html

23 may. 2015

Jornada de reflexión, pero en las calles

“Nuestros sueños son más grandes que sus urnas”
(Grafiti del 15M en la Puerta del Sol)
Se atribuye al torero Rafael Guerra, “Guerrita”, la frase “lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible”. Una tautología que refleja la imposibilidad de aplicar cosas absurdas. Bien porque suponen una aporía desde sus enunciados o bien porque carecen de virtualidad en la práctica. Es lo que la ciencia del derecho estudia en el apartado “eficacia de la norma”. Pues bien, en ese capítulo habría que insertar la disposición legal que establece la llamada jornada de reflexión en periodo electoral. Una forma torpe de calificar a un tipo legal de censura política que no resiste comparación con la lógica de los tiempos que corren y además conculca el ejercicio de libertades fundamentales como el de la libertad de expresión, precisamente en los críticos momentos en que su ejercicio responsable es más precioso. En suma, la falsa jornada de reflexión, además de una ley mordaza ad hoc, supone un caso clásico de norma inválida, o sea, sin capacidad de realización.
Y lo es así ya que en las sociedades de la información es metafísicamente imposible impedir que la ciudadanía esté continuamente informada a través de los múltiples dispositivos electrónicos a su alcance, desde los smartphones a las tablets, pasando por los más tradicionales de la prensa, la radio y la televisión. Todo en la civilización del consumo global conspira para que permanezcamos atentos a las pantallas, continuamente conectados, enredados. Y en esa tesitura, sí, puede haber un Estado que legisle sobre la vigencia de la “jornada de reflexión”, más por cálculo político que por pura lógica (errata nature). Pero lo que no puede lograr hoy ni el régimen más obsesivo del mundo es evitar que un ciudadano busque encuestas, sondeos u opiniones a través de sus cachivaches cibernéticos en el más allá de la nube global. No se puede poner puertas al campo.
Y eso es precisamente lo que pretende hacer el gobierno español del PP, con el apoyo del resto de los partidos políticos del arco parlamentario, previniendo contra las movilizaciones ciudadanas que se han autoconvocado en los lugares más emblemáticos de muchas ciudades de España el sábado 23 de mayo para socializar la jornada de reflexión antes de que se abran las urnas y callen las personas. La verdad es que si nuestras autoridades tuvieran una más elevada concepción de la democracia y de los valores participativos que su disfrute conlleva no sólo derogarían “la jornada de reflexión” vigente sino que incentivarían que la gente debatiera sobre los programas y perspectivas políticas oferentes hasta el límite de sus posibilidades. En Estados Unidos, por ejemplo, la Primera Enmienda que garantiza la integridad de la libertad de expresión sin atenuantes, fue incorporada a la Constitución por los padres fundadores en el temprano año de 1791.
Pero aquí, con mucho menos currículum en los procedimientos democráticos y con el lastre de una Constitución asentada sobre un consenso entre elites partidarias, el miedo guarda la viña. Temor a que la gente piense más allá de lo permitido. Sin duda hay precedentes para esa renuencia a que el pueblo hable cuando no le corresponde por imperativo legal. Recordemos que las sucesivas jornadas de reflexión a pie de calle que se materializaron tras el brutal atentado del 11M y las mentiras de manipulación masiva perpetradas por el gobierno del PP, pudieron influir para el resultado de las elecciones del 14 de mayo que devolvieron al PSOE al poder. Aunque en el 2015 la reivindicación de una auténtica jornada de reflexión sin candados tiene otras motivaciones que desbordan el tradicional escenario dúplex de a “rey muerto, rey puesto”. Lo que se ventila en estos primeros comicios tras la crisis es salir del cepo del duopolio dinástico hegemónico y hablar de res pública y de democracia participativa.
Y en ese panel ni son todos los que están, ni están todos los que son. La vieja política, aunque resista en odres nuevos, es lo que merece situarse en el centro de los debates y las reflexiones individuales y colectivas que emerjan en las concentraciones del 23M, víspera de las elecciones, siguiendo la convocatoria impulsada bajo el espíritu del 15M. En común, no partidos, porque el ágora es el lugar de expresión del zoon politikon, de la ciudadanía activa. Un espacio público reconquistado para la autogestión cívica y la crítica democrática. Obviando tentaciones totalizantes para hacer de ese punto de encuentro un númerus clausus del comercio, el ocio tarifado y el negocio. Un kilómetro cero donde la gente comparta ideas e ideales, cara a cara, experimentando valores humanos contra la embestida de sicofantes y filibusteros. Asumiendo el imperativo ético de la propia experiencia, aquel célebre “no más deberes sin derechos, ni derechas sin deberes”, de la Primera Internacional antiautoritaria. Sin mayorías que sepulten a minorías ni minorías que tiranicen a mayorías. Con inclusividad, deliberación, horizontalidad y el orgullo de trabajar para la eternidad.
El culto a la jornada de reflexión que promueven nuestras autoridades no es solo un monumento a la sinrazón de una democrática secuestrada por la demoscopia y los talk-shows. Lo que en su fuero interno revela esa cerrazón es una profunda antipatía y un recelo ante un pueblo en marcha, mayor de edad, ilustrado, responsable, libre y autogobernado en sintonía con su hogar medioambiental. Ese olimpo de representantes que cada vez se hace más impresentable debería aprender de la propuesta recogida en el último trabajo del prestigioso politólogo estadounidense Ronald Dworkin sobre la iniciativa de sus colegas Ackerman y Fishkin (La democracia posible, pág.186.).
Rafael Cid

