27 feb. 2016

Iberia-LPA : Huelga en Marzo

La plantilla de Iberia en el Aeropuerto de Gando se pone en huelga

Los trabajadores de la compañía aérea Iberia en el aeropuerto Gran Canario han anunciado que irán a la huelga durante el mes de Marzo. Las movilizaciones anunciadas se extienden desde el día 12 en adelante y afectaran a los desplazamientos programados para Semana Santa.
Según señalan fuentes sindicales , la plantilla toma esta determinación "dadas las continuas agresiones a que nos vemos sometidos los trabajadores del sector de handling en general y de la empresa Iberia en particular "  y, después de someterla a votación entre todos los empleados de la compañía y ratificarla este viernes en una sesión extraordinaria del comité de empresa al que asistieron los delegados de CGT y CESHA/CTA pero no los de CCOO, UGT y USO, que no han anunciado que secundan la misma.
A falta de confirmación, los días elegidos para llevar a cabo estas movilizaciones son el 12, 13, 14, 16, 18,19, 20, 21, 23, 26, 27 y 28 de Marzo.
Los trabajadores piden disculpas por adelantado a la población por los perjuicios que pudieran causar . No obstante , quieren aclarar que han intentado evitar llegar a este extremo , manteniendo durante los últimos meses un amplio calendario de encuentros con distintos mandatarios y directivos de Aena, como el director del aeropuerto de Gran Canaria Fernando Clavijo, y el presidente insular Antonio Morales. Reuniones todas ellas  que, a la vista de los acontecimientos, han resultado infructuosas.
http://www.teldeactualidad.com/noticia/economia/2016/02/26/3821.html


26 feb. 2016

IAG pone al frente de Vueling a Sánchez-Prieto, director financiero de Iberia

International Airlines Group (IAG) ya tiene sustituto para Alex Cruz, quien en abril pasará a ser el presidente y consejero delegado de British Airways en sustitución de Keith Williams. La matriz de Iberia se ha decantado por Javier Sánchez-Prieto para ser el nuevo hombre fuerte de Vueling.

Actualmente, Sánchez-Prieto es el director financiero de Iberia, compañía a la que dio el salto procedente de Iberia Express. A partir de ahora el ejecutivo entrará en el comité de dirección del holding aéreo y reportará al consejero delegado de IAG, Willie Walsh.

“Javier tiene una excelente trayectoria en Iberia y ha desempeñado un papel clave en el retorno a la rentabilidad de la compañía. Estoy seguro de que continuará con el gran progreso realizado por Vueling. La aerolínea se ha expandido de forma rentable en Europa y, al mismo tiempo, ha continuado centrada en mantener una baja estructura de costes. Javier desarrollará esta estrategia y se asegurará de que Vueling siga siendo una aerolínea dinámica e innovadora”, ha destacado Walsh del nuevo CEO de Vueling.

Por su parte, el nuevo jefe de la low cost ha asegurado que “la compañía tiene un equipo fuerte y altamente motivado y continuaremos trabajando para asegurar que siga siendo aún más exitosa”.
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iag-nombra-a-javier-sanchez-prieto-nuevo-ceo-de-vueling-258617.html

25 feb. 2016

GALERIA DE BUITRES CCXXXIX

José Ángel Crego, el empresario que quería cobrar a los trabajadores, no paga a sus empleados de ALN
José Ángel Crego, máximo accionista del grupo ALN y presidente de la patronal Circulo Empresarial Leonés (CEL), no paga a sus trabajadores. Crego intentó presentarse a la alcaldía de León por Ciudadanos, pero desistió. El motivo fue el escándalo causado por unas declaraciones en las que este industrial instaba a los trabajadores a indemnizar los empresarios pagándoles hasta 45 días por año en el que hubiesen estado en plantilla si querían cambiar de empresa. El revuelo mediático hizo que Albert Rivera, el líder del partido, considerase las opiniones del empresario poco convenientes, lo que hizo que Crego retirara la candidatura por "razones profesionales".
Los trabajadores de las empresas del grupo ALN, en Catalunya: ALN Mediación y ALN Telemark que son unos 350 no han cobrado la mensualidad de enero. Y lo que es aún peor, a finales de febrero sus directivos les acaban de comunicar que tampoco recibirán la nómina correspondiente a este último mes, según explican en la Federación de Servicios de la UGT.
Las dos compañías del grupo ALN han tenido varios episodios de retraso en el pago de nóminas, pero ahora la cosa parece más seria porque desde la dirección no se da ninguna fecha para enjugar la deuda. Ante la situación, los responsables territoriales de las dos sociedades han viajado hasta León para hablar con Crego. De ahí que los comités de empresa, cansados de no tener respuestas, hayan convocado huelgas para los días 2, 3 y 4 de marzo y 4, 5 y 6 de abril.
Responsables laborales de las empresas del grupo ALN, que antes formaban parte de Connecta, han tratado varias veces con el máximo accionista del grupo, José Ángel Crego, sin poder aclarar la situación real de la compañía. Oficialmente les decía que el grupo iba bien. El grupo tiene clientes de toda solvencia que, consultados por la plantilla, afirman estar al corriente de pago de sus facturas. Empresas como CaixaBank, Barclays, Banco Popular o Planeta, han contratado campañas de atención al cliente con ALN. A pesar de la solidez de sus clientes, en una última conversación con representantes sindicales, los directores de las territoriales de ALN en Catalunya han insinuado que además de no pagar, el grupo estaría preparando la documentación para presentar concurso de acreedores.
"En los contactos que hemos mantenido con la dirección nos dicen que todo va bien. Incluso nos han dicho que la facturación ha superado los 25 millones", aseguraba hace dos días un responsable catalán de CCOO. La única explicación al retraso, deducida por los sindicalistas –porque desde la empresa no se ha aclarado este punto– es que las dificultades de ALN estarían relacionadas con la agresividad de la expansión realizada por el grupo, que ha abierto sucursales en Latinoamérica.

Una extraña relación laboral

Cuando Crego compró Connecta, se dijo que la operación permitiría salvar los 400 puestos de trabajo del grupo en Catalunya. Desde entonces se ha cerrado la planta de Tarragona y se han producido muchas entradas y salidas de personal, de manera que ahora hay unos 350 empleados. Pero desde el primer momento las dificultades de pago han sido constantes. De ahí que los trabajadores y los sindicatos hayan convocado hasta dos huelgas antes de la actual. En al menos una ocasión se retiró la petición de paros porque finalmente los salarios se pagaron. Otra vez se inició la huelga "con los cascos sobre los ordenadores" explican los trabajadores, pero también se solucionó el caso porque apareció dinero para normalizar la situación.
Los últimos meses de 2015 el retraso en los pagos se volvió normal. Esto hacía que las empresas de Crego, pagaran habitualmente fuera de fecha. Muchas veces el 15 del mes siguiente. El empresario que quería cobrar a los trabajadores se había convertido en moroso habitual.
Aunque oficialmente la relación de Crego con Ciudadanos se rompió porque el empresario no se presentó a las elecciones municipales. El líder empresarial se ha visto involucrado en un segundo episodio polémico con el partido de Rivera.
Después de que Crego no se presentara a la alcaldía de León se supo que el líder de Ciudadanos en la ciudad, Sadat Maraña, que había avalado políticamente la operación, había sido dado de alta en una empresa localizada en Tenerife: Asistencia Integral Canaria SLU. En esta empresa nunca vieron a Maraña en los seis meses que figuraba como empleado. La sociedad canaria tenía como cliente casi exclusivo la sociedad ALN Telemark SL, la empresa de Crego que ahora no paga a sus trabajadores. Así pues, meses después de haberse liquidado oficialmente la aventura política, se descubría una relación económica que hacía que en León se considerara que Maraña había estado prácticamente a sueldo de Crego.
http://www.eldiario.es/catalunya/trabajo/Jose-Angel-Crego-trabajadores-ALN_0_487852196.html

