30 jun. 2015

Easyjet AGP: Los pájaros se tiran a las escopetas

Curioso y lamentable lo sucedido en Easyjet-AGP. Y es que ¿de qué otra forma podemos calificar lo acontecido en dicha empresa?
En Easyjet , como en todas las empresas de handling de aeropuerto, el tema de ajuste de horarios también es un problema, y sucedía que en el turno que acababa por la noche se solían exceder en unos 5 minutos la realización de los últimos aviones en relación a los horarios de los trabajadores. Sucedía también que esos desajustes horarios los solía compensar la empresa con el pago de 1 hora extra. Pero la empresa decide, unilateralmente, pagar solamente el tiempo excedido prorrateado, por lo cual los sindicatos se disponen a denunciarlo (denuncia CCOO, y se adhiere CGT). Hasta aquí todo normal. El espectáculo viene en el Centro de Resolución de Conflictos S.E.R.C.L.A. . Allí después de unas “durísimas” negociaciones se presenta la empresa junto con la empresa ( perdón: Comisiones Obreras ) con el acuerdo , por el cual el trabajador le da a< la empresa cinco minutos de cortesía. Por supuesto CGT muestra su desacuerdo  y quiere que conste en acta, pero no se le permite hacerlo constar en acta ni , tan siquiera, firmar el No Conforme del Acuerdo (que hemos de recordar tiene rango de convenio).
En resumidas cuentas: desde CGT nos preguntamos, vistos los resultados, si quien quiso denunciar  fue realmente CCOO o fue la empresa que ha pasado de pagar 1 hora extra a no pagar nada por esos “pequeños desajustes horarios”.
CGT espera que “Comisiones Obreras” resuelva de una vez , en el aeropuerto de Málaga, su crisis identitaria y se defina de una vez , o como empresa , o como defensores de los derechos de los trabajadores, donde les estaremos esperando. Desde luego con secciones sindicales como las de Easyjet CCOO va más camino de la primera opción que de la segunda.
SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI
SALUD Y DIGNIDAD
Secc. Sind. CGT-Easyjet-AGP

28 jun. 2015

A tajo abierto

- documental -
 
Minera_a_Tajo_abiertoLargometraje documental dirigido por Gianni Converso y producido por Gianni Converso y Daniel Santana, basado en el tema de la minería a tajo abierto.
En las cimas de Los Andes Peruanos se encuentra Yanacocha, una de los complejos de minería de oro mas grandes del mundo y el mas productivo en América. Actualmente, éste proyecto en constante estado de expansión amenaza con los recursos naturales de la región de Cajamarca, poniendo en peligro de extinción una forma de vida que sus habitantes han disfrutado desde tiempos pre-Incas.
A TAJO ABIERTO es un documental de carácter periodístico investigativo que descubre la naturaleza de la industria del oro y expone las amenazas que esta ofrece a las poblaciones en regiones afectadas. El objetivo del film es exponer a través de especialistas de todos los ámbitos, representantes gubernamentales y nativos de la zona Andina, cuál es el verdadero valor del oro y cuanto estamos dispuestos a pagar por sus beneficios financieros.

http://portaloaca.com/videos/documentales/10555-documental-a-tajo-abierto.html

Castor, el despilfarro que pagaremos todos

Septiembre de 2013. Una serie de pequeños sismos sacuden la costa de Castellón y Tarragona, generando un estado de alarma entre la población que se extiende definitivamente el 1 de octubre, cuando el Instituto Geográfico Nacional registra un terremoto de 4,2 grados en la escala Richter. Los movimientos de tierra -más de 400 en total entre las localidades de Alcanar (Tarragona) y Vinaroz (Castellón) en apenas unos días- parecían estar directamente relacionados con las actuaciones de la plataforma Castor, el almacén de gas subterráneo situado a unos 20 kilómetros de la costa frente al delta del Ebro.
La tensa incertidumbre, las protestas ciudadanas y la presión de los grupos ecologistas aceleraron lo que parecía el desenlace lógico: el proyecto quedó paralizado, a pesar de que sus promotores aseguraban que la sismicidad era mínima y no entrañaba peligro alguno para la población. Finalmente, en 2014 el Gobierno puso fin a la concesión, y accedió a pagar una cuantiosa indemnización a la empresa promotora del proyecto, Escal UGS, controlada en un 67,7% por el gigante de Florentino Pérez, ACS: 1.350 millones de euros que la empresa ya ha cobrado, y que los españoles estarán pagando en su factura del gas durante los próximos 30 años. Sumando los intereses (unos 100 millones al año), la cantidad total que le tocará asumir la ciudadanía asciende a 4.300 millones de euros. Las desorbitadas cifras llamaron la atención en Europa: el pasado abril, el Parlamento Europeo censuraba la indemnización pagada a Escal UGS y solicitaba al Defensor del Pueblo Europeo una investigación para esclarecer si el gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago.

Kayaks vigilados de cerca

Bajo el lema Coste inútil, Greenpeace ha denunciado este jueves in situ un proyecto que, según los ecologistas, ejemplifica como pocos la inoperancia del Gobierno en materia medioambiental y la cultura del despilfarro que ha dominado la vida política española, además de una nueva demostración de que determinadas técnicas, como el fracking o la propia inyección de gas, dan lugar a episodios de movimientos de tierras de consecuencias impredecibles. “La sismicidad inducida es la consecuencia lógica de modificar el balance de fuerzas de un macizo rocoso: corres el riesgo de que se reactiven fracturas o pequeñas fallas”, explica Julio Barea, geólogo y responsable de campaña de Greenpeace. “Hay infinidad de ejemplos, como el embalse de Itoiz (Navarra), donde se ha registrado actividad sísmica perfectamente perceptible”.
25/06/2015. Plataforma Castor, Castell?n, Espa?a. Greenpeace activists from the ship Arctic Sunrise, deployed before the Castor gas storage two banners with the messages "Castor, wasteful of money" and "#ElMedioAmbienteImporta" (The environment matters) denouncing the waste of public money that has led to this project. Activists aboard kayaks have denounced the serious consequences that this project has had for the society and the area. © Greenpeace / Pablo Blazquez 25/06/2015. Plataforma Castor, Castell?n, Espa?a. Activistas de Greenpeace, procedentes del barco Arctic Sunrise, han desplegado delante del almac?n de gas Castor dos pancartas con los mensajes ÒCastor, Gasto in?tilÓ y Ò#ElMedioAmbienteImportaÓ, para denunciar el despilfarro de dinero p?blico que ha supuesto este proyecto, que se encuentra ubicado frente a las cosas de Castell?n. Los activistas, a bordo de peque?as embarcaciones tipo kayak, se han acercado hasta el l?mite de la zona de exclusi?n de media milla que existe en torno a la plataforma, y han denunciado las graves consecuencias que este proyecto ha tenido para la sociedad y para la zona en la que se encuentra. ©Greenpeace/Pablo Bl?zquez ©Greenpeace Handout - No Sales - No files - Editorial Use Only - Free Use Only for 14 days after release. Photo provided by Greenpeace, used only to illustrate news or comment on the facts or events depicted in this image. ©Greenpeace Handout Ð No Ventas Ð No Archivos - Uso Editorial Solamente Ð Uso Libre Solamente para 14 d?as despu?s de Liberaci?n. Foto proporcionada por GREENPEACE, uso solamente para ilustrar noticias o comentarios sobre los hechos o eventos representados en esta imagen.
El emblemático Arctic Sunrise, en el que viaja La Marea, llegaba a las inmediaciones de Castor a las diez de la mañana. Los activistas se han echado al agua en modestos kayaks hasta la milla permitida que impone seguridad marítima. La estructura permanece inactiva, pero dos barcos la vigilan permanentemente. De hecho, durante toda la acción, los activistas han permanecido vigilados de cerca por las dos embarcaciones, una de ellas a escasos metros. A pesar de la ausencia casi total de oleaje, dominar un kayak en alta mar no es tarea sencilla. Los activistas han sufrido para desplegar dos pancartas. En la primera de ella, se podía leer el lema de la acción, “Castor= coste inútil”. En la segunda, la frase central de la campaña con la que Greenpeace quiere concienciar a la población sobre algunos de los puntos negros de la geografía española: “El medioambiente importa”.
Al hablar de Castor surge una pregunta inevitable. ¿Qué hubiera sucedido de no haberse producido los terremotos? Probablemente, nada. Escal UGS hubiera seguido inyectando gas con el argumento de que España necesita almacenarlo, a pesar del desorbitado precio, que incluso llegó a triplicar el presupuesto inicial. “Desgraciadamente ha tenido que ocurrir algo así para que se den cuenta de lo mal que se hicieron las cosas desde el mismo estudio de impacto ambiental, que fue absolutamente deficiente”, apunta Barea. Greenpeace, sin embargo, hace autocrítica. “En su momento no fuimos lo suficientemente beligerantes con el Castor”, reconoce. Quizá por eso esta parada era un momento clave en el viaje del Arctic Sunrise por el Mediterráneo. Un momento para volver a visualizar un problema que, probablemente, seguirá ahí durante mucho tiempo. Quizá, el suficiente para que alguien decida intentar resucitarlo sin pensar en las posibles consecuencias.