22 may. 2015

Iberia emite bonos por 125 millones para financiar nueva flota de largo radio

Iberia ha decidido diversificar sus fuentes de financiación y ha emitido bonos por un precio de 125 millones de euros, lo que supone el regreso de la aerolínea al mercado de deuda tras once años sin realizar este tipo de operaciones, informan las agencias de noticias.
 
De esta forma, la aerolínea ha emitido 70 millones de euros en bonos a cupón anual del 3,5 por ciento con vencimiento el 28 de mayo de 2022, y otros 55 millones de euros al 3,75 por ciento con vencimiento el 28 de mayo de 2027.
 
El importe obtenido por estos bonos, que se colocarán en la bolsa de Dublín, se destinará a financiar ocho aeronaves A330-200 que la compañía presidida por Luis Gallego recibirá entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016, y que forman parte de un pedido anunciado por IAG, el holding del que forma parte junto a British Airways y Vueling.
 
La operación, cuya entidad colocadora ha sido BBVA, supone también el regreso al mercado de renta fija de la compañía tras los movimientos similares realizados en 1999,2000 y 2004, en este caso para la financiación de su flota de aviones A320.
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iberia-emite-bonos-por-125-millones-para-financiar-su-flota-de-largo-radio-253373.html

18 may. 2015

IAG blinda a 13 altos cargos en caso de cese o despido

IAG, integrado por Iberia, Vueling y British Airways, mantiene a 13 miembros del consejo de administración o de la alta dirección protegidos por cláusulas de garantía o blindaje en caso de dimisión, despido improcedente o venta de la empresa. Es una de las 29 compañías del Ibex 35 que tienen este tipo de cláusulas en la cúpula, según Expansión.

En el último Informe de Gobierno Corporativo de IAG, correspondiente al año 2014, se reconoce la existencia de estos acuerdos para 13 personas, el mismo número que el año anterior. Además, para el presidente del consejo de administración, el español Antonio Vázquez, existe un pacto especial por el cual percibirá 2’8 millones de euros de indemnización si se marcha de la empresa “por cualquier causa”.

En cuanto al resto de acuerdos, el holding prevé el pago de una cantidad única equivalente al salario base de seis meses si da el preaviso con doce meses, así como una segunda cantidad del salario base de seis meses “si en opinión razonable de la Sociedad, el Consejero Ejecutivo o el Alto Directivo ha adoptado medidas razonables para encontrar otro trabajo remunerado y, en tal caso, únicamente en seis pagos mensuales”.

En el máximo órgano de gobierno, solo los dos consejeros ejecutivos, Willie Walsh y Enrique Dupuy, tienen prevista una compensación en caso de resolución de su contrato, al margen de las indemnizaciones sustitutivas del período de preaviso, según IAG.

 http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iag-blinda-a-13-altos-cargos-en-caso-de-cese-o-despido-253152.html