GALERIA DE BUITRES CCLXXXVIII

Farmafia: ex vicepresidente de Pfizer, da la voz de alerta y cuenta la verdad sobre la industria farmacéutica
Peter Rost, ex vicepresidente de Pfizer, una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo, revela las conexiones reales entre la industria farmacéutica y las instituciones médicas. Es el autor de El Soplón, confesiones de un sicario de la sanidad.
En un vídeo extraído del documental One more Girl, que trata sobre el Gardasil, la vacuna para prevenir el papiloma humano, Rost cuenta cómo las multinacionales utilizan sus recursos económicos para influir en el establishment médico.
Según sus palabras, ni las universidades ni los gobiernos tienen dinero, los únicos que lo tienen son las grandes multinacionales, que ofrecen becas para la investigación y ponen a disposición de las instituciones todos los medios imaginables, sin escatimar ni un céntimo. Colaboran en las investigaciones, establecen relaciones de confianza y se aseguran de crear vínculos de dependencia económica con las instituciones sanitarias.
También les proporcionan todos los recursos necesarios para desarrollar programas educativos, que estas se verán obligadas a poner en práctica de la manera más conveniente para las empresas farmacéuticas, porque, aunque se trate de dos organismos independientes, si las instituciones médicas rechazan o critican los medicamentos que se promocionan, las multinacionales farmacéuticas les retirarán la financiación, pues no van a invertir su presupuesto de publicidad (o más bien de propaganda) en universidades o sistemas sanitarios que no les sean favorables. Así es como se compra al establishment médico: solo con dinero.
Los redactores jefes de las revistas médicas más prestigiosas del mundo confirman las conclusiones de Rost e incluso llegan a cuestionar una buena parte de la literatura científica publicada, aunque siempre hay profesionales que realizan investigaciones de manera independiente y veraz.
http://www.casmadrid.org/index.php/noticias/328-2016-02-15-farmafia-ex-vicepresidente-de-pfizer-da-la-voz-de-alerta-y-cuenta-la-verdad-sobre-la-industria-farmaceutica

La industria bélica, un negocio seguro

Ingresa miles de millones y cuenta con el apoyo político y económico de los gobiernos más poderosos del mundo. La industria armamentística, que no conoce la palabra “crisis”, saca pecho en medio de un contexto geopolítico marcado por la inestabilidad y los nuevos conflictos armados.
La industria de la guerra nunca gozó de tanto poder como el que tiene actualmente. En el cóctel de su éxito se mezclan los nuevos conflictos en Oriente Próximo y África, las carreras armamentísticas en Asia –la región alberga seis de los diez mayores importadores de armamento–, un mayor apoyo político por parte de las potencias occidentales y la disminución de barreras legales y políticas que antaño restringían la venta de armas a países enemigos. Para poner en perspectiva esta realidad, un dato: la estadounidense Lockheed Martin, el mayor fabricante mundial de armamento, ingresa cada año más de 34.000 millones de euros, cifra superior al PIB de 97 países y cinco veces el presupuesto de Naciones Unidas para misiones de paz. Hoy, la venta de armas vuelve a ser uno de los negocios más rentables y prometedores tras haber dejado atrás el pequeño bache con el que tropezó en 2012: una caída del 1,9% del gasto militar mundial, el primer retroceso desde la caída de la URSS que puso fin a la Guerra Fría. En medio del secretismo del que goza esta industria, los ejecutivos de la guerra emprendieron una silenciosa campaña estratégica para devolver el vigor a un mercado acostumbrado a crecer, incluso en medio de la peor crisis económica que ha vivido el planeta desde el crack de 1929 y la II Guerra Mundial.
Northrop Grumman, BAE Systems, Raytheon, Boeing Defense, Almaz Antei, Airbus y otros grandes fabricantes de armas brindan hoy para celebrar nuevos récords de ventas mientras continúan las fusiones y adquisiciones que dan lugar a imperios cada vez más influyentes en la cúspide de organismos internacionales, gobiernos, bancos y medios de comunicación de todo el mundo. Las victorias de la industria de la guerra son un secreto a voces, pero, ¿cuáles son las claves de su éxito?
El sector armamentístico es especial y se rige por normas diferentes a las de las demás industrias. Los fabricantes de armas son entidades privadas, aunque algunas cuentan con participación estatal, que venden casi la totalidad de su producción a gobiernos de todo el mundo. Estas corporaciones operan de la mano del Estado a la hora de exportar armamento y de diseñarlo, puesto que es el erario público el que financia la mayor parte de los proyectos de innovación militar que dan lugar a tecnologías cada vez más letales. Se trata de un negocio redondo en el que el dinero público sirve, al mismo tiempo, para financiar el diseño y la compra de aviones, fragatas, fusiles y tanques.
“Cada vez hay vínculos más estrechos entre gobiernos, militares y ejecutivos de esta industria (…), los puestos van rotando”, explica Linda Åkerström, directora de desarme de la Sociedad Sueca de Paz y Arbitraje, la organización especializada en resolución de conflictos más antigua del mundo que en 2010 logró la prohibición de las bombas de racimo. Åkerström afirma que “incluso países con grandes problemas económicos siguen invirtiendo en armas, un sector libre de problemas”, y cita el caso de Grecia. Poco antes de recibir el primer rescate en 2010, el gobierno de Angela Merkel activó una línea de financiación especial para que las autoridades helenas pudieran pagar sus pedidos de armamento made in Germany. Alemania, uno de los países que más presión ejerció para que Grecia aplicara duros recortes, es el principal proveedor de armas con destino a ese país, que dedica el 4% de su PIB a fines militares (la media de los países de la OTAN es 2,5%).
En otros países, ahora con dificultades económicas, se ha disparado el gasto militar en los últimos diez años. Es el caso de China (+170%), Rusia (+108%) y Brasil (+48%), según datos del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