30J : NO A LA LEY MORDAZA


Prisión por defender el empleo

Caso Expert: prisión por defender el empleo
La Guardia Civil denunció a los trabajadores a los que apaleó
Piden cárcel para cuatro trabajadores y dos sindicalistas por hechos de 2004
Una lucha laboral para conservar los puestos de trabajo, y una represión brutal por parte de la Guardia Civil, podría acabar 11 años después con cuatro trabajadores y dos asesores sindicales en prisión. Los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2004. Los trabajadores de Expert Polymere, situada en L'Arboç (Tarragona), llevaban meses de lucha y concentraciones frente a la fábrica para enfrentarse a un expediente de regulación de empleo que les afectaba por el cierre de su empresa. Ese día, tras una negociación con la dirección, el comité de empresa y dos delegados sindicales de la CGT explicaron a la asamblea de trabajadores los principios de acuer­do que se habían alcanzado, y que debían ser ratificados o rechazados por éstos.
Todo parecía ir bien hasta que, instantes después, la Guardia Civil, que llevaba varios días apostada frente a la fábrica, inició una carga que acabó con varios trabajadores heridos, y uno de los asesores de la CGT detenido. “Se quitaron los números de identificación, cogieron las porras y fueron hacia los trabajadores, cargaron sin justificación alguna”, explica David Santamaría, del grupo de apoyo a los trabajadores del denominado Caso Expert. “Los dos asesores de la CGT fueron a por su coche tras la asamblea y cuando pasaron por delante de la fábrica y vieron la carga bajaron, fueron a mediar y en seguida cuatro guardias se abalanzaron contra uno de ellos, le dieron una paliza, lo esposaron y se lo llevaron”, añade. Los propios agentes de seguridad interna de la empresa escribieron en su parte del día, al que ha tenido acceso Diagonal, y en el que hasta entonces no se habían anotado incidencias: “15 horas: entra la Guardia Civil con las porras en la mano agrediendo a todo el que se ponía por delante. Resultado: tres heridos y una persona detenida. A los heridos se los llevan en ambulancia”.

Contradenuncia

Tras aquella carga, varios trabajadores y trabajadoras, y el delegado sindical, tuvieron que ser atendidos por lesiones y contusiones de diversa consideración y, tras ello, decidieron interponer una denuncia ante los juzgados de El Vendrell. Sin embargo, mientras la denuncia por lesiones fue rápidamente archivada, la Guardia Civil, a partir de los datos de los denunciantes que figuraban en ella, ya que no había habido identificaciones durante la carga, presentó una contradenuncia contra ellos, acusándolos de atentado contra el derecho al trabajo, desconsideración a la autoridad y, en el caso del asesor de la CGT detenido, Pedro Duque, atentado contra la autoridad. La Fiscalía solicitó por ello entre tres años y dos meses y cuatro años y medio de prisión para los denunciados, así como multas que rondan los 3.000 euros.
Paradójicamente, ni la dirección de la empresa ni ningún trabajador interpuso denuncia contra los acusados por vulneración del derecho al trabajo, ya que además no había convocada ninguna huelga. Tam­poco hubo ningún tipo de denuncia de la empresa por los hechos del 20 de julio. Duque explica que, de hecho, tres días después firmaron el acuerdo definitivo con la empresa por el que se evitaban despidos y se recolocaba a los trabajadores.
La única parte acusatoria es la Fiscalía. “Se ha producido una dilación a la que nadie sabe dar una explicación. La instrucción se cerró en 2010 y tiene cerca de 800 folios, parece la Operación Malaya, y ante los recursos que se ha ido presentando siempre se ha dado una negativa de manera injustificada”, dice Santa­maría. Duque añade que en 2010 la propia Fiscalía reconoció que debía archivarse la causa por prescripción de delitos, pero esto nunca llegó a ocurrir. Once años después de los hechos, no sólo el caso no se ha archivado, sino que los trabajadores han sido citados a declarar el próximo 9 de julio ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Tarragona en calidad de acusados. “En el proceso todo es desproporcionado, el proceso en sí es una patraña”, indica Santamaría, que añade que “aunque hubiesen cometido esos delitos, que no lo han hecho, once años después no se puede hacer justicia, sería venganza”.
En una carta abierta, los afectados señalan: “Todo esto ha supuesto un duro golpe en nuestras vidas y la de nuestras familias, que se han visto drásticamente alteradas por los delitos de los que injustamente se nos acusa, con las consecuencias a nivel psicológico y emocional que conlleva la perspectiva de una posible pena de prisión. Y todo ello por el simple hecho de haber intentado defender nuestros puestos de trabajo y haber sufrido una agresión policial”.
Por ello, han iniciado una campaña para lograr el archivo de la causa, que han llevado hasta el Parla­ment, donde han logrado el apoyo de los partidos que se encontraban presentes en la Comisión de Inte­rior: CUP, ICV-EUiA, ERC, PSC y CiU. Con campañas a pie de calle y también en las redes, los trabajadores esperan que se amplifique la denuncia y volver a respirar tranquilos once años después.

Resistencia transatlántica contra el TTIP

Convocan ’Resistencia transatlántica contra el TTIP’
* ¿QUÉ? Jornada ’Resistencia transatlántica contra el TTIP’
¿CUÁNDO? Martes 30 de junio. 10-13.30h
* ¿DONDE? Savia Solar. Calle Escuadra, 11. Madrid.
Participantes:
Thea Lee, representante de la Federación Estadounidense del Trabajo y Unión de Organizaciones Industriales (AFL­CIO), la mayor federación sindical de Estados Unidos.
• Florent Marcellesi, portavoz de EQUO en el Parlamento Europeo.
La jornada contará con dos paneles, en el primero, Florent Marcellesi (EQUO) realizará una aproximación al estado de las negociaciones del TTIP y trascendencia del tratado; Thea Lee (AFL-CIO) hablará del impacto del TTIP en el empleo, cómo se está articulando la resistencia sindical en EEUU y la articulación de resistencias transatlánticas; Juan Manuel del Campo (CCOO) explicará los impactos del TTIP en el empleo y las condiciones laborales en España y la UE, y Cuca Hernández hablará de de la Campaña Contra el TTIP en España y la UE.
En el segundo panel, se abordarán los impactos del TTIP en los servicios públicos, la energía, la alimentación, el bienestar animal y el modelo de democracia. En este panel se contará con la participación de: Carlos Martínez, miembro de ATTAC, Pablo Cotarelo, miembro del Observatorio de la Deuda de la Globalización, Sandra Espeja, Responsable de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra.
Esta jornada se enmarca en un ciclo de conferencias organizadas por Los Verdes Europeos en numerosas capitales de Europa (Bruselas, Viena, París, etc.) del 29 de junio al 2 de julio, como parte de la campaña internacional de rechazo al tratado de libre comercio que está negociando la UE con EEUU. Participan en esta gira de conferencias tres referencias de la lucha contra el TTIP en Estados Unidos.
PROGRAMA
10h-11.30h Panel 1 ’Impacto del TTIP en el empleo y resistencias en EEUU y UE’.
Presentación de la jornada a cargo de Inés Sabanés, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.
Introducción: Aproximación al estado de las negociaciones del TTIP y trascendencia del tratado, por Florent Marcellesi, portavoz de EQUO en el Parlamento Europeo.
¿Qué impacto va a tener el TTIP en el empleo? ¿Cómo se está articulando la resistencia en EEUU? ¿Qué alianzas hay o puede haber entre los movimientos de resistencia al TTIP en EEUU y UE?
Por Thea Lee, experta en comercio y política internacionales, y representante de la Federación Estadounidense del Trabajo y Unión de Organizaciones Industriales (AFL­CIO).
Impactos del TTIP en el empleo y las condiciones laborales en España y la UE, por Juan Manuel del Campo Vera, Responsable de Política Sectorial en la Federación de Servicios de CCOO.
Resistencia ciudadana al TTIP, por Cuca Hernández de la Campaña Contra el TTIP.
11 – 11:30 PAUSA ­ CAFÉ.
11.30 ­ 12 RUEDA DE PRENSA con Thea Lee
12h-13.30h Panel 2 ’¿Cómo va a transformar el TTIP la realidad europea? Impactos en los servicios públicos, la energía, la alimentación, el bienestar animal y el modelo de democracia.’
Marco global: La base ideológica del TTIP y sus principales mitos, por Florent Marcellesi.
ISDS – Cooperación reguladora
Carlos Martínez,miembro de ATTAC.
TTIP y Energía. Estudio de Enginyeria sense Fronteres (ESF)
Pablo Cotarelo, miembro del Observatorio de la Deuda de la Globalización.
TTIP y alimentación y bienestar animal
Sandra Espeja, Responsable de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra.
TTIP y derechos de los consumidores
Ana Echenique, representante de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU).