GALERIA DE BUITRES CCXXVIII

El patrimonio de algunas de las mayores fortunas españolas gestionado a través de sicav aumentó entre enero y marzo un 9,4 % y alcanzó los 4.376 millones de euros
 El patrimonio de algunas de las mayores fortunas españolas gestionado a través de sicav -sociedades de inversión de capital variable- aumentó entre enero y marzo un 9,4 % y superó los 4.376 millones de euros, con una revalorización media del 9,6 %, según los datos de mercado recogidos por EFE.
Al cierre del mes de marzo, el patrimonio gestionado por once de las mayores sicav, en las que participan apellidos tan conocidos como Koplowitz, Abelló, Del Pino, Palatchi o Bhavnani, se elevaba exactamente a 4.376,4 millones de euros, frente a los 3.998 millones de euros del cierre de 2014.
Por lo que respecta a la rentabilidad, el rendimiento medio de estas once sociedades fue en el primer trimestre del año del 9,6 %, ligeramente por encima del 8 % que se revalorizaron en 2014.
Aunque algunas de ellas ofrecieron a sus partícipes rendimientos superiores, en conjunto no lograron batir los rendimientos que el IBEX 35 ofreció a sus accionistas, ya que entre enero y marzo el selectivo español se revalorizó un 12 %.
Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un instrumento utilizado principalmente por las grandes fortunas porque les permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente a invertir en activos financieros.
Para constituir una sicav, que paga un 1 % de impuestos por los rendimientos y plusvalías que genera, hay que cumplir determinados requisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capital mínimo de 2,4 millones de euros; en el caso de una sicav por compartimentos, el capital mínimo desembolsado es de 480.000 euros.
 Por lo que respecta a las principales sicav españolas, todas incrementaron el valor de sus activos, que en el caso de la de mayor tamaño, Torrenova, vinculada a la familia March, se elevó a 1.208 millones de euros, con una rentabilidad del 2,98 %.
Torrenova, que ha cumplido ya 25 años, y el fondo que replica su estrategia, Torrenova Lux, han superado los 2.000 millones de euros de patrimonio gestionado.
Inmediatamente detrás de Torrenova se sitúa Morinvest, gestionada por BBVA y depositaria de activos de la empresaria Alicia Koplowitz, que en el primer trimestre del año amplió su patrimonio hasta 509,3 millones de euros, tras revalorizarse un 6,02 %.
Soandres, la sicav de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega, fundador de Inditex, administraba un patrimonio al cierre del pasado mes de marzo de 424,6 millones de euros; en este periodo se ha revalorizado un 5,5 %.
En cuanto a Elitia -antes Agrippa-, vehículo de inversión de la familia Gallardo Ballart, propietarios de la farmacéutica Almirall, contaba en marzo con unos activos de 414,7 millones de euros. Su revalorización ha sido del 7,86 % hasta marzo.
La familia Del Pino, principales accionistas de la empresa constructora y de servicios Ferrovial, gestiona su fortuna a través de distintas sicav, entre las que destacan Allocation y Chart.
La primera contaba en marzo con un patrimonio de 375,6 millones de euros, y se ha revalorizado un 11,18 % en el año, en tanto que el patrimonio de la segunda alcanzaba 291,7 millones tras obtener un rendimiento del 8,42 %.
Por lo que respecta a los Hernández Calleja, de la alimentaria Ebro Foods, la sicav Soixa acumulaba al cierre de marzo un patrimonio de 319,2 millones de euros, con una rentabilidad del 16,74 %.
El inversor de origen indio Ram Bhavnani, conocido por sus inversiones en la banca española, gestiona a través de Kalyani 246,1 millones de euros, que se ha revalorizado más del 7 %, en tanto que, a través de Herprisa y Gesprisa, Alberto Palatchi, presidente de Pronovias, gestionaba 236,5 y 193,6 millones de euros, respectivamente.
 Estas dos sociedades han logrado rendimientos de entre el 13 % y el 14 %.
Y a través de su sociedad de inversión Arbarin, Juan Abelló acumulaba un patrimonio de 156,8 millones de euros; con una rentabilidad del 13,23 %.
 http://www.expansion.com/sociedad/2015/05/16/5557299ce2704e167b8b4579.html

17 may. 2015

Contra el monopolio de las empresas energéticas

“¿Cómo va a ser más eficiente calentar el agua de la ducha con gas que viene de 4.500 kilómetros, que con el sol y una placa que esté a cinco metros de tu ducha?”, pregunta el educador medioambiental Manel Rivero a unos alumnos de instituto. Él es uno de los participantes en el documental OligopolyOff, donde se ofrece una mirada de la situación de la energía en España que, según los responsables de la cinta, “está hipotecada bajo los intereses de las empresas del oligopolio energético fósil”.
Cartel de #OligopolyOFFEl documental, que arranca con la canción No hay luz de Kiko Veneno, ofrece testimonios como el de la familia Espíndola-Rocas. Son cuatro miembros en casa y la mayor parte del dinero que ganan a final de mes se destina a pagar la hipoteca y a comer. “Voy andando al trabajo. Tardo una hora en ir y otra en volver, pero la gasolina del coche hay que guardarla para momentos más importantes como, por ejemplo, acudir al médico”, explica el padre. La familia se cambió de Endesa a Iberdrola bajo la promesa de obtener un 25% de descuento en la tarifa de la luz. Ahora no sólo reciben dos facturas, sino que además les cobran más. Si no pagan, les cortarán la luz.
 El año pasado, un millón de personas sufrió un corte de luz en España por parte de compañías como Iberdrola o Endesa. A Alba del Campo, la responsable de OligopolyOff, también le han impresionado otras historias como la de Manel Rivero, que dedica sus esfuerzos a “generar cultura energética y un cambio de modelo en colegios talleres”; o la de Tomás Padrón, el presidente del cabildo de El Hierro, “al que le ha costado 30 años crear una central pionera”; o la de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que genera nodos por toda España.
La directora explica que el objetivo del documental es crear conciencia acerca de la importancia que tiene “recuperar la política energética que está secuestrada por un puñado de empresas, e ir hacia un modelo basado en las renovables y donde la ciudadanía sea la protagonista”. Por eso, Del Campo remarca que quiso tener lista la cinta antes del 24-M, para que se hable de la energía y “se conozca la política energética del anterior gobierno (PSOE) y el de ahora (PP), que es muy similar y que hace que cada vez haya más personas sin acceso a la energía”.

