30 nov. 2017

GALERIA DE BUITRES CDXII

El sueldo de los altos directivos del IBEX-35 supera 207 veces el mínimo de su empresa
La ONG Oxfam Intermón ha denunciado hoy que los altos directivos del IBEX-35 cobran de media 207 veces el sueldo mínimo de su empresa y que su salario aumentó un 15% entre 2015 y 2016, mientras que la retribución media creció sólo un 0,3%.
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 Estos datos aparecen en el informe "Diferencias abismales: El papel de las empresas del IBEX-35 en la desigualdad" realizado por Oxfam Intermón y, según asegura la ONG en una nota de prensa remitida hoy a Efe, demuestran el aumento de la "brecha salarial" en España.
Señalan que el Banco Popular, Ferrovial e Inditex son las tres corporaciones con mayores diferencias salariales entre los altos directivos y el sueldo mínimo, y que en estas empresas un ejecutivo destacado "cobra 112 veces el salario medio" de su entidad.
Las diferencias, añaden, son aún mayores cuando se trata de los sueldos de las empresas multiservicios contratadas por las corporaciones del IBEX-35.
Según Oxfam Intermón -que se remite a los datos de las propias compañías del IBEX-35-, entre 2014 y 2016 la retribución de los principales ejecutivos creció un 40% y entre 2015 y 2016 aumentó un 15 %, situándose de media en 4,2 millones de euros, mientras que los salarios medios "solo se incrementaron en un 0,3%".
Recuerdan que la facturación conjunta de estas empresas equivale al 42% del producto interior bruto (PIB), y que cuentan con más de 1,5 millones de personas contratadas en sus plantillas, por lo que, según la ONG, las corporaciones del IBEX-35 son un "referente a seguir" para muchas compañías españolas.
José María Vera, director general de Oxfam Intermón, advierte además de la necesidad de regular las remuneraciones de las empresas "externalizadas" para que sus empleados cobren "al mismo nivel que los de la empresa cliente y nunca por debajo del convenio sectorial".
Para contribuir a paliar y reducir esa "brecha de desigualdad", la ONG pide a las empresas y al Gobierno que aumenten el salario mínimo interprofesional (SMI) un 13% en 2018, con el objetivo de alcanzar al final de la legislatura los 1.000 euros.
Además, y para garantizar mayor equidad retributiva, Oxfam Intermón recomienda "establecer una escala aproximada de 1:20, es decir, en la que la parte fija del salario más alto no supere en más de 20 veces al salario más bajo".
Con respecto a la "brecha salarial" entre hombres y mujeres en el seno del IBEX-35, la organización asegura que de los "escasos" datos aportados por las empresas se desprende que hay "un 40% de mujeres en plantilla pero solo un 20 % en puestos directivos" y por ello critican el "largo camino" que les queda por recorrer para llegar a la igualdad de género.
En el informe también se afirma que "todas las compañías del índice" del IBEX-35 "salvo una, Aena, tienen presencia en paraísos fiscales" y que "el número de filiales en estos territorios casi alcanzó las 1.000 (996) en 2016".
"Entre 2009 y 2016 se han venido constituyendo 103 nuevas filiales al año de promedio, o lo que es lo mismo una nueva filial cada tres días", afirma el director de Oxfam Intermón, y añade que el año pasado el total de filiales se redujo en 22 sociedades, "un 2,2% de caída respecto al récord de 1.018 en 2015".
El Banco Santander, continúa, "encabeza el ránking", con 225 filiales, el 23% del total, seguida de ACS, con 108, y Repsol, con 93, y recuerda que las dos últimas empresas pusieron en marcha planes de retirada de paraísos fiscales que han contribuido a que este año el número haya descendido.
A la vista de estos datos, Oxfam Intermón ha reclamado al Gobierno la aprobación "urgente" de una ley contra la evasión fiscal, que, entre otras medidas, incluya "un listado exigente de paraísos fiscales", y demanda que los grupos parlamentarios "impulsen en España una reforma en profundidad del sistema fiscal internacional".

28 nov. 2017

GALERIA DE BUITRES CDXI

De artífice de la privatización de AENA a socio de una firma de capital riesgo
De maestro de orquesta en el proceso de privatización de AENA, empresa semipública (51% propiedad del Estado), a socio de la firma estadounidense de capital riesgo Rhône Group en poco más de un mes. Durante sus cinco años como presidente de AENA, José Manuel Vargas fue un arduo defensor de la venta de la compañía semipública que administra la red de aeropuertos españoles (46 aeropuertos y dos helipuertos). Cuarenta días después de dimitir y dejar a la empresa inmersa en un profundo conflicto laboral, Vargas entró en Rhône Group, gestora de varios fondos de inversión, una decisión que la Confederación General del Trabajo (CGT) califica como “otro caso de puertas giratorias” de una figura del ámbito público.
José Manuel Vargas, expresidente de AENA
Este lunes la sección de la CGT en AENA denunció que Vargas, “sin ningún periodo de carencia, aprovecha el conocimiento adquirido y sus contactos” para aumentar su fortuna con su entrada en Rhône Group, donde también trabaja uno de los hijos del expresidente Aznar, y pidió por escrito a los distintos grupos del Congreso que regulen la dirección y gestión de AENA para evitar conflictos de intereses y asegurar el carácter de servicio público que la ley confiere a esta compañía. El sindicato subraya que durante el tiempo en que Vargas presidió AENA (fue nombrado en 2012, con Ana Pastor en Fomento), sus decisiones estuvieron orientadas a favorecer intereses particulares y privados, fomentando su progresiva privatización y menospreciando el carácter de servicio público que la legislación española le asigna a esta compañía.
En 2015, con Vargas en la presidencia de la compañía, el gobierno de España inició la venta de sus acciones en AENA y varios fondos buitre, entre ellos BlackRock, comenzaron a hacerse con el control de la empresa, que tiene carácter estratégico (sector transportes), opera en régimen de monopolio en España y puede ser vital para la economía del país, cada vez más dependiente del turismo.
Vargas, que en el pasado fue consejero delegado de Vocento (editora de ABC, entre otros medios), ha estado al frente de la compañía en una etapa marcada por buenos resultados económicos registrados gracias a las cifras récord de turistas en España (más de 70 millones de visitantes en 2016) y a las elevadas tasas aeroportuarias, una de las principales fuentes de ingresos de AENA, a pesar de las críticas de instituciones tan conservadoras como la patronal CEOE, que pide reducirlas para facilitar la llegada de más visitantes.
Sin embargo, desde la CGT llevan varios años denunciando la precariedad de los trabajadores de AENA debido a las políticas impulsadas por Vargas para reducir costes mediante recortes y aumentando la presencia de subcontratas -entre las controversias más recientes están las huelgas de guardias de seguridad de Eulen en el aeropuerto de El Prat del verano pasado, o el ERE que afectó a 1.600 trabajadores en 2012-. “Vargas, con su huida, también deja en el aire un supuesto acuerdo, a día de hoy secreto, y que firmó con los sindicatos institucionalizados, CCOO, UGT y USO”, señala la CGT a través de un comunicado en el que, además, exige que dicho acuerdo se haga público. Este sindicato también advierte que dejar AENA en manos de fondos buitre puede poner en riesgo “las condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias”.
AENA es la empresa participada por el Estado que más dinero aporta a las arcas públicas (293 millones en dividendos fueron para el Estado en 2016). También es la mayor empresa aeroportuaria del planeta por capitalización bursátil. Aunque suene contradictorio, el gobierno que preside Mariano Rajoy ha ido reduciendo la presencia del Estado en esta empresa incluso en momentos en que su valor iba en alza, y a pesar de las necesidades a corto y largo plazo del Estado para recaudar dinero y enfrentar el déficit fiscal y pagar deuda pública.
Incluso el FMI reconoció que España no tenía necesidad de emprender esta privatización para cumplir sus obligaciones frente a sus acreedores. Hoy las acciones de AENA valen el triple que cuando en febrero de 2015 el gobierno vendió el 49% de las mismas por 58 euros tras la salida a bolsa de la empresa. “Era un negocio magnífico para los inversores, entre ellos fondos buitre, pero no para el Estado”, declaró César Ramos, portavoz de Fomento del PSOE en el Congreso, en un reportaje publicado por La Marea en 2016.
La privatización de AENA presenta también otro conflicto al contraponer la prestación de un servicio público a las exigencias de los inversores para maximizar sus propios beneficios. “España es uno de los países con la mayor ratio de aeropuertos por habitante. Se puede debatir si hay demasiados (…) pero es inevitable que haya aeropuertos deficitarios porque prestan un importante servicio a una región y en esto consiste el servicio público, que está reñido con los intereses del capital privado”, explicaba Carlos Huerga, ingeniero aeronáutico de Airbus, en un reportaje publicado en La Marea. Aplicar un criterio estrictamente empresarial para decidir si algunos aeropuertos permanecen o no abiertos afectaría principalmente a comunidades como Canarias y Baleares.
En los últimos años, varios aeropuertos gestionados por AENA en el extranjero fueron recuperados por la administración pública porque la falta de inversión de la compañía estaba ocasionando una caída en picado del número de pasajeros. Los dos casos más simbólicos son los aeropuertos de Bolivia, renacionalizados por orden del presidente Evo Morales, y el de Cardiff, capital de Gales (Reino Unido), donde el gobierno regional recuperó el aeropuerto controlado por Abertis y AENA. Este último incrementó su tráfico de pasajeros en un 28% tras un año de gestión pública. En España la dinámica ha sido otra. Por ejemplo, en 2013 el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, indultó al empresario sevillano Antonio Manuel Morales, condenado por estafar varios millones de euros a AENA.
https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/noticias/sin-categoria/vargas-privatizacion-de-aena/

