Una minoría selecta de los 417 consejeros de las principales corporaciones conforma el poder real: sus empresas empiezan a pesar más que el Estado, y a asumir paulatinamente sus competencias
Joaquín Costa escribió en 1903 que “lo que las mayorías hacen con el voto, las minorías lo hacen con la obstrucción”. Antes de las elecciones de junio de 2016, Juan Miguel Villar Mir -- el empresario y ex político que triplicó su fortuna durante la crisis– advirtió de forma apocalíptica: “Lo importante de verdad es que no se nos dé la presencia de Podemos, porque eso desajustaría la economía”. A continuación concretó los pormenores de su propuesta: “Hace falta que los dos grandes partidos estén para aprobar los acuerdos fundamentales que hay que hacer”. En aquellas mismas fechas, un manifiesto de expolíticos e intelectuales vinculados al PSOE, PP y Ciudadanos pedía evitar las terceras elecciones y urgía a formar “un Ejecutivo que cuente con el respaldo parlamentario suficiente para impulsar la estabilidad económica en el marco de nuestros compromisos europeos; para adoptar medidas sociales correctoras de las crecientes desigualdades; y para emprender una reforma constitucional que aborde, entre otras cuestiones, la mejora de la articulación territorial”.
En septiembre, tras la fallida investidura de Mariano Rajoy, se sucedieron semanas muy tensas. El PP chantajeó al PSOE con elecciones en Navidad, y el golpe palaciego que comenzó con los quejidos de Felipe González y acabó con Pedro Sánchez muerto antes de intentar formar una mayoría alternativa provocó un efecto dominó de consecuencias aún desconocidas. La formación de una gestora en el PSOE impuso, por imperativo, la abstención del Grupo Parlamentario Socialista en la investidura de Rajoy. Poco después, la Gestora comunicaba las sanciones contra los diputados que votaron no al candidato popular.
El 26 de octubre, durante la primera sesión de investidura, Rajoy prometió estar dispuesto a afrontar los retos de la nueva legislatura: “Si hemos de aceptar sacrificios, lo haremos con orgullo por el bien de España”. Eran las palabras del nuevo presidente del Gobierno, arropado por Ciudadanos y bendecido, en segunda ronda, por la abstención de un PSOE desgarrado. Sin embargo, ese ‘por el bien de España’ echó a temblar solo un día después de la reelección. Pedro Sánchez, en la entrevista que concedió a Jordi Évole en Salvados, confirmó las presiones económicas y mediáticas que había recibido para no formar un gobierno de cambio, y señaló directamente al diario El País, a Telefónica y su expresidente, César Alierta, entre los impulsores del movimiento contra Sánchez y su pretensión --nunca explicitada-- de formar una coalición de izquierdas.
El dardo del exsecretario general del PSOE apunta a las empresas del Ibex35, cuya capitalización alcanza el 50% del PIB –más de 500.000 millones de euros–, y que están dirigidas por 417 consejeros, 67 personas más de las que se sientan en el Congreso de los Diputados.
Estas personas controlan e influyen en empresas que operan en todos los sectores: banca, telecomunicaciones, educación, salud, alimentación, transporte. Un Estado paralelo y privado, o semiprivado, con un apellido propio: sociedad anónima. Entre ellos, destaca una minoría selecta que se sienta en varios consejos y, entre estos, algunos pueden presumir, además, de mantener privilegiadas relaciones con el Estado.
Se trata de un mundo eminentemente machista, que no conoce el significado de la expresión igualdad (tampoco de género). La presencia de mujeres es casi testimonial: en 2016 hay solo 74 mujeres entre 417 consejeros, 16 menos que en 2015; las ejecutivas han visto reducida su participación desde un 19,6% a un 17,7%.
Estos hombres y mujeres serán la sombra del próximo Gobierno, o mejor el próximo gobierno del Ibex en la sombra: adalides de empresas que cada vez empiezan a pesar más que el Estado. En el camino están los 5.000 millones de recortes que el Gobierno de Rajoy viene anunciando desde hace tiempo y que irán a parar a mejor lugar, como los 2.000 millones de la Obra Social de las cajas, que se transfirieron a los bancos que las adquirieron y a sus accionistas.
Los gobernantes conocen el principio de conservación según el cual “la materia ni se crea ni se destruye, se transforma”, mejorado de la mano de Joan Mach –precursor histórico del gobierno en la sombra–, que añadió: “El dinero no se destruye, sólo cambia de manos”.
Con ustedes, la élite del Ibex35 y, siguiendo el murmullo popular, los ministros de facto del país.