OligopolyOFF se divide en tres capítulos durante sus más de 90 minutos de duración. A través de sus imágenes, ofrece un recorrido que va desde el problema de la pobreza energética a las alternativas ciudadanas que trabajan por avanzar en la necesaria transición renovable y la democratización de la energía.
 http://www.lamarea.com/2015/05/11/un-documental-contra-el-monopolio-de-las-empresas-energeticas/

Huelga en Acciona PMI

Convocada huelga de handling en Son Sant Joan 

CGT y CCOO han convocado parones en Acciona AS contra las propuestas de contratación presentadas por la empresa, que incluye reducción de contratación y turnos partidos de todo el día.
Ya la semana pasada realizaron una manifestación por estos temas pero sus peticiones no han sido atendidas. Las peticiones de CGT y CCOO han sido refrendadas por los trabajadores en asamblea.
El próximo lunes día 18 de mayo a las 10h. han sido citados los convocantes en el TAMIB para intentar solucionar el problema.
Convocada huelga de handling en Son Sant JoanDe no llegarse a acuerdo la huelga se realizará los días:
23 de mayo paro de 10 h. a 15 h.
26 de mayo de 10 a 18
30 de mayo todo el día
Acciona AS realiza las tareas de handling en el aeropuerto de Palma a compañías como Air Berlin, Lufhansa, Condor, Tomas Cook, Germania y un largo etc por lo cual esta huelga supondría la paralización del aeropuerto.
 http://mallorcaconfidencial.com/blog/20150516-convocada-huelga-de-handling-en-son-sant-joan

GALERIA DE BUITRES CCXXVII

Los paraísos fiscales de las empresas del Ibex 35
El número de sociedades ha crecido un 23,5% en dos años. Sólo en Delaware están radicadas 222 entidades participadas por el selectivo  
Catastro financiero global: la regulación transparente de paraísos fiscalesTreinta y dos de las 35 empresas del Ibex tenían presencia en paraísos fiscales en 2013, según el análisis que elabora el Observatorio de RSC, integrado por varias organizaciones de la sociedad civil, que evalúa el grado de transparencia de la información de buen gobierno, social y ambiental que facilitan las empresas. De esta lista están excluidas Indra y Sacyr (que justifican la operativa en esas zonas) y Mediaset (que vendió una sociedad con sede en territorio off shore).
Los grupos españoles contaban en 2013 con 540 sociedades en paraísos fiscales, 73 filiales más que el año anterior y 103 más que en 2011. Se consideran paraísos fiscales, además de los previstos en la legislación española, los territorios del listado del Parlamento Europeo, la OCDE y de la Tax JusticeNetwork (especializada en evasión fiscal).
Delaware sigue siendo el territorio offshore favorito del Ibex. Allí estaban localizadas 222 sociedades participadas por grupos españoles, casi el doble que en 2012, ocupando dos direcciones. Sólo en el número 1209 de Orange Street, de la localidad de Wilmington (70.000 habitantes), están ubicadas 134 firmas (entre ellas, 39 de Iberdrola, 29 de ACS, 26 de Santander y 23 de BBVA). En ese mismo domicilio figuran 285.000 empresas. Tras Delaware se sitúan Holanda (104 entidades), Luxemburgo(35), Irlanda (22), Hong Kong (22), Islas Cayman (19) y Singapur (17).
Las compañías con mayorpresencia en paraísos fiscales en 2013 eran ACS (141, el doble que el año anterior), Santander (81) e Iberdrola (61).
El informe revela que la calidad de la información publicada "todavía dista mucho de los mínimos necesarios para un ejercicio de rendición de cuentas", ya que no siempre es relevante con la actividad, la presencia geográfica, los riesgos e impactos de actividad económica, social y ambiental de las empresas. Así, en indicadores económicos, destaca que de las 32 compañías en paraísos fiscales, sólo una (BBVA) informa con transparencia sobre el tipo de actividad y volumen de negocio generado, beneficios e impuestos y sobre sus planes futuros con respecto a su presencia en estos países.
Corrupción
El informe destaca que 19 de las 35 empresas del Ibex tienen presencia en 17 países con un alto riesgo de corrupción (especialmente Venezuela, donde hay 15 grupos). Veintiocho grupos se han comprometido a luchar contra la corrupción en todos los países, nueve aportan información sobre cómo luchan contra el blanqueo de capitales y siete de la cantidad donada a partidos políticos e instituciones.                                                                
http://www.expansion.com/empresas/2015/05/10/554fa258ca4741de778b4583.html