La mitad de los asalariados en España cobran menos de 983 euros al mes

El número de quienes ganan menos de 1,5 veces el salario mínimo creció un 3,1% en 2016, según los datos de la Agencia Tributaria.
Si se le suman los desempleados y pensionistas que no pasaban de ese límite, 9,62 millones de personas viven con menos de 13.759 euros anuales.
Resultado de imagen de dibujos  asalariados en España cobran menosCasi la mitad de los asalariados ingresa al año menos de 13.759 euros, lo que equivale a 983 euros al mes en 14 pagas. Son las cifras que revela la estadística de la Agencia Tributaria sobre Mercado de Trabajo y Pensiones de 2016. En concreto, un total de 8,41 millones de personas, el 47,05% de los asalariados, no se llevan a casa más de 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que el año pasado estaba fijado en 9.172,8 euros anuales en 14 pagas.
Pero si al dato se le suman los desempleados y pensionistas que no pasaban de ese límite, en España 9,62 millones de personas vivían con menos de esos 13.759 euros anuales en 2016, último año del que la Agencia Tributaria tiene cifras.
Los 8,41 millones de asalariados con ingresos mínimos son, además, un 3,15% más de los que había en 2015. Su aumento es el mismo que ha experimentado el número total de asalariados, que en 2016 sumaban 17,88 millones. Sin embargo, si se desciende al detalle de los tramos de ingresos, el que más ha crecido en el último año es el de quienes ganan entre 1 y 1,5 veces el SMI –es decir, entre 9.172,8 euros y 13.759 euros–, que duplican el aumento medio con un alza del 6,1%. El grupo más numeroso de todos, no obstante, es el de quienes menos ingresan, por debajo de la mitad del SMI –4.500 euros–: 3,74 millones de personas.
Las cifras de ingresos de los asalariados, que la Agencia Tributaria obtiene a partir de las declaraciones de retenciones presentadas por las empresas, autónomos y administraciones, son anuales e incluyen también a quienes pasan parte del año empleados y parte del año en paro: en 2016 fueron 3,14 millones de personas, una buena muestra de la temporalidad y fragilidad de los contratos. También hay 1,19 millones de pensionistas que en el mismo año cobraron un salario –porque se jubilaron en ese ejercicio, porque son jubilados parciales o autónomos o porque se han acogido a las nuevas medidas que permiten compatibilizar una pensión reducida y un trabajo–.
Diferencias salariales
Estas diferencias se trasladan después a los ingresos medios. Así, mientras la retribución media de un asalariado era en 2016 de 21.610 euros anuales, el de quienes alternan trabajo y paro desciende a los 11.717 euros. Los pensionistas ganan más: 14.149 euros. Los desempleados, sólo 4.097 euros. Pero quienes compaginan trabajo y pensión son los más afortunados, sus remuneraciones se elevan hasta 27.936 euros de media.
Por edades, el peso de los ingresos mínimos corresponde a los menores de 25 años. De los 1,77 millones de asalariados por debajo de esa edad, el 57% ganaba menos que el SMI anual en 2016. Y su número ha aumentado respecto al año anterior, un 4,2%. La retribución media de los más jóvenes era de 6.113 euros el año pasado. Ésta va aumentando con la edad, hasta un máximo de 24.670 para quienes tienen entre 56 y 65 años.
El FMI y la Comisión Europea están apremiando para que los salarios suban, preocupados por la baja inflación y por los efectos sociales de la anemia de ingresos en amplias capas de la población. También la ministra de Empleo, Fátima Báñez, reclama subidas retributivas, mientras la patronal y los sindicatos se han mostrado incapaces este año de alcanzar un acuerdo en esta materia y aún está pendiente la negociación del pacto para 2018. Entretanto, las estadísticas insisten en mostrar no sólo la devaluación salarial que acompañó a los peores años de la crisis, sino que también dejan patente que la recuperación económica no se ha trasladado a las nóminas.
Así, el salario medio mensual bruto de los españoles cayó en 2016 por primera vez en 10 años. Según el decil de salarios incluido en la última Encuesta de Población Activa (EPA), el salario medio mensual bruto en España el año pasado ascendía a 1.878,1 euros, tras recortarse 15,6 euros, un 0,8%, respecto a 2015.
Begoña P. Ramírez
http://kaosenlared.net/la-mitad-los-asalariados-espana-ingresan-menos-983-euros-al-mes/

Level elige París-Orly como segunda base con 4 rutas

IAG ha anunciado este martes la apertura en el aeropuerto de París-Orly de la segunda base europea de Level, su marca ‘low cost’ para vuelos de larga distancia que opera Iberia, al que llegará en julio de 2018 y desde donde basará dos Airbus A330 y operará vuelos a Montreal, Nueva York, Guadalupe y Martinica, y descarta la otra opción de Roma-Fiumicino tras la abierta en junio desde Barcelona (Joon admite que las reservas a Barcelona han caído y no teme a Level en París).
“Barcelona fue el primer paso y con gran satisfacción hoy lanzamos vuelos desde nuestra segunda ciudad europea”, ha afirmado el consejero delegado de IAG, Willie Walsh, tras calificar de “increíblemente exitosa” la acogida de la nueva compañía en Barcelona. “Orly, al igual que Barcelona, es un ‘hub’ de Vueling, lo que significa que los clientes podrán viajar a París desde otras partes de Europa para conectar con los vuelos de Level”, ha añadido Walsh.
levelOKEn concreto, las cuatro nuevas rutas desde Orly comenzará el 2 de julio a Montreal (con tres frecuencias semanales), el 3 de julio a Guadalupe (con cuatro frecuencias a la semana), el 3 de septiembre a Martinica (con tres frecuencias semanales) y el 4 de septiembre a Nueva York (cuatro veces a la semana). IAG prevé incrementar la flota de Level para la expansión de la compañía hasta los 13 aviones para 2019 y hasta las 30 aeronaves para 2022, según revelaron varios medios.
Los vuelos de la compañía de bajo coste desde Orly será operados por personal que actualmente trabaja en OpenSkies, la aerolínea francesa de IAG basada en dicho aeropuerto, que continuará operando los vuelos desde Orly a Nueva York hasta finales del próximo verano. En consecuencia, la marca OpenSkies dejará de operar como tal a finales del próximo verano y todos los empleados pasarán a operar vuelos de Level.
Walsh ha señalado que la compañía, cuya operativa será ya rentable este año, lanzará además desde Barcelona una nueva ruta a Boston el próximo 28 de marzo. Los vuelos en la ruta Barcelona-Boston se operarán hasta tres veces por semana durante el verano. Además, añadirá un tercer avión A330-200 a su flota en Barcelona a finales de verano con el objetivo de expandir aún más la red de la compañía de bajo coste. Desde Barcelona ya vuela a Buenos Aires, San Francisco (Oakland) y Punta Cana, con conexiones a Los Ángeles durante el verano.
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/level-elige-paris-orly-como-segunda-base-con-4-rutas-271712.html