La “seguridad nacional”, un negocio de Estado

Las puertas giratorias son el pan de cada día en el rentable mercado de la guerra. “Usan lobbies oficiales e ilegales en Bruselas para organizar cenas y conferencias, e invitar a políticos y miembros de la OTAN”, explica desde Barcelona Jordi Calvo, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz. Incluso las democracias más antiguas del planeta padecen esta vieja enfermedad: en Francia la familia Dassault, fabricante de los famosos cazas Rafale, ocupa escaños de Les Républicans (el refundado partido conservador de Nicolas Sarkozy) en el Senado y Congreso, y además dirige Le Figaro, L’Express y 70 diarios regionales. A sus 91 años y con la quinta mayor fortuna de Francia, el patriarca Serge Dassault ocupa un puesto en el Senado galo desde 2004, mientras que su hijo Olivier, presidente del consejo ejecutivo de la empresa familiar, es diputado desde 1988.
En Estados Unidos, centro de gravedad del negocio de la guerra, las donaciones de campaña de los contratistas militares son vitales para alcanzar la Casa Blanca. Medios como The Wall Street Journal y CNN tildaron de “secuestro” los recortes de la administración Obama sobre la partida militar de 2013, mientras que ese mismo año los fabricantes de armas desembolsaron más de 137 millones de dólares para obtener el favor de los congresistas estadounidenses, según el Centro para Políticas Responsables, con sede en Washington. En enero, las lágrimas de Barack Obama dieron la vuelta al mundo junto con su propuesta para aumentar el control sobre la venta de armas ligeras en Estados Unidos. Aunque ni él ni ningún miembro de su equipo pareció triste cuando los fabricantes de armas, la Asociación Nacional del Rifle y las poderosas empresas de mercenarios estadounidenses ofrecieron su apoyo financiero para la campaña electoral del Partido Demócrata.
“España es un gran ejemplo de traspaso de personas de la industria armamentística a la política, y viceversa”. Jordi Calvo menciona a Pedro Argüelles, secretario de Estado de Defensa y antiguo presidente de Boeing en España, y al último titular de Defensa del Partido Popular, Pedro Morenés, quien hizo carrera en la industria militar antes de obtener la cartera ministerial. Tras la prohibición de las bombas de racimo, Morenés presionó al Gobierno para conseguir una indemnización de 60 millones de euros para Instalaza, la firma española que vendía este tipo de bombas a regímenes como el de Gadafi en Libia… y una de las empresas en las que ocupó el cargo de consejero hasta 2011. El pasado diciembre el Tribunal Supremo rechazó su petición, aunque ningún ente judicial cuestionó que el ministro concediera 32 contratos a Instalaza durante sus tres primeros años al frente de Defensa.
Si la industria militar vendiera peines en lugar de armas, posiblemente todos los calvos del mundo tendrían un buen set de peluquería bajo el brazo. Gracias a su discreto poder de influencia en el ámbito académico, político-militar y económico, los fabricantes de armas siembran inestabilidad y cosechan contratos millonarios. Un caso reciente es el de la venta de armas a Taiwán que Washington aprobó en diciembre. El contrato, valorado en 1.690 millones de dólares, no servirá para mejorar la seguridad de la isla sino para desestabilizar su delicada relación con China. Con el precio del petróleo por los suelos y tras varios años de conflicto, las empresas armamentísticas temen que las ventas militares en Oriente Próximo toquen su techo en los próximos años. Poco a poco Asia se convierte en la carta más preciada de la baraja y las grandes corporaciones de la guerra están ávidas por seguir jugando: el verano pasado Japón suprimió la ley que impide a sus fuerzas armadas tomar parte en conflictos fuera de sus fronteras, mientras que 2016 comenzó con una nueva prueba atómica de Corea del Norte. El país gobernado por Kim Jong-un aseguró haber probado con éxito una bomba de hidrógeno, cuyo potencial devastador supera al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945.
Åkerström admite que “armar a un país es la forma perfecta para crear conflictos”, y añade que “los países productores de armamento hablan de crear empleo y apoyar la paz y la seguridad (…), facilitan armas y después, cuando los clientes no van en la dirección marcada, los despachan”. Bajo esta lógica los productores europeos y norteamericanos mantienen sus exportaciones a países como Arabia Saudí o China, que desde 1987 está bajo un embargo europeo que prohíbe el envío de armas, aunque ni España ni sus demás socios lo respetan.
En los últimos años los gobiernos de las grandes potencias occidentales volvieron a poner sus cuerpos diplomáticos al servicio de los contratistas militares para amortiguar la reducción de sus presupuestos de defensa. Un ejemplo del éxito de esta medida es el de los últimos viajes del presidente francés, François Hollande, a Oriente Próximo, que sirvieron para que las exportaciones militares de Francia pasaran de 4.800 millones de euros en 2012 a más de 12.000 millones en 2015. En noviembre, menos de 48 horas después de los atentados yihadistas en París, el Gobierno francés empleó 12 aviones Rafale para bombardear Raqqa, capital del Estado Islámico en Siria, “un gesto que permitió mostrar por primera vez la efectividad letal de los cazas franceses y que aumentará su atractivo de cara a nuevos compradores”, afirma a este medio un analista militar que no quiere dar su nombre.
“La industria pide reiteradamente el apoyo gubernamental para poder vender fuera”, reconoce Eva Cervera, directora de Edefa, el mayor medio hispano especializado en Defensa. Desde que Morenés es ministro, las embajadas y consulados de España han abierto 37 agregadurías militares que impulsan los contratos con la industria de armas española. Cervera cree que un gobierno “progresista” de coalición en España podría empeorar el “ya de por sí lastrado” presupuesto de Defensa y paralizar “ventas a determinados países”.

Doctrina del shock

“Si quieres la guerra, prepárate para la guerra, porque si quieres la paz, te prepararás para la paz”. Jordi Calvo, coautor del Diccionario de la guerra, la paz y el desarme (Icara), utiliza esta frase para explicar que el miedo posterior a un ataque terrorista es el mejor lubricante para justificar la venta de armas y el uso de la violencia. La industria de la guerra es consciente de sus ventajas, y sus inversores también: en la primera jornada bursátil tras los atentados de París del 13 de noviembre, las acciones de la francesa Thales se dispararon un 7,1%. Los títulos de BAE Systems, el mayor grupo armamentístico británico, se revalorizaron más del 12% entre noviembre y el 3 de diciembre, el día en que el primer ministro británico anunció la entrada de Reino Unido en los bombardeos sobre Siria. Casi al mismo tiempo, los imperios armamentísticos introducen en la agenda global la creación de nuevas organizaciones a imagen y semejanza de la OTAN para Asia, África y América Latina.
Pierre Berthelot, experto en seguridad el Instituto de Prospectivas y Seguridad de Europa (IPSE), cree que “con el argumento de parar a Valdimir Putin, los contratistas occidentales vuelven a tener una justificación para vender armas a regímenes autoritarios”.”Si se trata de un régimen amigo, no hay problema; si es un régimen enemigo, aunque sea menos dictatorial, no se le venden armas”, cuenta Berthelot. Un ejemplo reciente es la venta frustrada de dos portahelicópteros franceses Mirage a Rusia que el gobierno de Hollande anuló tras el enfriamiento de las relaciones con el Ejecutivo de Putin. Finalmente los dos buques, valorados en 960 millones de euros, fueron adjudicados al general egipcio Al-Sisi, sobre quien pesa la muerte de más de 3.000 civiles durante el golpe de Estado que le abrió las puertas del gobierno y la represión que lo consolidó en el poder.
“Tras el 11-S, EEUU dobló su presupuesto militar”. Berthelot asegura que el Gobierno estadounidense contribuye a mantener la inseguridad y el conflicto en Oriente Próximo, “para que ni Irán ni Arabia Saudí sean demasiado fuertes y sigan importando armamento”. Este investigador también cree que los gobiernos occidentales serán más moderados en sus futuras ventas de armamento a los Petroestados tras los atentados de París, a pesar de que en diciembre, EEUU aprobó la venta de 13.000 misiles de precisión a Arabia Saudí.
“Antes no había contradicción en que saudíes y cataríes financiaran a los rebeldes sirios, incluso a grupos como Al-Nusra, vinculado a Al-Qaeda pero que todavía no ha atentado fuera de la región”. Tras analizar 1.700 casquillos sobre el terreno, la organización Conflict Armament Research desveló que el 20% de las municiones empleadas por los combatientes del Estado Islámico habían sido fabricadas en Estados Unidos. La cadena británica BBC eleva a 2.500 el número de combatientes saudíes en las filas yihadistas y señala que las monarquías del golfo Pérsico, clientes voraces de los contratistas militares occidentales, contribuyeron a la radicalización de los rebeldes sirios a través de su financiación y el envío de armas. “Se aprovechan los grandes arsenales de Libia y ahora de Arabia Saudí para transferir armas a Siria, donde se les pierde la pista”, apunta Jordi Calvo. Al otro lado de la trinchera, las armas de fabricación rusa y china abastecen los arsenales de Bashar al Asad a través de canales de difícil seguimiento, como el que desmanteló el gobierno de Kuwait en diciembre tras interceptar un cargamento de misiles antiaéreos chinos procedentes de Ucrania con destino a Siria. El suceso está plagado de interrogantes sin respuesta, como el hecho de que Turquía, país aliado y miembro de la OTAN, sea la puerta de entrada de la mayor parte de envíos de armas hacia territorio sirio.