16 may. 2015

Rojo y Negro, 290, Mayo 15

 
 http://rojoynegro.info/sites/default/files/rojoynegro290_0.pdf
suplemento cultural Addenda:
 http://rojoynegro.info/sites/default/files/separata%20cultura25mayo_0.pdf

15 may. 2015

Iberia, Globalia, Swissport y Aviapartner acaparan licencias en el concurso de 'handling'

  Iberia (15 licencias y dos lotes), Globalia en UTE con Iberhandling (once licencias), Swissport (cinco y un lote), Aviapartner (siete licencias), WFS Servicios Aeroportuarios (cuatro), Atlántica de Handling (una) y Acciona (una) prestarán los servicios de 'handling' en rampa en 43 aeropuertos de la red de Aena durante siete años.
   El consejo de administración de Aena ha aprobado hoy adjudicar a estas siete empresas los servicios de asistencia en tierra a terceros en el concurso público para las 49 licencias de 'handling de rampa, que ha llevado a cabo en dos fases y agrupando los aeropuertos en lotes, en función del volumen de pasajeros y de carga.
Las concesiones se han adjudicado con tres operadores (en los cinco mayores aeropuertos Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Alicante, Málaga-Costa del Sol y Palma de Mallorca), con dos operadores (en 16 aeropuertos) o uno (en 22 aeropuertos).
   Asimismo, se ha licitado una licencia única para los aeropuertos de La Gomera y El Hierro y un segundo agente de carga en los aeropuertos de Vitoria y Zaragoza.
   Solo en España los servicios de tierra a terceros mueven al año 830 millones de euros, de los que 540 millones corresponden a servicios de rampa, un negocio que se reparte entre Iberia, Swissport, Acciona, Groundforce (Globalia), Atlántica, Clece, Lesma-Ryanair, EAT y Menzies, empresa está última que también pujaba por los tres lotes de los pequeños aeropuertos.

IBERIA: 15 LICENCIAS Y DOS LOTES

 Iberia Airport Services, la división de Aeropuertos de Iberia, mantiene así su liderazgo, al conseguir la licencia en 17 de los 20 concursos a los que optaba, y lograr recuperar su presencia en aeropuertos importantes como el de Barcelona-El Prat.
  Concretamente, Iberia, primer operador de 'handling' en la red con presencia en 41 aeropuertos, se ha adjudicado 15 licencias entre los aeropuertos de más de un millón de pasajeros (Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma, Costa del Sol, Alicante, Asturias, Bilbao, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Menorca, Reus, Santiago, Tenerife Norte y Tenerife Sur).
Entre los de menos de un millón de pasajeros, la aerolínea que pilota Luis Gallego se ha adjudicado el lote 1 (A Coruña, León, Pamplona, San Sebastián, Santander, Vigo y Vitoria y el lote 3 (Albacete, Badajoz, Córdoba, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma y Melilla). Asimismo, se ha adjudicado la licencia como segundo agente de carga en Vitoria.
  "Es un gran resultado para Iberia que reconoce el esfuerzo hecho por la compañía y sus empleados", ha destacado el director de Servicios Aeroportuarios de Iberia, Ángel Marcos, que recordó los acuerdos de productividad con los diferentes colectivos y que ha permitido a la aerolínea lograr "estos excelentes resultados".

GLOBALIA: 11 LICENCIAS Y CARGA EN ZARAGOZA

   Globalia, con presencia en 20 aeropuertos, se ha adjudicado en UTE con Iberhandling un total de once licencias entre los aeropuertos con más de un millón de pasajeros (Barajas, El Prat, Palma, Costa del Sol, Alicante, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Tenerife Norte y Valencia), así como el segundo agente de carga en el aeropuerto de Zaragoza.
  De esta forma, el grupo propiedad de Air Europa, que presta servicios de 'handling' con su marca Groundforce pasa de siete licencias a once licencias a terceros, estando presente en los cinco mayores aeropuertos de la red de Aena, los únicos que cuentan con tres operadores.
  "Incrementamos nuestra presencia en Canarias, operando en Fuerteventura, además de Tenerife Norte y Las Palmas, y hemos ganado en Palma, Ibiza y Valencia, a lo que se añade la licencia en Zaragoza que incrementará nuestra ya importante presencia de cargo en este aeropuerto", ha afirmado la directora general de Groundforce, Carmen López, quién puso en valor los más de 25 años de experiencia de la compañía en este sector.

SWISSPORT: 5 LICENCIAS Y UN LOTE.