Vigilancia en internet

Vigilancia en internet: soluciones al monitoreo legal o ilegal de lo que hacemos en la red
La Circular 1/2013 de la Fiscalía General del Estado sobre pautas en relación con la diligencia de intervención de las comunicaciones telefónicas establece algunas definiciones técnicas para el Ministerio Público, con el fin de que se comprendan los alcances y alternativas de éstos en materia de intervención de las comunicaciones. Esto incluye el tráfico que […]

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La Circular 1/2013 de la Fiscalía General del Estado sobre pautas en relación con la diligencia de intervención de las comunicaciones telefónicas establece algunas definiciones técnicas para el Ministerio Público, con el fin de que se comprendan los alcances y alternativas de éstos en materia de intervención de las comunicaciones. Esto incluye el tráfico que circula por nuestro módem y cuyos datos son almacenados por la empresa que nos provee la conexión a internet. Veamos las consecuencias de este “pinchazo” a nuestras comunicaciones, las formas legales o ilegales de hacerlo y cómo protegernos.
El documento, de 145 páginas, asienta criterios que deberían regir las órdenes de intervención de las comunicaciones en el proceso penal, y establece también algunas pautas del alcance que pueden llegar a tener: desde el acceso a los datos de los intervinientes en una conversación telefónica al acceso a las comunicaciones por correo electrónico y su contenido.
En general, todos estamos familiarizados con la práctica policial de los pinchazos telefónicos y el rastreo de la telefonía móvil. Es una práctica que podemos observar en las noticias de una compleja investigación en materia de corrupción o en cualquier serie de televisión policial. Sin embargo, ¿qué pasa con nuestro módem o la vigilancia en internet?, ¿a dónde van los millones de datos que emitimos desde nuestro ordenador o desde nuestro dispositivo móvil y que permiten, a quien tenga acceso a ellos, elaborar un completo perfil del usuario: webs habituales, correos electrónicos, cuentas online, cuentas bancarias, etc.?.
La infraestructura de acceso a internet de la mayoría de usuarios podría definirse como una infraestructura triangular. Cuando accedemos a un servicio web intervienen tres componentes:
  1. El usuario susceptible de monitoreo externo emite una solicitud de acceso.
  2. El proveedor de servicios de internet (ISP, en sus siglas en inglés), que procesa esa solicitud.
  3. El servicio web de destino, que la acepta.
Como podemos imaginar, se trata de una operación cuya resolución es casi inmediata y automatizada, pero ya nos podemos hacer una idea de cómo el proveedor ISP monitoriza el tráfico web de todos los usuarios a él conectados, otorgando enormes prerrogativas a quien tenga el control sobre esas redes. Por ejemplo, cuando una autoridad judicial o administrativa decide bloquear una determinada web, lo único que hace es cursar una orden a los ISP autorizados por el Ministerio de Industria o su autoridad delegada para que no procesen las solicitudes de los usuarios que quieren acceder a dicho servicio.
Por tanto, la conclusión es evidente: para que esa particular censura se efectivice, el ISP debe tener acceso a todo nuestro tráfico web. Y vaya si lo tiene: todos las páginas web, contraseñas, correos electrónicos y metadatos de navegación pasan por el filtro de nuestra operadora, y en ese camino que hay entre nuestro ordenador o dispositivo móvil y el ISP se encuentra todo el interés de quien quiera saber lo que hacemos en internet.

El monitoreo legal de nuestro tráfico

Días atrás hablábamos de algunos extremos de la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones. La comprensión de esta normativa es esencial para entender hasta qué punto, y sin la debida protección, nuestras comunicaciones electrónicas son un auténtico sobre abierto donde la privacidad no existe.
Los ISP suelen rebatir esta afirmación recalcando que las redes por ellos administradas contienen un fuerte cifrado, lo cual es verdad, pero es una verdad a medias. La mencionada normativa que regula las redes en España contiene dos elementos que desechan cualquier atisbo de respeto por la privacidad:
  • Que los elementos de cifrado de las comunicaciones reguladas por esa Ley tendrán que estar puestos a disposición de una autoridad estatal (art. 43).
  • Que las comunicaciones intervenidas mediante orden judicial, en caso de que estas estén protegidas por algún mecanismo de encriptación, deberán ser entregadas desprovistas de cualquier protección (art. 39.11).
De esta manera, el Estado se asegura el pleno control de la comunicación, tanto si existe orden judicial como si no. Con el segundo ejemplo, el mecanismo parece claro, pero con el primero, queda muy libre de interpretación ese criterio de “puesta a disposición”. Por un lado, eso explica las reacciones punitivas cuando las autoridades se encuentran frente a un cifrado que no pueden romper; por otro, el régimen sancionador en caso de incumplimiento de estas obligaciones a la Ley de Telecomunicaciones son el instrumento que engrasa la permanente colaboración de las empresas operadoras con el Estado.
Por parte de los abogados que intervengan en procedimientos penales donde se han utilizado datos almacenados por empresas sujetas a los deberes de almacenamiento de la Ley 25/2007 de Conservación de Datos de Comunicaciones Electrónicas (caso de tuiteros detenidos o comentarios en redes sociales) , es muy importante revisar:
  • si los datos del usuario imputado fueron obtenidos con la correspondiente orden judicial, dado que para obtener una IP no hace falta mandamiento de un juez, pero sí para obtener de la empresa que almacena los datos la titularidad de la misma;
  • si los datos que se solicitaron se producen con motivo de la investigación de un delito calificado como grave, ya que la ley mencionada establece que sólo se podrán ceder esos datos en caso de estar investigándose un delito así graduado.

El monitoreo ilegal

Muchas son las formas por las que nuestro tráfico en internet puede ser monitoreado por terceros. Ya hemos visto cómo los actores estatales tienen un pleno control sobre las operadoras por las que circula nuestra navegación y que, si bien es cierto que un eventual pinchazo de las comunicaciones requiere una orden judicial, no podemos estar seguros que en la actualidad existan jueces que tengan la dimensión necesaria para comprender lo que supone el control de este tipo de datos.
Por otro lado, España forma parte de la Red OSEMINTI, una infraestructura capaz de leer las comunicaciones electrónicas de todos los usuarios, con la finalidad de rastrear palabras y frases que, contextualizadas, son una fuente de inteligencia invasiva de primer orden. Sabido y reconocido esto, implica que los datos que corren por la infraestructura de banda ancha española son leídos y monitorizados por esta red englobada en el llamado “Acuerdo para una Infraestructura Semántica Operacional”, y que encaja perfectamente en los condicionamientos legales de acceso a los datos almacenados que vimos en el punto anterior, ya que los mecanismos de cifrado que emplean las empresas están “puestos a disposición” de la autoridad reguladora.
Pero si el actor interesado en conocer nuestro tráfico quiere saber más cosas sobre nosotros, existen mecanismos más específicos e individualizados de controlar nuestro tráfico web, a través de ataques man in the middle, uno de los aspectos menos conocidos por los usuarios de internet, donde la mayoría rehusa profundizar o conocer muchos aspectos de una navegación segura, y por la que se desconoce la realidad de que unas pocas herramientas accesibles permiten conocer prácticamente todo lo que volcamos a las redes.

La solución: el cifrado de nuestro tráfico

A partir de lo comentado, la necesidad parte por tanto de proteger los datos que enviamos, desde que salen de nuestro ordenador hasta que llegan a su destino, sea esto una página web, una banca virtual o la bandeja de entrada de correo electrónico.
No debemos confundir esto con el anonimato en internet, para lo que existen otras herramientas. Aquí lo que vamos a ver es una de las formas con las que evadir los controles al tráfico que pueden realizar tanto la empresa proveedora, autoridades o individuos interesados (un ejemplo que ocurre en nuestra profesión, de manera cada vez más habitual: disputas legales donde se quiere obtener información sobre la estrategia de defensa de la otra parte).
La herramienta escogida es DNScrypt, creado por la empresa de resolución de nombres de dominio OpenDNS, la cual ha desarrollado un software ligero de muy sencilla instalación que permite sortear las barreras impuestas por nuestro ISP y que evitará la lectura por terceros del tráfico que pasa por nuestro módem. Se trata de un proxy que encripta los datos salientes de nuestra computadora mediante criptografía de curva elíptica.
Para ello, hemos creado estos tutoriales para su instalación en Windows, Linux, Mac y Android.