Un negocio que mueve el 2,4% del PIB mundial

Eufemismos como “defensa nacional” y “respuesta proporcional” vuelven a estar de moda en la agenda global marcada por las potencias militares para hacer frente a la amenaza yihadista y a quienes huyen de las guerras en Oriente Próximo, Asia y África. “La crisis de refugiados en Europa podría convertirse en una nueva oportunidad para que muchos contratistas presionen a los gobiernos y ofrezcan equipos de vigilancia fronteriza, radares y sensores”, explica desde Washington Carina Solmirano, experta en seguridad internacional en el prestigioso SIPRI.
El principal aliado de los productores de armamento es el secretismo. “Parece que los presupuestos de Defensa están remontando”, admite desde el anonimato una trabajadora de Navantia, el astillero militar español propiedad del Estado que está entre las 100 mayores empresas armamentísticas del mundo. Si este centenar de compañías de armas “ingresa más de 400.000 millones anuales y las exportaciones mundiales no superan los 30.000 millones, es evidente que se nos escapa mucho margen”, advierte Jordi Calvo. La falta de control e información apoyada por el secreto militar da lugar a violaciones flagrantes del derecho nacional y a sucesos tan rocambolescos como el que desveló en enero de este año el diario The Wall Street Journal: un misil Hellfire procedente de Estados Unidos con destino a la base de Rota (Cádiz) acabó en Cuba, con quien Washington no mantiene ningún tipo de cooperación militar.
La legislación en materia de Derechos Humanos está por detrás de los criterios mercantilistas a la hora de decidir qué países pueden adquirir la última tecnología bélica. En 2013 la Unión Europea estableció un embargo sobre la venta de armas a Egipto, pero en marzo de 2015 lo levantó y la administración Obama restableció su programa de asistencia militar, un cheque anual de 1.300 millones canjeable por armas made in USA. Otro país que pronto se beneficiará del levantamiento de sanciones es Irán, que ya ha expresado su intención de invertir sus fondos congelados en el extranjero en tecnología militar rusa.
La nochebuena de 2014 entró en vigor el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) de Naciones Unidas, que demanda a los Estados firmantes información sobre la compra y venta de armas y prohíbe las exportaciones a países donde se producen crímenes de guerra y de lesa humanidad o casos de genocidio. Un total de 130 países firmaron este acuerdo, aunque hasta la fecha sólo lo han ratificado 64, entre los que no está EEUU, país que abarca un tercio de las exportaciones militares mundiales y que presume de tener 88 armas por cada 100 habitantes.
Al no existir instituciones independientes que controlen el comercio de armas, los gobiernos pueden mantener en secreto lo que quieran, como en España, donde el Ejecutivo autoriza que el 20% de las exportaciones vaya a países en conflicto, entre ellos Israel, Arabia Saudí y Ucrania, destaca Calvo. El juego de la guerra incorpora nuevas reglas, como los estándares de control del TCA, pero ninguna supone una amenaza para quienes nutren los arsenales.
Uno de los nuevos retos que afrontan los legisladores es la irrupción de los aviones no tripulados sobre el campo de batalla. Desde 2002 Washington utiliza drones para captar información y bombardear zonas de alto riesgo en Afganistán, Iraq, Pakistán, Yemen, Somalia y Libia, mientras que en los últimos años otras potencias han ido desarrollando e incorporando estos aparatos a sus fuerzas armadas. El prometedor mercado de los drones militares, valorado en más de 10.000 millones de dólares anuales y con un millón de aparatos vendidos en 2015, ha evolucionado a toda velocidad gracias a acuerdos con empresas como Microsoft o IBM.
Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian año tras año la impunidad con que muchos ejércitos cometen crímenes de guerra mediante el uso de drones no tripulados, así como la ausencia de cifras oficiales más allá de las filtraciones de WikiLeaks y The Intercept. “Lo que nadie sabe es cuántos civiles murieron y cuántos de ellos eran inocentes”, lamenta Letta Tayler de Human Rights Watch. Las palabras de Harold Koh, máximo asesor legal del Departamento de Estado estadounidense hasta 2013, arrojan poca esperanza sobre un futuro marco legal para drones y ciborgs en combate: “Como la tecnología de los drones es altamente precisa, es también más legal y consistente con los derechos humanos que las alternativas”, sentencia.

Misiles con responsabilidad social corporativa

Las contrapartidas indirectas también son un as en la manga de la autodenominada “industria de la defensa”. La lógica de estos acuerdos es simple: cuando un gobierno compra armas a una empresa extranjera, ésta debe incluir en el paquete una serie de proyectos para fomentar el empleo local y amortiguar las reticencias de quienes desconfían del buen hacer de los empresarios de la guerra. Según The Economist, estos sobornos de guante blanco superaron los 250.000 millones de euros en 2014 y dejaron proyectos tan surrealistas como el de la empresa estadounidense Raytheon y su gigantesca piscifactoría de gambas en Arabia Saudí, inviable en las temperaturas del desierto, o las reparaciones de la piscina municipal de Puerto Elizabeth, (Sudáfrica), por parte de la sueca Saab.
En otras ocasiones los sobornos millonarios se realizan sin decoros, como el que protagonizó la italiana Finmeccanica con altos mandos militares indios para asegurar la compra de 12 helicópteros, o el que puso en evidencia a la alemana Heckler & Koch, que en 2011 vendió 9.472 fusiles G-36 a grupos de narcotraficantes mexicanos a través de los gobernadores de Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco. De momento, el antiguo presidente de Finmeccanica está siendo procesado, mientras que el fabricante alemán tuvo que pagar una multa simbólica de 300 euros por cada fusil incautado.
La industria también saca provecho de los millonarios proyectos de reconstrucción que surgen después de las guerras. Algunas consultoras ya auguran nuevos conflictos relacionados con el cambio climático y la escasez de agua y alimentos, mientras que muchas voces especializadas afirman que en 2016 las ventas militares romperán las previsiones más optimistas. Las consecuencias de este negocio dejarán otras plusmarcas para la posteridad, como sucedió en 2015, año en que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) contabilizó 59,5 millones de desplazados.
Desde el verano pasado Arabia Saudí preside el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El embajador saudí Faisal bin Hassan Trad consiguió el puesto gracias al voto secreto de Reino Unido, tal y como muestran las negociaciones filtradas por WikiLeaks. Adivine qué industria se ha embolsado más de 8.000 millones desde 2013 en contratos militares con el reino que ostenta el récord de presos condenados a la horca.

4-M: Homenaje a Salvador Puig Antich

El 4 de marzo se celebrará el homenaje a Salvador Puig Antich con motivo del 42 aniversario de su muerte, un vil asesinato mediante la aplicación del garrote vil el 2 de marzo de 1974 por parte de las fuerzas represoras de la criminal dictadura franquista. Todas/os juntas/os recordaremos a Salvador, su valentía y su lucha contra la opresión.
Nos vemos en la Nave terneras, Centro Cultural Casa del Reloj, en el Paseo de la Chopera 10, a las 19:00 horas.