   Por su parte, Swissport, cuya cuota de mercado en España ronda el 18%, se ha adjudicado cinco licencias entre los aeropuertos con más de un millón de pasajeros (El Prat, Alicante, Lanzarote, Valencia y Reus).
   Entre los pequeños se ha adjudicado con el lote 2 (Almería, Burgos, Huesca-Pirineos, Logroño-Agoncillo, Murcia-San Javier, Salamanca, Valladolid y Zaragoza).
  AVIAPARTNER: SIETE LICENCIAS.
La empresa Aviapartner se ha adjudicado siete licencias entre los aeropuertos de más de un millón de pasajeros (Costa del Sol, Fuerteventura, Girona, Lanzarote, Menorca, Sevilla y Tenerife Sur).
  WFS SERVICIOS AEROPORTUARIOS.
De su lado, WFS Servicios Aeroportuarios ha logrado adjudicarse cuatro licencias entre los aeropuertos de más de un millón de pasajeros (Barajas, Asturias, Santiago y Sevilla), además del segundo agente de carga en el aeropuerto de Vitoria.
  ATLÁNTICA HANDLING Y ACCIONA.
  Finalmente, Atlántica de Handling prestará los servicios de 'handling' de rampa con licencia única en los aeropuertos de La Gomera y El Hierrro, mientras que Acciona ha logrado una licencia de las tres que se licitaban en el aeropuerto de Palma de Mallorca.
   Los servicios de asistencia en tierra a terceros en la categoría de 'handling' de rampa incluye asistencia de equipajes, operaciones en pista, asistencia de la carga y correo en lo que respecta a la manipulación física de la carga y del correo entre la terminal del aeropuerto y el avión.
http://www.europapress.es/turismo/transportes/aeropuertos/noticia-iberia-globalia-swissport-avipartner-acaparan-licencias-concurso-handling-20150513182244.html

Concesiones de Handling: Pasteleo empresarial - Mercado de Trabajadores

Ya se hicieron públicas las concesiones del Handling de Aeropuertos que AENA repartió el pasado 13 de Mayo . De las 43 licencias del pastel ( entre 800-1000 millones de euros de negocio) en esta 2ª liberalización del sector (la 1ª se cometió en 20 0 6 ) las empresas “adjudicatarias” ( las de siempre y alguna otra nueva en el sector) han mejorado o empeorado su implantación en este negocio, dependiendo de los aeropuertos que se hayan “adjudicado” en el reparto del bien horneado Concurso de Concesiones de Handling que ya debía de haberse resuelto hace más de año y medio. Tiempo de avatares privatizadores del dueño del calabozo, Aena, tiempo de prórroga tras prórroga en su conclusión, influencias “divinas” y secretas de las empresas interesadas que han peleado (¿legalmente?) por hacerse con la concesión, en fin, el pasteleo del negocio que mueve muchos millones de euros y en donde trabajan miles de trabajador@s de los que nadie habla.
No se habla de sus condiciones de trabajo, ni de sus rebajas salariales, ni de su precariedad laboral, ni de su “conciliación” laboral-familiar , ni de sus turnos y ritmos de trabajo esclavizantes, ni de sus subrogaciones, cambios de puestos de trabajo, categorías y derechos ya adquiridos en su empresa de origen que se “desprende” y subroga a sus trabajadores según el resultado de la ruleta de las concesiones. Todo el entramado listo para las “sabias” (y ¿legales?) decisiones del “mercado” manejado por el dueño de un cortijo , donde están entrando los llamados “fondos buitres” que solo buscan el beneficio rápido .
¿ Y los trabajador@s? :
Encadenados a un  C o n v e n i o  d e  H a n d l i n g
(http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10687.pdf) que firma tras firma (aseata-ccoo-ugt-uso) se va recortando en derechos y condiciones laborales. El sector de handling de aeropuertos se está convirtiendo en el reino de la PRECARIEDAD LABORAL donde los trabajadores somos tratados como meras mercancías que se trasladan de un almacén a otro, perdiendo por el camino derechos y condiciones laborales.
 
(publicado en "Trabaja y Revienta"- Secc. Sind. CGT-Iberia)

  

Más de un millón de euros para UGT y CCOO por supervisar el plan de pensiones de los funcionarios

El fondo está administrado por BBVA. Los sindicatos cobran por revisar regularmente la entrada de dinero en la cuenta bancaria
UGT y CCOO, que forman parte de la entidad Gestora del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, han vuelto a recibir cuantiosas cantidades de dinero en concepto de Comisiones de Gestión. Los sindicatos administran conjuntamente con BBVA este fondo de jubilación.
Así, según ha comprobado El Confidencial Digital en el Dossier de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, la cantidad percibida por la Entidad Gestora durante el año 2014 ascendió a 3.159.970,49 euros.
En el documento se establecen las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al pasado ejercicio.
Esa entidad gestora está participada, en un 70%, por el BBVA, que se encarga de la administración del fondo. El 30 por ciento restante se lo reparten Comisiones Obreras y UGT, que realizan una labor de supervisión y de representación de los intereses de los funcionarios en la corporación.