Conclusiones

La Sentencia del Tribunal Constitucional 134/1999 resume que “El art. 18.1 C.E. no garantiza una “intimidad” determinada, sino el derecho a poseerla, a tener vida privada, disponiendo de un poder de control sobre la publicidad de la información relativa a la persona y su familia, con independencia del contenido de aquello que se desea mantener al abrigo del conocimiento público. Lo que el art. 18.1 garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada, pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cuál sea lo contenido en ese espacio. Del precepto constitucional se deduce que el derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a su persona o a la de su familia, pudiendo imponer a terceros su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida, lo que ha de encontrar sus límites, como es obvio, en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos”.
Esta interpretación constitucional no puede ser entendida sin que los dueños de estos derechos no los ejerzan ni entiendan la dimensión de los mismos y la dimensión de la maquinaria que existe para vulnerarlos. Será papel mojado todo derecho que no sea ejercido.
* Abogado especializado en Derecho Internacional Público latinoamericano por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED). Administrador de sistemas operativos Linux y desarrollador de programas de código abierto. Actualmente es colegiado ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y abocado al uso de software libre en las Administraciones Públicas.
http://www.buenjuicio.com/vigilancia-en-internet-soluciones-al-monitoreo-legal-o-ilegal-de-lo-que-hacemos-en-internet/

Huelga Ryanair MAD

La huelga del handling de Ryanair en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas va a continuar indefinidamente y, mientras tanto, los empleados están denunciando que la aerolínea está aceptando a bordo equipajes sin etiquetar y que lleva exceso de equipaje y maletas hasta en los aseos o entre las piernas de los pasajeros.
 
Aunque los paros afectan solo al handling de Ryanair en Barajas, el comité de huelga ha convocado a todos los trabajadores del sector a una concentración para denunciar lo que consideran una situación de “precariedad laboral y miseria”.
 
Según los huelguistas, la low cost irlandesa viola los términos de la subrogación y ello afecta negativamente a las nóminas de los trabajadores. El comité asegura también que ha recibido “presiones y amenazas” por la huelga.

27 jun. 2015

El impuesto más bochornoso...

¡NO al impuesto al SOL!
El nuevo regalo a las eléctricas que está preparando Industria se llama "IMPUESTO AL SOL" y va detrás de todos aquellos que intentan escapar del oligopolio eléctrico y apuestan POR UN AUTOCONSUMO LIMPIO Y BARATO.
El Ministerio de Industria trabaja a contrarreloj para proteger al poderoso oligopolio eléctrico imponiendo nuevas barreras para asfixiar económicamente a aquellos ciudadanos que pretendan producir su propia electricidad utilizando la energía solar. Unámonos para evitar este bochornoso impuesto al Sol.
Ante la tremenda pérdida de poder regional y local en las últimas elecciones, el plan del gobierno es sencillo: aprovechar el vacío autonómico para fulminar el autoconsumo eléctrico, ¡obligando a todo aquel que monte un sistema de paneles solares a pasar 31 años amortizándolo! 
Aprovechemos que el Ministerio se ha visto obligado a abrir un proceso de consulta pública para inundarlos con cientos de miles de firmas en contra que resuenen en todos los medios y den la voz de alarma a las Comunidades Autónomas.

Firma la petición y compártela con todos tus conocidos para que nos convirtamos en noticia esta semana.
https://secure.avaaz.org/es/ano_al_impuesto_al_sol_fb/

GALERIA DE BUITRES CCXXXIII

Las petroleras de la familia de Cañete ganaron 6,1 millones de euros en su etapa de ministro
 Así consta en las últimas cuentas presentadas relativas a los ejercicios de 2012 y 2013. El comisario de Energía y Clima de la UE mantuvo acciones del 2,5% en Petrolífera Ducar y Petrologis Canarias hasta que se deshizo de estas participaciones en septiembre de 2014 para poder pasar el examen de la Eurocámara

Las dos compañías petroleras participadas por Miguel Arias Cañete hasta justo antes de pasar el examen de comisario europeo de Energía y Clima obtuvieron pingües beneficios en los ejercicios de 2012 y 2013. En concreto, según consta en las últimas cuentas presentadas por Petrolífera Ducar SL y Petrologis Canarias SL, consultadas por Vozpópuli, ambas ganaron un total de 6,1 millones de euros en ese período. Estos dos años coincidieron con la estancia de Arias Cañete al frente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El exmiembro del Gobierno Rajoy dejó la presidencia de Petrolífera Ducar SL y Petrologis Canarias SL cuando accedió a la cartera ministerial en diciembre de 2011, pero mantuvo una participación del 2,5% en el accionariado de cada una de ellas hasta septiembre de 2014. En esta fecha se vio obligado a desprenderse de estos títulos para poder pasar el examen de la Eurocámara y salvar el escollo de un presunto conflicto de intereses entre la responsabilidad que iba a ocupar y sus propios negocios.
El balance de resultados de 2013 que presenta Petrolífera Ducar SL, donde Arias Cañete tenía participaciones por valor de 188.246 euros, recoge unas ganancias de 1.706.000 euros, un 5% más que los 1.619.000 obtenidos en el ejercicio anterior. El incremento fue mayor, en este caso del 14%, en lo referente al negocio de Petrologis Canarias SL, cuyas últimas cuentas arrojan un saldo positivo de 1.481.000 euros (fueron 1.295.000 euros en 2012). El sustituto de Arias Cañete en la presidencia de estas compañías fue su cuñado Miguel Domecq Solís-Beaumont, hermano de su mujer, Micaela Domecq, que todavía continúa en el cargo.
Este cuñado, pese a estar ausente, fue el gran protagonista de la evaluación de Arias Cañete ante el Parlamento europeo el pasado 1 de octubre. Si bien el entonces candidato a comisario de Energía y Clima insistió en que "ni mi mujer ni mi hijo ni yo tenemos ningún cargo ni acciones en ninguna de estas empresas ni en ninguna otra relacionada", desde la oposición le recordaron en repetidas ocasiones que su brother in law, su socio, continuaba vinculado a sendas petroleras, lo que suponía un conflicto de intereses que hacía inviable su designación. Arias Cañete se acogió que Miguel Domecq Solís-Beaumont no era "familia directa" y esquivó las preguntas que le lanzaron desde el grupo socialista y desde la Izquierda Unitaria para que indicara si había vendido sus acciones (el 2,5% de cada petrolera) a este cuñado.
 
El hijo del exministro, de nombre Miguel Arias Domecq, estuvo un año como consejero de Petrolífera Ducar (de octubre de 2013 a octubre de 2014) y diez meses en Petrologis Canarias SL (desde diciembre de 2013 hasta octubre de 2014). Las últimas cuentas de Petrolífera Ducar, que se dedica al almacenamiento de productos petrolíferos en el puerto de Ceuta, también revelan una victoria de la compañía sobre el Ministerio de Hacienda. Tal y como informó este diario, la Agencia Tributaria realizó en 2012 "una comprobación limitada del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2007 levantando un acta por importe de 56.000 euros", que la compañía recurrió ante el TEAR, el Tribunal Económico Administrativo Regional, "por no estar conformes con los criterios de la Administración". Según consta en la memoria de 2013, "la Inspección fiscal resolvió a favor de la sociedad". De este modo, el informe de gestión de dicho año destaca que "el Impuesto de Sociedad ha sido menor que el ejercicio anterior, incluso obteniendo la compañía un resultado mayor".
Además, el mismo informe explica que "el almacenamiento de productos petrolíferos, principal actividad de la compañía, evoluciona de forma positiva gracias a los contratos firmados a largo plazo en 2008 con Vilma Oil y Cepsa para las plantas de Ducar I y Ducar II respectivamente, con la plena capacidad contratada". Siendo Arias Cañete presidente de Ducar (lo fue desde 2005 hasta 2011), esta sociedad llegó a un acuerdo con las petroleras Cepsa y Vilma Oil para que le arrendaran respectivas instalaciones en el puerto de Ceuta destinadas el depósito de hidrocarburos. En el caso de Cepsa, el contrato de alquiler se firmó para un periodo de vigencia de diez años.
Un volumen de negocio de 5,1 millones
La memoria más reciente de Ducar también indica que "la facturación del almacenamiento ha aumentado principalmente porque las paradas técnicas necesarias para las obras de remodelación de los tanques han sido menores que en 2012". Y añade: "Durante 2013 se han seguido realizando obras de remodelación de ambas plantas, que han sido la causa del aumento de los gastos de explotación". La inversión en estas obras, que alcanzó los 630.000 euros, provocó un aumento de las amortizaciones.
El flujo de caja permitió a la compañía repartir un dividendo a cuenta por importe de 1.600.000 euros y "mantener la inversión en las plantas con financiación propia sin que esto suponga un deterioro de las masas patrimoniales". La cifra de negocio se elevó a 5,1 millones de euros, un 11% más que en el ejercicio de 2012.
  http://vozpopuli.com/actualidad/64462-las-petroleras-de-la-familia-de-canete-ganaron-6-1-millones-de-euros-en-su-etapa-de-ministro

GROUNDFORCE: Huelga Indefinida

Convocan huelga indefinida en el handling de Globalia

Los trabajadores de Groundforce, el handling del grupo Globalia, han convocado una huelga parcial indefinida a partir del 4 de julio por el estancamiento de la negociación del nuevo convenio colectivo. Más de 3.500 empleados han sido convocados por los sindicatos CC OO, USO, CGT y CESHA en todos los aeropuertos donde opera Groundforce.