Acción Directa,3

 

27 nov. 2017

GALERIA DE BUITRES CDX

¿Cómo reconocer un fondo buitre entre todos los predadores del sistema deuda?
¿Cuál es el plan de batalla de los fondos buitre?
Resultado de imagen de fondos buitres españaLos fondos buitre son sociedades privadas llamadas “buitre” por su modo de operar, que consiste en una en cuatro fases: 
Fase nº 1: dirigirse a Estados con dificultades financieras para recomprar su deuda a bajo precio. Estas recompras se realizan principalmente en el mercado secundario de deuda, sin que el Estado deudor sea informado del cambio de acreedor. Cuantas más dificultades financieras tenga el país, menor será el precio de recompra de la deuda. Algunas de estas dificultades financieras que son señal de que su deuda está a bajo precio serían, por ejemplo, el haber suspendido los pagos de su deuda o estar a punto de hacerlo; o bien incurrir en el impago o haber avisado de hacerlo. 
Fase nº 2: rechazar sistemáticamente participar en la re-estructuración de la deuda. La posición de poder de los fondos buitre se ve reforzada por las dificultades en que se encuentra el Estado deudor al intentar acceder nuevamente a los mercados financieros. En tales circunstancias, la amenaza de tener que lidiar con un procedimiento largo y costoso de enfrentamiento contra un fondo buitre, aumenta la presión sobre el Estado en cuestión, lo que le puede llevar a aceptar una solución amistosa que le es desfavorable. 
Fase nº 3: tan pronto como la situación financiera del país mejora un poco (después del alivio de una nueva tanda de endeudamiento, por ejemplo), el fondo buitre demanda al Estado para obtener el reembolso del valor total de la deuda, sumando a ello intereses y multas por retraso. Incluso, en ocasiones, los costes legales del proceso. Como demuestra el testimonio de M. Mambo, director del servicio jurídico de la Dirección General de la deuda pública de la República Democrática del Congo (RDC), en una entrevista en marzo de 2014: "El fondo buitre compra [la deuda de un Estado], y cuando te anuncia que ha comprado, te ataca. En ocasiones, anuncia que ha comprado y se retira. Hace que el tiempo pase. No agrede, pero durante este tiempo hace sus cálculos. Y cuando vuelve, utiliza directamente la vía judicial". 
Fase nº 4: salir en busca de un país en el que aplicar el juicio que les reconoce como acreedores de aquello que les pidieron. Esta resolución, conocida como el "título ejecutivo", permite incautar o imponer una amenaza de incautación sobre los activos del país que se encuentran fuera de su territorio, ya sean activos físicos o bancarios. El Estado endeudado a menudo prefiere pagarles para recuperar sus activos porque, de lo contrario, los fondos buitre podrían liquidar el activo y reembolsárselo mediante su venta. 
Los fondos buitre compran principalmente valores de deuda regidos por las leyes de los Estados Unidos y del Reino Unido, ya que la legislación de estos Estados es particularmente protectora de la figura del acreedor financiero. Provistos de sentencias (previamente se ha otorgado el título ejecutivo a Estados Unidos y Reino Unido), embargan todas las jurisdicciones donde se encuentran los activos del Estado condenado, para hacer ejecutar la sentencia. Otra de las estrategias de los fondos buitre es registrarse en paraísos fiscales donde, como ya sabemos, no es obligatorio proporcionar información alguna sobre ganancias o propiedades y donde, además, es posible ocultar sus ganancias para evitar o evadir impuestos.
Buitres El alcance de la extorsión
En septiembre de 2016 se presentó a la ONU un informe sobre los Fondos Buitre. Este informe fue preparado por un comité asesor, del cual Jean Ziegler, ex relator de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, es vicepresidente. Basándose en un estudio del Banco Africano de Desarrollo (AfDB), este informe de las Naciones Unidas indica que la tasa de rendimiento obtenida por los fondos buitre como acreedores de la deuda es de entre 300% y 2000%, gastos legales aparte. 
Tal y como señala el informe, “los fondos buitre son intrínsecamente explotadores, dado que tratan de obtener ganancias desproporcionadas y exorbitadas en detrimento del pleno ejercicio efectivo de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y el derecho al desarrollo. Tratar de obtener el reembolso de la totalidad de la deuda soberana de un Estado que ha suspendido sus pagos o va a hacerlo es un objetivo ilegítimo”.
El número de litigios iniciados por los fondos buitre es desconocido. La mayoría de las veces los casos se tratan con gran secretismo y ocultos a la vista de los medios de comunicación. Además, estos acreedores no ofrecen información alguna sobre sus operaciones, sus actividades son totalmente opacas. Si tienen una página de Internet, la utilizan como pantalla para presentar sus otras actividades (gestión de bienes inmobiliarios, etc.). 
A pesar de estos obstáculos, algunos estudios han intentado evaluar el alcance de este fenómeno de "financiación pleiteista". Desde 2002, el FMI viene realizando estudios anuales sobre los, aproximadamente, treinta Estados africanos y sudamericanos a los que etiqueta como "altamente endeudados". Las instituciones a cargo de las finanzas de estos Estados responden un cuestionario anualmente, como contraparte de los programas de alivio de la deuda que perciben. Entre otras cuestiones, se les pregunta si están inmersos en algún litigio contra uno o más de sus acreedores comerciales. Para cada procedimiento deben indicar el nombre del acreedor, el país de implementación, el tribunal ante el que se le juzga, el estado actual del procedimiento (bajo examen, acuerdo amistoso, sentencia dictada), la cantidad inicial de la deuda, el monto reclamado por el fondo y la cantidad que ha estipulado el juez. Los resultados se incluyen en los informes anuales de progreso de los programas de alivio de la deuda del FMI y del Banco Mundial. Según estas encuestas, 13 países clasificados “países pobres muy endeudados (PPME)” fueron llevados ante la justicia durante la primera década del 2000, a través de 54 procedimientos. 
En 2016 hubo, al menos, 13 juicios en curso contra ocho PPME. Según el Banco Mundial, más de un tercio de los países beneficiarios de los programas de alivio de la deuda ya han sido objeto de acciones legales por parte de, al menos, 38 acreedores. Las sentencias de estos 26 casos ascienden a 1.000 millones de dólares.
Estas cifras proporcionadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) no reflejan el alcance del fenómeno de los fondos buitre, ya que los países que no están clasificados como países PPME quedan excluidos automáticamente de las cifras. Estos son, por una parte, algunos estados latinoamericanos: Brasil, Argentina, México, Perú, Paraguay y Ecuador. Por otra parte, recientemente han dado el paso algunos estados europeos: Polonia, Bulgaria, Grecia, España, Irlanda y Portugal. Al sesgo en la inclusión de determinados países en la recopilación de la información se le suman los sesgos del cuestionario que el FMI envía a los participantes, que distorsiona los resultados. De hecho, los países PPME solo pueden indicar en su respuesta una jurisdicción en la que les han enjuiciado. Sin embargo, una de las características de estos fondos es multiplicar los procedimientos en varias jurisdicciones de todo el mundo. Este fenómeno se llama "foro de compras". Por ejemplo, el fondo buitre FG Hemisphere, registrado en el Estado de Delaware, un paraíso fiscal en el corazón de los Estados Unidos, ha demandado a la República Democrática del Congo en los tribunales de los Estados Unidos, Bélgica, Sudáfrica, Hong Kong y Reino Unido al respecto de la misma deuda.
https://www.elsaltodiario.com/en-deuda/fondos-buitre-mundo-especie-desconocida-jungla-financiera

26 nov. 2017

Las huelgas, ¿herramientas de lucha todavía?