Se han embolsado 20.000 euros más

Pues bien, según ha podido confirmar también El Confidencial Digital, la participación de ambos sindicatos en esta gestora ha traído consigo, para las centrales, el ingreso de casi un millón de euros a repartir entre los dos. En concreto, han recibido un total de 473.995,57 euros cada uno por este servicio. Todo ello, a pesar de que las aportaciones al Plan de Pensiones han cesado en los últimos años.
Supone el cobro de 20.000 euros más que el año pasado por parte de las centrales. La cantidad percibida por la gestora del Fondo de Pensiones durante el año anterior ascendió a 3.020.467,68 euros, a repartir, según representación, por las tres entidades participadas (BBVA, CCOO, y UGT). Así las cosas, los dos sindicatos recibieron 453.070,15 euroslas aportaciones al Plan de Pensiones han cesado
.../...
http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/UGT-CCOO-supervisar-pensiones-funcionarios_0_2489151077.html

12 may. 2015

GALERIA DE BUITRES CCXXVI

Alierta mantiene intacto su instinto de bróker: obtiene plusvalías de 5,2 millones en IAG
Mantiene César Alierta fino su olfato bursátil, el mismo que desarrolló allá por los años ochenta del pasado siglo. El presidente de Telefónica ha demostrado con su apuesta por International Airlines Group (IAG) ser alumno aventajado, si no el más destacado, de aquella época heroica del parqué español, la de los corros en la Bolsa de Madrid, la de la llegada de los petrodólares y los socialistas -que iban a nacionalizarlo todo, que iban a suprimer el mercado, y que va- aquella en la que no existía la CNMV, ni teléfonos móviles, ni internet, como mucho un fax ruidoso para enviar órdenes de compra, y en la que el cotarro lo controlaban los agentes de cambio y Bolsa.
Alierta fue nombrado consejero de IAG en septiembre de 2010. Cuando sobre la fusión de Iberia y British Airways existían aun recelos económicos y políticos, cuando la operación derivaría en fuertes pérdidas, de cientos de millones de euros, cuando pilotos británicos y españoles no estaban por la labor de facilitar las cosas, César Alierta compró un millón de acciones de la aerolínea. Lo hizo en tres días, el 19, 20, y 23 de mayo de 2011, adquiriendo 165.000, 729.575, y 105.425 acciones, a 2,88, 2,84, y 2,75 euros. En total desembolsó 2,8 millones de euros. Ningún otro consejero de IAG se atrevió a tanto, ni siquiera el presidente, Antonio Vázquez, o el consejero delegado, William Walsh. Un año después la participación de Alierta en IAG valía un millón de euros menos.
¿Le había fallado el olfato a quien en 1985 había creado una de las primeras agencias de valores independientes adelantándose a la revolución de la Bolsa española? Alierta fundó Beta Capital, después de haber dirigido el área de mercado de capitales de Banco Urquijo, tres años antes de que se promulgara la Ley del Mercado de Valores, que establecería el régimen de las agencias de valores arrinconando a los agentes de valores, y que permitiría el despegue a todo gas del universo cotizado español atrayendo ingentes cantidades de dinero de inversores extranjeros. Beta Capital, con Alierta al frente, intermedió en muchas de las grandes operaciones bursátiles de esos años, aliándose con el grupo KIO, aprovechando la reforma legal. Junto a Alierta trabajaban algunos de los que luego serían personal de confianza del empresario en Telefónica, como Eva Castillo o Santiago Fernández Valbuena, consejeros de la operadora española. Otros clásicos del parqué, también hoy ilustres presidentes o consejeros de multinacionales españolas, competirían con Beta Capital, como AB Asesores, la agencia fundada por Salvador García-Atance (presidente en la actualidad de Fundación Lealtad), Pedro Guerrero (presidente no ejecutivo de Bankinter) e Ignacio Garralda (hoy presidente de Mutua Madrileña), por la que pasarían también el actual ministro de Economía Luis de Guindos, o Santiago Eguidazu, presidente del grupo N+1.
Alierta vendió Beta Capital en los años noventa; también AB Asesores pasó a otras manos, las de Morgan Stanley. El primer Gobierno de Aznar situó a Alierta en la presidencia de la pública Tabacalera, quien impulsó su privatización dando paso a Altadis. Resquicios de su época de bróker se dejan entrever en el caso Tabacalera, por el que fue juzgado por uso de información privilegiada y absuelto finalmente por prescripción del delito.
Con ese bagaje, la apuesta de Alierta por IAG no podía ser propia de un inversor temerario. La compañía perdió 658 millones de euros en 2012 por los costes de reestructuración cometidos frutos de la fusión. Pero en 2013 el grupo, que había absorbido a Vueling, enderezó el rumbo obteniendo un beneficio de 153 millones; el año pasado registró unas ganancias de 1.003 millones. La mejora de los resultados, el anuncio de una opa sobre la aerolínea irlandesa Air Lingus, y finalmente el resultado de las elecciones en Reino Unido, han impulsado el valor en Bolsa de IAG. El viernes la compañía cerró a 7,86 euros por acción tras subir un 3,42%. La participación accionarial en Bolsa del exbróker César Alierta en IAG vale hoy cerca de ocho millones de euros.
En Telefónica Alierta posee 4,83 millones de acciones, valoradas en la actualidad en 66,5 millones de euros (el grupo cerró el viernes en Bolsa a 13,77 euros por título); en mayo de 2011, cuando Alierta compró el millón de acciones de IAG, tenía 4,16 millones de acciones de la operadora española valoradas en más de 70 millones de euros.
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/61966-alierta-mantiene-intacto-su-instinto-de-broker-obtiene-plusvalias-de-5-2-millones-en-iag

