El desarrollo del aeropuerto de Madrid podría sufrir un parón a causa del ruido. A pesar de los buenos resultados de las aerolíneas y del anuncio de nuevas rutas de Iberia a Asia, América y Sudáfrica, el crecimiento del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas podría frenarse si el Tribunal Supremo vuelve a dar la razón a los vecinos de la urbanización Santo Domingo que, desde hace 10 años, luchan para conseguir el cierre de la pista 18R.
Los vecinos de esta urbanización aseguran que el fuerte ruido que generan los aviones durante el descenso suponen una gran molestia en su día a día y afirman que “va en contra de los derechos fundamentales”. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2008 les dio la razón, pero Aena recurrió y ambas partes llevan luchando en los tribunales desde entonces, sin que se haya ejecutado dicha sentencia.
Aena asegura que se han tomado medidas para reducir las molestias de los vecinos. Sin embargo, el portavoz de la asociación contra el ruido en Santo Domingo, José María Serrano, ha asegurado a preferente.com que “esas medidas nunca se han llevado a cabo”.
Entre las medidas implementadas por el gestor aeroportuario destaca la reducción del número de sobrevuelos sobre la urbanización, restricciones nocturnas y cambios en el AIP-España que refuerzan el uso de la configuración norte como la preferente, pues la que provoca molestias a los vecinos es la configuración sur.
Asimismo Aena afirma que ofreció a los vecinos el aislamiento acústico de sus viviendas -medida que fue rechazada-, e insiste en que “el uso de la configuración sur de la pista de aterrizaje no es habitual, pues sólo se usa en días determinados, por causas meteorológicas”.
Por su parte, el presidente de Iberia, Luis Gallego, afirmó este lunes que “el cierre de una de las pistas” del aeropuerto de Madrid “sería una desgracia” (Gallego modificará el modelo de mantenimiento de IAG en septiembre) porque representaría una reducción del 30 por ciento de los vuelos, lo que supondría una barrera para el crecimiento, tanto del aeropuerto, como de la aerolínea que preside.
Serrano considera que plantear el problema en términos económicos “es un error”, pues se trata de un hecho “muy alejado de los derechos fundamentales”. Los vecinos de la urbanización -5.000 en total-, esperan que el tribunal Supremo vuelva a darles la razón: “será la cuarta vez que se pronuncie y esperamos que lo haga este año y a nuestro favor”, aseguró.
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