Primer ministro. Javier Echenique Landiribar
Nacido en Pamplona, este antiguo directivo del BBVA y presidente del Banco Guipuzcoano es actualmente el gran vertebrador de empresas en el Ibex35, asentado en las poltronas de hasta cuatro de sus sociedades: Sabadell, ACS, Repsol y Telefónica; estas dos últimas, con pasado de titularidad pública. De él dicen que le encanta el deporte, pues practica el esquí, el montañismo y el golf, además de ser corredor aficionado habitual. Su característica principal es la discreción. Sus únicas declaraciones datan de 2013, en las cuales decía que “el guirigay político que tenemos es un desastre”, y recordaba a futuros navegantes que “no hay solución fuera de Europa y del euro, pero tiene que ser en una Europa ágil y competitiva”. Echenique es, de facto, el sustituto del antiguo patriarca del Ibex, Isidro Fainé, quien ha tenido que ceder ante las directivas de la ley de Cajas y retirarse de La Caixa y de varios consejos, aunque ha acabado en otro Ibex35: Gas Natural.
Doctor y académico con una extensa trayectoria empresarial, el octogenario millonario se apartó de la presidencia de OHL en agosto, como ejemplo de que la vieja guardia sí se retira, pero sólo un poco, al estilo de Felipe González. Ha abandonado la presidencia en favor de su hijo Miguel Villar-Mir, pero se mantiene en los consejos del Santander y Abertis. Mantiene sus posiciones como empresario, pero no puede ocultar su cercanía al poder político, que mantiene desde su presencia en el primer Gobierno preconstitucional del rey Juan Carlos, como ministro de Hacienda y vicepresidente, así como alto cargo del Ministerio de Obras Públicas. Sus escarceos con la política incluyen su presencia en los papeles de Bárcenas, con aportaciones atribuidas a la caja negra del PP entre 2002 y 2009. Durante ese periodo, un tercio de la facturación de su constructora, OHL, provino de adjudicaciones de Comunidades gobernadas por el PP. La crisis no ha hecho mella en su patrimonio, y puede presumir de haber triplicado su fortuna durante la crisis.
Presidente de Inditex y Telefónica. Presume de ser hombre discreto, como el patrón al que gestiona sus negocios. Sucesor de Amancio Ortega, pocos saben que sus primeros pinitos en el mundo empresarial se dieron con la privatización de Telefónica. Abogado del Estado a los 24 años, con 32 fue nombrado por Rodrigo Rato director general de Patrimonio, lo que significaba ser el máximo responsable de Tabacalera y Telefónica en el Estado durante sus privatizaciones. En 2000, pasó a ser presidente de Tabacalera privatizada, renombrada como Altadis, y se mantuvo hasta 2005, cuando fue fichado por Amancio Ortega y ascendió a CEO y vicepresidente. Desde 2002 es consejero de Telefónica. Fue el empresario mejor pagado del Ibex35 en 2015, con 12,17 millones de euros, además de controlar la caja más saneada del grupo de empresas –5.300 millones a cierre del año fiscal de 2015–. Ese año, la revista Harvard Business Review clasificó a Isla como número tres en la lista de los mejores ejecutivos del mundo. A pesar de ser nombrado por Rato, el ejecutivo prefiere marcar las distancias con aquella época. Su responsabilidad no es menor en dos de las mayores empresas españolas en términos de trabajadores: en Telefónica, 130.000 empleados; en Inditex, 100.000 empleos entre directos e indirectos. Tras las revelaciones sobre las condiciones laborales de sus suministradores asiáticos, tras hechos como el incendio del edificio de Savar en 2013 en el que murieron 1.117 personas, en mayo de 2016 Pablo Isla firmó un contrato con el sindicato con sede en Ginebra Industrial Global, para “promover los derechos de los trabajadores, la libertad de sindicación y la negociación colectiva en sus fábricas proveedoras”.
Compañera de Pablo Isla, es consejera de Inditex y de IAG, parlamentaria en la Cámara de los Comunes y miembro vitalicio de la Cámara de los Lores. Lady Kingdmill forma parte del Partido Laborista y fue presidenta de la Comisión de Monopolios y Fusiones de la Cámara de los Lores hasta 2003. Ha vivido desde dentro y desde el Estado el mayor proceso de fusión entre dos aerolíneas: Iberia y British Airways –que controlaban América del norte y del sur–, y que dió como resultado la absorción de la aerolínea española, que acabaría convertida en filial de la británica. Todo ello tras haberse construido la terminal T4 de Madrid (6.200 millones de euros), que se puso en marcha con miras al aumento de rutas y vuelos de Iberia. Después de la reestructuración –desde 2004, Iberia no contrata pilotos– y de varios ERE que afectaron a 5.000 personas, la compañía planea un ERE voluntario para 1.000 empleados más este año. Una política de recortes que Willie Walsh (actual CEO de IAG) ha catalogado como “un poco cruel pero necesaria”. La plantilla y la renovación de la flota quedan subordinadas ahora a sus cuentas de resultados. Sin embargo, hoy en día no queda ningún accionista español en el grupo después de la salida de Bankia y El Corte Inglés. De ahí que Walsh no tenga razones para sentir especial inclinación por el territorio patrio y la vieja línea aérea de bandera: “El holding no tiene reservado ningún derecho especial de pertenencia al accionariado por el hecho de ser español o británico”, dijo en una entrevista a El Mundo.
Ministra de Poder Popular: Isabel Tocino.