Tal y como revela Expansión, la huelga afectará, en días alternos, a los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Las Palmas, Sevilla, Bilbao, Tenerife Norte y Tenerife Sur, y a las aerolíneas Air Europa, Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Etihad Airways, Korean Air, Saudia, Air France-KLM, Alitalia, Lot y Lufthansa, los principales clientes de Groundforce..

En Madrid, los paros se harán todos los domingos de 12:00 a 14:00 y de 20:00 a 22:00 horas, mientras que en Barcelona y Tenerife Sur, todos los viernes, de 08:00 a 10:00 y de 19:00 a 21:00 horas en el catalán, y de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 horas, en el canario. En Bilbao y Tenerife Norte, la huelga se convoca los lunes, de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en el primero, y de 13:00 a 17:00 horas, en el segundo. En Las Palmas, será todos los miércoles de 09:00 a 11:00 y de 16:00 a 18:00 horas, y, en Sevilla, todos los jueves de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 21:00 horas.

http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/el-handling-de-globalia-convoca-huelga-indefinida-a-partir-del-4-de-julio-254136.html

 

29-J: BASES FUERA

Rotundo rechazo a la firma de la enmienda al Convenio de Cooperación Militar con Estados Unidos

El Gobierno español envió a Washington a su Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, aprisa y corriendo, para que tal firma se produzca cuanto antes. Casi en la clandestinidad, en el día de ayer quedó sellado el acuerdo:
Era de esperar cualquier despropósito, con tal de que la enmienda al Convenio sea ratificada por el Congreso de los Diputados, en el que el Partido Popular va a perder su mayoría en las próximas elecciones generales. Pero antes de que este acontecimiento se produzca, el Gobierno quiere asegurar la estrecha vinculación de sus propios intereses a los imperiales de los Estados Unidos.
La modificación al Convenio implica el establecimiento permanente en la base de Morón de una fuerza expedicionaria aerotransportada de marines norteamericanos, dispuestos a intervenir en cualquier punto de África, Oriente Próximo o el Mediterráneo Oriental, en cuestión de horas y sin ningún control por parte del Estado Español.
La modificación al Convenio supone, por tanto, un paso adelante en la cesión de soberanía y convierte a España en cómplice de las criminales intervenciones que puedan desencadenar, además de hacer de Morón un blanco singular para eventuales represalias.
Por ello, la Plataforma Global Contra las Guerras ha convocado a una concentración de rechazo ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, el lunes 29 de Junio, a las 20 horas.
Pincha aquí para descargar la CONVOCATORIA
Pincha aquí para descargar el Convenio convenio cooperacion defensa EEUU_est español

 https://plataformaglobalcontralasguerras.wordpress.com/2015/06/18/rotundo-rechazo-a-la-firma-de-la-enmienda-al-convenio-de-cooperacion-militar-con-estados-unidos/

 

26 jun. 2015

Llegan las nuevas tarifas para la desobediencia

El 1 de julio entran en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal
Con la oposición de organizaciones estatales e internacionales, de la práctica totalidad de los partidos de la oposición y de más de un 80% de la población –según una encuesta elaborada por Metroscopia–, el próximo 1 de julio entran en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la última reforma del Código Penal. Con esta última, entra en la legislación española la cadena perpetua –bajo el apelativo de prisión permanente revisable– y desaparecen las faltas, que pasan a ser delitos leves o infracciones administrativas.
Por su parte, el texto que viene a sustituir a la inicialmente denominada ‘Ley Corcuera’ incluye hasta 44 conductas como infracciones, muchas de ellas relacionadas con la movilización social, como el uso no autorizado de imágenes de policías –que estará castigado con multas de entre 601 y 30.000 euros–, las manifestaciones no comunicadas ante “infraestructuras graves” –con multas de hasta 600.000 euros– o impedir a cualquier autoridad el ejercicio de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas judiciales –como puedan ser las acciones encaminadas a impedir desahucios, que pasarán a estar castigadas también con multas de entre 601 y 30.000 euros–. De la ley de la patada en la puerta, a la ley de la patada en la boca.

Jurisprudencia para matizar

Con los cambios legislativos ya en vigor, serán los jueces, mediante sus sentencias, quienes empiecen a matizar algunas de las disposiciones, al menos las que se enfrenten a los derechos fundamentales contemplados en la Constitución. “Lo que se puede interpretar es la colisión de derechos fundamentales con las disposiciones de estas normas”, explica el abogado Endika Zulueta. “Hay jueces que pueden dar más valor a un derecho frente a un posible delito de orden público, como en el caso de la libertad de expresión”. Zulueta pone como ejemplo el caso de Aturem el Parlament, que en la Audiencia Nacional terminó en absolución, en agosto del pasado año, con una sentencia leída por los magistrados Ramón Sáez y Manuela Fernández. En marzo de este año, el Tribunal Supremo, en voz de Manuel Marchena, revocó la absolución, dictando una condena de tres años de cárcel para ocho de los acusados. “Sáez fue más riguroso en la interpretación de las garantías procesales y en la defensa de los derechos fundamentales, del derecho a la legítima protesta”, explica Zulueta, quien resalta que, en muchas ocasiones, los jueces que hacen una interpretación más garantista con los derechos fundamentales son marcados mediáticamente.
Con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal vuelve a ponerse sobre la mesa la confrontación entre el concepto de seguridad ciudadana entendido como orden público bajo control policial y la interpretación del orden como el respeto hacia los derechos fundamentales por parte de los poderes públicos. “Hay margen para apreciar el ejercicio de un derecho fundamental por encima de una legislación tan represiva”, explica a Diagonal Victoria Rosell, portavoz adjunta de Jueces por la Democracia. “Aunque las resoluciones judiciales son caso por caso”, añade.
Rosell cita los delitos contra el orden público recogidos en los artículos 550 y siguientes del nuevo Código Penal, que ahora se extienden para proteger a personas físicas o jurídicas de carácter privado, como el personal de seguridad privada o las entidades bancarias en las que a veces se concentran los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de otros colectivos relacionados con el derecho a la vivienda para negociar alquileres sociales y daciones en pago. También señala el artículo 559, sobre la difusión de convocatorias, que, según destaca Rosell, “adelanta excesivamente la barrera punitiva”. Este tipo penal “puede chocar con el derecho a la libertad de expresar y difundir ideas, y será otro tema en el que la interpretación de los jueces tenga peso”.
Por lo pronto, cuando aún no ha entrado en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, una sentencia ya ha hecho una primera interpretación de una de sus disposiciones, la referida al uso de imágenes sin autorización de agentes de policía. La sentencia, de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, hecha pública el pasado 18 de junio, ha retirado la condena de seis meses de prisión a un hombre acusado de negarse a identificarse ante los policías a los que estaba grabando durante una manifestación en 2011. “No existe motivo para compeler a un ciudadano a parar una grabación de un hecho verificado en la vía pública por agentes policiales, ni en consecuencia para exigirle identificarse”, señala la sentencia. “Tampoco la reciente Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana parece considerar que está prohibido grabar a los agentes en el ejercicio de sus funciones”, continúa. Sin embargo, aunque un tribunal ya se ha pronunciado sobre el derecho a grabar las actuaciones de la Policía sin que ésta pueda responder pidiendo la documentación, en varias ocasiones los agentes han interpelado a activistas y periodistas advirtiéndoles de que a partir del 1 de julio estará prohibido que se les haga fotografías durante el ejercicio de sus funciones. “La Policía debe recibir una formación suficiente –lo que no se está haciendo salvo por iniciativa de los propios sindicatos– sobre las modificaciones. Saber que, por ejemplo, en delitos leves no deben hacer detenciones, que no está prohibido que se tomen imágenes de su actuación en lugares públicos –y, por tanto, no pueden decomisar ni móviles ni cámaras por ello, ni borrar su contenido–, y también que no deben cumplir órdenes ilegales ni incumplir su deber de ir ellos mismos identificados”, explica Rosell.