"Las huelgas avisadas con 5 o 10 días de antelación pierden fuerza, pero una huelga a la brava, sin previo aviso, es ilegal y no la hará nadie". "El apoyo mutuo es nuestra mejor arma, pero las huelgas por solidaridad son ilegales". En el tiempo que llevo a la lucha sindical, los anteriores son frases que he escuchado menudo. Estoy seguro de que, como yo, también muchos otros compañeros y compañeras. Lo hemos oído, lo hemos pensado y lo hemos dicho. Reflejan una auténtica paradoja que sintetiza de manera rápida y directa una de las principales limitaciones del actual sindicalismo en España. La regulación del ejercicio de la huelga, que se vendió como la salvaguarda del derecho de hacerla, de facto la ha descafeinado y ha erosionado su fuerza. Con el tiempo ha hecho que la vayamos interiorizando como la forma lógica de proceder. El camino en el que nos hemos visto abocados no es fácil y si los sindicatos dejamos de ser útiles nuestro futuro es más bien magro. Por lo tanto, si queremos ser algo más que un recuerdo de glorias pasadas de la clase trabajadora, es imperioso reaccionar.
Este escrito nace de esta preocupación. Y se alimenta de una serie de reflexiones que los últimos años hemos compartido varios compañeros, generalmente como debates y discusiones de cara a decidir actuaciones en situaciones específicas. En cambio, prácticamente nunca las hemos podido poner por escrito, por aquello de que la fuerza del día a día te empuja y no te deja tiempo (una excepción es, entre otros, este escrito que ya hace años escribí y que sigo pensando que es vigente). Tampoco quiero ocultar que las huelgas generales y jornadas de lucha de los días 3 de octubre y 8 de noviembre en Catalunya han acompañado las ideas que intento plasmar a continuación. Sin embargo, también quiero aclarar que este texto no pretende hablar del sentido de las dos huelgas en la situación que hemos vivido en Cataluña, ni los porqués de los diferentes planteamientos de cómo posicionarnos en ella como sindicato. Quiero hablar de las huelgas, y de nosotros. Y lo haré por puntos.
1. Toda huelga se inserta en un conflicto. Es una parte de la confrontación que, como trabajadores/as planteamos a quien nos explota. Por lo tanto, se refiere a la contra y se hace a favor. A favor de nosotros y de nuestros compañeros y compañeras, que compartimos el hecho de ser trabajadoras y trabajadores y de sufrir una situación de desigualdad. Y en contra de quien controla y se apropia de los frutos de nuestro trabajo. Generalmente la hacemos para resolver una situación que percibimos que es lesiva hacia nosotros, es decir para mejorar nuestra posición, o para evitar una degradación de nuestras condiciones de vida y de trabajo. En una realidad de intereses contrapuestos, la huelga es un instrumento. En la medida en que tiene éxito, nos permite alcanzar al menos una parte de nuestras aspiraciones. Asimismo, supone un prejuicio para quien nos explota, que ve como no puede alcanzar unos objetivos concretos y que le imponemos unas determinadas condiciones.
En este sentido, la huelga como herramienta de lucha se contrapone a la noción liberal de democracia. En esta última, es posible llegar a consensos entre opiniones diversas. De hecho, es por eso que generalmente los y las políticas profesionales hablan de "adversarios", destierran el concepto de "enemigos" y hacen un fetiche de la noción de "consenso".
2.
Del punto anterior se desprende que toda huelga es una herramienta. Es útil porque nos permite alcanzar unos objetivos. Aunque sobre el papel lo tengamos claro, uno puede caer en la tentación de hacer de la huelga un fetiche, una especie de objetivo en sí mismo. Y, precisamente, la huelga es un útil cuando otorga a quien la hace una capacidad de presión. De presionar a un empresario o una administración que, precisamente porque ostentan "poder" sobre nosotros (el que les da el monopolio de los medios de producción y la política) en un escenario normal nos mantienen en una posición de subordinación. Por lo tanto, una huelga ha de buscar construir esta fuerza que debe doblar a quien no quiere ceder, a quien no quiere moverse. Es decir, busca dotarnos de capacidad para obligar. En palabras coloquiales, persigue ejercer coerción sobre los patrones, empresas y administraciones. Concretamente, sobre aquellos/as contra quien se hace.
Bajo esta premisa, el fin de toda huelga es detener la producción en un centro de trabajo, en un sector o en un territorio concreto, en función de su naturaleza y alcance. A nadie se nos escapa que cuanto más masiva y multitudinaria, más viable es que resulte exitosa. Pero tampoco debemos pasar por alto que el hecho de que una huelga tenga un amplio seguimiento nos garantiza, necesariamente, su fuerza. En nuestra historia reciente tenemos múltiples ejemplos en este sentido y algunos los he mencionado en otras ocasiones. Del mismo modo, tampoco debemos pensar que la fuerza de una huelga radica únicamente en el hecho de que los trabajadores no vayan a trabajar. Detener la producción, paralizar el funcionamiento ordinario de las cosas e imponer otro, lo podemos conseguir de varias formas. Lo podemos hacer, por ejemplo, en una huelga de celo o alterando voluntariamente los ritmos de trabajo. Recientemente la situación en los puntos de control del aeropuerto de Barcelona o, ya hace más tiempo, la huelga de los controladores aéreos son dos ejemplos. De una manera diferente, también se puede conseguir incidiendo en otros aspectos importantes del día a día, como por ejemplo la circulación de personas y/o mercancías. Las huelgas de los pasados ​​3 de octubre y 8 de noviembre en Cataluña nos muestran la capacidad que decenas o cientos de cortes de carreteras y vías de tren tienen para detener un país. En un formato específico, los bloqueos de refinerías en Francia de hace unos años o, los de los alrededores del año 2000 de los centros de distribución de combustible en Cataluña, también lo ilustran.
3.
Todo ello nos sitúa en un escenario donde la finalidad de una huelga no es el recuento final de huelguistas. Del mismo modo que su éxito o fracaso no se mide a partir de la cantidad de personas que la hayan hecho, que digan que la han realizado o que podamos decir que la han hecho. No. El éxito proviene de la fuerza de que nos ha dotado la huelga y si este empoderamiento nos ha permitido imponer nuestros intereses, aunque sea parcialmente. Así pues, no se trata de recontar huelguistas como quien cuenta votos dentro de urnas en una noche electoral. Ni que salir después diciendo que la cifra obtenida es buena (o mala) en sí misma. De hecho, los medios de comunicación y el propio sindicalismo de concertación (y las administraciones y empresas) poco a poco han ido promoviendo este tipo de escenarios. De manera nada neutral porque, al hacerlo, distraen la atención del potencial real de toda huelga y lo desvían hacia una especie de falacia parlamentaria: "tanta gente ha hecho huelga y, por tanto, tú empresa me has de escuchar en el posterior proceso de negociación". Un escenario, este, donde a menudo se prefigura una renuncia a la fuerza de la huelga.
Si la utilidad de una huelga depende de su capacidad de presión, el recuento formal de huelguistas es irrelevante. A nosotros nos puede servir para fortalecer una conciencia colectiva ("nosotros, las y los que hacemos huelga") que puede contribuir a consolidar nuestro poder coercitivo. Pero, más allá de eso, tampoco es relevante de cara al desarrollo de una lucha que, como decía, depende de su potencial para subvertir la normalidad. Y esta capacidad, la evaluamos por otros medios tanto nosotros como aquellos contra quienes hacemos una huelga: cuantas líneas cerradas, cuántas aulas vacías, cuántos trenes sin circular, cuántos pedidos sin entregar ... cuál descenso de la facturación, etc.
En este contexto, algunas batallas que hemos librado para conseguir el reconocimiento de una huelga quizá pierden relevancia. Un ejemplo lo tenemos en el llamado “Paro de País” del pasado 3 de octubre en Catalunya. Una iniciativa que fue diseñada por parte de una parte de los poderes de toda la vida con el objetivo de contraprogramar una convocatoria de huelga general llevada a cabo fuera del sindicalismo oficial y que parecía que tendría una repercusión demasiado elevada. Otro lo podemos encontrar en algunos colectivos de trabajadores/as que no fichan y sobre quien la empresa tiene un menor control, como en algunos sectores de las universidades. ¿Hay que decir a la empresa que se ha hecho huelga y facilitarles así, de manera voluntaria, la retención de parte del sueldo? ¿O lo importante es hacer la huelga, hacer que la huelga nos dote de una fuerza que antes no teníamos? De hecho, ¿cuantos más trabajadores/as puedan alterar la producción capitalista en nuestro beneficio y menos de ellos/as sufran una retención salarial, no nos favorece a nosotros? Son preguntas que me hago... Obviamente, en función de las respuestas deberíamos replantearnos algunas actitudes siempre con el fin de concentrar los esfuerzos en hacer efectiva la lucha, y en el apoyo mutuo y solidaridad entre nosotros.
4.
A nadie se nos escapa que la mejor acción de lucha es aquella que coge desprevenido a nuestro enemigo. Del mismo modo, también tenemos muy claro que la solidaridad y el apoyo mutuo, así como generalizar las acciones, son también nuestra mejor arma. Ahora mismo, la regulación de las huelgas hace que esto sea difícil poder conseguirlo. Las huelgas por solidaridad no están permitidas. Dejar de trabajar de golpe, sin previo aviso, y detener un centro productivo, tampoco (con la salvedad de un número muy reducido de supuestos). Al menos bajo el actual amparo legal del derecho de huelga, diseñado para hacerlo asumible por el capital. De hecho, eso lo tenemos tan interiorizado que en muchos ambientes sindicales se habló más de la legalidad o no de la pasada convocatoria de huelga del día 8 de noviembre en Catalunya, que de si se quería o no apoyar y, en caso afirmativo, hacerlo. Todo un síntoma de cómo, a fecha de hoy, el conjunto de los trabajadores hemos asumido de manera muy general que una huelga, o es legal, o no es. Paradójicamente, algunas de las huelgas míticas que perviven en nuestra memoria colectiva, desde la de La Canadiense de 1919 a la de la Roca del 1976-1977 (y tantas otras) no lo fueron, de legales. Y tuvieron fuerza.
Resultado de imagen de helga de La Canadiense de 1919Es decir, tenemos un problema. Nos encontramos con una herramienta, la principal herramienta de lucha como trabajadores/as, la huelga, bastante erosionada en su poder. Tanto por las limitaciones legales que se le imponen como para la asimilación, progresiva y gradual, que los trabajadores hemos hecho de esta modalidad de huelgas domesticadas. Es cierto que en algunas ocasiones hemos conseguido avances e, incluso, victorias. Pero también es igualmente cierto que una buena parte de las huelgas acaban como escenificación de una protesta y, en el mejor de los casos, en victorias pírricas. Aparte, no debemos olvidar que muy a menudo, cuando una huelga obtiene conquistas, es porque en su desarrollo hemos incorporado acciones que van más allá del hecho de no ir a trabajar, ya sea socializando el conflicto, incorporando formas complementarias de presión en la empresa, a proveedores y clientes, etc.
5.
Estoy convencido de que no podemos tardar mucho en intentar cambiar el círculo vicioso que he mencionado en el último punto. Igualmente, creo que esta idea ya está en las cabezas de muchos compañeros y compañeras. Sabemos de las dificultades que conlleva hablar de ello, porque a menudo no queremos, de manera consciente, poner todos los puntos sobre las "ies". También sabemos de los riesgos que conlleva replantear algunas formas de lucha. Hemos visto la represión de cerca, la hemos sufrido, y también hemos experimentado como desde hace unos años se está endureciendo. Y siempre un poco más.
En el otro lado de la balanza tenemos la convicción de vivir en una sociedad en conflicto. Convicción que implica "normalizar" la represión laboral, social y política como una característica más del propio estado de las cosas. Pero que también nos hace tener claro que, la manera de neutralizar precisamente esta represión es que nuestra fuerza la haga inviable. Y, para conseguirlo, sabemos que hay que replantear algunos de los métodos y de nuestras prácticas habituales. Constantemente vamos viendo referentes, aquí y allí, de cómo hacerlo. Estas últimas semanas en las huelgas y jornadas de lucha con cortes en Catalunya, también. Habrá que pensar, pues, cómo replanteamos muchas actitudes entorno las huelgas y cómo las llevamos a la práctica. Asumiendo que quizás no descubramos nada nuevo, pero sí que tengamos que despojarnos de algunas alforjas que en las últimas décadas nos han impuesto. Básicamente, porque las huelgas no pueden dejar de ser herramientas reales de lucha.
Seguramente este escrito no dice nada nuevo. Pero no está de más recordar ciertas cosas.
Ermengol Gassiot
 