http://rojoynegro.info/evento/memoria/4-m-homenaje-salvador-puig-antich-madrid

24 feb. 2016

GALERIA DE BUITRES CCLXXXVII

Las sicav se han ahorrado tributar más de 600 millones en sólo en 3 años
El vehículo de inversión preferido de los ricos pagó por Impuesto de Sociedades 24 millones entre 2012 y 2014, pese a proporcionar unos beneficios cercanos a los 5.400 millones
Las sociedades de inversión de capital variable (sicav) ganaron 5.384 millones de euros entre 2012 y 2014, últimos ejercicios completos de los que existe información. Por esos beneficios tributaron sólo 24 millones; es decir, menos del 0,5%, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Gracias al privilegiado régimen fiscal que disfrutan, las sicav se ahorraron en dicho periodo 637 millones de euros respecto de lo que hubieran pagado a Hacienda con el tipo medio efectivo del Impuesto de Sociedades (IS).
El tipo nominal del IS era entonces del 30% (el año pasado bajó al 28% y ahora se encuentra en el 26%), pero las empresas suelen aligerarlo de forma sustancial aprovechando el amplio abanico de deducciones previsto en la ley reguladora del impuesto. Los datos en poder de la Agencia Tributaria revelan que, debido a ello, el tipo medio efectivo fue en 2012 del 10,2%; en 2013, del 12,4%, y en 2014, del 13,8%. En el caso de las sicav, los beneficios derivados de sus inversiones están gravados sobre el papel al 1%.
Estas sociedades, que son utilizadas por los altos patrimonio para ahorrarse impuestos, deben tener un capital inicial igual o superior a 2,4 millones y al menos cien partícipes. La segunda de ambas condiciones suele ser burlada con la colaboración de personas captadas a tal efecto y a las que en Hacienda se conoce con el apodo de mariachis.
Las principales fortunas de España, desde los March a la familia del Pino, pasando por Alicia Koplowitz o la hija mayor de Amancio Ortega, entre otros, tienen parte de su patrimonio en sicav.
Según la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), al cierre de 2015 había 3.372 sicav registradas, la cifra más alta de la serie histórica, por encima incluso de las 3.290 de 2007. Su patrimonio conjunto ascendía 34.082 millones de euros, frente a los 31.492 millones del último ejercicio previo al estallido de la crisis. Los síntomas de recuperación económica y el dinero aflorado como consecuencia de la amnistía fiscal de 2012 explican esos números, en opinión de los técnicos.
El mejor año de la legislatura para las sicav fue sin lugar a dudas 2013, pues sus beneficios rondaron los 2.400 millones de euros. En 2012 ganaron 1.333 millones y otros 1.656 en 2014.
De haber estado sujetas al mismo régimen que el común de las empresas, y teniendo siempre en cuenta el tipo medio efectivo, ese año habrían debido tributar 661 millones de euros en concepto de IS. Aplicando el tipo nominal, la factura fiscal se hubiera elevado a 1.615 millones.
http://www.publico.es/economia/sicav-han-ahorrado-tributar-mas.html

27 F : LOS DERECHOS SE DEFIENDEN



Con motivo del 23 F, los sucesivos golpes que han supuesto para el conjunto de la población, trabajador@s, migrantes, ciudadanía, tanto en lo político, lo laboral, lo social como en el recorte de derechos y libertades, las sucesivas reformas, políticas de austeridad, recortes y en especial en esta última legislatura.
Ante la nueva coyuntura política, entendemos como necesarios, cambios legislativos, derogación de las principales leyes lesivas y represivas, actuaciones inmediatas ante la urgencia de colectivos especialmente vulnerables y afectados (migrantes, infancia y juventud, mujeres…), así como la necesidad de atender a la sanidad, la educación, la cultura…, Llegamos a la necesidad de hacer un llamamiento específico a todos y a todas, de forma individual y colectiva, entendiendo que nos llamamos a todos los movimientos sociales, desde nuestra especificidad, para construir entre todos y todas una movilización, para trabajarla , sumar fuerzas, y desde el compromiso.
El análisis de la actual situación política nos sitúa ante un cambio incipiente, pero entendemos la necesidad de poner en valor las luchas sociales, de exigir echar abajo la reformas laborales, el artículo 135 de la constitución, parar el TTIP, paralizar desahucios, eliminar los recortes sociales, y recuperar y mejorar los derechos y garantías políticos y económicos. En la línea que se ha trabajado en Mareas Ciudadanas, pensamos que no es una lucha individual de cada colectivo, sino que es una lucha que nos impulsa desde lo que tenemos en común, y por ello se acuerda:

Convocarnos a las organizaciones, colectivos, partidos políticos, sindicatos con el fin de realizar una movilización con motivo del 23 F y construirla desde nuestra multiplicidad como colectivos, organizaciones y movimientos sociales.
http://mareaciudadanademadrid.blogspot.com.es/p/27f-adhesiones-y-apoyos.html

TTIP vs Privilegios

280 organizaciones de Europa, Canadá y EEUU denuncian la inclusión de privilegios a los inversores extranjeros en el TTIP

ISDS_botellaAnte la duodécima ronda de negociaciones del TTIP, 280 organizaciones de la sociedad civil europea, con el apoyo de grupos canadienses y de los EE.UU., han reclamado a la Comisión Europea y al Representante de Comercio de los EE.UU. la eliminación del Mecanismo de Resolución de Disputas entre Inversores Extranjeros y Estados (ISDS por sus siglas en inglés), y también, la eliminación de su sustituto, el llamado Sistema Judicial de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés), del TTIP, del CETA y de cualquier otro tratado de comercio. Esta cuestión vuelve a la mesa de negociaciones después de un compás de espera de dos años.

Los firmantes de esta declaración condenan ‘la redenominación’ de la Comisión Europea del viejo ISDS, ya que el ICS también confiere un enorme poder para sancionar a los gobiernos nacionales cuando legislen con la intención de proteger la salud pública, el medio ambiente y la sociedad.

Las principales preocupaciones que motivaron a 145.000 encuestados a decir no al ISDS en la consulta abierta por la Comisión Europea sobre el TTIP permanecen sin resolver con el ICS:

  • Tanto el ISDS como el ICS dan derechos exclusivos a los inversores extranjeros discriminando a los inversores nacionales y a la ciudadanía, sin que se haya demostrado que esto beneficie a la sociedad en su conjunto.
  • Tanto el ISDS como el ICS pueden forzar a los gobiernos a gastar miles de millones de euros de los contribuyentes para compensar a los inversores extranjeros por decisiones gubernamentales e incluso sentencias judiciales tomadas en beneficio de la salud pública, de los trabajadores, del medio ambiente y de cualquier otra política de interés público. Ni el ISDS ni el ICS permiten que prevalezca el interés público sobre el privado.
  • Ni el ISDS ni el ICS están sometidos a principios democráticos ni a control público, ni tampoco los parlamentos podrán legislar en contra de las decisiones que adopten a través de estos mecanismos.
  • Tanto el ISDS como el ICS socavan la jurisdicción de los tribunales de los estados europeos, ya que los inversores extranjeros pueden saltárselo
  • Ni el ISDS ni el ICS tienen en cuenta que los sistemas legales europeos, canadiense y de los EE.UU. son perfectamente capaces de resolver las disputas con los inversores extranjeros aplicando las mismas leyes que se aplican al resto de la sociedad,

Fundamentalmente, el ICS es peor para los Estados miembros que la actual práctica impuesta por los tratados de inversión, de los cuales un Estado miembro puede retirarse, no afectando al resto de la Unión Europea, para la cual seguiría siendo vigente el tratado. Con el TTIP y con el CETA esto no sería posible para un Estado miembro, a no ser que decida abandonar la Unión Europea.
Si se firma el TTIP, el mecanismo de resolución de disputas entre inversor extranjero y Estado (ISDS/ICS) permitirá que, entre 47,000 y 51,495 filiales estadounidenses en Europa ataquen las políticas sociales de la UE y de sus estados miembros.

http://rojoynegro.info/articulo/agitaci%C3%B3n/280-organizaciones-europa-canad%C3%A1-eeuu-denuncian-la-inclusi%C3%B3n-privilegios-los-inve

http://www.noalttip.org/280-organizaciones-de-europa-canada-y-eeuu-denuncian-la-inclusion-de-privilegios-a-los-inversores-extranjeros-en-el-ttip/

27-F: Concentración de apoyo a las personas refugiadas


http://rojoynegro.info/evento/agitaci%C3%B3n/27-f-concentraci%C3%B3n-apoyo-las-personas-refugiadas-madrid

8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

El día Internacional de la Mujer Trabajadora nace de la situación de explotación laboral, del abuso, de la situación de precariedad de unas mujeres valientes que, allá por el año 1911, se plantaron para decir ¡¡BASTA!! y sufrieron la respuesta del empresario que las encerró en una fábrica de Nueva York, para que no crearan "desórdenes". Prendiendo fuego a la fábrica, asesinaron a 146 jóvenes trabajadoras.