Administración, juez y parte

Sin embargo, según subraya Rosell, “no todo el margen estará en los juicios penales”. Una gran parte de conductas que antes constituían faltas pasa ahora a engrosar el catálogo de infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una supuesta buena noticia, al dejar de considerarse faltas penales para pasar a ser infracciones, que esconde detrás una rebaja de las garantías procesales. De ser un juzgado quien decida sobre la culpabilidad, la Administración pasa a ser ahora juez y parte en el proceso. De tener el acusado presunción de inocencia en la vía penal y ser la acusación la obligada a demostrar su culpabilidad, en la administrativa es el supuesto infractor quien tiene que demostrar su inocencia y el testimonio policial se convierte en la tesis de base. Así, el tipo de desórdenes públicos se incluye en el Código Penal con hasta tres años de cárcel, pero también en la Ley de Seguridad Ciudadana como infracción grave –“siempre que no constituya una infracción penal”– castigada con hasta 30.000 euros de multa. La desobediencia a agentes de la autoridad, y como novedad, a la seguridad privada, está penada como delito leve en el Código Penal, mientras también aparece como infracción leve, con hasta 600 euros de multa en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Desobediencia para tumbarla

Durante la última semana antes de su entrada en vigor, decenas de colectivos han emprendido acciones para visibilizar la criminalización de la protesta y la libertad de expresión que llega con las denominadas ‘leyes mordaza’. Pegadas de carteles, campañas en redes sociales, acciones reivindicativas en la calle pero, sobre todo, potenciar las actividades que se llevan haciendo desde hace años. “Parar un desahucio ya era desobediencia, celebrar una asamblea en la calle sin autorización previa también… Siendo rigurosos, un botellón, las decenas de estudiantes que se concentran en la puerta de una facultad antes de entrar a clase, un grupo de turistas que anda por la ciudad y hasta un grupo de abuelos que quedan en un parque ya estaban cometiendo actos susceptibles de ser castigados como infracción. Y, sin embargo, no se sancionan ni mucho menos se criminalizan”, explica Arantxa Flores, de la Comisión Legal Sol. ¿Por qué? “En unos casos son actos asentados en la costumbre y en otros responden a intereses económicos”.
Bajo esta tesis gira el debate sobre la desobediencia a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal: si la sociedad encuentra legítimo que un grupo de personas se concentre en el interior de una sucursal bancaria para presionar la negociación de un alquiler social para una familia, ¿el que esta situación sea contemplada como un delito en el Código Penal es suficiente para que deje de realizarse? Si difundir imágenes que muestran la actitud violenta de la Policía publicadas en medios de comunicación y redes sociales han servido para poner en entredicho la actuación policial a nivel social, ¿les quita legitimidad el hecho de que la Ley de Seguridad Ciudadana las incluya ahora como infracción grave? “Una de las fuentes del derecho es la costumbre y los usos, y éstos se definen por actuaciones repetidas en el tiempo y normalizadas por la sociedad. Si acciones como una asamblea en la calle dejan de realizarse por el miedo a una sanción, nunca se normalizará como costumbre y será complicado reclamar su protección a nivel normativo”, explica Flores. “Las acciones de desobediencia tienen que ir encaminadas, por una parte, a evidenciar que está por encima lo legítimo que lo que contemple la ley y, por otra parte, a generar o mantener que ciertas acciones sean costumbre para que, o se consiga modificar la ley o se evite que sea aplicada”, continúa.
Pero también es importante saber qué se puede hacer y qué no, y qué herramientas existen para defenderse de la criminalización y la burorrepresión –tendencia a castigar por vía administrativa las acciones interpretadas como vulneraciones de orden público–.
Si desde 2011 hasta que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dejó su cargo al frente de Subdelegación de Gobierno han sido al menos 1.179 las personas sancionadas en esta comunidad por acciones relacionadas con movilizaciones sociales de las que ha tenido constancia la Comisión Legal Sol, con multas que han sumado más de 174.000 euros, a la vista de las cuantías contempladas para las sanciones administrativas en la Ley de Seguridad Ciudadana, el coste económico de la desobediencia va a tener muchos dígitos, a menos que se opte por la declaración de insolvencia.
En la mayoría de los casos en los que se han recurrido las sanciones, “la vía judicial nos está dando la razón”, señala Flores. De los 491 casos en los que se han interpuesto recursos en los juzgados de lo contencioso-administrativo, en 208 se ha conseguido ganar la partida a Subdelegación de Gobierno, que ha tenido que devolver el importe de las multas, casi 71.000 euros en cuatro años. Del resto de casos, 143 siguen pendientes de resolución y sólo 28 se han perdido. En diciembre pasado, el Grupo de Trabajo Administrativo de la Comisión Legal Sol publicó el Manual de emergencia y autodefensa contra las multas, como herramienta con la que afrontar la represión por vía administrativa.
Sin embargo, “en lo referente al Código Penal, la situación es más difícil”, afirma Eric Sanz de Bremond, abogado también miembro de la Comisión Legal Sol. Ante tipos penales como el de desórdenes públicos, con penas de hasta seis años de cárcel si se cometen en el contexto de una manifestación, pocos recursos hay más allá de confiar en que el juez que toque ponga por delante las garantías constitucionales y el principio de proporcionalidad a la persecución de un delito contra el orden público, o que llegue a buen fin alguno de los recursos presentados en toda la vía judicial estatal o ya, años después, europea. Pocas diferencias con lo que ya se vive, con casos como el de Alfon o el de las ocho personas condenadas por Aturem el Parlament.
“Para mí, el debate no es cómo escapar de las consecuencias legales de la desobeciencia. La desobediencia encierra la asunción de sus consecuencias, como acto político, y es precisamente ese castigo asumido lo que debe evidenciar que la norma desobedecida es injusta”, señala Sanz de Bremond, quien pone como ejemplo sentencias como la que absolvió a las 21 personas acusadas de un delito de desobediencia por un acto de protesta frente a la sede de la Sareb en marzo de 2013. “Es clave tanto la desobediencia como la coherencia con la misma durante el juicio, asumiendo los hechos. En el caso de los 21 de Sareb, los acusados asumieron los hechos, afirmaron ante el juez que desobedecieron una ley injusta, y finalmente el propio fiscal pidió su libre absolución. “No hay que formar un ejército de mártires, el reto está en encontrar el equilibrio entre no renunciar a la desobediencia y ejercerla de tal manera que se pueda sostener”, concluye.
https://www.diagonalperiodico.net/panorama/27146-nuevas-tarifas-para-la-desobediencia.html

GALERIA DE BUITRES CCXXXII

Una red ofrecía contratos de trabajo falsos a ‘sin papeles’ por 3.000 euros en Palma
Agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de más de una decena de personas acusadas de falsificar contratos de trabajo a ‘sin papeles’ africanos.
Desde hace meses, agentes de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) del Cuerpo Nacional de Policía trabajaban en la desarticulación de una trama que expedía contratos laborales como asistentes del hogar a título personal. De esta manera, el cabecilla de la trama evitaba la utilización de gestorías o entramados empresariales dificultando por ello el poder ser detectado.

El modus operandi utilizado consistía en captar a personas de nacionalidad africana que buscasen regularizar su situación legal en España y que estuvieran dispuestos a pagar entre 3.000 y 5.000 euros por ello.
Una vez que ya disponían del ‘cliente’ se buscaba un conocido o familiar del cabecilla para que les hiciera un contrato falso de trabajo. Una vez que los ‘sin papeles’ obtenían sus respectivos contratos laborales acudían con ellos a las dependencias de Extranjería e iniciaban los trámites para solicitar los permisos de residencia en el país.
La operación policial sigue abierta y no se descarta que en el transcurso de los próximos días se produzcan nuevos arrestos.
(*) N. de R.: Según indicios, parece ser que entre las personas implicadas en la trama se encuentran dos delegados de UGT en PMR-PMI