25 nov. 2017

GALERIA DE BUITRES CDIX

El escándalo de Madrid Calle 30 que empobreció a ciudadanos y enriqueció a constructoras
Resultado de imagen de madrid calle 30Cuando el Ministerio de Fomento cedió la circunvalación M-30 al Ayuntamiento de Madrid en 2004, el gobierno de Gallardón decidió iniciar su reforma y presentarla como logro central de su mandato municipal. Pero la reforma de una infraestructura de esas características requería, en condiciones normales, un plazo de tiempo muy superior a los cuatro años, por lo que la única forma de terminar las obras a tiempo para sacar pecho de cara a las elecciones municipales era llevar a cabo prácticas excepcionales que lograran acelerar sobremanera el proceso. Estas prácticas van desde la vulneración de la legislación de protección medioambiental y de la salud (constatada por tribunales y que convierte a las obras en ilegales) hasta el incremento desorbitado de horas laborales extraordinarias que sufrieron los trabajadores (seis de ellos murieron durante el transcurso de las obras), pasando por la violación sistemática de los trámites administrativos. Todo con tal de acabar las obras a tiempo, independientemente del daño económico, social y medioambiental que pudiera generar. Una actuación abominable que no puede quedar impune.
Ni que decir tiene que este acelerón encareció extraordinariamente el proceso. Las obras de reforma se presupuestaron por 2.458 millones de euros, pero finalmente supusieron un coste de 3.508 millones de euros, un 42% más. Estamos hablando de mucho más de la mitad del presupuesto anual del ayuntamiento, lo que incrementaba la deuda hasta un nivel que no estaba permitido por las autoridades europeas. Para disimular el estropicio, Gallardón privatizó parcialmente la empresa pública encargada de reformar la M-30 y escondió ahí la deuda para que no pudiese ser achacada al ayuntamiento. Pero se pilla antes a un mentiroso que a un cojo y en 2011, tras una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, el gobierno del PP tuvo que dar marcha atrás y trasladar toda la deuda de la empresa mixta al ayuntamiento, lo que hizo que la deuda municipal se disparara hasta situar a la capital del país en la ciudad más endeudada de todas y con mucha diferencia.
Lo peor de todo es que en este mezquino intento de ocultar el cadáver bajo la alfombra, el gobierno de Gallardón volvió a vulnerar todo tipo de preceptivos legales. La normativa no contempla en ningún sitio que se pueda privatizar (ni siquiera parcialmente) la gestión de una calle pública. Esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo porque la gestión de una calle no es susceptible de ser llevada a cabo por empresarios particulares ya que no se cobra a los usuarios de la carretera y los únicos ingresos de la empresa provienen del ayuntamiento. Este extrañísimo modelo de gestión encareció la factura del Ayuntamiento, que pasó a pagar por conceptos por los que antes –cuando la empresa era 100% pública– no pagaba, como dividendos, impuestos de sociedades, IVA e intereses por el préstamo del socio privado. De hecho, desde 2005 hasta 2017 el Ayuntamiento ha pagado 597 millones de euros por estos conceptos, una cantidad que se hubiese ahorrado si la empresa hubiese sido 100% pública. Para que nos hagamos una idea de las prioridades del gobierno del PP, ese volumen es superior a lo que el equipo de gobierno del Partido Popular presupuestó para gasto social en 2015. Además, puesto que la privatización está blindada por contrato, si no cambian las cosas el Ayuntamiento tendrá que pagar hasta 2040 unos 1.250 millones de euros más por estos motivos. Un agujero en toda regla para las arcas municipales.
Resultado de imagen de gallardon el faraonPero es que además, el contrato que permitió la privatización recoge cuánto debe pagar el Ayuntamiento cada año al socio privado (compuesto por el grupo ACS y Ferrovial), pero esta cantidad no se calculó en función del coste de gestionar la M-30 sino que se calculó para que las empresas privadas obtengan cada año un 7,053% de rentabilidad. Negocio asegurado y sin ningún tipo de riesgo a costa del dinero del contribuyente. Esto tuvo como consecuencia que en 2007 la factura anual del Ayuntamiento se multiplicara por 2 (se incrementó en 10,5 millones de euros cada año). La justificación documental de este incremento es paupérrima e irrisoria (apenas un cuadro para justificar cobros de millones de euros) y ni siquiera se incluye en el expediente del contrato.
Pero la cosa no queda aquí: resulta que el contrato firmado compromete al socio privado a mantener y cuidar la infraestructura, pero buena parte de estos compromisos no se están realizando y otros se están pagando por duplicado. Además, hay gastos como los de la factura eléctrica y de suministro de agua que deberían correr a cuenta de las empresas privadas según el contrato y sin embargo los ha asumido siempre el Ayuntamiento. Hasta la llegada al gobierno de Ahora Madrid se hacía la vista gorda con estos incumplimientos, pero desde entonces se han iniciado expedientes sancionadores que rompen el pacto tácito firmado por el Partido Popular y las constructoras mencionadas.
Todo esto ha salido a relucir gracias a la comisión de investigación impulsada por el gobierno de Ahora Madrid. Sin este ejercicio de transparencia nunca hubiésemos conocido los entresijos de este importante y lamentable expolio. El gobierno de Gallardón aceleró las obras de la reforma de la M-30 por motivos electorales sin importarle el enorme perjuicio económico, social y medioambiental que ello causaba, entregó la gestión de una carretera pública a empresas constructoras a través de un contrato que blinda sus beneficios hasta 2040 y a pesar de que la legislación no contempla tal cosa, vulneró sistemáticamente los procedimientos administrativos que recoge la legislación, y consintió que tales empresas no cumplieran los compromisos recogidos en el contrato. Un trasvase de dinero tan descarado como planeado desde las arcas públicas a los bolsillos de unos pocos.
Eduardo Garzón