Doctora en Derecho. Se sienta en los consejos de administración del Banco Santander y de Enagás, antes pública. Dos empresas del Ibex35 con sede en España, pero cuyo capital es mayoritariamente extranjero: en el caso de Enagás, su principal accionista es Bank of America; en el del Banco Santander es Chase Nominees, subsidiaria de JP Morgan. Fue mano derecha de Manuel Fraga, ostentó una de las seis vicepresidencias del recién bautizado Partido Popular de 1989, y consiguió escaño en el Congreso ese mismo año. Formó también parte de la ejecutiva nacional del PP en 1993 y sólo tres años después, en el primer Gobierno de Aznar, fue investida ministra de Medio Ambiente. Su estancia en la cartera coincide con los años en los que su Ministerio presuntamente arregló concursos para empresas implicadas en la trama Gürtel, según afirmó Francisco Correa en sede judicial. También fue consejera de la empresa Diagonal Gest, que se llevó el contrato para tramitar la venta del parque de vivienda social de la Comunidad de Madrid en 2012. 9.100 pisos, de los que solo se comercializaron 234 inmuebles. La empresa de Tocino cobró casi 390.000 euros en esta operación.
Ministra de Privatizaciones: Eva Castillo
Al igual que Isabel Tocino, es una de las pocas mujeres que se sientan en los consejos de administración del Ibex35. Su trayectoria en banca de inversión abarca desde Merrill Lynch, a la que llegó en 1997 tras pasar cinco años en Goldman Sachs y otros cinco años en Beta Capital, cuando esta firma de valores estaba presidida por César Alierta, expresidente de Telefónica. En 2008 volvió con Alierta a Telefónica, donde se convirtió en la primera mujer en sentarse el Consejo de Administración de esa empresa. Fue presidenta de Telefónica Europa hasta 2014 y, en el momento del cese, recibió una indemnización de 2,4 millones de euros. Entró en Bankia en 2012, tras la intervención del banco y la defenestración del Consejo presidido por Rodrigo Rato. Según el Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2015 de Bankia, su presencia tanto en el Consejo de Administración de la banca como en el de Telefónica no supondrá perjuicio en los acuerdos de financiación y de prestación de servicios entre ambas compañías. Telefónica tiene una de las deudas más abultadas de Europa –49.921 millones de euros–. Eva Castillo tendrá que afrontar la previsible fusión de Bankia con BMN y su privatización, fomentadas desde el Ministerio de Economía. Serán útiles sus relaciones con la banca de inversión, accionistas de referencia en BBVA y Santander, además de accionistas en Telefónica. Otro frente será el de los despidos, anunciados en el sector, y que en Bankia se han cobrado 5.000 trabajadores hasta la fecha.
Abogado del Estado y consejero en Inditex y Santander, fue secretario general de Correos y Telecomunicaciones en 1976. Ese mismo año, con Manuel Fraga como Ministro del Interior el cual autorizó la publicación de El País. En 1984 pasa al Banco Santander y en 1988 es nombrado consejero delegado de la entidad. En 2001 fue nombrado presidente de Vallehermoso, la inmobiliaria del banco que posteriormente fue vendida a Sacyr. Entre 2014 y 2015 fue presidente del grupo de comunicación Vocento, que edita ABC y El Correo, entre otros. Es consejero de Universia holding S.L, sociedad del Banco Santander que presume de ser “la mayor red de cooperación universitaria centrada en Iberoamérica, que promueve el cambio y la innovación a través de una plataforma de productos y servicios para la comunidad universitaria y las empresas”. Junto con Telefónica fundó en 2013 Miríada X, una “plataforma de formación online que aspira a liderar este campo en el ámbito del castellano”.
Dentro de Universia está la Fundación Universia, dedicada a la cooperación universitaria y que desde 2012 está autorizada como “agencia de colocación”, para “gestionar ofertas de trabajo y solicitudes de empleo de todo el territorio español". Además, ofrece a las entidades públicas o privadas autorizadas la posibilidad de desarrollar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como orientación e información profesional, y con la selección de personal. La fundación, entre otros proyectos, ha destinado, desde 2007, 1,2 millones de euros en becas para estudiantes discapacitados. Cuentan también con la Liga Santander, y con la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que ofrece libre acceso a más de 550 portales web y 200.000 registros bibliográficos. Quizá para compensar esta labor social, que deviene en importantes descuentos fiscales, Santander abrió 559 sociedades pantalla en Bahamas entre 1990 y 2015, según informó El Confidencial. El abogado del Estado, que empezó como asesor jurídico, ha vivido momentos difíciles de la familia Botín, desde la imputación de Emilio Botín por 38 delitos fiscales y falsedad documental a finales de los años ochenta –resuelta por la aplicación de la famosa doctrina del Supremo–, hasta la emisión de los Valores Santander (las preferentes del Grupo) y la falta de garantías reales de algunos de sus productos, como la cuenta 1|2|3.
http://ctxt.es/es/20161026/Politica/9229/ministros-investidura-gobierno-Rajoy-coalicion-Ibex-35.htm#.WBoKXM5vf6w.twitter
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