25 jun. 2015

IAG cederá slots en Heathrow para que Bruselas le deje comprar Aer Lingus

IAG, el grupo de aerolíneas que integra a British Airways, Iberia y Vueling, ha enviado a las autoridades europeas de competencia una propuesta de remedies (concesiones) para lograr que aprueben su opa por Aer Lingus. En ella ofrece vender hasta 5 de los 23 slots (derechos de despegue y aterrizaje) en el aeropuerto de Heathrow. Serían slots con los que ya cuenta -posee 352, el 53 por ciento del total- y no los que absorba con la compra -23, que han quedado blindados por siete años para que el Gobierno irlandés aceptara vender su 25 por ciento en Aer Lingus-.
IAG sólo ha señalado, como viene haciendo durante toda la negociación con Bruselas: "No sería apropiado hacer comentarios en este momento".
Tras recibir este paquete de medidas, que también incluye la apertura a la competencia de la ruta entre Dublín y Heathrow que quedaría al completo en sus manos tras la operación, la Comisión Europea ha extendido hasta el 15 de julio el plazo para autorizar la operación. Fuentes conocedoras de los procesos de competencia en Bruselas explican que cuando la Comisión acepta debatir un bloque de concesiones es porque el expediente se aprobará en fase 1, la más corta en el tiempo. Así ocurre en el 99 por ciento de los casos. La fase dos, que IAG evitaría, puede extenderse al menos seis meses.
En tercer lugar, según fuentes conocedoras del documento, el grupo que dirige Willie Walsh acepta respetar lo que se denomina un Behavioural Remedie. Es decir, una medida que no supone la venta de activos sino el compromiso de asumir una determinada conducta cara a respetar la competencia. En concreto, IAG se habría comprometido a mantener el acuerdo existente entre Aer Lingus y Virgin Atlantic por el que la irlandesa alimenta con pasajeros de otros puntos de Europa vuelos del grupo de Richard Branson desde Heathrow a Norteamérica.
Virgin es el principal competidor de IAG en este corredor trasatlántico, pero esta es la única medida que recogería el documento para paliar el refuerzo del dominio del grupo de aerolíneas en esta ruta con la absorción de Aer Lingus. Ambas transportaron juntas 10,32 millones de pasajeros entre Europa y Norteamérica en 2014, frente a 4,5 millones de Virgin. Algunas fuentes citadas por medios irlandeses señalaron hace unos días a alguna concesión posible en rutas con Chicago.
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6821113/06/15/IAG-cedera-slots-en-Heathrow-para-que-Bruselas-le-deje-comprar-Aer-Lingus.html#.Kku8XIW9dYE4V1j

El gasto militar en el mundo

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 El informe anual de SIPRI sobre gasto militar, desarme y seguridad internacional registra las grandes cifras y tendencias en este asunto. Su primera conclusión: se ha roto la tendencia a un menor número de conflictos y menos violencia en ellos apreciable en la última década. En términos globales el gasto militar no ha experimentado grandes cambios, pero en algunas zonas como Asia, Oriente Medio y África el incremento es realmente significativo. Lo que sí ha aumentado desde cualquier punto de vista es la venta de armas. EEUU y Rusia son los dos grandes exportadores de armamento.

 http://www.eldiario.es/internacional/Video-gasto-militar-mundo_0_402110705.html

Portugal privatiza la aerolínea de bandera TAP por apenas 10 millones de euros

Son muchos los portugueses que critican duramente la venta de la transportadora aérea nacional TAP. No solo por el precio ridículo de la operación, que en el mejor de los casos no reportará al Estado más de 140 millones de euros (de momento, solo diez están garatizados), sino también porque el gobierno de centro derecha descartó negociar con la Unión Europea la posibilidad de una nueva inyección de capital público y tomó la decisión sin hablar con la oposición. De hecho, el primer Ministro Passos Coelho tenía prisas en cerrar la operación, por la proximidad de las elecciones que podrían ser favorables al Partido Socialista (PS), hostil a la privatización total de la aerolínea.
Lo cierto es que TAP tiene ahora ofi­cial­mente un nuevo dueño: un con­sorcio luso bra­si­leño, Gateway, que pa­gará al Estado por­tu­gués solo 10 mi­llones de euros por 61% del ca­pital de la ae­ro­lí­nea. Sin em­bargo, para cuando Gateway se haga con el resto del ca­pi­tal, el precio de la ope­ra­ción podrá as­cender a un total de 140 mi­llo­nes. Gateway pa­gará 50 mi­llones en el caso de que el re­sul­tado ope­ra­tivo de TAP al­cance este año los 250 mi­llones de eu­ros, y otros 90 mi­llones cuando el con­sorcio entre en Bolsa, en un plazo má­ximo de 4 años. Pero lo más im­por­tante para la des­ca­pi­ta­li­zada TAP, es que re­ci­birá una in­yec­ción de 354 mi­llo­nes.
TAPAunque el mayor ac­cio­nista de Gateway, con una par­ti­ci­pa­ción del 51% sea el grupo por­tu­gués Barraqueiro, cuya prin­cipal ac­ti­vidad es el tras­porte de pa­sa­jeros y de mer­can­cías por ca­rre­tera en Portugal, Angola, Brasil y España, quien to­mará las riendas de TAP será el em­pre­sario nor­te­ame­ri­cano David Neeleman, que fundó va­rias com­pañía aé­reas en Estados Unidos y li­dera ahora la bra­si­leña Azul, una com­pañía “low cost” que ocupa la ter­cera po­si­ción en Brasil.
Con una flota de 169 aviones y más de 10.000 em­plea­dos, Azul cubre 103 des­tinos en Brasil y EEUU fun­da­men­tal­mente, rea­liza 864 vuelos dia­rios y tras­portó el ul­timo año 21millones de pa­sa­je­ros.
De he­cho, ante la sos­pecha de que el con­trol ope­ra­cional de TAP que­dará al final en las manos ex­tra-­co­mu­ni­ta­rias del mormón David Neeleman, que tiene na­cio­na­lidad es­ta­dou­ni­dense, nadie des­carta la po­si­bi­lidad de que Bruselas de­cida vetar la ope­ra­ción. Según di­versas fuen­tes, eso es lo que re­cla­mará el em­pre­sario po­laco German Efromovich, cuyas ofertas por TAP han sido desechadas por el go­bierno de Passos Coelho: la pri­mera en di­ciembre de 2014, cuando tenía ya ad­ju­di­cada la ae­ro­línea por­tu­guesa pero no pudo pre­sentar al final las “garantías fi­nan­cie­ras” exi­gi­das; y la se­gunda ahora, porque su oferta fue am­plia­mente su­pe­rada por la de Gateway.
Inyección de ca­pi­tal
Además de la in­yec­ción de ca­pital pre­vista de 354 mi­llones (si fuera ne­ce­sario po­dría al­canzar los 488 mi­llo­nes, frente al mí­nimo de 300 mi­llones exi­gido en la subasta y que ofrecía German Efromovich), Gateway asumió otros com­pro­misos que tienen una gran im­por­tancia es­tra­té­gica para TAP y para el país ve­cino: la trans­por­ta­dora por­tu­guesa re­ci­birá 53 nuevos avio­nes, y los diez pró­ximos años, por lo me­nos, tendrá ga­ran­ti­zadas sus ac­tuales “licencias de ex­plo­ta­ción”, las “rutas clave” y las “prestaciones de ser­vicio pú­bli­co”. Y lo que es más im­por­tante, Gateway ga­ran­tiza por 30 años la ac­ti­vidad del ”hub” de Lisboa, como prin­cipal puerta de en­trada en Europa para los pa­sa­jeros bra­si­leños, y que tendrá mayor peso en los vuelos a Estados Unidos.
Según di­versas fuentes lu­sas, fueron los com­pro­misos re­la­cio­nados con el “hub” de Lisboa (y tam­bién el hecho que los nuevos pro­pie­ta­rios no ten­drán las manos li­bres para ges­tionar una em­presa des­ca­pi­ta­li­zada, con pro­blemas de ren­ta­bi­li­dad, una plan­tilla so­bre­di­men­sio­nada y mu­chos con­flictos so­cia­les…) los que lle­varon a Air Europa a re­nun­ciar a la pri­va­ti­za­ción de TAP.
Durante los años ochenta y no­venta, lo mismo le ocu­rrió a Iberia (y des­pués a la ma­triz IAG), porque los go­biernos por­tu­gueses de turno hi­cieron todo lo po­sible para tor­pe­dear cual­quier in­tento es­pañol de apro­xi­ma­ción a TAP, ya que las si­ner­gias li­qui­da­rían a la larga el “hub” de Lisboa a favor de Madrid/Barajas.
En todo caso, la pri­va­ti­za­ción de TAP aún no está ce­rrada y podrá traer malas sor­presas para Gateway, ya no solo en re­la­ción con la ne­ce­saria “luz verde” de la UE y de las au­to­ri­dades de la com­pe­tencia (incluyendo las bra­si­leñas), sino tam­bién por mo­tivos po­lí­ti­cos.
Prueba de ello es la reac­ción del Partido Socialista (PS), que es hostil a una “privatización to­tal” de la ae­ro­línea de ban­dera na­cio­nal: ante la ma­ni­fiesta im­po­pu­la­ridad de la ope­ra­ción, y te­niendo los son­deos de opi­nión muy a su fa­vor, los di­ri­gentes so­cia­listas ad­vierten que si vuelven al poder tras las pró­ximas le­gis­la­tivas pre­vistas para antes de fin de año, lo pri­mero que harán será es­tu­diar otras po­si­bi­li­dades de ca­pi­ta­li­za­ción de TAP y anular even­tual­mente la venta a Gateway.
Obstáculos fi­nan­cie­ros
Una venta que queda tam­bién en manos de va­rias en­ti­dades fi­nan­cie­ras, como Deutsch Bank, BCP, CGD y Bañil, que con­cen­tran una deuda de TAP por casi 650 mi­llones de eu­ros, de los cuales 516 mi­llones tienen plazos de amor­ti­za­ción de menos de un año. Según los ex­per­tos, en el caso de que fa­llara la re­ne­go­cia­ción pre­vista, los bancos acree­dores po­drían in­vocar el cambio de ac­cio­nista de TAP para exigir la amor­ti­za­ción in­me­diata de la deuda, con que la re­ca­pi­ta­li­za­ción de la ae­ro­línea que­daría gra­ve­mente hi­po­te­cada. En todo caso, Gateway no fija plazos para la res­truc­tu­ra­ción de la deuda, al con­trario de la pro­puesta rival de German Effromovich, que ponía como con­di­ción una re­ne­go­cia­ción con un plazo medio de amor­ti­za­ción de 7 años.
Lo cierto es que TAP no será una pe­rita dulce para el nuevo pro­pie­ta­rio, que además de los com­pro­misos fi­nan­cieros asu­midos y las ga­ran­tías re­la­cio­nadas con el fu­turo del “hub” de Lisboa y otras ope­ra­ciones es­tra­té­gicas y de ser­vicio pú­blico, se hará con una com­pañía cuya deuda as­ciende a 1.062 mi­llones de eu­ros, tiene 512 mi­llones de ca­pi­tales pro­pios ne­ga­tivos y lleva años acu­mu­lando pér­didas atri­buidas prin­ci­pal­mente a la ac­ti­vidad de ma­nu­ten­ción en Brasil.
TAP sufre además una pér­dida de ima­gen, tras va­rios in­ci­dentes téc­nicos en los aviones y los re­trasos sis­te­má­ticos de los vue­los, y cuya res­pon­sa­bi­lidad es atri­buida ge­ne­ral­mente a una plan­tilla con­flic­tiva (buena prueba de ello son las su­ce­sivas huelgas de los pi­lo­tos), aunque su “estabilidad” fue tam­bién ga­ran­ti­zada por David Neeleman y el socio luso Barraqueiro.
 https://www.capitalmadrid.com/2015/6/13/38480/portugal-privatiza-la-aerolinea-de-bandera-tap-por-apenas-10-millones-de-euros.html