Los sueldos de los nuevos contratos son un 11% más bajos que en 2008

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, lanzó el lunes un mensaje claro: Europa necesita subidas salariales. Y solo unas horas después el Banco de España reconoció que la situación del mercado laboral español no es tan boyante como muestran los indicadores. Empleo se está creando, como se aprecia en las estadísticas oficiales, el problema es la calidad de ese nuevo trabajo.
Resultado de imagen de Los sueldos de los nuevos contratos son un 11% más bajos que en 2008

 
 Según un estudio reciente de la Fundación de Cajas de Ahorro ( Funcas), los sueldos de los nuevos contratos de 2015 eran un 12% más bajos que los nuevos contratos que se firmaban antes de la crisis. Esto significa que  empleos similares en responsabilidad, características e incluso en la misma empresa se pagan ahora mucho peor que en 2008.
Para llegar a esa cifra, Funcas compara el salario-día de los nuevos contratos firmados en 2008 y 2015. Y hace otro ejercicio que arroja un resultado aún más dramático: cuando se tiene en cuenta la ganancia anual de esos trabajadores se ve que los sueldos de 2015 eran un 22,6% más bajos que los de 2008. ¿Cómo puede ocurrir algo así? La clave está en el auge del empleo a tiempo parcial.
Lo ha dicho también esta semana el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que reconoció que gran parte del nuevo empleo que se está creando en la salida de la crisis es a  tiempo parcial involuntario. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores querrían trabajar más y ganar más dinero por ello, pero no pueden acceder a otro tipo de empleos.
¿Y qué consecuencias tiene? Pues sencillamente hace que los nuevos empleados tengan que dedicar menos horas al trabajo al año de las que dedicaban en 2008. Pero no porque no quieran trabajar más o porque prefieran trabajar de esta manera, sino porque no encuentran un trabajo mejor. Y el menor número de días trabajados implica ya por sí solo una reducción de los ingresos anuales en el empleo principal de un 13%. 
Las cifras son aún más dramáticas si ponemos el foco en los menores de 26 años. Todos los jóvenes que encontraron su primer empleo en 2015 cobraron un 14% menos que en 2008. Una vez más, la diferencia se explica por por la devaluación salarial del puesto de trabajo en sí y el efecto de los contratos a tiempo parcial. Si tenemos en cuenta los ingresos por año, el desfase llega al 33%.

Mejoras colaterales

Por eso, podemos decir sin equivocarnos que el mercado laboral se está recuperando poco a poco de la crisis, pero no se puede ser tan contundente al hablar de la calidad del empleo que se está creando. Esto se debe a las reformas laborales implementadas en España, que curiosamente han sido muy aplaudidas por algunos organismos -como el BCE- que hoy reclaman estos aumentos de salarios. Y es que la inflación no acaba de recuperarse y Europa, según sus palabras, necesita subidas de sueldo.
Algunos expertos aseguran que la mejora de los sueldos en España podría beneficiar también al maltrecho sistema de pensiones al elevar las cotizaciones que pagan mes a mes los trabajadores. También mejorarían los ingresos del Estado por IRPF y darían un impulso a la recaudación de IVA e Impuestos Especiales al empujar el consumo.

23 nov. 2017

25 - Nov., 19 H.: CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA


http://rojoynegro.info/evento/eje-violeta/25-noviembre-d%C3%ADa-internacional-la-violencia-machista-actos-convocatorias