Paz social

Goirigolzarri compra la paz social en Bankia pagando 650.000 euros a los sindicatos
En esta ocasión no han existido críticas por parte de los sindicatos. Ni filtraciones para presionar a la entidad sobre algún punto de la negociación. El acuerdo interesa a las dos partes. Bankia se asegura la paz social hasta 2018, después de unos tensos ejercicios en los que se ha reducido un 30% su plantilla. Así se han comprometido por escrito los seis sindicatos con representación en la entidad en un acuerdo firmado el pasado 14 de abril. A cambio, estas seis centrales (CCOO, ACCAM, UGT, SATE, CSICA y ACB) percibirán un total de 650.000 euros de la entidad para financiar sus gastos sindicales (viajes, reuniones...), según un documento al que ha tenido acceso Vozpópuli. Esta cifra es algo superior a la que venían recibiendo los sindicatos en anteriores ejercicios, según confirman fuentes de la entidad.
Esta asignación económica, como se designa en el acuerdo, se distribuye en dos conceptos. Por una parte, estas seis centrales sindicales se repartirán un total de 511.500 euros entre los ejercicios 2015-18 dentro del marco de la aplicación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) en Bankia. De esta manera, los sindicatos logran los medios económicos y materiales que establece esta Ley, que estipula las cuantías en función de la representatividad de cada una.
A cambio, como se reconoce en el documento, la representación sindical firmante del acuerdo "manifiesta su compromiso para la no promoción de elecciones sindicales en Bankia, ni de manera total ni parcial, hasta la fecha en la que éstas sean promovidas dentro del sector (año 2018)". De esta manera, Bankia logra que no existan distracciones electorales en cada segmento de negocio de la entidad a lo largo de este período de 4 años
El abono a cada una de las secciones sindicales se realizará en dos tramos, uno en enero y otro en el mes de julio del mismo importe cada uno. Así, en 2015, el desembolso de Bankia ascenderá a 125.000 euros; 126.500 euros, en 2016. En 2017, la cifra alcanza los 129.000 euros. Por último, en 2018 se logra la máxima cuantía: 131.000 euros. Al igual que sucede con los asociados a la patronal bancaria, Bankia asigna anualmente una cantidad a cada sindicato en función de su representación en la entidad. Así ingresa esta cantidad sin solicitar ningún tipo de recibo o factura que justifiquen estos gastos sindicales, frente a otros bancos que sí reclaman justificantes para ir abonando la cantidad pactada en los convenios. En ambos casos, son los bancos quienes asumen fiscalmente el coste de estas aportaciones. Desde la entidad se precisa que se necesitaría un gran volumen de recursos para controlar los gastos sindicales por lo que se ha decidido realizar una asignación anual para el trabajo sindical de las centrales con representación.
Cada sección sindical firmante del acuerdo dispondrá de un banco de horas equivalente al cómputo global trimestral de horas de los miembros de los comités de empresa, delegados de personal y delegados sindicales. Así, las secciones sindicales disfrutarán de un total de 450 horas sindicales que repartirán entre los 35 delegados sindicales que nombrarán cada una de estos seis sindicatos. En total, el acuerdo suscrito ha reducido el número de delegados sindicales en el entorno de 300 trabajadores. Una rebaja en la que también hay que tener en cuenta la sensible reducción de plantilla del grupo desde su nacionalización.
En cuanto a infraestructura, Bankia dotará a cada sección sindical considerada como más representativa (aquella que cuente con más del 10% del total de los delegados de personal y miembros del comité de empresa) de aquellos medios "que se consideren imprescindibles para un correcto funcionamiento del mismo, así como mantenimiento".
La otra vía de financiación de los sindicatos se completa con los fondos que destinará Bankia para el desarrollo de la prevención de riesgos laborales de su plantilla. Por este concepto, la entidad ingresará un total de 135.500 euros en el período 2015-18. Una cantidad que puede incrementarse con una ayuda suplementaria a favor de las secciones sindicales para atender a la formación de los delegados de prevención de riesgos laborales, en el único y exclusivo supuesto de que dicha formación no sea facilitada por Bankia.
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/62098-goirigolzarri-compra-la-paz-social-en-bankia-pagando-650-000-euros-a-los-sindicatos