Cada 8 de Marzo conmemoramos el Día de la Mujer Trabajadora y todas las reivindicaciones legítimas, históricas y actuales, contra el patriarcado y el sistema capitalista.
Desde la CGT, denunciamos las situaciones de doble discriminación que sufrimos las mujeres, una como clase trabajadora (ya sea remunerada o sin remuneración a través de los trabajos reproductivos y de cuidados) y otra como mujeres. Las sucesivas "crisis" económicas, en las que nos sitúan periódicamente la clase dominante político-financiera, siguen manteniendo un sistema social, político y económico de progresiva desprotección y precarización hacia las personas que desarrollan la mayor parte de las tareas productivas y reproductivas del país y hacia las personas que no pueden trabajar, mientras que incrementan los arcos salariales a favor de los equipos directivos, juntas de accionistas y demás atracadores y corruptos que desde la política, la patronal y las instituciones públicas y privadas, saquean el país.
Y así, año tras año, nos encontramos nuevamente resistiendo a las agresiones brutales de la misma política neoliberal contra la clase trabajadora en general, pero que pega más fuerte en nosotras, las mujeres, marginándonos en trabajos precarios, con peores sueldos que los hombres, mayor temporalidad en los contratos, en los que se nos exige completa disponibilidad para jornadas parciales, contratos por horas, exigiéndonos una sobrecualificación, cuestionando nuestra profesionalidad si queremos compatibilizarla con un proyecto de maternidad, engrosando las listas del paro o trabajando en condiciones de esclavas en la agricultura, en fábricas, hostelería, falsas autónomas, servicios públicos, profesoras interinas, sanitarias y un largo etc.
No nos acomodemos aunque nos auguran tiempos de cambio. En el movimiento libertario hemos aprendido que las transformaciones sociales que queremos no vendrán de la mano del mundo político, sino de la conciencia y movilización social. Si las mujeres no luchamos por nuestros derechos, nadie lo va a hacer por nosotras.
Utilizando viejos discursos recurrentes, se afirma que nuestro bienestar depende del "clima político" de la "estabilidad institucional", estructuras del capitalismo que sólo persiguen la perpetuación del estatus de sus privilegios a costa del sometimiento y la explotación de las demás. Sin embargo, nosotras tenemos otros intereses opuestos a estos actores que quieren imponer las condiciones de nuestras vidas.
Compañeras, lo poco que se está avanzando está siendo fruto exclusivamente de la lucha sindical y social alternativa que tenemos abierta contra este patriarcado que, a través del machismo, perpetúa la desigualdad en todos los órdenes de la vida.
Puesto que nuestra vida y dignidad es lo único que poseemos, vamos a defenderlas, luchando. Organizadas construiremos nuestro destino a través de nuestra propia acción frente a los gestores del estado capitalista.
Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti 
JUNTAS TRABAJANDO POR NUESTRA REVOLUCIÓN
http://www.rojoynegro.info/articulo/agitaci%C3%B3n/8-marzo-d%C3%ADa-internacional-la-mujer-trabajadora

21 feb. 2016

GALERIA DE BUITRES CCLXXXVI

Las socimis, la última moda entre las grandes fortunas y las empresas en España
Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, o socimis, son el nuevo vehículo de inversión de moda entre grandes empresas y patrimonios. Estas entidades, cuyo régimen fiscal permite no tributar por los beneficios, están viviendo un auténtico boom y ya hay registrados al menos 60 en España.
La última moda entre los grandes patrimonios y las empresas españolas de cierto volumen es fundar una socimi. Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario están proliferando en España al calor de la revitalización del mercado inmobiliario, la llegada de inversión extranjera y las ventajas fiscales de estos vehículos a raíz de la reforma aprobada por el Gobierno en 2013. Dicha nueva legislación permite a estas entidades cotizar en los mercados, y a la vez no pagar impuestos por los beneficios generados. Están obligadas, asimismo, a repartir el 80% de las ganancias en forma de dividendo, lo que las hace especialmente atractivas en un momento en el que otros sectores (como el bancario) han venido sufriendo restricciones en este sentido.
Tal y como señalan fuentes del sector a Vozpópuli, es tanto el movimiento que está produciéndose entorno a las socimis, que "hay decenas" de las mismas en lista de espera para salir al mercado de forma oficial. El último caso, de esta misma semana, es Hispania Activos Inmobiliarios, la compañía con la que el magnate George Soros entró en el mercado español. Este mismo jueves la entidad anunció su transformación en una socimi (hasta ahora operaba a través de una filial), que cotizará en Bolsa. 
José Luis del Valle, presidente de Lar Real Estate.Tarjar Xairo Socimi, VBA Real Estate, Jaba I Inversiones Inmobiliarias... el panorama de las socimis no hace sino crecer en España. Tal y como muestran los datos del Registro Mercantil, en España ya están fundadas 62 socimis, si bien la mayoría están todavía a la espera de autorización para cotizar en los mercados. La cifra es más del doble de las que había constituidas a mediados de 2015. Tener una de estas sociedades especializadas en el alquiler de inmuebles no es precisamente barato, ya que el capital mínimo es de 5 millones de euros. Y es que a la adquisición de activos del ladrillo hay que sumar gastos por la salida al mercado, el auditor... pero no todas las socimis han de cumplir estos requisitos, ya que a las entidades extranjeras (conocidas como REIT) se les permite operar en España sin necesidad de cotizar.
¿Y qué buscan estos grandes invesores? Las más grandes, cotizadas en Bolsa, se apuntaron en un primer momento a las promociones de vivienda, a los centros comerciales y los edificios de oficinas, sobre todo. "En el mercado inmobiliario se han acabado prácticamente esas opciones, o los activos singulares del estilo el Edificio España o el ABC Serrano", explican fuentes del sector. "Ya todo lo que había de ese segmento se ha comprado ya". Ahora, están surgiendo socimis especializadas en todo tipo de activos inmobiliarios que se puedan alquilar posteriormente: "hoteles, hospitales, residencias de estudiantes... todo lo que se pueda comprar y alquilar después.
Especial movimiento está habiendo, según estas mismas fuentes, en relación con activos del turismo de negocios. En concreto, socimis de aparthoteles. "La clave, para no ser un mero servicio hotelero, es que han de ser activos principalmente vivienda, pero con cierto servicios", señalan. En Madrid, por ejemplo, ya ha habido operaciones de compra en zonas como Chueca y Fuencarral.
Un mercado con 17 entidades cotizando
En España hay ya 17 socimis cotizando en los mercados. Cuatro de éstas, las más grandes, ya lo hacen en Bolsa: Merlin Properties, Lar, Hispania y Axiare. Entre las cuatro acumulan unos 8.000 millones de euros en activos inmobiliarios y más de 2.560 millones de euros en capital inicial.
Pero al margen de éstas, hay otras 13 entidades cotizando en el llamado Mercado Alternativo Bursátil (MAB): Autonomy, Corpfin, Entrecampos, Fidere, Heref Habaneras, Mercal Inmuebles, Obsido, Trajano... Con capitalizaciones que oscilan entre los 4,3 millones de Promorent y los 572 millones de Zambal, muestra un sector en movimiento, impulsado por los precios al alza y la llegada, a lo largo de 2015, de una inversión inmobiliaria extranjera de récord.
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/76392-las-socimis-la-ultima-moda-entre-las-grandes-fortunas-y-las-empresas-en-espana