Trabajo líquido, empleos gaseosos

‘Los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo: duran; mientras que los líquidos son informes y se transforman constantemente: fluyen. Como la desregulación, la flexibilización o la liberalización de los mercados’ (Zygmunt Bauman)
Los últimos conflictos surgidos en sectores de la “nueva economía” ya permiten perfilar un primer diagnóstico sobre su impacto en la sociedad española de la modernidad líquida. Hablar de nueva economía no consiste solo en mencionar un ámbito “productivo inmaterial” basado en ese triángulo de las Bermudas que forman el reservorio del conocimiento, el internet y la globalización. A esos atributos hay que añadir el ámbito de dualización laboral en que se aplica, y también su pugna competitiva con la esfera productiva tradicional que asiste a sus embestidas. Es el caso del conflicto entre el sector del taxi y los servicios de movilidad que firmas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), tipo Uber y Cabify; la huelga de los bici-repartidores de Deliweroo; el plante de las limpiadoras de hoteles (“las kellys”) o, más recientemente, el plante de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. Todos ellos con puntos coincidentes y aspectos singulares.
Resultado de imagen de repartidores de DeliverooEntorno a la disputa Taxi-Cabify asistimos a un duelo que bascula sobre dos formatos asimétricos de trabajo autónomo y/o independiente. Las profesionales del taxi son conductores a tiempo completo y en su mayoría dueños de la herramienta (como en los oficios) con la que prestan su servicio público. Han sido hasta ahora los monopolizadores del transporte de pasajeros “al detall” en nuestras ciudades. Ante y frete a ellos han aparecido negocios VTC que utilizan a personal asalariado sin vinculación laboral estable como chóferes de sus propios vehículos. El “low cost” que esa modalidad contractual supone convierte a los Cabify de turno en los depredadores naturales del mundo del taxi.
En una órbita semejante se sitúa la huelga de los ciclistas que, como las personas que trabajan para Deliweroo y similares, aparecieron en los medios al protagonizar una huelga de pedales. Como muchos taxistas, estos “riders” aportan su propia herramienta de trabajo, pero ni por el dinero que perciben como repartidores, ni por el riesgo que asumen (puro esfuerzo físico y constante posibilidad de accidentes), pueden homologarse a esos autónomos motorizados de mayor rango. En este sentido están tan indefensos como los servidores de Cabify, falsos autónomos ambos, vistos por sus oponentes del gremio del taxi como esquiroles. Hay un empleador que legalmente no lo es que les paga unos euros por cada viaje para llevar un porte a una dirección cuya agenda de clientes es de la firma-plataforma. Un bucle que llevara a repensar, cara al futuro, las tesis clásicas de las relaciones de producción.
Y finalmente está el litigio de los vigilantes de Eulen que asisten como agentes privados para la ordenación del tráfico interno de pasajeros en algunos aeropuertos. Aquí los interlocutores tienen perfiles más reconocibles. Por un lado, estos trabajadores actúan en un espacio público, y por otro, dependen de una sociedad que ha ganado en concurso la externalización de esos servicios de una empresa, en esta ocasión de la pública AENA. Por tanto, existe relación laboral y empleador responsable que facilita los útiles del trabajo. También unas reglas de juego en forma de condiciones de trabajo entre patrón y “segurata”.
Lo que sucede es que debido a las contrarreformas laborales del PSOE y del PP (cada una tuvo enfrente una huelga general que sin embargo no logró revocarlas), la normativa vigente ha ampliado aún más el poder de decisión de la parte empresarial frente a la sindical. No solo por la dualidad laboral que supuso la aceptación de formas de contratos a tiempo parcial (en sus múltiples modalidades y fracciones), sino, y sobre todo, por dar prioridad a los convenios de empresa sobre los de sector (“hazaña” del PP). De esta manera, las empresas pulpo (multiservicios) como Eulen pueden copar a la baja licitaciones con ventaja frente a otras especializadas en la seguridad con convenios de sector. Saben que esa merma la compensaran luego con un drástico hachazo a los costes salariales. Por eso el “basta ya” de los vigilantes de El Prat.
Todo ello configura un escenario que va mucho más allá de lo que se llamaba “flexiseguridad”. Un modelo de organización que busca la adaptación permanente del trabajador al trabajo mutante y deslocalizado sin demérito de la protección social, jibarizada en la actualidad a consecuencia de la crisis del 2008. El paulatino desmontaje del Estado de Bienestar por efecto de una “sobrecarga” de prestaciones en un entorno adverso de disminución de ingresos, ha permitido que la nueva economía avanzara sin freno por el lado de la desregulación salvaje del marco laboral. Con las consecuencias que están a la vista. Alemania, el primer país que liberalizó el “trabajo líquido” al introducir el gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröeder los minijobs, (una especie de empleo a jornal) con la Agenda 2010, ha logrado sacar el paro de las estadísticas oficiales. Pero siete años después contabiliza más de 7,5 millones de personas con “mini trabajos” que apenas cobran el salario mínimo, y en concreto el trabajo doméstico está hoy mejor pagado en España que en país germano que asó la manteca.
Con semejante horizonte no resulta extraño que en los sectores más afectados, generalmente ajenos al interés de las centrales mayoritarias CCOO y UGT, aparezcan brotes de un nuevo sindicalismo que recuerda a iniciativas de lucha de principios del movimiento obrero. Paros espontáneos, boicots encubiertos, asambleas decisivas e incluso huelgas de solidaridad empiezan a ser las señas de identidad de una oleada de “lucha de clases” que a veces sorprende por la firmeza y unanimidad de su ejecución. Aunque este es otro cantar, posiblemente la dinámica que impulsa a esos conflictos se ha mirado en el espejo de las acciones defensivas de los estibadores cuando, con la excusa de su homologación con la Unión Europea (UE), se pretendió “rescindir” sus derechos adquiridos dentro de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
En muchos de estos ejemplos existe además un solapamiento y una dilución del papel del empresario en cuanto interlocutor válido. ¿Contra quién deben dirigir sus protestas los taxistas, a los conductores amateurs que tratan de ganarse la vida en los intersticios de la nueva economía o a los contratantes de la flota invasora? ¿Y los ciclistas, demandan al tenedor del repositorio de direcciones adonde deben llevar los paquetes, a los fabricantes de los productos que transportan…? El simple hecho de que el gobierno tuviera que intervenir en el conflicto de los estibadores (que han devuelto la pelota boicoteando los cruceros de los antidisturbios en el puerto de Barcelona) y en el de los vigilantes imponiendo un laudo, y de paso cercenando el derecho de huelga, demuestra la zona de sombra en que se mueven esas realidades laborales emergentes.
Curiosamente, aunque haya sido ahora cuando al calor de la nueva economía hayan brotado estos conflictos, el mal de atrás. La suerte estaba echada a medida que se ha ido generalizando la dualización desde la ya remota firma de los preconstitucionales Pactos de la Moncloa en 1977. Uno de cada cuatro contratos firmado el pasado julio duró menos de una semana. Lo que ocurre es que ha sido un goteo de décadas, como una lluvia fina que calaba todo el tejido social sin apenas impacto de rechazo. Y además, porque sus primeras manifestaciones se produjeron en estamentos y oficios considerados de prestigio, donde parecía imposible que la precarización pudiera darse. Por ejemplo, los abusos cometidos en el sector de la comunicación con los becarios y estudiantes en prácticas, sumidos en una jungla de once tipos de contratos a cada cual más degradante. Por no hablar de la vergonzosa explotación de los informadores gráficos “freelance”, que se juegan la vida a tanto la pieza como corresponsables de guerra con una escasa cobertura legal de parte de los grupos periodísticos con los que colaboran.
La fórmula de empresas multiservicios “low cost” que le ha servido a Eulen para alzarse con la cuenta de AENA, tiene su vástago más adelantado en esas redacciones virtuales donde unos periodistas manostijeras redactan textos, sacan fotos y editan videos durante su jornada laboral para dotar de contenidos tridimensionales al medio, algunas veces sin pisar el lugar de trabajo. Por cierto, en un sector donde el 80% de sus integrantes está en paro crónico.
El trabajador del siglo XXI está a la intemperie. Sin centro físico de trabajo, sin capital productivo real, casi si patrón reconocible, todo parece diseñado para un desarraigo. La mayor empresa de Portugal, Yupido, no tiene empleados, solo una página web donde publicita que su misión consiste en “dar infraestructura y apoyo a los clientes que necesitan operar con menos costes y mayor eficiencia”. Volatilidad que no respeta a nadie, tengan o no formación profesional o académica. En 2016 el 34,4% de los graduados con empleo en España trabajaba en puestos de baja calificación. Un tinglado de trabajo líquido y empleos gaseosos que solo puede paliarse reinventando redes de apoyo mutuo y empatía en la sociedad civil que eviten el solipsismo laboral como una nueva servidumbre distópica.
Eso, o tirar por la calle del medio, y empezar a decir adiós a un concepto fetiche de “homo faber” que canoniza el trabajo asalariado (y forzado) para disciplinar la desigualdad y la servidumbre como indispensable status vital. Eso incluye desacreditar, e incluso desacralizar, el código fuente “trabajo”, dentro de un proceso general de des-mercantilización de la existencia. Empezando por recordar que la expresión “trabajo” procede del latín “tripalium”, palabra que designaba al yugo de tres palos con que se amarraba a los esclavos para azotarlos. Solo así se puede empezar a alumbrar algo. Sobre todo cuando tener un empleo no supone poder vivir con dignidad. Estamos inaugurando un modelo-ghetto de trabajadores pobres, con ingresos de subsistencia que hacen imposible integrarse en la sociedad.
Porque cuando nos limitamos a insistir obsesivamente en los desastres del sistema sin cuestionarlo de raíz estamos aceptando su lógica interna. Podemos y debemos denunciar hechos incuestionables, como que nuestro país sea el segundo país de Europa en empleo precario o el quinto con más trabajadores autónomos. Pero aceptar el código fuente de semejante distopía implica también asumir como efecto bumerán la contraparte de tener el segundo “capital humano” con menor índice de productividad del continente. Con el simple bucle acción-reacción, sin proactividad rupturista, no hay salida del laberinto. No confundir todo esto con la Renta Básica Universal (RBU), que puede ser el modelo de beneficencia del mundo neoliberal para continuar la dominación y la explotación si se implanta a costa de enajenar los servicios sociales esenciales.
Rafael Cid
http://rojoynegro.info/articulo/ideas/trabajo-l%C3%ADquido-empleos-gaseosos

22 nov. 2017

25-NOV.: OJOS QUE NO VEN

Los asesinatos y las agresiones fascistas, presentes durante todo el franquismo, no acabaron con la muerte del dictador sino que se han mantenido constantes hasta hoy. Durante la transición, la ultraderecha trató de aterrorizar a la parte más activa de la sociedad que se movilizaba por la libertad, la democracia y la justicia social.
En este periodo los atentados de grupos fascistas se hicieron con la colaboración de la policía, el ejército y los jueces de la dictadura. Las gentes de izquierdas, además, sufrieron el terrorismo de Estado (disfrazado bajo distintas siglas como Triple A, Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español…) y las actuaciones de unas fuerzas represivas concebidas no para garantizar la seguridad ciudadana sino para erradicar toda manifestación de oposición al régimen franquista.
Sólo en 1980 fueron asesinadas más de 20 personas en distintas acciones reivindicadas por organizaciones ultraderechistas.
A principios de los 90 se produjo una mayor separación entre el terrorismo de Estado y los atentados de los grupos ultraderechistas. Los fascistas ya no actuaban sólo contra personas de izquierdas, homosexuales e independentistas sino que comenzaban a atacar también a indigentes e inmigrantes.
El documental da la palabra a las víctimas de agresiones y asesinatos ultraderechistas, un goteo constante desde el inicio de la transición hasta nuestros días. Se trata de un periodo de más de 35 años, por lo que las situaciones son necesariamente distintas, pero también presentan elementos en común. De estas semejanzas y diferencias, del papel de la policía, de la administración de justicia, de los medios de comunicación, de los representantes políticos… nos hablan las víctimas.
Os esperamos para compartir este interesante debate.Salud.