GALERIA DE BUITRES CCXXXI

La banca ha desahuciado en España a más de medio millón de familias desde 2008

La banca ha desahuciado a más de medio millón de familias trabajadoras en España desde 2008, según denunció este martes Amnistía Internacional en su informe ‘Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España’.
“Entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria”, explicó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en una rueda de prensa en Madrid.
Es decir, más de medio millón de familias trabajadoras fueron desalojadas de su hogar por parte de las entidades financieras, con el beneplácito del Gobierno español.
“Es necesario proteger el derecho a la vivienda estableciendo también un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen”, aseguró Beltrán.
“Hemos entregado estas propuestas a los organismos oficiales y solicitado entrevistas y reuniones. Hasta el momento se lo hemos hecho llegar, entre otros, a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y a los Ministerios de Economía y Fomento”, señala el director de Amnistía Internacional España en declaraciones a Sputnik Nóvosti.
Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta oficial, aunque esperan recibirla.
“Esperamos que los nuevos ayuntamientos puedan empezar a cumplir sus dos responsabilidades. Garantizar la mediación y que exista alojamiento para las personas que sufran un desalojo”, afirmó Beltrán a esta agencia, asegurando que las candidaturas ciudadanas que gobiernan en ayuntamientos como Barcelona, Madrid o Cádiz ya han dado “algún paso”, aunque los cambios más importantes dependen de las administraciones centrales.
Amnistía considera que las medidas adoptadas por el Gobierno son “insuficientes” y no han protegido la vivienda “como un derecho humano”.
“Es difícil encontrar en España una violación de derechos humanos tan extendida e invisible para las autoridades como esta”, denunció Beltrán.
Con esta situación en España, el Gobierno está “incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda”, denunció el director de la organización.
“Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”, alertó Beltrán.
Ainhoa Lafuente y Maritza Saavedra fueron dos madres de familia que sufrieron un desahucio y dieron hoy su testimonio.
“Las autoridades me han ignorado. En poco tiempo nos hemos quedado sin trabajo y más tarde sin casa. Nos vimos en la calle con dos hijos. Ahora estamos en una casa cedida por una vecina que nos está ayudando”, aseguró Saavedra, que llegó hace años desde Ecuador para residir en España.
Ainhoa tiene una hija de tres años y es miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
“Estamos cansados de vivir de la caridad, quiero trabajar y poder darle a mi hija una educación, un techo, un trozo de pan”, aseguró con fuerza la activista, que fue desalojada de su casa y actualmente vive con sus padres.
“Ojalá mi caso fuese la excepción, pero no lo es, y las autoridades no quieren verlo”, concluyó Lafuente.
 http://www.librered.net/?p=39317

 

Así se ha precarizado el empleo en España

A pesar de que la temporalidad ha sido una marca constante en los contratos españoles, el inicio de la crisis (allá por 2008) ha dejado un rastro que se refleja en aún más temporalidad y, por consiguiente, más precariedad.
“Preocupa menos el desempleo porque cada día se crean 2.000 nuevos empleos” se ha convertido en el lema del Partido Popular allá donde les reclaman menor paro. Si bien es cierto que el nivel de contratación [ver gráfico] se ha recuperado después de tres años de caída (2009-2012) y alcanza niveles de 2008, no es oro todo lo que reluce.
Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) analizados desde el año 2006 hasta 2015 deslizan unas cuantas claves en la calidad y la desigualdad a la hora de contratar en España.
Los contratos con duración menor a una semana se disparan
Las certezas laborales de uno de cada cuatro españoles alcanzan como máximo siete días. Esa es la duración del 25% de los contratos que se realizan en España. Y el crecimiento de este tipo de contratos se aprecia mejor en la evolución interanual. Mientras que en mayo de 2008, al inicio de la crisis, representaban un 16,7%, en el mismo mes del presente año se sitúan en el 28% sobre el total. Además, el mes de mayo constituye el pico más alto en la proporción de contratos con duración de una semana.
Mientras, los indefinidos han caído a lo largo de toda la serie temporal desde que comenzara la crisis. De hecho, abril de 2008 marcó el pico en mayor porcentaje de formalización de este tipo de contratos.
 a contratación a tiempo parcial tiene nombre de mujer
Siete de cada diez contratos que firmaron en el último año los hombres españoles fueron a jornada completa. La otra cara de la moneda está en los contratos femeninos: tan solo la mitad de los que se formalizaron en el último año fueron a tiempo parcial. Esta situación crea una brecha a nivel salarial y poder adquisitivo entre ambos sexos.
Además, como se aprecia en el gráfico, en el caso de las mujeres la contratación a tiempo completo se ha contraído en los años de la crisis hasta quedar al mismo nivel de la contratación a tiempo parcial.

Precaria ella y precario él (aunque menos)
A la hora de analizar la calidad de los contratos por sexo actualmente ambos han sufrido la precariedad. Sin embargo, desde los inicios de la serie temporal, en 2006, las diferencias entre sexos eran notables –entre 4 y 7 puntos de diferencia porcentual- al hablar de la contratación de duración máxima una semana. En este tipo de contratos, hombres y mujeres solo se encuentran en la temporada de verano, entre los meses de julio y septiembre.
Así las cosas, en mayo, último mes del que se disponen datos, los contratos más precarios firmados afectan a casi el 26% de los hombres y a 1 de cada 3 mujeres. Para los dos sexos, este mes se configura como el pico más alto de contratación precaria en el último año y en toda la serie temporal.

Los rangos de edad se unifican en contratos de baja calidad
La serie temporal marca diferencias claras en su inicio. Los jóvenes eran los mayores receptores de contratos con menores duraciones en 2006, un 17% entre los jóvenes de 20 y 24 años, mientras que afectaban a un 9,7% de los contratos en mayores de 59 años.
Casi una década más tarde los extremos se tocan. Tanto es así que en julio de 2014 los porcentajes entre ambos rangos de edad estaban separados por tan solo un 0,6%. A pesar de esto, en los últimos datos, los jóvenes comprendidos entre 20 y 24 años son los más afectados por este tipo de contratación precaria: uno de cada tres menores que consiguieron trabajo en el mes de mayo lo hicieron con un contrato de duración menor a 7 días.
 n el otro extremo, tanto jóvenes como personas de 50 años en adelante han visto muy mermadas las posibilidades de conseguir un contrato indefinido: en ambos supuestos son la mitad de contrataciones que en diciembre de 2006.
En ambos casos la estacionalidad juega un papel fundamental: aquellos contratos con duraciones menores a un mes se reducen en la temporada de verano para dar paso a picos de contratación de entre uno y tres meses, con motivo de la campaña estival.
 http://www.cuartopoder.es/invitados/2015/06/23/la-contratacion-en-5-graficos-asi-se-ha-precarizado-el-empleo-en-espana/5596