19 feb. 2016

Servicios Públicos en los tratados de libre comercio e inversión CETA, TTIP y TISA

Se negocian en secreto, proponen un nuevo modelo económico, afectarán a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y, en este proceso de mundialización, modificarán incluso la economía de muchos países que no están en las negociaciones. Son nuevas vueltas de tuerca en esta fase devoradora del capitalismo que hemos dado en llamar neoliberalismo. Con la firma y connivencia de las élites políticas, se proponen garantizar los privilegios de las grandes multinacionales por encima de los derechos sociales de la mayoría de la población. Estamos hablando de los tratados de libre comercio e inversión (TLC).
Hay varios TLC en la agenda del comercio mundial: el Tratado Transpacífico (TPP ) lo acaban de firmar EEUU y varios países de ambos lados del Pacífico. El Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), cuya negociación acabó en septiembre de 2014, está en la fase de revisión jurídica, pendiente de ser ratificado por los parlamentarios en Europa y Canadá. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que se negocia entre las dos potencias económicas mundiales, los Estados Unidos y la Unión Europea, pretende fijar normas del comercio mundial armonizando a la baja cualquier normativa que proteja los derechos de los ciudadanos, consumidores o trabajadores. Normas y leyes que los representantes del poder corporativo consideran burocracia y costes innecesarios. Y el Acuerdo de Comercio en Servicios (TISA),  que se negocia aún en mayor absoluto secreto por representantes de 50 países, (incluidos los 28 de la UE representados por la Comisión Europea), pretende la desregulación absoluta del mercado de servicios. Todos ellos tratan de una forma u otra del acceso al mercado de los servicios públicos por inversores extranjeros.
Esta creciente ola de acuerdos comerciales es una amenaza directa para la prestación de servicios públicos de calidad. Los nuevos acuerdos fomentan la privatización, restringen la capacidad de los gobiernos para regular en interés público y su fin principal es crear nuevos y poderosos derechos para los grandes inversores multinacionales.

Antecedentes

El neoliberalismo propone convertir en mercancía cualquier experiencia o actividad del ser humano y por eso desde siempre ha pretendido apartar de la gestión pública la salud, la educación, la asistencia social o la administración de factores esenciales como vías de comunicación, suministro de energía o el agua. Los predicadores de esa teoría eximen al Estado de cualquier responsabilidad en la gestión del bien común y en la corrección de desigualdades con mejor reparto de la riqueza, deja al individuo solo para solucionar sus problemas, lo convierte en gestor de su economía como si fuera un empresario y le hace culpable de su pobreza. Su mejor representación ha sido en los últimos años el empeño de los poderes públicos en culpabilizar a la ciudadanía de la crisis económica.
Durante años, el imperante discurso neoliberal ha introducido la necesidad de rentabilidad en toda gestión pública y, desde los años 70 y 80 del pasado siglo, proponen la gestión privada como mejor que cualquier administración pública, aduciendo que ésta no es capaz de hacer rentables esas empresas. Así se consumaron las privatizaciones de telecomunicaciones o la energía.
Esta tendencia ha crecido y ya en los años 90 se materializa en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) que bajo el paraguas de la OMC propugna liberalizar los servicios por “la eficacia en la prestación de los servicios por la mayor competitividad; mayor grado de desarrollo; ahorro de los consumidores; más innovación; transparencia y previsibilidad de las empresas; y transferencia de tecnología por la inversión directa extranjera.” Similares planteamientos se pueden ver en la “Directiva de Servicios” o directiva Bolkestein que pretende desregular los servicios en el ámbito europeo.
Consecuencia de lo anterior, en los últimos años los gestores neoliberales han visto una maravillosa oportunidad en la crisis financiera global y, con la excusa de reducir el sacrosanto déficit, han aprovechado la tendencia ya marcada de privatizar los servicios públicos imponiendo medidas que empeoran las condiciones de jubilación para favorecer los planes de pensiones privados y limitando la inversión pública en educación, servicios sociales, dependencia o sanidad. Una estrategia calculada para socializar las perdidas y privatizar las ganancias, pero sobre todo para cumplir con la agenda neoliberal.
En la actualidad, cuando las reglas del mercado forman parte de la gestión de la mayoría de servicios públicos por la llamada “externalización de servicios” o “colaboración público-privada”, la Unión Europea se enfrasca en negociaciones de tratados que pretenden no solo desregular los servicios públicos, sino impedir que futuros gobiernos puedan revertir esas medidas y recuperar la gestión por parte del Estado de los servicios anteriormente privatizados.

Los tratados en el proceso de privatización

El TTIP y el CETA son propuesta similares, ambos pretenden garantizar los derechos de los inversores extranjeros por encima de cualquier derecho ciudadano. El TISA va mucho más allá y “los mejores amigos de los servicios”, como se autodenominan los negociadores de esos tratados, proponen desregula todos los servicios, poniendo en manos del mercado y sus leyes cuestiones y derechos tan esenciales como la sanidad, educación, agua, sostenibilidad del planeta, los derechos laborales, etc.
Sabemos que el neoliberalismo pretende que “el mercado se autorregula” … O no. La forma como han regulado para traspasar las pérdidas del capital a las arcas públicas hace pensar que no se fían tanto de esa autorregulación del mercado y ahora con los tratados de libre comercio e inversión pretenden fijar reglas que protejan y garanticen como sea el beneficio de los inversores.
Los defensores de los tratados juran y perjuran que los servicios públicos no están en juego en estos tratados, pero, como se ha visto, no necesitamos nuevos acuerdos internacionales para que la privatización sea una realidad. Entonces ¿qué novedades introducen estos tratados?
Durante las negociaciones del CETA y el TTIP ha sido evidente la colaboración entre grupos de presión como Business Europe o el Foro Europeo de Servicios y los negociadores. Algo que nos hace dudar de sus buenas intenciones, porque en realidad los inversores extranjeros ven los servicios públicos como gran catálogo de compras y es evidente que han tenido mucho éxito si vemos los resultados en el texto consolidado del CETA que se aplican prácticamente a todos los servicios.
Tanto en el mandato de negociación de la comisión para el TTIP, como en el texto consolidado del CETA se propone una excepción general que excluye solamente los servicios “prestados en el ejercicio de una autoridad estatal”, pero solo en el caso de que el servicio lo preste en exclusiva el Estado, aunque nunca si este servicio se presta “sobre una base comercial o en competencia con uno o más operadores económicos”. Sin embargo, la realidad nos dice que prácticamente todos los servicios públicos prestados por el Estado coexisten y compiten con empresas privadas prestadoras de los mismos servicios, por lo que esa exención se limita prácticamente al sistema judicial y al orden público.
Indicada esa excepción general, prácticamente ningún servicio público se libra de poder ser privatizado. Debemos recordar, por ejemplo, cómo la seguridad privada ha sustituido a las fuerzas de seguridad del Estado en ámbitos donde el Estado debería ser el único proveedor, como son las cárceles españolas. EE UU es un claro ejemplo de esa deriva.
El empeño de los negociadores por garantizar el lucro de las grandes empresas multinacionales llega mucho más allá con la llamada cláusula “trinquete” que, aunque el documento publicado por la Comisión Europea niegue su existencia, el propio gobierno canadiense la cita en su página web. Esa cláusula bloquea cualquier posibilidad de recuperar para la gestión pública alguno de los servicios anteriormente privatizados, lo que impediría a futuros gobiernos elegidos democráticamente recuperar para la gestión pública el agua, la sanidad, la educación..., aunque incluso se haya demostrado la ineficacia de la gestión privada.
El objetivo de estos tratados no es privatizar los servicios públicos en sí, pues ya hay múltiples acuerdos internacionales que permiten tal objetivo. El fin es impedir que los inversores corran riesgo alguno en sus inversiones y garantizarles jugosos beneficios. Para conseguirlo estos tratados se han dotado de uno de los elementos más dañinos para la democracia y los derechos de la mayoría: el Mecanismo de Resolución de Conflictos Inversor-Estado (ISDS). Este artilugio secuestra el derecho de cualquier gobierno elegido democráticamente a legislar, con la amenaza permanente de demandas multimillonarias de las multinacionales. Así cualquier modificación de la norma existente que aumente la protección en un servicio público, regule el mercado financiero, proteja el medio ambiente o garantice los derechos de los trabajadores podrá ser cuestionada y sancionada por un pretendido tribunal privado sin posibilidad de recurso por parte del Estado demandado.
En resumen la vieja aspiración neoliberal de minimizar el Estado como prestador de servicios se cumple con estos tratados. Pero no quieren la desaparición del Estado. Las empresas multinacionales en connivencia con las élites políticas necesitan un Estado que proteja sus beneficios y financie sus riesgos empresariales, y para ello se dotan de estas superestructuras de los tratados internacionales donde el interés general queda subordinado a su lucro.
https://www.diagonalperiodico.net/global/29420-servicios-publicos-tratados-libre-comercio-e-inversion-ceta-ttip-y-tisa.html