https://ateneolaidea.wordpress.com/

Rojo y Negro Nº 317, noviembre 2017

7 nov. 2017

GALERIA DE BUITRES CDVIII

Las aseguradoras se ceban a expensas de los recortes en sanidad pública

En 2016, el número de personas en España que habían contratado un seguro privado de salud llegó a los 7 millones, un 32% más que diez años antes, según expone un estudio de la Fundación del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). En total, 1,71 millones más que hace diez años.
Marea BlancaEn la última década, 2010 y 2012 fueron los dos únicos años en los que se produjo un descenso en el número de asegurados privados, según recalcan los datos, difundidos por el Sindicato Asambleario de Sanidad (SAS). Aun con el descenso de los años mencionados, los ingresos de las aseguradoras privadas han tenido un incremento continuo, ya que los precios de los seguros también han ido aumentando progresivamente. Las primas de la asistencia sanitaria privada se han casi duplicado en la última década, pasando de los 2,9 millones de euros a los más de 5,1 millones de euros. La media del precio del seguro privado, en los mismos años ha pasado de los 552 euros a los 731 euros.
“Paradójicamente, mientras la crisis capitalista ha depauperado de forma considerable la situación de la clase obrera, distintos sectores empresariales, entre los que se encuentran las compañías aseguradoras, han visto aumentar sus ingresos de forma importante”, explican desde el SAS. “Si baja el número de asegurados y aseguradas, sube el precio de las primas; si aumentan, se mantienen los precios o se hacen rebajas mínimas. Es decir, la lógica del capitalismo”, continúan.
El sindicato denuncia que el deterioro y los distintos procesos de privatización dados en los últimos años en la sanidad pública han favorecido el negocio de las aseguradoras privadas. Como ejemplo de ello señalan a Catalunya y Madrid, las dos zonas con mayor proporción de personas con seguro privado, que son también –tras Andalucía– las dos comunidades autónomas que menos dinero invierten en sanidad pública por ciudadano.
Aun así, el gasto público en sanidad ha aumentado desde 2006 hasta un 17,76%. “Pero este dinero no ha mejorado la asistencia, ya que se ha dedicado fundamentalmente a pagar a las empresas privadas que gestionan la sanidad pública y a las multinacionales farmacéuticas en vez de dedicarse a mejorar el sistema”, afirman desde el SAS.
Otro factor que apuntan desde el SAS es el dinero público desviado a empresas privadas. “A mayor cantidad, mayor número de pólizas”, afirma el sindicato. Respecto a esto señalan de nuevo a Catalunya –la comunidad que destina más dinero a conciertos con cerca de 2.299 millones de euros–, Madrid (870 millones de euros), Andalucía (424 millones) y País Valenciá (322 millones).
El estudio de la Fundación IDIS expone cómo en las comunidades que dedican menos dinero por habitante a la sanidad pública, el porcentaje de población con seguro de sanidad privado llega hasta el 33%.
Desde el SAS también recalcan la influencia de los recortes en sanidad introducidos a partir de 2012, que han ocasionado una bajada en el número de trabajadores sanitarios, camas e inversión. “Ha dado lugar a un deterioro generalizado de los hospitales y del resto de centros sanitarios públicos. Dicho deterioro se hace patente en el desmedido aumento de las listas de espera quirúrgica, diagnóstica y de consultas”. En concreto, desde el sindicato alertan de que la lista de espera quirúrgica ha pasado de las 362.762 personas en 2006 a las 614-101 en 2016, un 69,28% más en una década. Esto, continúa el SAS, “ha llevado a muchas personas a contratar pólizas de seguros privados”.
https://www.elsaltodiario.com/sanidad-publica/las-aseguradoras-se-ceban-a-expensas-delos-recortes-en-sanidad-publica

5 nov. 2017

Level contempla también una ciudad alemana como segunda base

Resultado de imagen de level iberiaA final de mes, IAG revelará dónde estará la segunda base operativa de Level, que estrenará equipo directivo antes de 2018. Las opciones venían siendo París o Roma, aunque ahora el diario Expansión incluye también a “una ciudad alemana”.

“Desde allí operarán, como mínimo, dos aviones de los cinco que tendrá Level en 2018. En 2022, podría alcanzar los 30. Level será rentable en su primer año, sin tener en cuenta costes por su puesta en marcha, inferiores a 10 millones”, asegura el citado medio.

Level, como reveló preferente.com, prevé llegar a una flota de 30 aviones dentro de cinco años desde los dos Airbus A330 actuales, y contemplaría sumar el Airbus A321LR de un solo pasillo, según reveló recientemente el CEO de IAG, Willie Walsh, en un congreso sobre rutas, justificando esta posibilidad en la eficiencia de este modelo para operar destinos de largo radio con baja demanda.

El CEO del grupo donde se integran British Airways, Iberia y Vueling también dejo abierta la posibilidad de que en esa flota de 30 aviones que anhela para su low cost de larga distancia también haya otro modelo distinto al A330, y algunas fuentes apuntan a que sería el Boeing 787 Dreamliner, como recogió el digital turístico líder (Level contempla sumar el A321LR a su flota).

El modelo A321LR, variante del A321neo, un avión de pasillo único que es capaz de recorrer unos 7.400 kilómetros, lo que le permitiría operar rutas transatlánticas, con costes operacionales menores respecto a otras aeronaves como el Boeing 757, que Iberia tuvo que desde el 1993 hasta el 2008.
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/level-contempla-tambien-una-ciudad-alemana-como-segunda-base-271253.html

3 nov. 2017

Estas son las 10 empresas que más contaminan en España

Más del 25% de las emisiones contaminantes generadas por España se deriva de la acción directa de tan solo 10 empresas, según se desprende de los datos del Registro Nacional de Emisiones/RENADE recogidos en un informe publicado este viernes por el Observatorio de la Sostenibilidad.
Resultado de imagen de las 10 empresas que más contaminan en España
Tan solo una empresa, la eléctrica Endesa, emite casi el 9% (8,7%) de todas las emisiones del país y concentra la cuarta parte de todo lo emitido por los sectores fijos (producción de energía, industria, petróleo y otras instalaciones industriales).
En el ranking de los grandes emisores le siguen Gas Natural Fenosa y Repsol, con más de un 3% aproximado cada una del total emitido en el país. Las cinco grandes empresas energéticas suponen un 44% de las emisiones fijas y un 16% del total de las emisiones del país.
La lista se completa con EDP, Arcelormittal, Cepsa, Iberdrola, Viesgo, Cementos Portland y Cemex. En total, el conjunto de estas 10 empresas expulsó a la atmósfera el año pasado 86,2 millones de toneladas de CO2, lo que supone el 66,6% de las emisiones procedentes de las fuentes fijas.
"No es la misma responsabilidad de un gran emisor que la de una pequeña empresa; por ello deberian iniciarse acciones que deberán derivar en proyectos inaplazables para la reducción de las emisiones y la adaptación inmediata al cambio climático, cuyos costes y financiaciones puden representar una distorsión muy importante para la propia valoración de la empresa y para la percepción de accionistas, agentes implicados y ciudadanos", señala el informe.
Aunque la mayor parte de las emisiones contaminantes en España proceden de lo que se conoce como los sectores difusos (transporte, hogares, servicios, agricultura, etc.), las emisiones de fuentes fijas son asimismo importantísimos generadores de CO2. En concreto, en 2016 la generación energética supuso 55 millones de toneladas de emisiones GEI, mientras que el carbón contribuyó con 36 millones. Las actividades industriales, como la fabricación de cemento, las refinerías, la producción de arrabio o acero, suman 123 millones de toneladas más.
No obstante, es un sector que ha ido disminuyendo sus emisiones notablemente en la última década. Entre 2005 y 2016, las emisiones de los sectores fijos han bajado de un 45,7% a un 37,6% sobre el total de lo emitido por nuestro país.  En cualquier caso, el Observatorio de la Sostenibilidad advierte de que " los avances analíticos del año 2017 indican que en dicho año se volverá a observar un incremento en las emisiones de las empresas energéticas aquí analizadas".
"Las empresas deben disponer de planes estratégicos concretos que les permitan seguir la senda de la descarbonización. El cumplimiento de los compomisos de Estado va a generar todo tipo de ajustes y la necesiad de asumir costes de transición a un nuevo escenario de una economía baja en carbono", zanjan.
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