AENA : CGT reclama a Fomento la igualdad de oportunidades de las embarazadas al acceso al empleo público

Aena.S.A. y ENAIRE su matriz, son sociedades estatales dependientes del ministerio de fomento y convoca unas bolsas de empleo público para el 27 de febrero de 2016, la comisión de valoración no da respuesta a la protección de las mujeres embarazadas, ya que en las solicitudes admitidas hay varias mujeres embarazadas y el silencio es por ahora su respuesta. El examen se va a producir el 27 de febrero de 2016. 
CGT tiene constancia que al menos dos mujeres embarazadas, concurrirán a las pruebas de selección de las bolsas de empleo. También, que se han dirigido a las sociedades de FOMENTO solicitando medidas que concilien el derecho de la mujer embarazada al trabajo, y por lo tanto a presentarse a las pruebas de selección que lo facilitan.
A la fecha, siguen esperando algún tipo de respuesta y el tiempo apremia, pues como se les transmito por los afectados, el examen de las pruebas de selección y el nacimiento esperado de los bebés coinciden en las mismas fechas. En el caso de insularidad, las compañías aéreas y navieras no van a permitir el transporte de la viajera, alegando el avanzado estado de embarazo de la mujer, y por lo tanto la imposibilidad de alcanzar por los aspirantes las sedes de examen, es nula.
Las mujeres embarazadas tienen derecho a la igualdad de acceso en las oposiciones y bolsas de empleo público. El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de las mujeres que estén próximas a dar a luz a lograr que los tribunales de oposición les ofrezcan condiciones que hagan efectiva la igualdad para el acceso a las pruebas previstas para lograr una plaza pública. Asi se reconoce en una Sentencia de 14 de marzo de 2014, en la que se ampara a una mujer que tuvo su hijo un día antes de la fecha fijada para la prueba en la oposición por una plaza de enfermería y que pidió sin éxito hacer el examen en su domicilio o en el hospital.
Se trata del Recurso de Casación número 4371/2012, cuyo Magistrado Ponente es D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, quien considera que la maternidad está protegida constitucionalmente en el artículo 23.2 de la Constitución Española, en el artículo 14 mediante la prohibición constitucional de discriminación por razón de sexo y también está protegida por el texto fundamental en su artículo 39.2. Estas normas constitucionales que se proyectan sobre la protección de la maternidad, dicen:
Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Artículo 23.2: Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Artículo 39.2: Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.
La maternidad, además, está expresamente tutelada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ya que en su artículo 8 se refiere a la discriminación por embarazo o maternidad: Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
También se encuentra protegida la maternidad por la doctrina del Tribunal Constitucional a que hace referencia la sentencia de instancia. Todos estos fundamentos jurídicos ofrecen apoyo positivo para fallar en protección de la maternidad y en la igualdad de acceso en las oposiciones.
Por todo lo anterior, CGT ha solicitado en el ministerio de FOMENTO, se faciliten un alternativa real a lo solicitado por las trabajadoras, y les sea permitido realizar las pruebas de selección en unas condiciones que GARANTICEN su derecho efectivo y la igualdad para el acceso a las pruebas previstas.
http://www.aviaciondigitalglobal.com/noticia.asp?NotId=25166&NotDesignId=4

18 feb. 2016

Todos somos 8

La CGT celebra la absolución de "los 8 de Airbus" pero recuerda que cientos de personas han sido procesadas por luchar por sus derechos

Sindicalismo alternativo, plataformas por una vivienda digna, movimientos sociales y colectivos libertarios siguen siendo las víctimas propiciatorias de la represión institucional

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) no podemos dejar de celebrar la noticia, que se ha conocido hoy, de la absolución de los 8 trabajadores de Airbus, a los que se pedía varios años de prisión por su participación en un piquete en la Huelga General de 2010. Pero la alegría por que se haya hecho justicia en el caso de estos trabajadores injustamente procesados, no puede hacernos olvidar que más de 200 personas han sido condenadas (con desorbitadas sanciones económicas o incluso varios años de cárcel) por actos muy similares a los que motivaron el procesamiento de 8 de Airbus. Decenas de sindicalistas y activistas sociales siguen todavía pendientes de juicio, con abultadas peticiones de condena por parte de fiscales y acusaciones particulares.
Por otro lado, no hay que dejar de recordar aquí y ahora casos como los de Alfon (ocho meses ya en prisión), el de los dos titiriteros de Granada (puestos en libertad, tras varios días encarcelados) a los que se les mantienen todos los cargos o los de los diversos jóvenes que han sido detenidos y mandados a prisión como resultado de rocambolescas operaciones policiales para desmontar inexistentes grupos armados de orientación anarquista o internacionalista (Pandora, Mateo Morral, Kurdistán, etc.).
En ningún caso creemos que la absolución de estos ocho sindicalistas deba interpretarse como la evidencia de que existen los derechos plenos de libertad sindical o el mismo derecho de huelga. Sabemos que todos los días se están produciendo despidos de sindicalistas y personas que se atreven a denunciar su explotación, y que se siguen poniendo el máximo de trabas al pleno ejercicio del derecho de huelga (servicios mínimos abusivos, represalias a los huelguistas, entorpecimiento a la labor de los piquetes informativos, etc.)
La CGT, en este día en que celebramos la absolución de estos ocho trabajadores injustamente acusados y procesados, y en el que se cumplen los ocho meses del encarcelamiento de un joven activista social como Alfon, quiere dejar muy patente su compromiso solidario con todas las personas y colectivos que se ven perseguidos y reprimidos por su participación en luchas sociales y laborales. Al mismo tiempo que insiste en su apuesta por la movilización y la solidaridad como las únicas vías para frenar la ofensiva represora de Estado y Capital.
En esa línea la Confederación General del Trabajo va a seguir ejerciendo el derecho a la libertad sindical, la libertad de expresión y todos los derechos que garantizan (o deberían garantizar) las legislaciones más avanzadas. Al mismo tiempo que ratificamos nuestro compromiso solidario con todas las personas represaliadas por defender su derecho a una vivienda digna, a un puesto de trabajo y a unos servicios sociales universales y de calidad.
Gabinete de Prensa CGT
Madrid, 17 de febrero de 2016
http://rojoynegro.info/articulo/ideas/la-cgt-celebra-la-absoluci%C3%B3n-los-8-airbus-pero-recuerda-cientos-personas-han-sido-pro